Raúl Cervantes Andrade

Hacia un sistema de justicia homologado

Raúl Cervantes Andrade

Es necesario diseñar un modelo de procuración de justicia con arquitecturas institucionales homologadas y con procesos operativos estandarizados en todo el país, para que la ciudadanía pueda acceder a la misma calidad del servicio en todo el territorio nacional, afirma en esta entrevista Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República.


A más de un año de finalizar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, ¿cómo lo ve usted?
En consolidación. Se trabaja para lograr un estándar de criterios de organización, procesos y prácticas de todas las instituciones de procuración de justicia en el país. Se está fortaleciendo la capacitación de los operadores del sistema acusatorio, a efecto de homologar sus actividades para la realización de los principios generales del proceso penal, consagrados en el artículo 20 constitucional: “Lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

 

Fortalecer la capacitación de los operadores podría resultar un tanto vago. ¿Qué se busca en concreto?
Dotar a los operadores jurídicos de habilidades suficientes que les permitan integrar carpetas de investigación bien fundamentadas, sustentar teorías del caso sólidas y hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando procedan. Si tenemos un mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y una misma Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, debemos contar con una única forma de procesar los delitos.

 

¿Cuál es el desafío más importante en esta etapa?
Generar un cambio de mentalidad en los operadores y los usuarios del sistema. El paradigma procesal penal cambió y es necesario que todos los integrantes del sistema se ajusten a los modelos mentales de la nueva forma de procurar justicia. No se puede seguir actuando ni razonando con la lógica del sistema penal inquisitivo.

 

Al inicio de su administración, usted presentó ante el Senado de la República un diagnóstico sobre la institución que tiene a su cargo. ¿Cuál fue el propósito de llevar a cabo este ejercicio de autoevaluación?
Conocer, a través de un ejercicio honesto, realista y público, si la institución contaba o no con la infraestructura necesaria que le permitiera enfrentar la transición al nuevo modelo de procuración de justicia, derivado de las herramientas novedosas que la reforma nacional en materia de justicia penal trajo consigo. Es imposible resolver las necesidades de una organización y solicitar el apoyo para atenderlas si no se parte de un balance claro sobre lo que requiere.

 

¿Qué se halló?
Que la arquitectura institucional y la operación de la Procuraduría General de la República (PGR) no corresponden al nuevo sistema penal sino al sistema anterior. Existía un rezago de carpetas de investigación, similar al de averiguaciones previas. Las decisiones se seguían tomando de manera vertical hacia el superior jerárquico, dejando de lado al agente del Ministerio Público. Se observaron prácticas muy arraigadas del sistema inquisitivo y, sobre el personal de la institución, que el servicio profesional de carrera no ofrecía la oportunidad de crecimiento profesional.

 

¿Podría abundar al respecto?
Por supuesto. El diagnóstico reveló que el servicio profesional de carrera, como instrumento para asegurar una adecuada selección, ingreso, permanencia, promoción y ascenso del personal que labora en la institución, se encontraba subutilizado. Las modalidades de contratación para el ingreso del personal sustantivo se hallaban enmarcadas en la lógica del sistema penal inquisitivo.

 

¿Nos puede dar algún ejemplo?
¿Uno?: las figuras del facilitador y del analista criminal no se encuentran contempladas en el servicio profesional de carrera. No existe una capacitación especializada en las nuevas herramientas del sistema. En general, se encontró que la arquitectura institucional tampoco estaba armonizada con el nuevo modelo de procuración de justicia.

 

¿Cuál fue el área de oportunidad más importante?
La necesidad de diseñar un modelo de procuración de justicia que se ajuste y sirva al sistema penal acusatorio y, desde luego, su homologación en todo el país. Dicho modelo incluye una visión de organismos de procuración de justicia con arquitecturas institucionales homologadas y con procesos operativos estandarizados.

 

Recientemente, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) advirtió que el sistema de justicia penal acusatorio se encuentra en riesgo, debido a las deficiencias institucionales de las procuradurías y las fiscalías del país, así como a la ausencia de procesos homologados. ¿Está usted de acuerdo con esta aseveración?
El riesgo que el CIDAC advierte es fundado. Nada es más discriminatorio que el hecho de que el acceso a la justicia dependa del lugar donde se viva, del lugar en el que se llevó a cabo el delito o donde se presente la denuncia. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la misma calidad del servicio de procuración de justicia en todo el territorio nacional. Homologar las reglas y los criterios de operación institucionales fortalece el nuevo modelo de procuración de justicia en México.

 

¿De qué forma?
La reforma penal se orienta hacia la superación del paradigma punitivo, acercándolo a un modelo conciliador y de reparación del daño, con un enfoque garantista que vele por la recomposición del tejido social como el propósito más importante de este nuevo modelo de justicia penal.

