Ricardo Paredes Calderón

"Una prueba ilícita no echa abajo el proceso"

Ricardo Paredes Calderón

La teoría del “árbol del fruto envenenado” afirma que una prueba ilícita echa abajo todo un proceso. En esta entrevista, Ricardo Paredes, magistrado de circuito, señala que esto no es así, y nos habla de cuáles son los alcances de una determinación de prueba ilícita, así como de los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al respeto de los derechos fundamentales de los imputados, temas que son abordados en su libro Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención.

 

¿Cómo califica la reforma al sistema de justicia penal a diez meses de su entrada en vigor?

Considero que es una reforma muy buena, que viene a sacarnos de un marasmo, de una inercia en la que veníamos repitiendo los mismos vicios, las mismas cosas. Creo que esta reforma viene a refrescar el sistema de justicia penal. Nos da una sacudida y nos hace ver las cosas de manera diferente; nos hace reaccionar ante cosas que veíamos como normales y que ahora sabemos que no lo eran, y nos hace mirar hacia el respeto de los derechos humanos. La reforma va un poco lenta, pues en los tribunales todavía no llegan tantos asuntos. Sin embargo me parece que podemos ser optimistas de que pueda funcionar.

¿Cuáles son a su juicio las principales bondades de este sistema?

Destaco varias. Por ejemplo, el hecho de que las pruebas, para considerar penalmente responsable a una persona, se desahoguen directamente en el juicio, ante el juez. En el sistema tradicional en un porcentaje muy alto se dictaba sentencia con las pruebas recabadas ante el agente del Ministerio Público en la averiguación previa, y lo que se decía posteriormente ante el juez muchas veces ya no servía de mucho. Los mismos jueces creamos muchas jurisprudencias con las que fuimos demeritando la actividad que se desarrollaba ante nosotros. Decíamos que las primeras declaraciones eran las importantes, no obstante que ante el juez es ante quien se llevaba el contradictorio. Entonces me parece que una de las grandes bondades del nuevo sistema es que se pueda dictar una resolución tomando en cuenta únicamente lo que se desahogue en presencia del juez.

Principio de inmediación…

Así es, muy importante principio. Otro aspecto muy relevante me parecen las medidas cautelares, ya que en el sistema tradicional únicamente teníamos la prisión preventiva; no había otra… O estabas en prisión o te la cambiábamos por una fianza. Actualmente hay un catálogo en el que se le da al juez un abanico de posibilidades: no todo debe ser prisión preventiva.

Hay quienes acusan que es un sistema muy garantista. ¿Usted qué opina?

Me parece que contiene los mínimos derechos o garantías que debe tener cualquier persona que está sujeta a un procedimiento. Si partimos de que toda persona tiene derechos humanos, no deberíamos estar cuestionando si es o no muy garantista. Una figura trascendente del sistema es la presunción de inocencia. Entonces me parece que si nosotros tomamos muy en serio este principio, que implica que verdaderamente una persona sea considerada inocente hasta que sea declarada culpable por un juez, estaremos dando un gran salto en el respeto a las garantías y a los derechos humanos que se tienen. En conclusión, me parece que el sistema no es muy garantista.

Y respecto a la delincuencia organizada, ¿se justifican excepciones a este sistema garantista?

En cuanto a ese tema, considero que por la organización, la infraestructura y la complejidad de la delincuencia organizada, el estándar probatorio debe ser distinto. El estándar que pudiera exigirse al Estado en estos casos debería ser diferente al que se pide para los delitos comunes, ya que estas empresas criminales llegan a realizar tan bien su actividad, que a veces al Estado le es muy difícil recabar una serie de pruebas para consignarlas. Y me parece que a veces los juzgadores no hemos tenido esa sensibilidad para aceptar que no podemos pedir el mismo estándar probatorio que para el resto de los delitos, ya que en delincuencia organizada son indicios que se obtienen, que se van recabando, que se van concatenando y que pueden establecer la prueba circunstancial que acredite la responsabilidad. Entonces, más que restringir sus derechos humanos lo que ocurre es que se cambia el estándar probatorio.

Usted escribió un libro que ha resultado muy pertinente y oportuno en torno al proceso penal acusatorio: Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención. Háblenos un poco de él.

