Ottavio Sferlazza

Por qué se corrompen los servidores públicos

Ottavio Sferlazza

El poder no debe ser el dueño de la norma sino su guardián. Por ello es estrictamente inherente al principio de legalidad una mayor intransigencia hacia quienes disponen de dosis crecientes de poder, afirma en esta entrevista Ottavio Sferlazza, fiscal de Palmi, municipio de la región de Calabria, Italia, que a lo largo de su trayectoria se ha hecho cargo de algunos de los procesos más importantes del crimen organizado de tipo mafioso en su país.

 

¿Por qué el crimen organizado se ha infiltrado en muchos sectores, entre ellos la política?

Las organizaciones mafiosas no sólo se han ido adecuando paulatinamente, al mismo tiempo condicionándolos, a ciertos mecanismos torcidos de desarrollo con la finalidad de crear espacios de intermediación parasitaria, sino que se han ido imponiendo y arraigando progresivamente en el tejido social, sobre todo en las áreas geográficas en que con mayor sensibilidad se manifestó la crisis ético-social de las instituciones, como estructura de poder político y económico que suele vivir en simbiosis con el poder político oficial.

Creo que uno de los problemas más graves de algunos países es la desconfianza en las instituciones y en las fuerzas del orden.

Y no se puede dudar del fuerte redimensionamiento del poder corruptor del narcotráfico, y de sus enormes capacidades de infiltración.

 

¿Por qué alguien puede corromperse?

La prevención de los delitos de los servidores públicos constituye una prioridad, antes que nada por el derroche de recursos públicos en un momento histórico de crisis económica mundial, que determina una grave disminución del gasto nacional y, por lo tanto, de los servicios públicos, que paradójicamente afecta a las clases más pobres y débiles.

La corrupción, la evasión fiscal, la mafia, cuestan millones de dólares; entonces, eliminarlas constituye el medio justo para salir de la crisis. La lucha contra la corrupción es de importancia fundamental para la reactivación socioeconómica de muchos países afectados por este grave problema.

Esta gran cantidad de dinero que se resta para cualquier país es un robo perpetrado a los ciudadanos. No pudiendo disponer cada año de ese dinero, nuestras comunidades tendrán un campo deportivo menos, un centro de ancianos menos; hospitales, escuelas, transportes públicos menos equipados; menor cuidado del medio ambiente, del territorio, del patrimonio artístico. Entonces la legalidad nos conviene. En resumen, sería “más legalidad es igual a menos corrupción”, a mejor calidad de la vida.

Pero hay otro perfil que merece ser subrayado en una perspectiva más amplia de desarrollo sociopolítico. Me refiero a la estrecha conexión entre la “opacidad” de la gestión de la “res publica”, la corrupción y la criminalidad organizada, sobre todo en países como Italia y México, que se caracterizan por la fuerte presencia y operatividad de organizaciones delincuenciales peligrosas.

Donde no hay una ética pública que se haga cargo del principio de responsabilidad, en el cotidiano modo de ser y de obrar de la sociedad y de las instituciones, una buena ley es un gran instrumento que podría revelarse útil a condición de que sepamos utilizarla con sabiduría.

Contra el hampa y la ilegalidad se necesitan leyes rigurosas e instituciones resueltas a aplicarlas. Pero, sobre todo, se necesita una difundida intransigencia moral, una acción convencida de ciudadanos que no tengan miedo de ser definidos moralistas, que se acuerden a cada momento que la vida pública exige rigor y honradez.

                                                                                                                                

¿Por qué ciertos personajes del sistema de gobierno, líderes de ciertos sectores, se han dejado corromper?

Por avidez y falta de una auténtica ética pública, es decir, por falta de sentido del Estado y de las instituciones. El poder no es dueño de la norma sino que tendría que ser su guardián. Estrictamente inherente al principio de legalidad es, entonces, una mayor intransigencia hacia los que disponen de dosis crecientes de poder.

Estoy profundamente convencido de que educar sobre legalidad significa promover y fomentar a diario en los ciudadanos esta sensibilidad de intransigencia hacia los poderes. Esta intransigencia es el ethos difundido de la legalidad. Sólo la práctica de esta intransigencia hacia los poderes podrá promover la conciencia en cada ciudadano de sus propios deberes individuales.

 

¿En qué consiste la implantación de los juicios orales en materia penal?

Las principales razones que median a favor de la implantación del juicio oral tienen la característica fundamental del sistema acusatorio: están constituidas por la exigencia de asegurar la igualdad entre las partes procesales frente a un juez imparcial. Y tienen tres principios fun­damentales: 1) principio de la separación de las funciones, 2) principio de la separación neta de las fases procesales y 3) principio de la simplificación del procedimiento

La separación de las funciones procesales desempeña un papel de garantía similar al de las se­paraciones de los poderes del Estado: hace que al juez le corresponda solamente la tarea de dirigir la admisión y la evaluación de las prue­bas y decidir. Establece, además, que al Ministerio Público le corresponde la tarea de buscar las pruebas. De esta manera se asegura una mayor dialéctica entre acusador y defensor, que exponen las propias razones en una situación de equilibrio bajo el control del juez. Este último se encuentra en una situación de imparcialidad, porque su tarea no es indagar sino decidir sobre la base de las exposiciones de las dos partes.

