Santiago Nieto Castillo:

“Los delitos electorales se vuelven más sofisticados”

Santiago Nieto Castillo:

Para el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la mejor forma de blindar las elecciones es ejerciendo la acción penal en contra de los funcionarios públicos, los dirigentes partidistas y los candidatos que cometan delitos, para que quede claro que ya no pueden tolerarse sus conductas delictivas.

 

¿En qué condiciones operativas se encontraba la fiscalía cuando tomó posesión del cargo?
Enfrentaba un doble reto en virtud de la transformación al sistema procesal penal acusatorio y del rezago del sistema penal tradicional. Tenía 4,496 averiguaciones previas pendientes y venía de un periodo de ocho meses en los cuales no había tenido titular. Existían 1,113 actas circunstanciadas que necesitaban ser atendidas.
Además, el Congreso de la Unión acababa de expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales que se derivó de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, en la cual por primera ocasión el poder revisor de la Constitución incluyó a la FEPADE en el texto constitucional: dejó de ser un órgano fundado en la ley y el reglamento para conformarse como uno de naturaleza constitucional.

¿Cuáles fueron las prioridades que marcaron su trabajo?
El principal reto tuvo que ver con las nuevas competencias de la FEPADE. Por primera vez la institución tenía competencia para los procesos electorales locales y era importante que pudiéramos empezar a desarrollar investigaciones que terminaran en ejercicios de la acción penal en el ámbito de dichos procesos.
Otro desafío estuvo relacionado con la transición al sistema penal acusatorio. Teníamos una institución que no había hecho adecuaciones para la transformación del sistema, por lo que iniciamos un arduo trabajo para lograr su incorporación. A finales de 2015 tuvimos las primeras carpetas de investigación; en 2016 se judicializaron los primeros asuntos y en 2017 empezamos a tener las primeras sentencias condenatorias en procedimiento abreviado. También creamos una unidad de atención inmediata, seis unidades de litigación, una oficina de atención ciudadana y una de derechos humanos, encargada de los temas de violencia política de género.
Asimismo, emprendimos la modificación de los procesos de persecución e investigación de los delitos electorales. Hasta 2014, el 92 por ciento de los casos de este tipo estaban relacionados con la alteración del registro federal de electores. A partir de 2016 se realizaron denuncias con mayor intensidad y, por lo mismo, se persiguió la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, el peculado electoral y el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Hoy, 86 por ciento de los asuntos que conocemos son relativos al proceso electoral.

¿Cómo opera la investigación del delito electoral desde el ámbito acusatorio? ¿Funciona?
Es necesario perfeccionarla. Pero de cualquier manera, el sistema tradicional mixto no podía subsistir porque resultaba muy injusto. La mayoría de los casos que llegaban terminaban en reservas y no tomaba en consideración el concepto de reparación del daño ni se tomaba en cuenta a las víctimas.
Esto último es importante para la FEPADE porque anteriormente se pensaba que en materia penal electoral el ofendido era la sociedad. Sin embargo, la dinámica ha demostrado que existen víctimas y ofendidos. El sistema acusatorio, a diferencia del tradicional, permite cubrir de mejor manera el modelo de protección de derechos.
No obstante, en el nuevo sistema la policía realiza procesos de investigación por lo cual es importante aumentar el número de sus elementos y, junto con los peritos, debe perfeccionarse y especializarse, con la finalidad de contar con una investigación más eficaz y eficiente.

De acuerdo con su experiencia, ¿qué le hace falta a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para perfeccionar la investigación del delito electoral?
Hay que considerar varios elementos. Primero, que determinados tipos penales pudieran ser considerados graves. Me refiero sobre todo al financiamiento ilícito y al peculado electoral. Segundo, que haya la posibilidad de intervenir las comunicaciones privadas de manera directa e inclusive contar con geolocalización. Esto agilizaría la investigación y la persecución de los delitos relacionados con el financiamiento ilícito de las campañas, cuando se recibe dinero de la delincuencia organizada.
También es necesario que la violencia política contra las mujeres se tipifique. La reforma de 2014 estableció el derecho fundamental a la paridad. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, se han cuantificado muchas conductas de violencia contra las mujeres en el marco electoral que quedan impunes.
Asimismo, yo plantearía una modificación a los tipos penales de peculado y condicionamiento de programas sociales. Estos delitos están directamente relacionados con las campañas electorales y por lo tanto no existe la posibilidad de que la conducta de actualice. Esto, a pesar de que el condicionamiento de programas sociales es permanente.
Finalmente, sería deseable contar con la posibilidad de ejercer la facultad de atracción de manera directa. Hay que recordar que el tema electoral es una materia muy especializada y por lo tanto el ministerio público que lo investiga debe tener un nivel de especialización relevante que vincule no solamente lo penal sino también lo electoral.

La FEPADE ha realizado una amplia labor en materia de protección e investigación de la violencia política en razón de género. ¿Por qué el tema es competencia de la FEPADE y no de la FEVIMTRA?
La competencia de la FEPADE tiene que ser en dos vías: una, obstaculización de las tareas de funcionarias electorales en caso de que se vulneren los derechos político-electorales de las mujeres cuando participan en una actividad política; dos, actos de temor o intimidación al electorado que impiden a las mujeres el ejercicio de los cargos públicos o de las candidaturas.

¿Considera que las medidas de protección establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Nacional de Procedimientos Penales son suficientes para atender la situación de violencia política de género?
A partir del reconocimiento de la paridad de género como derecho fundamental se ha establecido un proceso contrario de expresiones machistas que dan como resultado la violencia política hacia las mujeres. El problema no está en el tipo de medida de protección, sino en el contexto. Hay medidas que pueden resultar idóneas para la protección de una persona en ciertas situaciones, pero cuando vamos bajando a contextos socialmente más complejos, las medidas pueden resultar insuficientes.
Hay casos con sentencias emitidas por un tribunal electoral que no han podido ejecutarse por las condiciones sociales específicas que se viven en los municipios.
Creo que es importante que la FEPADE cuente con el tipo penal de violencia política por razón de género para que, más allá de las medidas de protección, se pueda avanzar en el ámbito del ejercicio de la acción penal en contra de los hombres que en muchas ocasiones son caciques de las comunidades o de los municipios y que son los que mayoritariamente ejercen los casos de violencia.

Al inicio de esta entrevista comentaba que 86 por ciento de los casos que investiga la FEPADE son distintos a la alteración del registro federal de electores. ¿Cuántos de éstos han concluido en sentencia condenatoria?
Ha sido muy interesante. Hemos tenido un incremento gradual en el ejercicio de la acción penal. En 2015 logramos ejercer la acción penal en 961 ocasiones; en 2016 tuvimos un total de 1,251 ejercicios, y en 2017 llevamos un total de 475 consignaciones mediante el sistema tradicional y 82 judicializaciones en el ámbito del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Esto ha permitido que hasta el momento hayamos obtenido 1,525 órdenes de aprehensión libradas por los jueces, 154 en lo que va del año, y 196 órdenes ya cumplimentadas en 2016 y 102 en lo que va de 2017. A partir del cumplimiento inicia el proceso penal que dura un año, en promedio.
Solamente en 2017 tenemos 45 sentencias condenatorias por delitos electorales y seis sentencias absolutorias dictadas por temas relativos a la compra de voto, al condicionamiento de programas sociales, al peculado electoral y a modalidades interesantes de alteraciones al registro federal de electores.

¿A qué se refiere con modalidades interesantes de alteraciones al registro federal de electores?
Hoy observamos que no sólo se trata de casos en los que una persona va al módulo para tramitar una credencial para votar con datos falsos. Ya se trata de movimientos masivos que incluso llegan a ser supranacionales.
Está, por ejemplo, el caso de la “Loba”, quien expidió 1,575 actas de nacimiento para que personas migrantes pudieran tramitar una credencial para votar. Esta persona ganó las elecciones por 1,600 votos a favor del Partido Verde con respecto al PRI. En ese caso logramos ejercer la acción penal y esta persona fue detenida. Actualmente el proceso penal en su contra sigue.
Otro ejemplo es el de los ex consejeros electorales de Chiapas que dieron de baja del registro federal de electores a más de 10,000 personas a las que se les usurpó la identidad y generaron un listado de residentes en el extranjero; esto para que mediante un fraude cibernético global, el Partido Verde lograra obtener un diputado migrante.

El financiamiento ilícito y el peculado electoral son los delitos que más resaltaron en las pasadas elecciones. ¿Cómo se rastrean?
El artículo 11, fracción tercera, respecto del peculado electoral tiene distintas vertientes: puede consistir en la utilización de fondos, bienes o servicios. Dependiendo de la vertiente, la FEPADE puede solicitar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue el flujo del dinero de estados y municipios. Sobre el uso de bienes o servicios, en temas como el manejo de vehículos o la utilización de oficinas oficiales, puede rastrearse fácilmente a través de las redes sociales y de fotografías y videos que toman las personas denunciantes.
La modalidad que se encuentra prevista en el artículo 15 es la más complicada porque se refiere a los recursos de procedencia ilícita, que puede ser equiparable al tipo penal de lavado de dinero, desvío de recursos, corrupción o malversación de fondos. Para detectar este tipo de ilícitos es necesario trabajar en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema Nacional Anticorrupción, para tener conocimiento de cualquier movimiento irregular de las finanzas que pudiera tener un impacto en el ámbito electoral.

Los delitos electorales cometidos en elecciones locales, ¿son de competencia federal o del fuero común?
Son del fuero federal porque nos encontramos en un sistema nacional de elecciones. El artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en relación con el artículo 41 de la Constitución, refiere que la FEPADE investigará los delitos electorales locales cuando el INE organice las elecciones en los siguientes términos: uno, las facultades que son exclusivas del INE (fiscalización de recursos de partidos, conformación de funcionarios de casilla, cartografía electoral); dos, cuando el INE ejerza la facultad de asunción y organice todo el proceso electoral de una localidad, y tres, cuando el INE, mediante acuerdo, asuma ciertas facultades específicas de organización de elecciones locales.
Por ejemplo, para las elecciones del Estado de México y Coahuila, el INE capacitó a los funcionarios, instaló las casillas, fiscalizó todos los recursos y emitió dos acuerdos en materia de programas sociales, en los cuales señaló que ese tema sería de su competencia. Esto último surtió la competencia de la FEPADE en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con condicionamiento de programas sociales.

Hacia las campañas de 2018, ¿cuáles serán los mecanismos de prevención del delito electoral?
Estamos ampliando el programa de blindaje electoral y hemos iniciado la conformación de aliados estratégicos que coadyuven con la fiscalía. La FEPADE tiene un número limitado de personas, y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo en materia de vinculación y observación electoral, contribuye de manera importante a la prevención del delito.
Lo anterior implica una coordinación con el INE y con la policía federal, y alianzas estratégicas para poder ampliar la presencia de la FEPADE y enviar un mensaje claro de disuasión y dignidad.

Finalmente, ¿qué relación tienen con la Procuraduría General de la República y con su titular, Raúl Cervantes Andrade?
Raúl Cervantes es un hombre con visión de estado. Su postura ha sido de total apoyo a la institución y de absoluto respeto a la autonomía de FEPADE. Considero que así será con el titular de la fiscalía anticorrupción, cuando éste sea designado.


Santiago Nieto Castillo es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, como secretario de Estudio y Cuenta, y como Jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue designado magistrado electoral regional y fungió como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Senado de la Republica lo designó titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en febrero de 2015.

 

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