 

¿Cómo se pretende armonizar la estandarización de procesos entre las entidades federativas y la Federación?
El foro idóneo para plantear, discutir y promover las políticas públicas susceptibles de aplicar en todo el territorio nacional es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Hemos aprovechado esta plataforma para trabajar con las instituciones homólogas de las entidades federativas, cuyos titulares, en un sano ejercicio metodológico, reconocieron sus propias debilidades, las cuales han sido, en nuestro caso, identificadas en el diagnóstico de la PGR.

 

¿Y qué ha salido de esta conferencia?
Entre otras acciones, desde este órgano colegiado se impulsó, conjuntamente con la Conferencia Nacional de Gobernadores —a través de su Comisión de Seguridad y Justicia— y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el lanzamiento de una convocatoria para realizar una consulta nacional —la cual se viene desarrollando desde mayo pasado— para definir los elementos fundamentales de un modelo de procuración de justicia que habilite los beneficios del proceso penal acusatorio en todo el país. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otros, habrán de entregar, al final de la consulta, un informe que sirva como insumo para construir el mejor modelo de procuración de justicia.

 

¿Cuál es el propósito de promover una estandarización de los procesos?
Se trata, fundamentalmente, de reducir, en la medida de lo posible, los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la ley. Al mismo tiempo, se busca dar transparencia y previsibilidad a los procesos. Al día de hoy, el sistema penal, en lo que respecta al ámbito del proceso penal, es uno solo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de diferentes formas de gestionar, administrar y resolver los conflictos de carácter penal, sobre todo porque tenemos un solo Código de Procedimientos Penales de aplicación nacional, así como otras tres leyes del mismo alcance que, en su conjunto, articulan de principio a fin el sistema de intervención penal del Estado. De esta forma, se están sentando las bases para el diseño de una política criminal integral en todos los sentidos. Además, la estandarización de los procesos facilita la evaluación del desempeño de forma más precisa y permite establecer estrategias de mejora continua más controladas y efectivas.

 

Esto restaría poder a los titulares de las fiscalías, ¿no le parece?
Si la consecuencia de su implementación —o alguna de ellas— supone restar poder a los titulares, y esta reducción del poder de decisión, a su vez, se interpreta como que habrán de retirarse las facultades de decisión de los titulares sobre el ejercicio de la acción penal, la respuesta es sí. Y así debe ser. En un modelo de procuración de justicia que sea acorde con las exigencias del proceso penal acusatorio es necesario que las decisiones no dependan del criterio del titular o de los altos mandos, ni mucho menos de intereses externos; las decisiones estrictamente técnicas deben estar soportadas en procesos homologados que permitan generar unidad de criterio dentro de las instituciones. Los operadores del sistema, al ejercer tal autonomía e independencia, podrán tomar sus decisiones conforme a los principios y las reglas generales del proceso penal que, sin duda, deben difundirse de manera general a modo de criterios de actuación. Además, esta estrategia facilita la colaboración entre las instituciones de procuración de justicia, pues existirá mayor identidad, cuando menos con respecto a los protocolos de actuación para combatir los delitos que, de forma más sensible, afectan a la sociedad.

 

¿Qué medidas se tienen contempladas para adecuar la capacitación del personal de la PGR al nuevo modelo de procuración de justicia?
Estamos diseñando un plan integral de capacitación que fomente una verdadera internalización de las herramientas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con énfasis en el cambio de mentalidad de los operadores y los usuarios, y la adopción de nuevas técnicas de investigación y litigación. Al igual que el nuevo modelo de justicia, la capacitación debe pugnar por ser una sola e innovadora, que no se conforme con cursos de inducción, sino que tienda a la explotación de todos los recursos disponibles del nuevo modelo de justicia.
El plan integral que estamos diseñado se encuentra articulado de manera modular. Es decir, se busca dotar a todas las y los servidores públicos de conocimientos generales de excelencia para realizar sus responsabilidades y, al mismo tiempo, poner a su disposición elementos de capacitación especializados que atiendan a intereses profesionales específicos, que sean optativos, pero que una vez cursados formen parte de un currículum integral de la persona.

 

¿Qué resultados se esperan?
El plan rector de capacitación prevé armonizar las nuevas formas de investigar y perseguir los delitos a través de procesos innovadores de razonamiento jurídico, específicamente para construir la teoría del caso, así como para argumentar de modo contundente durante las distintas etapas del proceso. El personal sustantivo debe ser capaz de realizar investigaciones con un profundo rigor metodológico y con estrategia. Los operadores deben tener muy claro que el nuevo paradigma procesal penal no está diseñado para encarcelar sino para abonar a la reconstrucción del tejido social.

 

¿Qué papel juega en todo esto la institución que usted encabeza?
Recuperar la confianza de las y los mexicanos es uno de los principales objetivos de las instituciones de procuración de justicia del país. Nuestras acciones están centradas en el ciudadano. La meta es que cada vez que una persona se acerque a alguna procuraduría o fiscalía en México lo haga con la certeza de que recibirá la misma calidad del servicio público que en cualquier otra parte de la República. En este escenario, la PGR desempeña un papel esencial como impulsora de un modelo de procuración de justicia que permita dar cauce a los beneficios que el sistema acusatorio prevé para la ciudadanía.

 

¿Cuáles son las tareas pendientes en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio?
En primer lugar, generar un cambio de mentalidad entre los operadores del sistema y, sin duda, en los usuarios, que permita desarraigar la idea del encarcelamiento como mecanismo único o exclusivo de resolución de los conflictos penales, y en segundo lugar, pero no menos importante, generar las capacidades de operación que se requieren para abrir la puerta a su consolidación. La capacitación que se les brinda a los operadores no puede versar sólo sobre cuestiones propias del proceso penal, en términos de lo establecido por la legislación nacional, sino, asimismo, debe favorecer la sensibilización, la aceptación y la interiorización de los principios garantistas de este nuevo paradigma procesal penal.
El personal de todas las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el territorio nacional, ya sea sustantivo o administrativo, debe estar convencido de que el éxito del sistema sólo será posible en la medida en que todos seamos corresponsables del mismo. La comunicación entre todos los elementos del sistema debe generar sinergias que impulsen un cambio estructural, no sólo coyuntural.
En concreto, estamos realizando grandes esfuerzos para incrementar el uso de mecanismos tempranos de solución de controversias penales y tendemos a mejorar nuestros métodos y esquemas de organización para optimizar las capacidades investigativas de las áreas sustantivas de la PGR.

 

¿Qué se espera de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general?
Ante todo, que estén conscientes de que el fin de la justicia penal no es, en exclusiva, el castigo, entendido como un equivalente a la prisión, sino que la resolución de los asuntos penales se encamina hacia la reconstrucción del tejido social a través de la reparación del daño. De ahí la trascendencia que posee el impulso de los mecanismos alternativos de solución de controversias como una de las herramientas más importantes de este sistema de justicia penal. Si se parte de esta premisa, todas las críticas y todas las propuestas son bienvenidas.

 

Por último, ¿qué papel desempeña actualmente la institución que dirige en la lucha contra la corrupción?
Sin duda, se trata de un tema central en la agenda de la PGR. Al margen de los procesos que en este sector habrán de impulsarse en el Senado de la República, de sus tiempos y sus condiciones, la institución cuenta con las capacidades necesarias —tanto en términos de unidades administrativas como de personal— para desarrollar, como se ha demostrado en los casos más recientes, investigaciones bien estructuradas sobre delitos en materia de corrupción.
Por lo demás, las condiciones materiales para la operación de la fiscalía que habrá de concentrar estas investigaciones en razón de su especialidad, y que habrá de atender, sobre todo, los casos más relevantes, están dadas desde hace varios meses mediante un acuerdo específico y de decisiones organizacionales muy puntuales que se han tomado para eliminar cualquier obstáculo que pudiera comprometer su funcionamiento. Así, queda claro que en la institución no existe razón válida para no atender una obligación legal vigente que implica, precisamente, realizar investigaciones sobre conductas vinculadas con este sector de la criminalidad.
Es importante destacar que, en el orden interno o nacional, se han impulsado acciones muy concretas para la investigación de actos de corrupción. Las estrategias sustanciales de vinculación, coordinación, cooperación y fortalecimiento interinstitucional como las que se vienen implementando, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Haciencia y Crédito Público y con otras autoridades del ámbito bursatil y financiero, han dado importantes resultados. En general, se han desarrollado y están operando una serie de mecanismos y una nueva metodología de alcances muy potentes para combatir la corrupción. Ninguna persona que cometa actos de corrupción puede sentirse tranquila, porque será llevada ante la justicia. Asimismo, a nivel internacional se han impulsado labores coordinadas entre las diversas fiscalías de nuestro entorno continental. Como muestra de lo anterior, en agosto pasado se celebró en la ciudad de Puebla la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, cuyo objetivo fue propiciar un espacio de diálogo, con el fin de fortalecer e impulsar los vínculos de cooperación en materia de procuración de justicia, para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, por medio del análisis integral de la operación de los grupos delictivos que actúan en la región. En concreto, la utilización de técnicas de investigación desformalizada ha permitido identificar y localizar objetivos estratégicos más allá de nuestras fronteras.
En definitiva, en materia de lucha contra la corrupción, las y los servidores públicos de la PGR tienen la firme convicción de llevar ante la justicia a toda persona que quebrante la ley.

 


 

Raúl Cervantes Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene especialidades en Derecho económico corporativo, Derecho financiero y comercio internacional, Derecho penal y amparo.
Es socio fundador y director general del despacho CEA-Abogados. Se ha desempeñado como abogado nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2004 y 2011, en dos ocasiones como diputado federal y también ha sido senador de la República —presidió el Senado del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014—.
En octubre de 2016 asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

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