Mónica González Contró

Los desafíos legales de la UNAM

Mónica González Contró

Mónica González Contró es la tercera mujer en ocupar el cargo de abogada general de la UNAM. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrática de la Facultad de Derecho de la propia UNAM, esta inquieta abogada, especialista en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nos habla de las responsabilidades a su cargo, de sus mayores retos, de los desafíos que enfrenta y de las satisfacciones que conlleva ser la abogada general de nuestra máxima casa de estudios.

 

 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Oficina de la Abogada General de la UNAM?

Hablamos de la cabeza del subsistema jurídico de la UNAM que se encarga, fundamentalmente, de resguardar el cumplimiento de la legislación universitaria, a través del seguimiento y la elaboración de proyectos normativos de la universidad, acuerdos del rector, convenios y contratos, así como el estudio y análisis de diversos documentos de esta naturaleza.

Por otra parte, también tiene la representación de la UNAM en asuntos de índole contencioso y administrativo para la defensa de los intereses de nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, apoyamos en la consecución de los fines universitarios, es decir, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

 

¿Qué abarca este subsistema jurídico?

Desde luego la Oficina de la Abogada General, que cuenta con dos direcciones generales que atienden, precisamente, los dos grandes rubros de los que ya hablaba: la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria y la Dirección General de Asuntos Jurídicos; además, por la naturaleza descentralizada de la UNAM, contamos con una Coordinación de Oficinas Jurídicas.

 

¿Qué función tiene esta coordinación?

Por la descentralización, que ya mencioné, la UNAM cuenta con 47 oficinas jurídicas que atienden a escuelas, facultades y coordinaciones. Dichas dependencias desarrollan sus funciones con autonomía y, por lo tanto, cuentan con su propia oficina jurídica; sin embargo, la coordinación de estas oficinas y las directrices bajo las cuales trabajan le corresponde a la Oficina de la Abogada General.

 

Ahora que menciona la autonomía, ¿en qué consiste ésta respecto a la UNAM? Es un tema que siempre ha causado polémica.

Cierto, yo le diría que la autonomía debemos entenderla en tres vertientes. Una, la normativa que se refiere a la capacidad que tiene la universidad de dotarse de sus propias reglas, es decir, de autorregularse. Nuestra Ley Orgánica fue expedida por el Congreso de la Unión, pero el resto de la legislación que emana de allí es aprobada por el Consejo Universitario; en esa labor, como comenté, apoya la Oficina de la Abogada General. La segunda se refiere a la autogestión administrativa que implica el libre manejo de su presupuesto.

 

¿La tercera vertiente?

Es la académica, que se refiere a la capacidad para decidir nuestros propios procesos, los tipos de estudios, las mallas curriculares y, desde luego, la libertad de cátedra.

 

¿Cuáles son los temas que se presentan con mayor frecuencia?

Ante la gran responsabilidad que lleva esta oficina y con apego a los fines de la UNAM, ya mencionados, el papel de esta casa de estudios es de suma importancia no sólo a nivel nacional sino internacional. Por ello, los vínculos que se generan con otras instituciones educativas, entidades y organismos para apoyar y colaborar en la enseñanza, la capacitación, la investigación y demás áreas del conocimiento, se concretan a través de la elaboración de convenios generales y específicos de colaboración, cuyo estudio, análisis y dictamen corresponde a esta oficina por medio de la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, labor que requiere una supervisión muy detallada.

Por otra parte, por su volumen, sin duda los asuntos relacionados con el tema de transparencia. Cuando las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados hicieron a la UNAM, precisamente, un sujeto obligado, recibimos una gran cantidad de solicitudes de información que nos ha obligado a crear una estructura para atender esta tarea.

 

¿Cómo se desahogan estas últimas?

Por una parte, mediante acuerdo rectoral se creó la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia. La primera depende directamente del rector, mientras que el segundo es presidido por la abogada general. Este órgano técnico especializado es responsable de garantizar la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, conforme al artículo 11 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM.

 

¿Y cuáles son los temas más problemáticos?

No los llamaría problemáticos; se trata de temas complejos que por su relevancia requieren atención especial. Es el caso de los asuntos laborales. Contamos con dos sindicatos: el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM). Cada año, de manera conjunta, llevamos a cabo revisiones contractuales y salariales en los contratos colectivos de trabajo.

 

¿Cuál ha sido su mayor reto?

