El futuro de la justicia penal en México

El futuro de la justicia penal en México

Los esfuerzos por modificar la estructura organizacional de la PGR, así como del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, serán infructuosos si no hacemos una reflexión y un análisis crítico y profundo de toda la política criminal en su conjunto, sostiene el autor, al ofrecer diversas propuestas para mejorar nuestro sistema de justicia penal.

 

El pasado 15 de febrero de 2017 el procurador general de la República acudió al Senado y en esa comparecencia reconoció que la institución que preside, así como el sistema de justicia penal en general, se encuentran inmersos en una grave crisis. El tan alto costo económico que representa la procuraduría para la muy escasa eficiencia que ha demostrado en su desempeño nos obliga a generar espacios de reflexión para su reestructura organizacional.
Derivado de lo anterior, a instancia del propio procurador general de la República, a través del CIDE, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se ha convocado a diversos actores que incidimos dentro de la estructura de la justicia penal, como organizaciones no gubernamentales, académicos y quienes formamos parte y representamos las áreas del Derecho penal en las barras y colegios de abogados en nuestro país.
Una de las finalidades de esa convocatoria es que entre los diversos grupos de trabajo se recopilen las distintas propuestas para mejorar y fortalecer la estructura, capacidad, eficiencia y legalidad de la actuación de la PGR tanto en su fase de investigación como en los procesos jurisdiccionales.
Otro de los objetivos de este ejercicio de análisis es que se generen de igual manera propuestas para mejorar en general el sistema de justicia penal, desde la óptica del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso hasta su origen con base en un análisis estrictamente político criminal. Precisamente en este último aspecto resulta mucho más relevante llevar a cabo un análisis muy profundo de reflexión.
Si partimos del hecho de que la finalidad de la política criminal es desarrollar todos los lineamientos así como las estrategias para que el Estado pueda prevenir y, en su caso, combatir los índices delictivos, luego entonces la visión que desde el punto de vista político criminal tengamos de nuestro Estado definirá el sistema de justicia penal que operará en nuestro país.1 Es decir, toda reforma legislativa, ya sea al Código Penal, o bien al Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien a las instituciones a cargo de los establecimientos penitenciarios y de reinserción social, necesariamente debe obedecer criterios de política criminal.
Partiendo de esa base, debemos preguntarnos: ¿cuál es la visión que de la política criminal rige en México?; ¿es una política criminal tendiente a respetar el principio de que el Derecho penal debe ser la ultima ratio del Estado, es decir, tendiente a un Derecho penal mínimo?,2 o, por el contrario, ¿es una política criminal tendiente a hacer un uso exacerbado del Derecho penal, criminalizando en exceso conductas y abusando del Derecho penal, hacia lo que podemos denominar terror penal, hasta llegar al tan lamentable Derecho penal del enemigo?3
Mi conclusión es que desafortunadamente en México, por lo que hace a la política criminal, tenemos un muy peligroso doble discurso. Lo anterior es así porque si se analiza nuestra Constitución política y, en especial, los principios que rigen el recién llegado sistema de justicia penal acusatorio adversarial que opera en todo el territorio nacional desde del 18 de junio de 2016, pareciera que cuando menos en teoría México tiene la intención de ir avanzando hacia un Derecho penal mínimo.
Sin duda ésa debe ser la política criminal correcta. Lo anterior, dado que si entendemos el Derecho penal como la herramienta más drástica con la que cuenta un Estado de Derecho, luego entonces dicho Estado debe procurar hacer el menor uso posible de dicha herramienta para resolver los conflictos sociales y debe procurar que sea el resto del ordenamiento jurídico el que se encargue de resolver satisfactoriamente y con un menor costo social dichos conflictos. Únicamente lo que el resto del ordenamiento no pueda resolver encontrará legitimidad en el Derecho penal para intervenir. Esto es verdaderamente lo que significa una mínima intervención, o bien la ultima ratio, y que podemos expresar y entender de manera adecuada a través del carácter fragmentario del Derecho penal.
Dicho carácter fragmentario se expresa a través de la premisa de que el Derecho penal sólo debe intervenir para proteger los bienes jurídicos de mayor relevancia y, además, sólo frente a los ataques más lesivos a dichos bienes jurídicos. Lo anterior encuentra su soporte en el hecho de que no sólo el Derecho penal protege bienes jurídicos. La totalidad del ordenamiento jurídico comparte dicha finalidad de protección. Bienes jurídicos como la vida, la salud, el patrimonio, el medio ambiente, la administración de justicia, no son exclusivos de la protección por parte del Derecho penal, sino de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. La diferencia radicará en que el Derecho penal únicamente debería intervenir frente a dichos bienes jurídicos cuando enfrenten los ataques más lesivos y que además no sea posible encontrar una solución adecuada por parte de otra rama del Derecho.
Lo que pretendo establecer siguiendo este razonamiento es que, en mi opinión, no debemos llevar a cabo un análisis crítico de la organización y el funcionamiento de la PGR, así como del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, sin hacer un verdadero análisis integral también del Código Penal y del resto de las leyes especiales que contienen tipos penales. Lo anterior, toda vez que la procuraduría y el nuevo sistema de justicia penal lo que deben llevar a cabo es la acreditación y el enjuiciamiento precisamente de las conductas típicas contenidas en el Código Penal y en las demás normas sustantivas especiales que contienen tipos penales.
Si nos detenemos a reflexionar sobre los tipos penales contenidos en el Código Penal y en las demás leyes especiales, podremos percatarnos de que gran cantidad de ellos no deberían estar contenidos en tipos penales. Dicho fenómeno de abuso en la legislación penal obedece a diversas causas. En mi opinión, la principal es que estamos abandonando cada vez más la implementación de una adecuada política social a largo plazo, y con gran facilidad pretendemos resolver de manera inmediata todos los problemas sociales recurriendo en exceso a la política criminal. La política criminal no fue creada para subsanar las deficiencias de la política social, ni el Derecho penal fue creado para subsanar las deficiencias del resto del ordenamiento legal. Un país con una adecuada y eficiente política social es la mejor herramienta para prevenir la incidencia delictiva. Una de las consecuencias de dicha huida hacia la política criminal es que tendemos a recurrir al tan peligroso Derecho penal simbólico.4
Otro factor es el hecho de que precisamente por la escasa eficiencia del resto del ordenamiento los abogados recurren al Derecho penal para resolver cuestiones que estrictamente obedecen más al Derecho privado, siendo en esencia al Derecho civil, al Derecho familiar y al Derecho mercantil. De esta forma se ha utilizado en las últimas décadas a las procuradurías como agencias de cobro para asuntos en los que estrictamente se trata de incumplimientos de contrato, pero, ante la ineficacia del ordenamiento civil para que el acreedor recupere su patrimonio, se recurre al Derecho penal literalmente para “extorsionar” al deudor con la amenaza penal.
La esencia del Derecho penal y su carácter fragmentario nos obliga a intentar que la legislación penal esté diseñada para proteger los bienes jurídicos frente a los ataques más lesivos, por lo que la técnica legislativa de los delitos de peligro concreto, y en especial los delitos de peligro abstracto,5 basados en la protección de bienes jurídicos de carácter universal o colectivos6 que abundan en nuestra legislación, sin duda encontrarían una mucho mejor y eficiente solución al conflicto social a través de diversas ramas del Derecho, en especial en el Derecho administrativo.
Si tenemos un Derecho penal contaminado en su esencia, inundado de tipos penales sin un sustento político criminal real, jamás podremos pretender tener un Derecho procesal penal eficiente. En el momento en que dejemos de recurrir indiscriminadamente al Derecho penal y nos dediquemos a mejorar la eficiencia de las políticas sociales y a mejorar y legislar de manera más eficiente en el resto del ordenamiento jurídico, podremos tener las bases para generar un verdadero análisis crítico de nuestro sistema procesal y las instituciones de procuración y administración de justicia penales.
Lo anterior se traduce en que si vamos a pretender implementar la política criminal de los países más avanzados del mundo a través del sistema de juicios orales en México, sólo resultará realmente adecuado en la medida en que vaya acompañada también de las políticas sociales que dichos países desarrollan eficazmente. Si hacemos un estudio comparativo serio entre los países que implementan el sistema acusatorio y México podremos apreciar cualitativamente enormes diferencias en los lineamientos de su política social.7
Cuando hayamos logrado depurar nuestra excesiva codificación penal lograremos que las procuradurías y nuestros tribunales penales dejen de estar saturados de conflictos que podrían y deberían ser resueltos en instancias diversas a las penales. Sólo en ese momento realmente podremos tener las bases para diseñar estratégicamente las instituciones de procuración y administración de justicia penales de nuestro país, así como las reglas procesales para la debida acreditación de dichas conductas delictivas. Una vez que hayamos logrado reducir los tipos penales a aquellos que sí encuentren una verdadera legitimación y sustento político criminal, sin duda podremos tener una procuraduría más reducida, pero mucho más eficiente, en la que se apliquen los recursos económicos8 y la capacitación especializada de su personal para atender los conflictos sociales que sólo a través del Derecho penal puedan ser resueltos.
Otro de los aspectos que siempre está completamente abandonado en el análisis y, sobre todo, en el discurso político es lo referente a los centros penitenciarios y a las políticas de reinserción social. En nuestro país son una verdadera vergüenza las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios y las condiciones de mal vivir en las que se hallan todos aquellos que permanecen detenidos, ya sea esperando el dictado de su sentencia o bien cumpliendo con sus condenas.9
Lo más lamentable es que quienes nos dedicamos a la materia penal sabemos precisamente lo que debemos hacer para mejorar las condiciones de las cárceles en México y de la población penitenciaria. Sin embargo, se requiere mucha voluntad política para hacerlo, y hasta el momento, desafortunadamente, seguimos sin hacerlo. ¿De qué sirve que ahora presumamos que tenemos un sistema de justicia penal que respeta la presunción de inocencia, que respeta la legalidad en la obtención de la prueba, desarrolladas en audiencias públicas, si al final del camino el imputado terminará privado de su libertad en un centro en el que lo único que no ocurre es el respeto a sus más elementales derechos humanos? ¿Verdaderamente generando una detención en dichos centros penitenciarios se logra la reinserción social del imputado? La respuesta es fácil: evidentemente no.
Y, peor aún, regresamos a los dobles discursos respecto de la utilidad, o la función, o la justificación de la pena.10 Nuestro texto constitucional, al tratar el tema de los centros penitenciarios realmente es de un corte humanista. Por una parte nos indica que en nuestro país está prohibida la pena de muerte, así como la cadena perpetua. Sin embargo, hoy en nuestro sistema se dictan sentencias condenatorias de 100 y 200 años y más. A eso ¿cómo debemos llamarle? Simple y sencillamente por su nombre: ¡“cadena perpetua”! Nuestra Norma Suprema establece de igual forma que la reinserción social se obtiene a través de la educación, el deporte y el trabajo en el interior de dichos centros de detención. ¿Así ocurre? Por supuesto que no. Si los infractores de la ley van a estar detenidos por décadas, ¿por qué no pueden salir de dicho centro con estudios de licenciatura? De esa manera, al recuperar su libertad realmente contarían con mayores herramientas para alejarse de la criminalidad y convertirse en parte de la población económicamente activa.
¿Por qué no se firman acuerdos con el sector empresarial de nuestro país a efecto de generar las condiciones para que industrias instalen sus centros de producción en el interior de los centros penitenciarios? De esta manera, mientras la gente permanece detenida verdaderamente podría tener una fuente de ingresos que permita que sus familias puedan generar mejores condiciones de vida para sus integrantes. Y al recuperar su libertad conocerían una profesión o un oficio que les permitiría obtener mejores y mayores empleos alejados de la criminalidad, cumpliendo así verdaderamente con una de las finalidades de la pena.
¿Cuál es la razón por la cual nunca han existido políticas serias de reinserción social a través de medidas tan sencillas y lógicas como las que aquí se mencionan? Para que la reinserción social deje de ser una utopía, no sólo debemos cambiar completamente las condiciones de los centros penitenciarios, sino nuevamente, volver la vista hacia nuestros códigos penales y nuestro Poder Legislativo, y dejar de violentar el principio de proporcionalidad.
Mientras en nuestros códigos sustantivos mantengamos penalidades tan absurdamente elevadas para la gran mayoría de los tipos penales, no hay posibilidad alguna de considerar viable una reinserción social. El principio de proporcionalidad es la balanza perfecta que nos ayuda a identificar la visión político-criminal de cualquier país.

 


 

* Integrante de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Véase Moisés Moreno Hernández, Política criminal y reforma penal, Ius Poenale, México, 1999, p. 73.
2 Véase con mayor amplitud la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 2004.
3 Véase con mayor amplitud Manuel Cancio Meliá y Carlos Gómez-Jara Díez, Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, Edisofer, Madrid, 2006.
4 Véase Susana Soto Navarro, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Comares, Granada, 2003, pp. 186 y ss.
5 Ricardo Mata y Martín, Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, Comares, Granada, 1997, pp. 3 y ss.
6 Luis Gracia Martín, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 130 y ss.
7 Respecto de la manera de llevar a cabo estudios comparativos nacionales e internacionales, véase Ana Pamela Romero Guerra, Análisis de los informes policiales a nivel nacional e internacional, INACIPE, México, 2015.
8 Véase Andrés Roemer, Economía del crimen, Noriega Editores, México, 2001, pp. 459 y ss.
9 Véase Mercedes Peláez Ferrusca, Derechos de los internos del sistema penitenciario mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2000.
10 Véase Miguel Abel Souto, Teorías de la pena y límites al ius puniendi desde el Estado democrático, Dilex, España, 2006. Véase también Heiko Lesch, La función de la pena, Dykinson, Madrid, 1999.

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