AMLO y el notariado

AMLO y el notariado

 

Desde la campaña electoral, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la ministro en retiro, y también notario público, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Colegio Nacional del Notariado México (Acapulco, mayo de 2018) un “decálogo” relacionado con su perspectiva de las transformaciones que habrán de materializarse en el mercado de la fe pública, propuesta a la que el autor invita a sumarse.

 

 

Ciertamente, estamos ante un escenario halagüeño que permitirá, si se plasman esas ideas en algún ordenamiento jurídico nacional (lo que implica una reforma constitucional para dar competencia a la Federación en material notarial, dado que hoy la tienen los estados), contar con un sistema notarial que, enfocado en buscar la seguridad jurídica, la certeza y la paz social, fortalecerá la posición del notario frente a los poderes económicos e, incluso, ante el poder gubernamental.

Al propiciarse la realización del Derecho a través de la fe pública, quienes se benefician en última instancia son los prestatarios de los servicios notariales y todas las personas y las empresas que se relacionen con ellos. El instrumento notarial produce una cadena infinita de externalidades positivas (concepto económico que podemos resumir en “beneficios sociales que trascienden la relación notario-cliente”). El notario, al dar fe de la constitución de una empresa o al constituir un condominio, produce una escritura que de manera natural entra en contacto con millones de consumidores. Si esa escritura reúne toda la calidad jurídica que espera el sistema notarial, las relaciones comerciales fluirán y replicarán de manera incesante esa calidad.

En la cotidianidad del trabajo notarial el notario se encuentra condicionado a un conjunto de factores externos que tratan de presionarlo para que deje de ser baluarte de los valores que proclama el sistema notarial y el Estado de Derecho. En esas circunstancias, la fuerza de la ley parece ceder y el notario, aunque usted no lo crea, se encuentra relativamente solo y aislado. La imposición de condiciones y prácticas, como la que realizan los bancos, al cercenar a los usuarios de servicios financieros (consumidores tutelados por la ley) la posibilidad de elegir a su notario de confianza, se traduce en una lamentable sumisión del notariado a la banca, con el descuido implícito de los derechos de los clientes.

Cuando el Estado, en su faceta de organizador social, requiere servicios notariales, tradicionalmente utiliza los servicios de profesionales del ramo con quienes tiene algún tipo especial de vinculación. En este escenario, el tratamiento desigual de los notarios provoca que notarias desfavorecidas, aunque quizá técnicamente superiores, comiencen a desmerecer y a demeritarse. La competencia desleal propiciada desde el gremio o desde el Estado no le conviene a nadie.

La inversión que los notarios realizan para que sus oficinas funcionen, tanto en personal bien calificado como en equipo, implican costos que, como en cualquier actividad económica, se trasladan al adquirente del servicio. La propuesta de comunicar bidireccional y tecnológicamente a los registros públicos de la propiedad y a los catastros, es una idea que debemos aplaudir e impulsar de manera decidida.

Homologar las condiciones de acceso al notariado, mediante exámenes de oposición, rigurosos, transparentes, teóricos y prácticos, constituye la aspiración inicial del correcto funcionamiento del sistema. Empero, extrañamente no se ha dicho nada de la jubilación y el retiro del notario ni de su derecho a recibir una pensión, como sí se ha dicho en el ámbito de la judicatura. Los incentivos embonarán mejor si permitimos el relevo generacional de manera oportuna y si se garantiza que al finalizar su función el notario se retire con dignidad, lejos de tentaciones económicas que lo orillen a descuidar su función o a practicar la competencia desleal con sus pares.

Las materias sustantivas con las que trabaja el notario también deben homologarse. Por ejemplo en el caso de las disposiciones en materia de muerte digna y voluntad anticipada. ¿Por qué unos clientes en unas notarías si pueden hacerlo y otros no? Solamente por su código postal. En un entorno nacional de igualdad y de no discriminación, esta situación es inadmisible.

Los programas sociales permanentes para que quienes disponen de menos recursos puedan acceder a los servicios notariales es digno de celebrarse. El notario cobra honorarios con base en aranceles (tarifas estatales) que no debe modificar a su arbitrio. Corresponde al Estado hacer excepciones para mitigar asimetrías y favorecer que la población vulnerable pueda otorgar testamentos o regularizar propiedades.

La falta de calificación del notario como agente económico será un tema que deberá ser resuelto por el órgano constitucional autónomo competente: la Comisión Federal de Competencia Económica, y que seguramente será materia de algún medio de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Afirmar que alguien es agente económico no es una alusión peyorativa ni denuesta. Más bien es una consecuencia del contexto constitucional en materia de economía de mercado. Entendido de manera correcta, al sistema notarial le conviene ser un agente económico. Sólo así podrá tener otro blindaje ante los factores reales del poder: las concentraciones y los monopolios. Los beneficiarios serán los consumidores y los clientes de los notarios.

Los notarios de todo México debemos ser aliados del futuro presidente y sumarnos de manera activa para que su decálogo se haga realidad en el corto plazo. Como lo dije durante la presentación de mi libro Derecho notarial el 29 de junio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el notariado va directo a estrellarse con el iceberg, por lo cual debemos corregir el rumbo.

 


 

 * Licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Derecho por la UNAM, notario público 210 en Mazatlán, Sinaloa, y coordinador del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM. Twitter: @FGarciaSais.

 

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