Esta estructura trifásica, que caracteriza el desarrollo ordinario del procedimiento, tiene la función de tutelar algunos valores que son propios del sistema acusatorio.

 

¿Por qué hay tanta dificultad para que éstos funcionen debidamente?

Cualquier país que quiera adoptar un código inspirado en el modelo acusatorio tendría que examinar el riesgo conexo a la lentitud de los juicios, que paradójicamente determina la violación de uno de los principios fundamentales del debido proceso.

La causa básica de la crisis de la justicia penal en países como México e Italia, entre otros, y sus tiempos irrazonables, tiene que preocupar a cualquier país que se apreste a hacer elecciones reformadoras del sistema penal en el sentido abiertamente acusatorio. El problema está constituido por la divergencia entre demanda y oferta de justicia, entre la cantidad de asuntos y la capacidad de solución del aparato judicial y, por lo tanto, la respuesta no puede ser la reducción del número de asuntos ni el aumento del número de magistrados para realizar por fin el “debido proceso”; también es la vertiente de su duración razonable.

El problema estructural de la lentitud de la justicia impone soluciones que se refieren a la organización de los tribunales, a las modalidades de reclutamiento de los magistrados, a la implementación de la informatización de los procesos, a la difusión de las buenas prácticas y a la adopción de medidas disuasivas y de conciliación.

Hoy en día sería necesaria una reflexión global que, con el objetivo prioritario de asegurar una duración razonable del proceso, tendría, antes de todo, que hacerse cargo de adecuar los mecanismos de atención a los recursos, pues en caso contrario cualquier proyecto reformador está destinado a fracasar.

 

¿En qué se han convertido las cárceles, los centros penitenciarios en general?

La cárcel no debe volverse, por culpa de algunos detenidos, en un hotel donde se puede hacer todo, seguir dictando órdenes y cometer delitos.

De hecho, en países como Italia y México, caracterizados por la presencia de una muy peligrosa y difundida criminalidad organizada, se necesita la introducción de una legislación inspirada en el principio de la así dicha “doble vía”, la cual debe de consistir en lo siguiente: instauración de un régimen carcelario duro y distinto para los mafiosos para cortar los enlaces con la organización y reducción de las posibilidades de establecer contacto dentro de la cárcel con otros afiliados a la misma organización u otras aliadas, y también con el exterior, a través de lo siguiente: a) limitación de coloquios, posibles sólo con familiares, y efectuación de los mismos en locales idóneos de manera que no se puedan entregar objetos y mensajes; b) control auditivo y visual de los coloquios y grabación de los mismos; c) correspondencia sometida a visado de censura; d) limitación de la duración de la permanencia al aire libre, y que ésta sea en grupos de personas no mayores a cuatro, y e) prohibición de conceder beneficios a internos penitenciarios, es decir, de medidas alternativas de detención (por ejemplo, semilibertad, entrega provisoria a los servicios sociales, permisos, premios, permisos para realizar trabajo fuera de la cárcel), y otras limitaciones en el tratamiento penitenciario.

 

¿Es bueno llenar las cárceles de delincuentes aun cuando éstas no sean centros de readaptación social?

El sistema carcelario de cualquier Estado Constitucional de Derecho tiene que estar orientado a la readaptación social del condenado. Esta fundamental finalidad de reeducación no puede ser realizada si el tratamiento de los detenidos no está inspirado en principios de humanidad y de respeto a la dignidad de cada persona.

Bajo este perfil, el problema más grave es la congestión de las cárceles y la falta de trabajo en el interior de las mismas.

 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los países en general en cuanto al crimen, específicamente en cuanto al crimen organizado?

Es evidente que el tema de las estrategias de combate al crimen organizado es muy amplio y complejo, sobre todo en relación con la tipología específica de la criminalidad, y en particular con el crimen organizado, tipología que puede variar en relación con la normativa procesal vigente en cada país. Y lo anterior tanto en referencia a la estructura organizativa de los aparatos de investigación y a sus relaciones con las fiscalías, como en relación con el marco normativo que disciplina los criterios de evaluación de las pruebas y su utilización en un proceso.

Resulta oportuno aclarar lo que a mi parecer constituyen elementos indefectibles de un sistema acusatorio capaz de conjugar eficiencia y garantías, sobre todo en un país con problemas de criminalidad, sin pretender que las siguientes consideraciones sean exhaustivas:

1) Hace falta crear las condiciones para asegurar la eficiencia de la actividad de investigación (o sea la capacidad para recoger los elementos necesarios para la reconstrucción de hechos ilícitos), desde el punto de vista específico del ejercicio de la acción penal.

2) La rapidez de las investigaciones (naturalmente con los límites funcionales útiles al primer objetivo) es fundamental desde la óptica de la “razonable duración del proceso” que, sin duda alguna, desde el punto de vista ontológico, padece las consecuencias de los tiempos de las investigaciones.

3) El papel fundamental del fiscal a quien tiene que ser encomendada la dirección de las investigaciones. Su independencia respecto del Poder Ejecutivo constituye un presupuesto indefectible de autonomía y la garantía de la aplicación del principio de obligatoriedad de la acción penal.

4) La función de garantía y de control del juez de las investigaciones preliminares que tiene que ser ampliada de acuerdo con las exigencias expresadas antes.

5) El respeto y la potenciación de las garantías defensivas (con los conexos problemas inherentes al momento de la información sobre sus contenidos y a los derechos defensivos relacionados con la búsqueda de elementos probatorios que pueden ser ejercitados de manera concreta).

6) La plenitud de las investigaciones respecto de los temas de comprobación de la verdad y continuidad y rapidez de las investigaciones.

7) El reconocimiento de poderes de investigación efectivos otorgados tanto al juez como a la policía judicial, capaces de alcanzar los objetivos trazados.

8) El reconocimiento del imprescindible valor de la coordinación de las investigaciones, en todos los niveles.

9) La fortificación y efectividad del principio de contradicción.

10) La previsión de la llamada “doble vía”, es decir, de disciplinas normativas diferenciadas en casos especialmente graves, sobre todo en materia de criminalidad organizada.

En mi opinión, es necesario, introducir mitigaciones oportunas con respecto a un modelo acusatorio de tipo puro.

 

¿Qué medidas que se deben implementar contra la delincuencia organizada?

No obstante las mistificaciones culturales dirigidas a relegar a la mafia como un fenómeno delictivo externo al sistema institucional, creo que definitivamente ya se ha hecho conciencia colectiva sobre la especificidad de la criminalidad de tipo mafioso, respecto de otras formas de crimen organizado, pues destaca por su relación estructural, en ocasiones parasitaria, a veces orgánica, en otras simbiótica con grupos y centros de poder político-económico.

No cabe duda de que la ilegalidad constituye un freno al desarrollo y de que la debilidad de las instituciones también repercute en las tasas de crecimiento y en la colocación de inversiones que, como es suficientemente conocido, se concentran en las áreas geográficas donde las instituciones públicas son consideradas más creíbles.

A menudo se habla de legalidad en referencia a las conductas o a las actitudes de cada ciudadano; sin embargo, se olvida que la ilegalidad depende a su vez de un insuficiente ejercicio del poder coercitivo de los aparatos públicos, cuya ineficiencia a su vez propicia la ilegalidad.

En mi opinión, sólo la credibilidad ética de las instituciones podrá favorecer la legalidad, no sólo y no tanto como concreta observación de la norma, sino como actitud psicológica de quien obedece la norma porque siente el deber de hacerlo; en este sentido es más apropiado hablar de responsabilidad cívica o ética pública, las cuales constituyen el verdadero capital social que se debe contraponer al consenso social con el cual ha contado la mafia.

 

En ocasiones da la impresión de que hay un consenso social sobre las ventajas de incumplir las leyes…

La desesperación más grande que puede apoderarse de una sociedad consiste en dudar de que vivir rectamente sea útil.

Hace falta sobre todo, como premisa indefectible, un cambio profundo en la conciencia de la cultura de masas junto a una honda trasformación política e institucional.

 

¿Le gustaría añadir alguna conclusión?

A esta enumeración de puntos significativos y ampliamente compartidos que hemos abordado habría que añadir los nudos problemáticos y fundamentales de carácter predominantemente político que interesan al tema de la profesionalidad de la magistratura, tanto de los jueces como de los fiscales, como de la policía judicial, cuya autonomía, preparación y motivación ideal tienen que ser adecuadamente implementados a través de cursos de formación profesional calificados y de un adecuado tratamiento económico, idóneo para prevenir el grave y difundido fenómeno de la corrupción que transmite desconfianza en los ciudadanos.

 

 


 

 

Ottavio Sferlazza es doctor en Derecho por la Universidad de Palermo, Italia. Ingresó a la magistratura en 1977. Fue juez de instrucción y después ministerio público durante el antiguo sistema penal de tipo inquisitivo. De 1992 a 2000, fue presidente de la Corte Popular de Caltanissetta (Sicilia Central), donde llevó a cabo los procesos más importantes del crimen organizado de tipo mafioso, entre los que se encuentran el maxiproceso contra la mafia de la provincia de Caltanissetta, los procesos contra la mafia de la Cosa Nostra y contra los responsables de la masacre de Capaci.

De 2001 a 2009 fue presidente de la Sección de Jueces de Investigaciones Preliminares y de la Audiencia Preliminar del Tribunal de Caltanissetta. Asimismo, fungió como procurador adjunto de la Fiscalía de Reggio Calabria.

 

 

Nota

* Periodista y colaboradora del periódico Reforma.

 

 

 

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