El libro fue concebido por las problemáticas que en el ejercicio de juzgar vemos día a día. De pronto no queda claro cuándo se está ante un delito flagrante, cuándo hay un caso urgente, cuándo hay una dilación en la puesta a disposición o sobre las consecuencias de que el agente del Ministerio Público se exceda de las 48 horas que tiene para integrar su carpeta de investigación. Así tenemos que un agente de seguridad detiene a una persona, y después el Ministerio Público intenta justificar esa detención con un caso urgente. Vemos que a las policías no les queda claro cuándo pueden detener o no a una persona, cuándo hay flagrancia y cuándo no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios, por ejemplo, de detención por denuncia informal. Entonces hay información pero no llega a los operadores o los operadores le damos interpretaciones diversas.

Por ejemplo, pensemos en el caso de la tortura...

En el control de la detención, por ejemplo, si el imputado alega que lo torturaron, hay jueces en el nuevo sistema que automáticamente lo dejarán libre para hacer la investigación, pero hay otros que le dan vista al agente del Ministerio Público y continúan con la audiencia. Este tipo de problemáticas es lo que me llevó a plantear este tema muy específico de la audiencia inicial, exclusivamente en el control de la detención, en el momento en que el juez va a calificar de legal o ilegal la detención. ¿Qué se debe analizar y qué consecuencias genera el hecho de que no se haya llevado a cabo la detención de manera legal?

Se ha hablado con frecuencia de la teoría del “árbol del fruto envenenado”, según la cual si una prueba es ilícita eventualmente echa abajo todo el proceso.

Una de las razones que nos llevó a escribir este libro es eso. Es relativamente común que la gente piense que el hecho de que una detención haya sido ilegal tiene como consecuencia que el material probatorio deba nulificarse. Pero esto no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por ejemplo, que si hay dilación en una puesta a disposición se debe invalidar lo que se hubiera obtenido en el plazo que duró la dilación, pero no se invalida la detención: sólo lo que se hubiera obtenido en el lapso que duró la dilación: tres, cinco o 10 horas. Lo que se haya obtenido en ese lapso se va a nulificar. Salvo eso, todo lo demás es válido.

Pero hay jueces que han resuelto lo contrario, ¿no?

Sí, hay sentencias en las cuales de un plumazo se invalida todo. Y precisamente mi libro trata de ser muy, muy puntual, al decir: no, no es así. Se ha confundido, por ejemplo, lo que es una detención ilegal con lo que es una dilación en la puesta a disposición y las consecuencias de ambos casos son totalmente diferentes.

Pensemos en el caso de una detención que se decreta ilegal, pero en el que eventualmente en la carpeta de investigación existiesen indicios sólidos de que la persona pudo haber cometido el delito que se le está imputando, un secuestro, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Se deja en libertad a esa persona?

Es muy importante esta pregunta. ¿Qué pasa cuando no se decreta o no se califica como legal la detención? La única consecuencia inmediata para el proceso es que se determina que esta persona no fue conducida legalmente al proceso, a la audiencia inicial, ya sea porque no se hizo mediante una orden judicial, o porque se determina que no hubo flagrancia o caso urgente, y por lo tanto se le deja en libertad; sin embargo, lo anterior no implica que el juez se haya pronunciado sobre si los datos de prueba que existen son suficientes o no para vincular o no a proceso a esa persona. Simplemente lo deja en libertad porque no fue conducido legalmente.

¿Entonces? ¿Queda impune?

No, lo que corresponde es que el agente del Ministerio Público conduzca legalmente a la persona. ¿Cuál sería la manera de volver a conducirlo? Pues mediante una orden de aprehensión. En ese momento el agente del Ministerio Público, en audiencia privada, puede solicitar una orden de aprehensión. De alguna manera se trata de reconocer: está bien, lo conduje ilegalmente, y ahora lo haré de manera legal. Solicito una orden de aprehensión y el juez puede librarla, con lo cual ya se puede detener al inculpado y llevarlo a la audiencia inicial. Y ahora sí se analizarían todos los datos de prueba que existen para determinar si se vincula o no a proceso a esa persona. Es decir, que se decrete como ilegal una detención no implica que el presunto responsable quede en libertad absoluta.

Quizás por este tipo de casos hay cierta sensación en la gente de que el sistema acusatorio está beneficiado a los delincuentes, ¿no?

Me parece que esto es normal. En el año 2010 estuve en Chile, país donde implementaron el sistema desde hace 15 años o más y sucedió lo mismo. La gente tenía esa percepción. Creo que debemos trabajar en la comunicación y difundir las muchas bondades del sistema: que cualquier persona pueda estar presente en las audiencias. De viva voz puede escuchar los argumentos, por no hablar de los muchos principios que ya conocemos.

¿Su libro abona a esta difusión?

Sí. Una de las virtudes que tiene el libro es que exponemos las jurisprudencias y los criterios más importantes de la Suprema Corte de Justicia la Nación respecto de estos temas y les damos difusión y transmitimos los criterios de interpretación para que los distintos operadores cumplan con el estándar que se está pidiendo. Se ha prohijado la idea de que respetar los derechos humanos es muy complicado, cuando en realidad no lo es. Sólo hay que conocer los criterios e interpretarlos correctamente.

Hay casos en que al decretarse la ilicitud de una prueba el resultado deriva en la absolución del imputado…

Me parece que el problema se origina porque a veces los operadores no leemos bien la jurisprudencia. La Suprema Corte en ningún momento estableció que cuando una persona alega, por ejemplo, que fue torturada, deba ser liberada por los jueces.

En este caso, lo que fijó para responder a los estándares internacionales en materia de derechos humanos dictados por la Corte Interamericana es que cuando una persona alegue que fue torturada, le corresponde al Estado demostrar que no fue así. Entonces lo que procede es hacer una investigación, es decir, dar vista al Ministerio Público para que él la realice. Los jueces no estamos diciendo si lo torturó o no.

¿Se investiga con independencia de que el proceso siga su curso?

Sí. Se sigue el procedimiento, el cual no se ve afectado por el hecho de que se investigue una eventual tortura. En todo caso, si hubo tal tortura se sanciona a quien la ejerció.

Y si así fuese determinado, lo que dejaría de tener valor en el proceso que se está sustanciando es, por ejemplo, la confesión o la declaración, y nada más.

Nada más. La sola confesión no tendría valor probatorio, pero sí todos los demás medios de prueba que en ocasiones son suficientes para dictar una sentencia condenatoria; por ejemplo, el reconocimiento de las víctimas, algún testigo, un coacusado. Esta teoría del árbol del fruto envenenado tiene sus limitaciones.

¿Sería importante difundir esta precisión, no?

Sí, sería muy importante. Hay que desmitificarlo, ya que es falso que se tenga que dejar en libertad a alguien que alega haber sido torturado. En todo caso, repito, si se demuestra que sí hubo tortura, será su confesión la que carezca de valor probatorio, en caso de que haya confesado. El problema es que, en efecto, hubo autoridades jurisdiccionales que no hicieron una interpretación adecuada y excluyeron todo el material probatorio, por lo cual dejaron en libertad a algunas personas.

¿Qué añadiría de los temas torales de su libro? De la detención ilegal, de la dilación en la puesta a disposición…

Me gustaría hacer énfasis en el hecho de que si se determina que hubo una detención ilegal, este hecho no tiene como consecuencia necesariamente que la persona vaya a quedar en absoluta libertad. Sólo implica que no fue conducida legalmente a proceso. Además, como dijimos, posteriormente puede ser conducida correctamente. Los jueces debemos ser muy cuidadosos para establecer, dependiendo de cada situación, qué datos de prueba se excluyen por ser ilícitos y tener muy claras las diferencias, por ejemplo, entre una detención ilegal, una dilación en la puesta a disposición o el hecho de que el imputado diga que fue torturado.

En el control de la detención el juez de control únicamente tiene que analizar si la persona fue detenida en flagrancia o en caso urgente. Y si el detenido alega que fue torturado, se tendrá obligación de darle vista al agente del Ministerio Público. Pero para efecto de calificar de legal o no una detención, la tortura no tendría que ser un aspecto fundamental, como algunos juzgadores han determinado. Creo que esto no forma parte del control de la detención.

Actualmente hay una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia penal que pretende, entre otras cosas, quitar la prisión preventiva oficiosa, dando total potestad al juzgador para determinar. ¿Qué opina?

Me parece que es importante que los legisladores dejen que el sistema madure, para que veamos cómo se va desarrollando, ya que todavía no podemos tener un diagnóstico preciso acerca de si lo que se está haciendo es correcto o no.

También se pretende quitar el auto de vinculación a proceso…

Creo que habría que esperar un poco más, tener paciencia para tomar las medidas necesarias o realizar los ajustes indispensables. Ahora es apresurado, ya que la reforma que se plantea es muy importante, pues aborda temas e instituciones claves del nuevo sistema. Habrá que dejar que éste madure.


Ricardo Paredes Calderón es licenciado en Derecho y maestro en ciencias penales por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor en Derecho penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

En el Poder Judicial de la Federación ha sido juez de distrito en materia penal y procesos penales federales y, desde 2004, es magistrado de circuito, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Es autor entre otros, de los libros Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención y La investigación complementaria en el proceso penal acusatorio.

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado