Gerardo Saúl Palacios Pámanes

"Sin policías profesionales fracasará el sistema acusatorio"

Gerardo Saúl Palacios Pámanes

Con una amplia trayectoria que lo ha llevado desde las entrañas del sistema penitenciario a nivel estatal y federal hasta las instituciones de formación y profesionalización en materia de seguridad, el actual secretario de Prevención Social del municipio de Guadalupe, Nuevo León, explica por qué México debe procurarse corporaciones policiales profesionales si quiere que su sistema penal acusatorio funcione. 

 

¿Por qué decidieron crear una Secretaría de Prevención del Delito, coexistente con la Secretaría de Seguridad Pública?

Por múltiples razones. La guerra entre dos cárteles del crimen organizado tuvo su epicentro en Nuevo León. Las circunstancias sociales eran un caldo de cultivo. La desigualdad fue una razón importante, y el hecho de que miles de jóvenes vivieran en la desocupación fue una de ellas. Sólo era cuestión de que los dados cayeran en seises para que los marginados fueran reclutados por las bandas del narcotráfico. Con el apoyo de las fuerzas armadas y el inicio de operaciones de la policía estatal Fuerza Civil, se logró reducir el índice de homicidios dolosos de 45 a 8.6 por cada 100,000 habitantes en sólo cuatro años. El peor capítulo de la violencia en Nuevo León ha pasado; pero el caldo de cultivo es el mismo. Todos vemos las manifestaciones de la violencia, pero pocos ponemos atención a las causas-raíz. La Secretaría de Seguridad Pública es tanto como esto: policía y prisiones. ¿Podemos esposar la desigualdad, disuadir la exclusión social y encarcelar la falta de oportunidades?

 

¿No hay acaso otras dependencias como Desarrollo Social, Servicios a la Juventud e Instituto de la Mujer que bien podrían atacar las causas-raíz, como usted las llama?

Las políticas de desarrollo social del país, sostenidas durante muchos sexenios, no resisten los análisis críticos. La prevención del delito no puede quedar supeditada a prácticas asistencialistas. En todo caso, aun si existiera una lucha sincera y sin cuartel contra los factores sociales de la violencia, se requeriría una política pública con los siguientes componentes: a) diagnóstico integral acerca de qué factores se hallan detrás de la violencia en un lugar y un tiempo determinados; b) un plan de acción dirigido a la reducción de esos factores de riesgo; c) un ente de gobierno rector del gabinete social con el cual ejecutar el plan de acción; d) un cuerpo de expertos capaz de diseñar e implementar programas preventivos basados en evidencia internacional, esto es, en buenas prácticas debidamente documentadas, con las cuales dejar de lado la improvisación y los lugares comunes, y e) evaluación a corto, mediano y largo plazos con indicadores de gestión, resultados e impacto. Ninguno de estos componentes se encontrará sin una Secretaría de Prevención del Delito local.

 

¿El gobierno de Guadalupe, Nuevo León, cuentan con una política pública que integre los componentes a los que se acaba de referir?

Así es. Además, nuestra política de prevención de la violencia y la delincuencia está publicada en el portal de gobierno. El Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que elaboramos y estamos implementando cumple con todos los requisitos que establece la ONU. En el mismo documento, descargable en PDF, puede constatarse.

 

Hablando de inseguridad, toda vez que usted trabajó en la conformación de la policía estatal que en su momento se consideró la mejor del país, ¿cuáles son los retos en materia policial?

Nuestro país no tiene una sola corporación policial profesional. El nivel educativo de los policías uniformados oscila entre la secundaria y la preparatoria inconclusa. Aun así se piensa que por medio de cursos (que en realidad son cursos remediales) se podrá colocar al policía mexicano a la altura de un sistema penal acusatorio que exige un perfil elevado. Lo explicaré desde otro ángulo: imagine que el juicio penal es una línea de producción. ¿Qué produce? Resoluciones: “se imputa/no se imputa; “se vincula/no se vincula”; “se condena/se absuelve”; “se prelibera/no se prelibera”. Pues bien, en esa línea de producción, todos los obreros son de cuello blanco. Al menos tienen una licenciatura: ministerios públicos, jueces, defensores públicos, directores de los centros de reinserción social. Todos, en efecto, menos el policía, quien lleva cuello azul (overol de obrero/uniforme policial). Y, lo más grave: resulta que con el policía comienza el proceso. Es el policía quien aporta la materia prima. El ministerio público la coloca sobre la banda sinfín (en este caso “sinfín” es una metáfora que aplica como anillo al dedo). El primer juez, por su parte, controla la calidad de la materia prima. Si viene defectuosa, la deshecha; a veces, para siempre. De tal suerte que México olvidó que, si bien adquirió una maquinaria de primer mundo, su primer operador tiene educación secundaria, sigue estando mal pagado y su rol social está muy denigrado. En este sentido, el reto es mayúsculo: México debe procurarse corporaciones policiales profesionales si quiere que su sistema penal acusatorio funcione.

 

Ahora que ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio, muchos sectores de la sociedad se quejan de que es demasiado laxo con los delincuentes. ¿Usted qué opina?

Es parcialmente incorrecto, por varias razones. Primera: se reformó la forma de investigar, imputar y juzgar. En otras palabras, se modificó el Derecho procesal penal. Pero el Derecho penal mexicano sigue siendo tan draconiano como siempre. Está colmado de penas de larguísima duración, plagado de tipos penales sin daño o de resultado inmaterial, y de preceptos descriptivos ambiguos u oscuros. Subsiste el arraigo y ciertos tipos penales invierten la carga de la prueba, dando al traste con el principio de inocencia. Segunda: es cierto que se redujo considerablemente el uso de la prisión preventiva. Esto genera que el ciudadano común, al ver de nuevo en libertad al detenido, experimente una sensación de impunidad. Pero esto se debe a dos razones: a) al pueblo se le acostumbró a que en México un auto de formal prisión no se le negaba a nadie; a pesar de lo anterior, el gobierno federal falló en la socialización de la reforma durante toda su vacatio legis; b) nadie ha puesto atención a la unidad de medidas cautelares. Cada persona que queda vinculada a proceso en libertad, cada individuo al que se le ha dictado una medida de restricción, cada sujeto preliberado de prisión, debería quedar bajo la real y efectiva supervisión y vigilancia de oficiales que en el mundo anglosajón llaman oficiales de parole & probation. En vez de eso, en México se continúa con la simulación, la cual consiste en esperar que el obligado cumpla su deber de buena fe y sin coacción. Este problema, que campeaba en el sistema anterior, fue transmigrado al nuevo sistema.

 

¿El personal de los centros penitenciarios es profesional?

El sistema penitenciario siempre ha sido el eslabón más olvidado del proceso penal. Se olvida que la ejecución de la sanción es parte del proceso. La creación del juez de ejecución de sanciones penales no resuelve este problema específico. La mayoría de los custodios que tuve a mi mando en las prisiones de Nuevo León y federales carecía de un curso básico...

 

¿No tenían academia?

No tenían academia. Mire, para dejar en claro la cuestión: hasta hace pocos años no existía una academia en el sistema penitenciario federal. ¿Se da cuenta? Llamamos de “máxima seguridad” a las prisiones por su infraestructura y su tecnología, pero no por su personal. Y en las fugas y los motines más sonados el factor humano siempre ha sido el problema. Lo explico en mi libro La cárcel desde adentro, publicado por Porrúa.

 

¿Qué opina del mando mixto policial y de la intención original del Ejecutivo federal de crear un mando único por estado?

Mi maestro Michael Núñez dice (y en esto coincido con él) que la Constitución mexicana no es una constitución de consensos sino de vencedores. En el caso del mando mixto, perdieron los que pujaron por el mando único y el resultado no beneficiará a nadie. Cuando algunos colegas me dicen que el mando único no es la solución, yo les respondo que ningún problema complejo admite soluciones derivadas de acciones únicas. Me replican afirmando que las policías estatales tampoco son un ejemplo a seguir, como para augurar que la desaparición de las corporaciones municipales sea el camino correcto. Entonces yo les pregunto: ¿qué será más factible en nuestro México querido: tener 2,200 corporaciones policiales profesionales, o 33? Aritmética simple.

 

Y en todo esto, ¿qué papel desempeña la prevención del delito?

La mayoría admitirá que los magros resultados de México en Juegos Olímpicos no derivan de un problema de atletas sin talento sino, sobre todo, de un sistema que produce muchos fracasos; que la corrupción no es un problema sólo de personas sino, en gran medida, de sistema (el mexicano cumple la ley y triunfa cuando se le cambia de pecera). ¿Por qué, sin embargo, queremos seguir creyendo que el problema de la delincuencia es un problema exclusivamente de personas y no de sistema? Cada país tiene la distribución de la riqueza que decide tener; cada sociedad, la cantidad de presos que desea (con independencia de su índice de criminalidad), y cada nación determina cuántos factores de riesgo de violencia siembra o corta de raíz. En México, más que declarar la guerra al crimen se le debe declarar la guerra a los factores sociales que lo producen.

 

¿Cuál es su postura ante la incursión de militares en asuntos de seguridad pública?

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo proyecto es responsable el ministro en retiro Mariano Azuela, resulta a todas luces un acto materialmente legislativo. Pero más allá de la dimensión jurídica del asunto, lo importante es tener en cuenta dos cosas: a) las fuerzas armadas son la última línea de defensa, y no hubo más remedio que acudir a ellas; en consecuencia, el escenario fue catastrófico; imagine usted que las fuerzas armadas son la cornisa que nos separa del abismo; luego entonces, la nación tiene un pie en el vacío, y b) las fuerzas armadas salieron a las calles sin marco legal que las arropara; sí, pero tampoco con una cuenta regresiva para volver a sus cuarteles. Sólo una vacatio legis (como la del sistema penal acusatorio, por cierto) nos obligaría como país a darnos, al fin, una policía profesional. Mientras no exista ese plazo fatal, los gobernantes seguirán en la cómoda posición de descargar su responsabilidad en el instrumento militar.

 

¿Considera que es excesiva la orden de liberación definitiva, por parte del juez de control, de una persona que ha sido retenida sin causa justificada?

Lo que es excesivo es que se aplique el non bis in idem en esos casos. Pero también pienso que ésta es la única forma de arrancar la tortura de raíz.

 


 

Gerardo Saúl Palacios Pámanes es licenciado en Derecho y ciencias sociales, maestro en ciencias con especialidad en criminología y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuenta con 16 años de trayectoria en seguridad pública, donde ha pasado por los tres niveles de gobierno y ejercido cargos tan variados que abarcan desde subdirector de Islas Marías hasta rector, en su natal Nuevo León, de la primera universidad para policías, con la cual fundó la corporación estatal Fuerza Civil. Ahora es el primer secretario de Prevención del Delito en el país, en el municipio metropolitano de Guadalupe, el segundo más poblado del estado norteño.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado