Ligia González

Una abogada de 360 grados

Ligia González

 

Experta en Derecho internacional privado, informático, corporativo, inmobiliario y negociaciones, Ligia González es una de las abogadas de empresa más completas en nuestro país. La antigua directora jurídica de ADO y actual profesora en la Escuela Libre de Derecho es, también, consejera en numerosos organismos, consultora, conferencista y promotora de los derechos de igualdad ante la ley. En esta entrevista nos ofrece una perspectiva de 360 grados sobre los desafíos legales que afronta México.

 

 

¿Cómo evaluaría usted el marco constitucional y legal que regula las empresas en México?

Es muy complejo, y creo que muy mejorable: si lo analizamos en mensajes y en discursos, hay unanimidad de voces que reconocen que las empresas, de todas las dimensiones, en conjunto son el motor de la economía del país. Esto es cierto cuando vemos que más de 86 por ciento del producto interno bruto, según cifras de 2016, proviene del sector privado. Con lo anterior, la teoría diría que todos los incentivos, no sólo económicos sino jurídicos, deberían estar alineados para dar impulso al empresariado, siempre que el mismo actúe en un marco de legalidad y ética empresarial moderna.

 

¿Cuál es el reto para nuestro sistema jurídico?

Ser congruente con los incentivos a los que me he referido, desde el punto de vista constitucional, legal y, sobre todo, regulatorio. Para muestra un botón: el artículo 1° de la Constitución, que seguramente conocemos los abogados, llama a no discriminar y a asegurar a todos sin distingo el respeto de sus derechos fundamentales; pues no hay razón para que esta protección no abarque a las personas jurídicas —entre ellas las empresas, claro está— en todo lo que, conforme a su naturaleza, tenga lugar. Y entre esas garantías están, como mínimo, las de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, presunción de inocencia y protección de la propiedad privada.

 

¿Nuestras leyes cumplen con esos propósitos?

Justamente eso es lo que debemos preguntarnos, y sin satanizar todos los ordenamientos, se deben modificar y hasta eliminar los que no respondan a esos incentivos de creación de riqueza y crecimiento social para el país; claro, sin desproteger a otros actores que lo integran. Y la respuesta no es muy halagüeña cuando los clientes cautivos de las regulaciones sólo son las empresas formales a las que se les aplica un sinnúmero de reglas, incluyendo, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, que contienen, contra toda teoría constitucional de división de poderes, normas de carácter general propias de una ley, incluyendo obligaciones, costos y sanciones. Entonces me pregunto: ¿dónde quedó el principio básico de seguridad jurídica? O bien, cuando vemos el comercio y la economía informal, que oscila entre 45 y 65 por ciento de la economía privada, a los que no llega la carga de la ley por lo “gelatinoso” que es el sistema rígido con el que contamos, y por las presiones sociales, también me pregunto: ¿dónde está el principio de igualdad ante la ley?

 

¿Hay algún país del mundo del que debiéramos tomar ejemplo para mejorar este marco regulatorio?

No creo que haya país perfecto con ciudadanos perfectos. Sin embargo, hay unos más legalmente dirigibles que otros. El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project reporta que Dinamarca y, en general, los países escandinavos tienen menos burocracia y, al mismo tiempo, el mayor respeto al Estado de Derecho; a todas luces ambos elementos están ligados, pero me gustaría ir a fondo. Mi conclusión es que no son los gobiernos los que provocan los excesos de regulación, sino los ciudadanos los que provocamos que las normas sean más rebuscadas y que en círculo vicioso terminan siendo un instrumento de extorsión y de corrupción puesto en manos de otros malos ciudadanos: si la mayoría atendiera hasta la más mínima ley, e hiciera lo correcto, necesitaríamos menos regulación y menos burocracia. Y ante menos leyes, es más fácil cumplirlas y vigilarlas y habría menos personas abusando de la autoridad y del indescifrable entramado del sistema jurídico.

Sí, me gustaría tener un país como Dinamarca en este sentido, pero aunque copiáramos sus normas a pie juntillas, si las personas, las entidades y la autoridad no las obedecen, serían letra muerta.

 

La mayoría de los economistas coincide en que lo que hace crecer a un país es la innovación. Cuando hay nuevos bienes y nuevos servicios, hay más puestos de trabajo y más oportunidades ¿Nuestro Derecho auspicia la innovación? ¿Qué habría que hacer para mejorar este escenario?

En la teoría y en el papel sí hay incentivos. Hay programas e instituciones, pero no son de fácil acceso y en la práctica tienen muchos requisitos por cumplir: papeles y burocracia. Por eso volvamos a lo básico: a) Hay que promover incentivos fiscales de fácil acceso y aplicación para emprendedores jóvenes, y también para empresas de cualquier tamaño que acojan a los creativos; en ambos casos, que cumplan con cierto número mínimo de registros de propiedad intelectual, sin importar que sean universitarios o empíricos. No hay que cambiar la Ley de Propiedad Industrial ni la Ley de Derecho de Autor, sino sólo cuantificar esos registros, y si las autoridades acatan la Ley de Transparencia, la ciudadanía puede ser la vigilante. b) Es necesario impulsar el reconocimiento, a nivel licenciatura, de oficios que se están perdiendo; es una realidad que nuestra sociedad es ingrata y desdeña a artesanos, carpinteros, plomeros, electricistas, albañiles, etcétera, que no se pueden llamar “licenciados”, y que ni siquiera impulsamos para que sean microempresarios formales; pues si en escuelas de excelencia se capacitan en su oficio y en sus deberes administrativos y empresariales, y si respetamos su dignidad y los ayudamos a proteger su inventiva pragmática, tendremos creatividad con valor económico y social. Estas microempresas podrán ser contratadas con confianza por los comerciantes de mayor capacidad económica y le daremos valor a ese patrimonio intelectual. c) Es necesario que, de manera recíproca, los tratados comerciales contengan las medidas suficientes de protección de propiedad intelectual; de otra manera no hay incentivos para que la innovación mexicana sea de exportación con seguridad jurídica.

 

Los avances tecnológicos se generan a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo se debe actualizar o capacitar un abogado para afrontar los nuevos retos que se le presentan?

Tenemos que regresar, y muy rápido, a la lectura, perderle el miedo a lo desconocido, pero, sobre todo, perder el miedo a preguntar. A veces somos soberbios y creemos que preguntar algo básico a otro colega o a otro profesionista nos disminuye. Pero, por el contrario, nos hace convivir, reconocer a otros y aprender integralmente. Hoy no podemos ser abogados si no nos involucramos con lo técnico, lo financiero, lo industrial, lo deportivo. Además, es muy divertido escuchar acerca de temas como la nube, la biotecnología, la medicina celular y hasta la inteligencia artificial, que casi catalogamos como satánica. En fin. Sólo, por favor, hay que hacer respaldos y respetar las leyes de privacidad. La tecnología ya nos alcanzó y nos puede rebasar: hay máquinas que pueden hacer contratos basados en algoritmos, pero todavía no pueden apreciar los sentires de nuestros clientes y valorar sus intereses específicos.

 

¿Qué habilidades debería adquirir un abogado interesado en especializarse para dar consultoría en Derecho corporativo?

Creo que el talento de saber escuchar y saber preguntar con paciencia y de manera simple, porque así uno puede enterarse de los incentivos de la empresa, sus dueños y sus representantes. Si no escucha no podrá negociar ni ser empático. Tampoco crea confianza.

Debe ser creativo para encontrar soluciones legales y económicamente viables, así como para prevenir problemas que no han sucedido. Incluso un poco de paranoia le ayudará a prever problemas.

Debe ser estratega, como los jugadores de ajedrez, para adelantarse muchos pasos en una negociación y en cualquier planeación. Es una forma de reducir la ocurrencia de conflictos.

Debe tener gran capacidad de comunicación verbal y escrita. Debe dominar el lenguaje. Le debe gustar involucrarse con la industria o el comercio que atiende y entender el idioma de sus clientes.

No debe tener miedo a los números. Debe ser un estudioso permanente. Y, sobre todo, debe ser muy discreto, extremadamente ético y hacer lo correcto.

 

¿Qué retos implica llevar la dirección jurídica de una empresa?

Primero, uno debe estar convencido de que los abogados de empresa no son sólo administradores de otros abogados. Tenemos que estar conscientes de que la ventaja de conocer el negocio constituye una ayuda para la aplicación práctica de la ley que también conocemos a fondo. Lo anterior implica el reto más fuerte: tener que ser especialista en todo lo que concierne a la empresa. Sólo de esa manera podremos dar guía a quienes nos reportan, e incluso a nuestros asesores externos. Y así hasta podemos cuestionarlos para llegar a mejores conclusiones.

Segundo, debemos tener el gusto por la industria en la que se especializa la empresa; agrado por la administración y por el lenguaje financiero de negocios, así como por los procesos internos de evaluación y reporte, pues el tema de guía de colaboradores y de aplicación de políticas laborales es asunto de todos los días.

Tercero y más importante, debemos proteger nuestra independencia ética para no perder el orden de los valores que protegemos: la ley, la vida, la libertad y el patrimonio. Si se pierde este orden, dejamos de ser útiles, nos convertimos en cómplices y dejamos de decir lo que es correcto.

 

¿Siente usted que el regreso de los nacionalismos en el mundo —Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Turquía…— afecta el desarrollo de las empresas nacionales? ¿Qué panorama contempla usted hacia el futuro?

Claro que el nacionalismo afecta a las empresas nacionales. Está comprobado en la historia que el comercio propicia el intercambio de bienes, servicios, satisfactores, conocimiento y cultura y nos ayuda a tener sinergia con otros que hacen mejor algo que nosotros hacemos, y viceversa. En la medida en que los nacionalismos cierran fronteras esas barreras impiden allegarse esos bienes externos y, por lo tanto, disminuyen el apetito por los mismos. México tiene muchas empresas que exportan, no sólo lo que maquilan sino productos propios y originales, y que han abierto mercado más allá de nuestro territorio. Entonces, ese cierre de fronteras cancela oportunidades de intercambio y de crecimiento económico de nuestros productores en el extranjero. Sólo recordemos el oscurantismo resultante de la época feudal. Ahora yo lo llamaría “ciego nacionalismo territorialista”.

 

¿Por qué se le da tanta importancia a la ética en las empresas? Si violarla no tiene consecuencias, ¿qué importancia tiene?

Es fundamental el comportamiento ético porque, primero, es lo correcto: hace que la empresa se comporte como buen ciudadano; segundo, porque puede ser no sólo una norma ética la que se vulnera sino una norma de carácter legal, con las graves consecuencias que eso acarrea, y tercero, la devaluación de la marca y de la reputación de una empresa puede ser mayúscula por el incumplimiento de dichas normas. Por eso, violar las reglas éticas de una empresa sí debe tener consecuencias. Todo esto lo vemos en los complejos y desarrollados sistemas de cumplimiento, o compliance, que no son sólo una moda en las empresas, sino un cambio de cultura que llegó para quedarse.

 

Desde su perspectiva, ¿le parece razonable que las personas jurídicas puedan tener responsabilidad penal? Finalmente, las sanciones a las que alguna empresa pueda hacerse acreedora ya están propuestas en el ámbito civil, fiscal, administrativo y laboral…

No estoy segura de que sea la mejor solución. Es una tendencia internacional que nació como consecuencia del mal comportamiento de algunos y que desgraciadamente se extiende la sanción a todos. ¿Y la presunción de buena fe y de inocencia?

En México, tiene problemas de origen; entre ellos, que a nivel federal está regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que es una norma que no sólo resuelve cuestiones procesales, sino que origina responsabilidad y contiene sanciones, cuestiones que son propias de los ordenamientos sustantivos.

 

Usted ha sido una de las más entusiastas promotoras del compliance en México. ¿Cuál es la importancia que tiene este instrumento en el siglo XXI?

Es fundamental, porque evita que se tenga que corregir lo indebido, disminuye las posibilidades de violaciones de la ley y no nos tenemos que preocupar de sanciones penales para las empresas. Es el mejor sistema de prevención y de concientización de riesgos para la toma de decisiones. Aquí tenemos que recordar que la afectación a una empresa por violación de temas fundamentales —como lavado de capitales, corrupción, violación de datos personales, terrorismo, competencia económica, entre otras— no sólo perjudica al dueño de la empresa, sino que trae como consecuencia la pérdida de empleos y daño a las comunidades. El compliance puede prevenir incluso la pérdida de vidas; entonces, no me queda duda de que es mejor prevenir que lamentar.

 

Usted, además de ser profesora de la Libre, participa en varios gremios empresariales como el CCE o el ICC y, sobre todo, en colegios jurídicos como La Barra, la ANADE, el INCAM y la AMEDIP. ¿Por qué?

Es una inversión de tiempo que se cosecha a mediano y largo plazos. Todas las actividades llamadas extracurriculares nos regalan aprendizaje continuo del pasado, del presente y del futuro; oportunidad de conocer a personas muy valiosas; sensibilidad de lo que pasa en diferentes ámbitos, y la posibilidad de vislumbrar hacia dónde va la tendencia jurídica, empresarial y política del país. Pero también con trabajo en esos ámbitos se puede aportar la experiencia que se ha adquirido en todos los planos, que precisamente hacen que uno tenga una visión de 360 grados.

 

Usted es una de las abogadas más distinguidas del país. ¿Cuál cree que es el obstáculo más importante para una mujer a la hora de posicionarse en el ámbito jurídico?

Cambiar el pensamiento, la cultura, la educación y hasta el sentir de algunas personas que, consciente o inconscientemente, de todos los estratos y de todos los grados académicos, actúan diferente porque nos ven diferentes. Nos tratan con discriminación a las mujeres o a las personas discapacitadas o con preferencias sexuales diversas, porque simplemente primero atienden a la apariencia que a la persona y no nos ven como iguales. En el fondo, lo que ocurre es que primero perciben sólo esa apariencia y actúan defensivamente, y a veces hasta ofensivamente. Como abogada, he tenido que dejar pasar y soportar comentarios, actitudes y la presunción en contra respecto de mi capacidad profesional. También he tenido que hacer gala paciencia y prudencia para acreditarme con resultados; pero nunca me he permitido dejar de ser quien soy actuando de manera hipócrita. La experiencia también me ha enseñado que, aunque sea difícil y constituya una carga adicional, hay que abordar con tacto el tema de la discriminación con los detractores. Ayuda mucho para ir cambiando la cultura. Quizá el beneficio de ese hecho no lo veamos inmediatamente, pero lo dejaremos para los jóvenes que vienen.

 

¿Qué consejo daría usted a las mujeres que hoy día se abren camino en el mundo del Derecho?

A las mujeres y los varones abogados, con sencillez y respeto, les aconsejo ver y oír hacia todos lados; amar la profesión y el estudio, amar su dignidad de abogados para que nadie la pise, amar a su persona para demostrar que no tiene precio y que, si son el instrumento de lo correcto y de la verdad, serán arquitectos de su propia paz, pero si son cómplices de la torcedura a la ley, tendrán aceptar la pena de ser esclavos torturados por su conciencia.

De manera especial, a las colegas abogadas les aconsejo apoyar a sus compañeras, seguir la autenticidad de su personalidad, no cambiar por ser mujeres para parecer lo que los demás quieren ver en ellas, escuchar lo que su corazón les indique pero que la razón les ratifique, y que sigan la especialidad que les agrade, no la que la sociedad les señale. Urge ver más abogadas penalistas en el foro, pero también, más juzgadoras, notarias, directoras, académicas y corporativistas que se sientan plenas porque tuvieron la libertad y el derecho de elegir su especialidad y, en consecuencia, su vida intelectual.

 


 

Ligia C. González Lozano es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Es catedrática de la Escuela Libre de Derecho, conferencista, articulista y asesora en Derecho internacional, corporativo, informático y de cumplimiento, para empresas y gobierno. Ha sido consultora y directora jurídica de varias empresas, negociadora de convenciones internacionales, consejera de gremios profesionales y empresariales; promotora de la seguridad jurídica, de los derechos de igualdad ante la ley y del actuar del buen ciudadano.

  

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