Por qué ingresar a un colegio de valuadores

Por qué ingresar a un colegio de valuadores

¿Cuáles son las facultades de los corredores públicos? ¿En qué consiste la valuación? ¿Qué son y para qué sirven los colegios de valuadores? ¿Cuál debe ser la forma de ingresar a un colegio de valuadores? El autor, maestro en valuación inmobiliaria e industrial y corredor público número 65 del Distrito Federal, responde a todas estas preguntas.

 

Un tema que siempre me ha llamado la atención es la dualidad de facultades de los corredores públicos. Por una parte, la ley les delega una fe pública limitada al ámbito mercantil, con excepción de actos jurídicos sobre inmuebles, con los formalismos y la rigidez que corresponden a la fe pública notarial; y en el otro extremo se les reconoce la aptitud para ser peritos valuadores, con la particularidad que tiene esta ciencia de ser opinión técnica y basándose siempre en ese monstruo de mil voces llamado “mercado”.

También me resulta interesante la manera en que se manifiestan estas dos actividades, el otorgamiento de fe pública y la valuación, en la historia y en la sociedad. Así, en la Roma primitiva, donde la riqueza y el esplendor aún no se desarrollaban, las Doce Tablas marcaban la vida romana con sus fórmulas sacramentales y dogmáticas; en cambio, en la medida en que la sociedad evolucionaba y alcanzaba su grandeza, el Derecho se fue volviendo más flexible, hasta llegar al nivel superior de los proculeyanos en la época de Augusto.

Por otra parte, en las sociedades modernas si uno observa con cuidado se dará cuenta de que parece que hay una relación inversamente proporcional entre formalidades jurídicas y valuación. Así, vemos países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra, que se ubican a la vanguardia de la valuación, desarrollándose a través de sistemas jurídicos con soportes menores en la fe pública.

Una vez dicho lo anterior, debo afirmar que no es el momento de hablar sobre fe pública, porque de ese tema ya se ha hablado bastante, y para mi gusto, demasiado. Mejor hablemos de valuación.

En tiempos de una economía de mercado en un mundo cada vez más globalizado, y cuando se pronostica que en 2030 México será la séptima economía del mundo (sólo después de China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania y Reino Unido), es fundamental estimar con un alto grado de confianza el valor económico del patrimonio, ya que, como dice Hernando de Soto, la propiedad más que un título es una fuente de valor.

Así, los valuadores han pasado de ser un simple instrumento de medición al servicio del Estado para la recaudación fiscal, a ser hoy en día auxiliares indispensables en todas las actividades económicas de la sociedad, con una responsabilidad que va más allá del interés particular, y han llegado a ser un pilar en el desarrollo económico de nuestro país.

Ese crecimiento de la demanda y la importancia de sus servicios viene acompañado, como consecuencia lógica, de una necesidad de profesionalización del valuador en su quehacer diario. El perito que valuaba bienes de manera empírica, con base en su “leal saber y entender”, ha sido relegado al baúl de la historia y sólo sirve como referencia para el moderno valuador.

La justificación técnica y moral de esta obligación de capacitación y experiencia por parte del valuador no es objeto del presente artículo, pues requiere un análisis más detallado que escapa a las intenciones de este momento. El punto fundamental de las presentes líneas es hablar de la manera de acreditar esa profesionalización que es tan necesaria en la actualidad.

Antes de abordar este tema, tenemos que hablar un poco sobre los colegios de profesionistas. ¿Qué son estas instituciones?

Desde el punto de vista jurídico, son personas morales, ajenas a toda actividad de carácter político o religioso, que agrupan a profesionales de una misma rama, pero más allá del concepto legal de esta figura, que no es de mi interés tocar en este momento, un colegio de profesionistas es una organización que en la Antigüedad servía como cuerpo legal y jurisdiccional para atender todos los asuntos que se relacionaban con la actividad profesional del agremiado. Se podría decir que los colegios asumían, mediante la figura del fuero, las potestades que el Estado no cumplía debido a su debilidad.

En el sistema jurídico moderno, el Estado tiene la responsabilidad jurisdiccional y los fueros son cada vez menos. Así que los colegios de profesionistas han cambiado un poco sus funciones. Ahora, si bien se encargan de defender los intereses legítimos de sus agremiados, su principal objetivo es, o debe ser, fungir como garantes frente a la sociedad y al Estado de la calidad profesional de los mismos.

Así las cosas, considero que el perito valuador ya no puede actuar solo y respaldar su actividad profesional únicamente con base en su experiencia y su prestigio personal. Pertenecer a un colegio de valuadores —y al hablar de colegio me refiero a uno que cumpla con todas las disposiciones que establecen las leyes locales de la materia— acredita y garantiza el nivel y la calidad de la profesionalización de sus agremiados, en atención a lo que la sociedad le requiere.

Ahora sólo falta analizar cuál debe ser la forma de ingresar a un colegio de valuadores, para que éstos puedan cumplir la función que la ley y la sociedad les reconoce. Estoy convencido de que la única manera es mediante la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.

La valuación ha llegado en estos tiempos a tal grado de especialización, que no basta con estudiar una carrera o una licenciatura afines a la valuación, o que haya una disposición legal que diga que determinados profesionistas son valuadores profesionales universales; es fundamental que se tenga una cédula profesional que acredite estudios de especialidad, maestría o doctorado en valuación. La cédula profesional implica que una institución educativa reconocida por el Estado preparó y desarrolló un plan de estudio de posgrado, también reconocido por el Estado, y que una vez que el valuador ha cumplido con todos los requisitos académicos, el propio Estado lo reconoce mediante la expedición de un documento llamado cédula profesional.

Los colegios deben estar conscientes de lo anterior, así como de su responsabilidad frente a la sociedad y el Estado, y, en consecuencia, establecer en sus estatutos sociales este requisito indispensable de ingreso.

Esta responsabilidad es reconocida claramente por el legislador, quien afirma en el artículo 50, fracción o, de la ley reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que es uno de los propósitos de los colegios de profesionistas el “formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente”.

Es decir, de la misma manera que los colegios tienen una obligación frente a la sociedad, también la tiene el Estado de reconocer sólo a los especialistas emanados de los colegios profesionales. Así, por una parte, los colegios deben ser estrictos para establecer requisitos de ingreso, y por otra, mostrar fortaleza para exigir a las autoridades federales y/o locales que cumplan, sin excepciones, con la anterior disposición legal en beneficio no de las agrupaciones gremiales sino de toda la sociedad.

 

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