Francisca Pou

"No hay condiciones para una nueva Constitución"

Francisca Pou

Las numerosas reformas de que ha sido objeto nuestra Constitución la han convertido en una norma demasiado larga, desordenada y heterogénea, afirma Francisca Pou Giménez, catedrática en el Departamento de Derecho del ITAM. No obstante —explica en esta entrevista—, sus aspectos problemáticos no impiden echar mano de muchas de sus disposiciones para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestro país.

 

¿Cuáles considera que son los valores, principios y paradigmas del constitucionalismo mexicano de 2017?

No es sencillo tratar de destilar cuáles serían hoy día los principios y los valores que dan fundamento a nuestra Constitución, o identificar las opciones institucionales que le dan singularidad frente a otras, porque es un texto que habla de muchas cosas, y con muchas palabras, en términos que con frecuencia no son del todo coherentes. En lo que atañe a la parte orgánica, diría que es distintiva la cantidad y la variedad de organismos autónomos que la Constitución no sólo prevé o crea, sino que además regula directamente, a veces con enorme detalle. Y si bien comparto que es bueno que organismos como el Banco de México o el INEGI, por ejemplo, tengan ese estatus, no creo que del CONEVAL o del INEE se pueda decir lo mismo. Desde la perspectiva del Derecho comparado, también me parece característica la existencia y las enormes dimensiones de lo que podríamos pensar como una especie de “rama electoral”, que resultaría de la suma del INE y el TEPJF y sus equivalentes en los estados. La regulación del federalismo me parece distintiva por centralista: queda poco de la lógica que preside el artículo 124, según el cual todas las competencias no atribuidas a la Federación son de los estados; la cantidad de atribuciones expresas que la Constitución hace a la Federación desvirtúa por completo la lógica descentralizadora. La parte de los derechos me parece que se distingue por su amplitud o generosidad cuantitativa, en el sentido de que la lista ahora es muy extensa, pues abarca no sólo los derechos que hay en el texto sino también los que se encuentran en los tratados. Pero también se distingue por la inclusión de cláusulas tremendamente problemáticas: la regulación del arraigo o de la prisión preventiva, la denegación de derechos políticos a las personas bajo proceso o privadas de libertad, la limitación radical de la libertad de expresión de los extranjeros, el trato de segunda reservado a los ciudadanos por naturalización... Por desgracia, la protección sub-estándar de varios derechos también es un rasgo claramente distintivo del constitucionalismo mexicano de 2017.

 

Entre reformas y adiciones se cuentan cerca de 700 cambios al texto constitucional desde su promulgación en 1917. ¿Usted cree que la excesiva manipulación del texto constitucional dificulta o imposibilita su función como guía del comportamiento social?

Sí, me parece excesiva, y sí, creo que dificulta su operación a nivel tanto jurídico como político. Las reformas graduales a la Constitución han permitido que este país realizara con éxito una transición a la democracia, hay que reconocerlo, pero la han convertido en una norma demasiado larga, desordenada y heterogénea. La Constitución no es cualquier norma: debe ser un referente ciudadano central, algo a lo que todas las personas puedan recurrir para dar nombre a la injusticia y para evaluar el desempeño de los gobernantes. Con la Constitución que tenemos es difícil que esto suceda. Los efectos de las reformas hacen difícil extraer de ella estas guías generales, y esto es un problema tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos que desean tomársela en serio —que alguno hay—.

 

Sólo en lo que va de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se han presentado más de 460 iniciativas de reforma constitucional, de las cuales muy pocas llegan a progresar. ¿Ha habido una promiscuidad reformista por parte de los legisladores? ¿Es deseable la moderación del ritmo de cambios constitucionales?

En efecto, los legisladores se toman la reforma de la Constitución como se tomarían la reforma de cualquier ley; eso parece evidente. Pero lo anterior es así, en parte, porque a estas alturas la Constitución ya es tan detallada y extensa que las propuestas de cambio en casi cualquier área exigen, de hecho, y aunque no se desee, cambiar partes de la Constitución. Es deseable poner freno a esta dinámica, pero por lo que acabo de apuntar incluso si los legisladores se comprometieran con ese objetivo sería difícil pararlas del todo. Claro está: algo que sí podrían hacer perfectamente los legisladores es tratar de dar solución a nuestros problemas por vías distintas a las de hacer y cambiar normas. La respuesta automática de la clase política frente a los problemas de la gente, cuando deciden dar alguna, casi invariablemente es aprobar alguna norma. Una inmensa cantidad de problemas pueden solucionarse comprometiéndose con garantizar la aplicación de las normas que ya están, y comprometiéndose con garantizar su aplicación igualitaria —que no cambie según el implicado sea rico y bien relacionado o pobre y marginado—. Por supuesto, esto puede ser mucho más incómodo para las autoridades que seguir emitiendo o modificando maquinalmente una ingente cantidad de normas.

 

Hasta hace algunas décadas, como reflejo de un presidencialismo robusto, la mayoría de las iniciativas de reforma constitucional provenía de la Presidencia de la República. ¿Considera usted que en la actualidad sigue siendo vigente que las reformas constitucionales más trascendentes son enviadas por el presidente?

No, ahora muchísimas reformas derivan de iniciativas que provienen de los grupos políticos con representación parlamentaria o incluso de diputados y senadores en lo individual. Pero, por descontado, el presidente y el partido al que pertenece pueden estar en perfecta sintonía, de modo que el primer mandatario del país está en condiciones de impulsar reformas incluso si no las propone formalmente él. Para el presidente, en cualquier caso, la competencia para iniciar leyes (o reformas de la Constitución) es importante porque no puede emitir decretos legislativos, o decretos temporales de necesidad y urgencia, con fuerza de ley, como pueden hacer muchos presidentes en otros países. En 2013 se le dio además el poder de designar dos iniciativas como prioritarias para que el Congreso las discuta dentro de ciertos tiempos. Pero en general, diría, el cambio formal en el origen de muchas iniciativas no ha cambiado la dinámica política que preside el proceso legislativo. La iniciativa legislativa popular hubiera podido dinamizar los procesos legislativos, pero se reguló, como se ha demostrado, de un modo increíblemente restrictivo.

 

Una de las vías de cambio constitucional, más allá de las reformas constitucionales, es la interpretación. ¿La Suprema Corte, como tribunal constitucional, ha ampliado y enriquecido el sistema tradicional de fuentes del Derecho? ¿Qué papel ha tenido la Corte en la transformación constitucional?

Las cortes tienen un papel crucial, central, en todas las democracias contemporáneas, y México no es la excepción. En los últimos 15 años la Corte, que encabeza un Poder Judicial tradicionalmente sumiso con los otros poderes, ha dinamizado mucho nuestra vida jurídica. En el ámbito de las fuentes del Derecho, por el que me preguntas en específico, lo que ha hecho la Suprema Corte es tratar de dar sentido a disposiciones que no habían operado antes porque las controversias o disputas correspondientes se resolvían políticamente, y no con la Constitución en la mano. Yo no diría entonces que ha ampliado al sistema de fuentes, sino que le ha dado vida, lo ha hecho relevante. En el campo de los derechos, tampoco diría que lo que ha hecho ha sido ampliar el sistema de fuentes. Algunas personas piensan que lo que la Corte ha dicho sobre los tratados internacionales y las sentencias de la Corte interamericana, por ejemplo, se lo ha sacado de la manga, olvidando que la Corte simplemente trata de explicitar el sentido de lo establecido en el artículo 1º, o el 133, que entraron a la Constitución (o, en el caso del 133, permanecieron) de la mano de los otros poderes. Eso no significa que todo lo que ha hecho la Corte en este ámbito sea correcto. Lo que digo es que pronunciarse sobre estas cuestones cae sin ninguna duda dentro del ámbito de las responsabilidades del Poder Judicial en una democracia contemporánea. Las interpretaciones de la Corte no han sido necesarias tanto para “actualizar” la Constitución (pues ésta es continuamente actualizada mediante la reforma) sino para hacerla operativa y relevante en general.

 

En el mundo hay modelos de constituciones breves y extensas. ¿Es necesario que la Constitución pretenda una regulación amplia para que funcione el sistema jurídico de un país? ¿Es necesario, por ejemplo, que la Constitución regule el número de minutos de tiempo de emisión al día a que tienen derecho los partidos políticos y sus candidatos en radio y televisión, como se hace en el artículo 41 y en un sinnúmero de disposiciones que pudiesen existir en la legislación secundaria?

No, no creo que sea la función de la Constitución. Pero sólo alguien con un enorme sentido de la responsabilidad y mucho capital político podría encabezar una discusión sobre lo que vale la pena quitar, que por descontado es algo con amplias repercusiones políticas.

 

¿Existen las condiciones y las justificaciones para expedir una nueva Constitución, como lo piden algunos activistas, o es suficiente con la reordenación del texto actual?

Existe la justificación, sin duda, pero no sé si existen las condiciones, porque si la nueva Constitución fuera a ser, de nuevo, producto de un proceso elitista y cerrado, en lugar de incluyente y regenerador, es mejor que no sea. Aunque con la Constitución que tenemos, si se quiere, se pueden cambiar muchísimo las cosas, creo que al país no le vendría mal regresar a una reflexión colectiva profunda sobre las bases de nuestra convivencia. El tamaño de los problemas que aquejan a la gente y las disfuncionalidades del sistema político creo que lo ameritan. La propuesta de reordenación realizada por la UNAM sin duda es interesante, pero es muy minimalista y no alcanza a resolver integralmente los problemas que aquejan al texto porque no se modifica la redacción de las frases ni se cambian las palabras: sólo se reordenan o se eliminan de la Constitución, pero lo que queda todavía comparte las complejidades e incoherencias del texto actual. Y además, a pesar de que el proyecto se presentó hace dos años, no ha pasado nada a nivel político porque, como te decía en la respuesta anterior, es una operación de enorme calado político que no es fácil prever dónde podría terminar.

 

¿Qué pendientes que puedan ser abordados por la vía del texto y la interpretación de la Constitución tenemos como país?

Tenemos una lista gigantesca de pendientes y, con la Constitución en la mano, hay herramientas de sobra para abordarlos. Que nuestra Constitución tenga aspectos muy problemáticos no significa que no se pueda hacer uso de muchas de sus disposiciones para exigir cambios radicales de los estados de cosas que prevalecen ahora. Pondré un ejemplo entre muchos posibles: la mejora de la educación, que (con la de la salud) es, a mi juicio, el asunto que el país debería priorizar sobre cualquier otro. El artículo 3 protege este derecho en términos extremadamente generosos. Si uno articula interpretativamente lo que dice el artículo 3 con las obligaciones de respetar, proteger y garantizar del artículo 1º, y con los consiguientes deberes de asegurar la disponibilidad, accesiblidad, calidad y aceptabilidad de los servicios educativos públicos, por ejemplo, se puede exigir —delante de un juez, desde luego, si las autoridades no cumplen de oficio con su deber de orientar su acción en esa dirección— la eliminación de cientos de trabas al disfrute de ese derecho. En el sector público las obligaciones de respetar y garantizar obligan al Estado a tomar acción positiva inmediata para erradicar las prácticas caciquiles, corruptas y discriminatorias de muchos directores de escuela, para asegurar que la gratuidad sea un hecho, y para que el estado físico de las instalaciones (goteras, baños, ventanas) no suponga un trato indigno para los alumnos; tiene que refinanciar las escuelas normales y hacer lo necesario para formar a excelentes maestros, antes de que tenga sentido obsesionarse en evaluarlos; tiene que comprometerse a erradicar las prácticas discriminatorias, etcétera. Y por lo que se refiere al sector sector privado, la obligación constitucional de proteger obliga al Estado a supervisar, regular y asegurar que el desarrollo de sus funciones sea compatible con los derechos básicos de todos.

 


 

Francisca María Pou Giménez es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, de España, y maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Se desempeña como profesora de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

Entre sus áreas de interés están el control judicial de constitucionalidad, derechos humanos, amparo, Derecho antidiscriminatorio, libertad de expresión, perspectiva de género y Derecho lingüístico.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado