Ricardo Peralta

¿Qué debemos esperar de la Fiscalía Anticorrupción?

Ricardo Peralta

Es necesario que a los problemas actuales más graves del país, como la corrupción y la impunidad, se les deje de dar una importancia menor. Por el contrario, el tema del combate a la corrupción debe ser considerado como una de las políticas públicas primordiales del Estado mexicano, sostiene Ricardo Peralta Saucedo, ex director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, al exponer los retos que deberá asumir el fiscal anticorrupción.

 

 

¿Cuál es el fundamento constitucional y la naturaleza jurídica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, también llamada Fiscalía Anticorrupción?

La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, previó la creación de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, que deberá contar al menos con dos fiscalías primordiales: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En virtud de lo anterior, en el artículo transitorio décimo octavo del decreto de reforma se otorgó la facultad al procurador general de la República de emitir el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción —que derivó en la emisión del acuerdo A/011/14 publicado el 12 de marzo de 2014— y se estableció que su titular sería designado por el Senado de la República.

En diciembre de 2014 se llevó al cabo un primer proceso para la elección del fiscal anticorrupción. Sin embargo, no hubo un acuerdo político —lo cual hoy creo que fue conveniente— porque no existía la estructura legal para que ese fiscal funcionara como se pretende que lo haga. Se habría designado un fiscal anticorrupción sin Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) —hoy tenemos un SNA, pero no un fiscal—.

Hablándolo cronológicamente, la oportunidad idónea para nombrar al fiscal anticorrupción surgió con la reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015 en la que se incluyó una modificación al artículo 113 por la que se crea el SNA. Este momento constituye la base y la naturaleza jurídica de la Fiscalía Anticorrupción y de todo el sistema, el cual no puede funcionar sin el fiscal, así como el fiscal no puede desempeñar correctamente sus funciones sin el SNA.

 

Dado que el fiscal general de la República estará facultado para nombrar y remover al fiscal anticorrupción, ¿considera usted que se podría ver limitada la actuación de este último?

Pensar que el fiscal general de la República y el fiscal Anticorrupción no tengan autonomía e independencia del Poder Ejecutivo es un contrasentido. Estas figuras deben desligarse en lo absoluto de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los poderes fácticos y mediáticos, para que puedan realizar sus funciones con plenitud.

Pero eso no significa que no deba existir una subordinación absolutamente institucional por un simple principio de disciplina y equilibrio de poder. Las personas que encabecen estos órganos tienen que ser estadistas probados, que rijan su actuar en el marco de la legalidad y la institucionalidad, sin perder el nexo ciudadano.

 

¿Qué elementos debe considerar el Poder Legislativo para garantizar la autonomía de gestión de la Fiscalía Anticorrupción? La reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014 no aporta mucha claridad al respecto…

Entre otros elementos, replantear el modelo jurídico del fuero para restringirlo. No eliminarlo bajo ninguna circunstancia, pero sí reconstituir su naturaleza jurídica, con el objeto de que el ejercicio del servicio público se vea limitado a las facultades y las atribuciones que tiene conferidas legalmente cada servidor público. Por ejemplo, debemos evitar que un juez, magistrado o ministro sienta temor en el impacto que pueda tener en un interés político o económico alguna resolución que emita; ese elemento debe permanecer protegido por el fuero. De igual forma un legislador que no se vea limitado en sus expresiones ideológicas o políticas por otro poder formal o fáctico.

Pero todo servidor público del que se presuma que ha cometido un delito tiene que ser investigado como cualquier otra persona. Y ese fuero no debe incidir de ninguna manera en el proceso que se le incoe. El hecho de que una persona sea investigada no la hace culpable de nada, pero si ni siquiera pueden ser sujetos de una investigación, y mucho menos a un juicio, habla de un carácter de inmunidad y de impunidad que tenemos que desterrar en el país.

Asimismo, para fortalecer la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción se debe garantizar su independencia financiera y jerárquica con el propósito de que tanto el fiscal general de la República como el fiscal anticorrupción tengan plena libertad de gestión.

 

¿Qué conductas delictivas debe investigar la Fiscalía Anticorrupción?

Quiero hacer un señalamiento muy importante: es injusto pensar que solamente los servidores públicos cometen actos de corrupción. Vuelvo a insistir: ésta es una conducta en la participa por lo menos un binomio; es una red en la que, para que una conducta de esta naturaleza se perfeccione, se necesita que existan copartícipes. A este respecto, los particulares son grandes promotores de la corrupción.

Dentro de las siete leyes que conforman el SNA existen reformas al Código Penal Federal cuyo fin es tipificar conductas que antes sólo eran consideradas como responsabilidades administrativas imputables únicamente a los servidores públicos —que regulaba la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—.

En esta reforma que se concede al Código Penal Federal los particulares también serán sujetos de investigación por actos de corrupción, cosa que no existía en el pasado con ese énfasis.

Hay un capítulo en el Código Penal Federal que ya tipificaba los delitos similares o conexos por hechos de corrupción, como el cohecho o el tráfico de influencias, entre otros, en los que participan particulares y también servidores públicos.

Ahora, la visión que tendrá la Fiscalía Anticorrupción en cuanto a los nuevos tipos penales que antes eran sólo faltas administrativas será considerablemente más amplia y, por supuesto, influye en la sociedad civil al responsabilizar a los particulares que promuevan la participación de servidores públicos para la realización de actos de corrupción.

 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas describe conductas ilícitas que ya están previstas por el Código Penal Federal, como el peculado o el tráfico de influencias. ¿Considera usted que estos ordenamientos legales se contraponen o, por el contrario, podrían verse complementados?

Debe entenderse que la pretensión punitiva estatal es la privación de la libertad en el caso de delitos de esta naturaleza. Por lo tanto, los cuerpos normativos no se contraponen, porque incluso las disposiciones legales que antes eran meramente administrativas, a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contendrán dos partes: la sanción administrativa para el ejercicio del servicio público, pero también la investigación de un delito.

Es decir, el Derecho administrativo y el Derecho penal no se contrapondrán en virtud de que se hace una clara distinción entre actividades o conductas no graves y graves. Y será en las segundas en las que intervendrá la Fiscalía Anticorrupción, no sólo por su carácter de “grave”, sino porque constituirán delitos. Procesar a un servidor público por los mismos hechos, a través de las vías penal y administrativa, no significa que se impondrá una doble sanción.

 

¿Qué parámetros deben regir la actuación del fiscal anticorrupción?

El fiscal anticorrupción debe ser un servidor público ejemplar para el resto de los servidores públicos. La Fiscalía Anticorrupción debe constituir un ejemplo para el resto de las instituciones públicas. Se debe contratar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para hacer funcionar a la fiscalía, con un sistema de control de confianza único; no dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ni de otra instancia, sino propio. Y también auditado, por supuesto, por la ciudadanía. Ése es el mayor blindaje moral.

Además de lo anterior, debe ser una persona que tenga experiencia en la investigación de delitos. Tenemos que actuar y lograr que quien encabece esa fiscalía en muy poco tiempo tenga “cabezas” sobre su escritorio y las exhiba a la ciudadanía.

Ahora bien, no se trata de que el fiscal anticorrupción sea un hombre temerario o un justiciero, pero sí que demuestre a la sociedad mexicana que las cosas van en serio. La ciudadanía está harta de ver cómo servidores públicos y particulares han hecho de nuestro país uno de los más corruptos del mundo —basta ver la posición que nos da Transparency International—.

 

Ante casos como los de Javier Duarte o Tomás Yarrington, en los que abiertamente se conocen sus corruptelas, ¿qué debe hacer el Estado?

Hay muchas personas que se han involucrado en temas de corrupción, pero ¿qué se ha hecho para perseguir a los cómplices? Se debe atacar la red completa. No sólo enfocarnos en los peces gordos sino seguir la ruta del dinero y fracturar las finanzas de estos grupos delictivos (porque eso son). Así como se hace contra la delincuencia organizada, cuando se incautan sus bienes, en el caso de la corrupción sugiero que todos los recursos que se recuperen en virtud de actos de corrupción, si son del erario se devuelvan al erario, pero si son producto de un enriquecimiento ilícito se destinen a campañas de promoción de la cultura de la legalidad, a la cultura de la denuncia, pero también enfocadas a la educación. A un enfoque preventivo perfilado a la educación, a la cultura, al deporte, pues todos estos elementos —se ha demostrado internacionalmente— son factores para evitar la comisión de delitos.

 

 


 

 

Ricardo Peralta Saucedo es licenciado en Derecho y maestro en Derecho constitucional y administrativo por la UNAM con especialidades en procuración de justicia, delincuencia organizada y sistema penal oral, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción.

Ha sido, entre otros cargos en la administración pública, director de Operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, director de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas de Personal Interno en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (hoy SEIDO) de la PGR.

 

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado