Por qué no funcionarían los jueces sin rostro

Por qué no funcionarían los jueces sin rostro

El cobarde asesinato, a fines del año pasado, del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, en Metepec, Estado de México, volvió a poner en la mesa el tema de la implementación en México de la figura de los “jueces sin rostro”. El autor expone los argumentos por los que esa propuesta no se podría implementar en nuestra legislación.

 

La violencia en nuestro país ha llegado a niveles completamente terroríficos, atroces y drásticos. El índice de asesinatos se encuentra, desde hace unos años, en un punto en que, desgraciada y tristemente, los mexicanos lo vemos como algo que se reproduce ya con normalidad, algo que sin querer forma parte de nuestra cotidianidad. Es triste saber que toda esta ola de masacres y la realidad fáctica homicida mexicana alcanzó al Poder Judicial y a sus integrantes, específicamente a los titulares subjetivos de los órganos jurisdiccionales.

En este contexto, las armas del crimen organizado apuntan a blancos específicos, a focos rojos, a estas luces parpadeantes y llamativas que decidirán sobre las absoluciones, las condenas o, incluso, concederán o negarán deportaciones de imputados. El foco rojo en esta ocasión se ubica en el juez de distrito Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado mientras se ejercitaba por las calles de Metepec, Estado de México.

Ante este triste e inhumano acontecimiento, diversas autoridades y funcionarios de distintos sectores de la administración pública se pronunciaron sobre la necesidad de implementar en México la figura de los “jueces sin rostro”. Analizando la realidad de cómo se encuentra hundido el país en temas de seguridad y violencia, aunado a la transición penal que estamos viviendo con la implementación de los juicios orales y la preocupante falta de aceptación de la ciudadanía hacia este nuevo modelo de justicia penal, derivada de la liberación de muchos detenidos por violaciones al debido proceso, considero que no es viable implementar dicha figura a nuestro sistema judicial en materia penal como ultima ratio.

A diferencia de otros servidores públicos, los jueces y los magistrados se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, sobre todo cuando se trata de juzgadores penales, situación que los compromete y los arriesga aún más cuando tienen en sus manos la decisión sobre la situación jurídica de imputados de gran peligrosidad, como lo vivió el Bermúdez Zacarías, quien en su tutela jurisdiccional tenía expedientes peligrosos; por ejemplo, el de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, cuya extradición suspendió, y el del Miguel Treviño Morales, conocido como el Z-40, entre otros.

El argumento descrito en el párrafo anterior, basado en que los jueces y los magistrados son más vulnerables que otros (como elemento fáctico), combinado con las estadísticas y los índices de violencia en el país hacia juzgadores (como elemento probatorio), podrían ser la “teoría del caso” perfecta e idónea para implementar la figura de jueces sin rostro en México; sin embargo, hace falta el elemento jurídico para que esta teoría del caso se configure de manera exitosa.

Precisamente, ese elemento jurídico no se adapta a dicha teoría, ya que nuestro propio derecho interno, así como la jurisprudencia interamericana, no lo permite. Aquí se genera el debate sobre la viabilidad de implementar esa figura tan controvertida.

Antes de analizar la normativa y la jurisprudencia con la cual considero que no es idóneo establecer en nuestra legislación la institución de jueces sin rostro, considero que es necesario refrescar la memoria de lo ocurrido en otros países que, al igual que nosotros, han tenido situaciones de extrema violencia y algunos ya han experimentado con esta figura a través de su sistema de justicia penal.

En Italia, la situación y el contexto de la mafia siciliana orilló al juez Giovanni Falcone a investigar desde su trinchera como juzgador diversas situaciones irregulares, sobre todo por la cantidad de dinero y el auge económico que tenía el mafioso Rosario Spatola, quien ganó una licitación para construir 422 departamentos, por ejemplo. Esto lo llevó a descubrir otras actividades completamente llamativas y a percatarse de las transferencias de heroína que se enviaban a Estados Unidos. Esa valentía fue un boleto directo para que la mafia italiana se encargara del juez Falcone, y no sólo de él, sino también de su amigo, el juzgador Paolo Borsellino, entre otros magistrados italianos.

En el continente americano, Colombia y Perú fueron los pioneros en impartir justicia a través de jueces sin rostro, como consecuencia de las situaciones de violencia que vivían dichos países. En Colombia, el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia) fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía.1 En Perú, en la administración del dictador Alberto Fujimori se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, como consecuencia de los ataques cometidos por parte del Partido Comunista de Perú, mejor conocido como Sendero Luminoso, organización completamente terrorista que perpetró crímenes internacionales en la década de 19802 en ese país. Justamente fue Perú el detonador para que ciertos asuntos llegaran al sistema interamericano de protección de derechos humanos por utilizar esta figura.

Como mencioné en párrafos anteriores, nuestra normativa interna, la jurisprudencia interamericana y nuestra realidad social (sobre todo ésta) establecen simple y sencillamente los parámetros jurídicos y sociales por los que no sería ideal tener procesos penales con jueces sin identidad conocida.

Basta con remitirnos al objetivo principal del nuevo sistema de justicia penal. Existe un principio rector en los juicios orales penales que ni siquiera se conocía y mucho menos se seguía en los procesos inquisitivos: el principio de inmediación establecido en el artículo 20 constitucional y en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que toda audiencia se desarrollará en presencia del juzgador. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia interamericana, aprovechando que se ha estado mencionado el caso de Perú, fue justamente la Corte Interamericana la que condenó la responsabilidad internacional de ese país y se pronunció de la siguiente manera sobre los jueces sin rostro:

“184. De acuerdo a la jurisprudencia reiterada de este tribunal en casos peruanos, los juicios ante jueces ‘sin rostro’ o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuraban causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial.3 Asimismo, esta Corte reitera que esta situación se vio agravada por la imposibilidad legal de recusar a dichos jueces.4 A la vez, la Corte recuerda que este deber se extiende a otros funcionarios no judiciales que intervienen en el proceso, por lo cual la intervención del fiscal ‘sin rostro’ en el proceso penal contra la señora J. también constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención”.5

De implementar dicha figura iríamos en contra de todo nuestro nuevo paradigma constitucional, derivado de la contradicción de tesis 293/2011, la cual resolvió (entre otros puntos) que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para el Estado mexicano, independientemente de que éste sea parte o no del caso contencioso invocado. Así como también vulnera el principio de inmediación que tiene su sustento tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en otras disposiciones procedimentales, como la posibilidad de poder recusar a algún juzgador por no conocer su identidad, como ocurrió en Perú, lo cual tuvo como consecuencia la concesión de indultos y la liberación de una gran cantidad de sentenciados por tribunales constituidos con jueces sin rostro.

Para concluir, no es la primera vez en la historia de nuestro país que se comete un homicidio o una tentativa de homicidio hacia un juzgador, ya sea federal o local. Por lo expuesto, considero que no es viable implementar esta figura, completamente irracional e inapropiada, precisamente dada nuestra realidad jurídica y social actual. Sería un completo retroceso a lo que hemos avanzado actualmente en nuestro nuevo sistema jurídico, desde las reformas de derechos humanos, a ley penal y a la Ley de Amparo. Es el Consejo de la Judicatura Federal, el mismo gobierno, a través de sus órdenes federal y local, y la sociedad en general, quienes deben trabajar para establecer mecanismos y protocolos de protección y seguridad para juzgadores.

 

 

Notas

 

* Egresado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Marista de Mérida y litigante en las materias civil, mercantil, familiar y de asuntos migratorios.

[1] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-9172.

2 http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/ori.html.

3 Cf. caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 133 y 134; caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 127 y 128; caso De la Cruz Flórez vs. Perú, supra, párr. 114; caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 147, y caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, supra, párr. 149.

4 Cf. caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 133 y 134, y caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 147.

5 Cf. caso J. vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 184.

 

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