La Oficina de la Abogada General representa en sí misma un reto, pero, sobre todo, un gran honor y una gran responsabilidad. Sin embargo, entre las actividades y los proyectos emprendidos destacaría la implementación del Protocolo para Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM.

 

¿Por qué?

Por varias razones. Hay en la sociedad en general una normalización de la violencia, principalmente hacia la mujer. Conductas que consideramos normales y que incluso el generador de la violencia no tiene conciencia de que la ejerce requieren un cambio de actitudes que es complicado y lleva tiempo; otra razón es la escasa cultura para denunciar estos casos: las personas no saben qué hacer y a quién acudir. Ahora nos estamos encargando de que lo sepan.

 

¿Y qué ha hecho al respecto?

Desde luego difundir y promover el protocolo. Y con la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM, que gestiona y procesa asuntos que involucran a integrantes de la comunidad universitaria, se atienden las denuncias relacionadas con asuntos de violencia de género. Cuando el caso lo permite, se proponen a las partes, bajo un enfoque restaurativo, los mecanismos alternos para la solución de controversias (MASC) que prevé el protocolo y que en ocasiones ameritan una disculpa por parte de las personas que ocasionaron una afectación o la obligación de recibir un curso reeducativo en materia de género. El propio protocolo también establece la figura de las personas orientadoras, quienes de manera voluntaria se ofrecen para informar sobre los procedimientos relacionados con el tema.

 

Y si los MASC no funcionan, ¿hay sanciones?

Es necesario aclarar que la puesta en marcha de los MASC no deja de lado el inicio del procedimiento formal, pues éste se inicia en paralelo. En ocasiones no es procedente la aplicación de los MASC; por ejemplo, cuando se trata de personas menores de edad o en los casos que podrían constituir delitos que se persiguen de oficio, por citar algunos. Otro escenario puede presentarse cuando las partes no están de acuerdo, o bien, no se llegue a buen término. En estas circunstancias, existen procedimientos para el personal administrativo y académico que pueden concluir en amonestaciones, suspensiones o, incluso, rescisión. En los casos en que la afectación se genera por parte de una alumna o un alumno, se inicia el procedimiento disciplinario del cual conoce el Tribunal Universitario.

 

¿Su mayor satisfacción?

La labor al frente de la Oficina de la Abogada General lleva implícita una gran satisfacción; sin embargo, uno de los proyectos más relevantes tiene que ver con la igualdad de género. La adhesión de la UNAM, desde agosto de 2016, a la plataforma HeForShe de ONU Mujeres, a los pocos meses de haber iniciado la gestión el rector Graue, representa un claro mensaje de que la UNAM está comprometida con el tema y el reto es generar acciones concretas. Y eso es lo que estamos haciendo.

 

¿Cuáles son sus retos?

En primer término, resolver en tiempo y forma los asuntos que nos encomiendan, de conformidad con las funciones y las atribuciones de la Oficina de la Abogada General; proseguir con la difusión y la divulgación de los asuntos relativos a la violencia de género y del protocolo que ya comentamos; fomentar la cultura de la prevención en este tema, e impulsar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, tanto a nivel de funcionarios como a nivel académico y administrativo.

 

¿Y cuál es su campo de estudio?

Los derechos de niñas, niños y adolescentes; la elaboración de propuestas para la articulación de políticas públicas sobre el tema, y propuestas de modelos legislativos. Antes de la Ley General de 2014 no había una institucionalidad para hacer efectivos los derechos de los niños; ahora, además del catálogo de derechos, existen dos instancias: el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y las procuradurías de protección, que tienen la representación jurídica. Es un tema que me gusta e interesa mucho.

 

¿Añora la investigación?

Continuo con ella en la medida en que la responsabilidad inherente a mi encargo lo permite y mantengo mis clases en la Facultad de Derecho, pero ser abogada general de la UNAM es un privilegio y bien lo vale. Estoy muy agradecida con el rector Graue por la confianza que me ha otorgado.

 

 


 

 

Mónica González Contró es licenciada en Derecho por el ITAM, y cuenta con una maestría en necesidades y derechos de la infancia y de la adolescencia y un doctorado en derechos fundamentales, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid.

Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y profesora de teoría del Derecho y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Se ha desempeñado como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal, consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejera honoraria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Desde noviembre de 2015 se desempeña como abogada general de la UNAM.

 

 

 

 

 

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