Pro familia antes que pro persona

Pro familia antes que pro persona

La alarmante cifra de dramas familiares que terminan en los juzgados y se convierten en dramas procesales ha motivado al autor a proponer una novedosa alternativa para dirimir con eficacia y en un ambiente de paz esos conflictos: que con independencia de la naturaleza de un conflicto —sea civil, laboral, mercantil o familiar—, cuando exista un vínculo de parentesco entre las partes, la competencia inicial sea de las instituciones locales de conciliación.

  

La fragilidad, la desnudez con que nacemos, hace evidente la necesidad natural de la familia. A diferencia de otras especies animales, la cantidad y la duración de los cuidados que exige nuestro arribo al planeta impone deberes que no se cumplen en poco tiempo. Ésta es la base en la que se consolidan las relaciones familiares. El grupo de la familia es el elemento esencial que compone a las aglomeraciones conocidas como naciones; de ahí que la familia sea un núcleo irreductible, donde su valor trasciende a la suma de sus miembros.

La familia es el conjunto de personas que viven ligadas entre sí por un vínculo colectivo, recíproco e indivisible. Las definiciones que al respecto se han generado son universales y permanecen atemporales, por lo que no incluyen aspectos culturales o regionales.

En México, la familia tiene valores y características que le dan autenticidad y firmeza, conformados por lazos de origen, sangre y solidaridad, donde uno o ambos progenitores son los pilares del grupo que integran hijos y nietos, pero también abuelos, tíos, padrinos y primos, así como cuñados, suegros, yernos y nueras; sin olvidar el compadrazgo, lo cual incrementa la cantidad de miembros de nuestras familias.

Es común que si las familias no viven en el mismo sitio, sea en lugares próximos, al grado de que el jefe de familia reparte espacios a nacidos y no nacidos; planifica dónde se van a asentar los nuevos hogares para que la unión prevalezca. También es común que ese ambiente familiar genere sentido de pertenencia y protección; en suma, identidad.

Sin embargo, no todo es festejo, y no por tratarse de familiares las relaciones son estables y exentas de conflictos. En ocasiones basta la promesa incumplida, el agravio vigente, el favor negado, para que surja el germen que dará pauta al inicio de un pleito ante los tribunales.

Es entonces cuando la biosfera familiar, entendida como el entorno en el que se desarrolla la totalidad de las relaciones entre miembros de un núcleo afín, se contamina y sus habitantes enferman.

 

El proceso judicial

El modelo tradicional de los procesos judiciales se basa en la confrontación, una guerra en cuyo largo transcurso se libran numerosas batallas. El atacante deviene atacado. Ambos se defienden. Conjeturan estrategias. Corren riesgos. Pero al final, por lo menos uno de ellos pierde. No es extraño atestiguar casos en que uno perdió en su pretensión y el otro se quedó como estaba antes del pleito. Caso frecuente en conflictos entre familiares. Ahí el proceso, lejos de resolver el problema, lo encarniza y lo perpetua. A la fecha no me ha sido dado conocer una sentencia en la que el derrotado acepte, entrecerrando los ojos en un gesto sagrado, cuánta razón tenía su contraparte y reconozca la función del juzgador. Por el contrario, el encono crece y se desborda en ríos de desconfianza hacia el sistema judicial. La tarea pendiente es orientar los esfuerzos no a las reglas de la batalla sino a la pronta solución del conflicto.

Cuando en los procesos judiciales los juzgadores somos silenciosos y distantes testigos del desmembramiento de una familia, ya sea por la indebida representación, el abuso de formalismos o el interminable juicio, nos vemos obligados a replantearnos la función social de la justicia. Una vez que el juzgador diga la última palabra, ¿resolvió el conflicto?, ¿generó paz social? La respuesta es obvia. Estamos alimentando el cáncer que desahucia a miles de familias, al tejido social y también a la credibilidad en la justicia.

 

Conciliación y mediación

Las relaciones interpersonales que se derivan de la interacción social, por su naturaleza suelen acarrear conflictos. Las sociedades requieren buscar y asumir continuamente actitudes y posturas que sean convenientes y beneficiosas para sus integrantes. La función del Estado consiste en dirimir con eficacia y en un ambiente de paz estos conflictos. Previendo la circunstancia en que los procesos judiciales no lo logran se han incorporado distintos modelos de solución.

Hoy en las entidades se cuenta con moderna legislación en materia de mediación y conciliación, por lo que han creado una infraestructura para hacerle frente, ya sea a través de centros, institutos u otras formas administrativas. Lo cierto es que se trata de evitar la saturación de los conductos judiciales. Los resultados, si bien son reducidos en porcentaje, han sido satisfactorios; sin embargo, se carece de sistemas homologados. Fijemos nuestra atención en la diferencia que existe entre mediación y conciliación: la mediación persigue un acuerdo que solucione el conflicto sin preocuparse demasiado por la justicia; por su parte, la conciliación aspira a la composición justa, se encuentra entre la mediación y la decisión judicial: posee la forma de la primera y el fondo de la segunda.

En la mediación, el tercero neutral tiene un menor protagonismo, limitándose a acercar a las partes, y facilita la comunicación absteniéndose de hacer propuestas. En cambio, el conciliador puede proponer soluciones al conflicto. La conciliación puede sintetizarse como el acuerdo entre dos posturas que estuvieron encontradas en el pasado. En la mayoría de los casos estamos frente a una reconciliación, pues se presume una relación armónica previa. En ella aparece lo solidario y justo.

La reciente reforma laboral, sobre la cual no ahondaré, entre sus innovaciones incluye la creación de instituciones locales de conciliación, a las cuales deberán acudir en forma previa y obligatoria las partes en un conflicto laboral con el objeto de lograr una justa solución. Es decir, a diferencia de cualquier otro proceso, el laboral brinda una opción prejudicial. Aspecto sano y congruente considerando la clasificación del Derecho laboral dentro del llamado “Derecho social”. Nos referiremos en concreto a la reforma al artículo 123 constitucional: “Antes de acudir a los tribunales laborales, trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales, que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales”.

Surge una pregunta: ¿existe algo de mayor contenido y trascendencia social que la familia? No lo creo. Entonces, ¿por qué no brindar la opción conciliadora al interior de una familia? En la mayoría de los conflictos las personas no toman decisiones a partir de realidades sino de esperanzas de aquello que puede ser. Y lo que puede ser generalmente es una construcción artificial, creada y maquinada por diversos intereses y emociones. Que la simplicidad sea la norma fundamental. Estoy hablando de un medio para lograr claridad, empatía y transparencia al incluir humanidad. Recordemos que la opción de innovar, mientras se esté dispuesto a reflexionar y a cuestionar, siempre existe.

No insistiré en la obviedad de que el proceso debe desmontarse para luego ser reinventado. Cambio necesario en tiempos en que la interpretación es la principal fuente del Derecho, en la época del control constitucional. En momentos en que se está confeccionando un nuevo marco procesal de observancia nacional en materias civil y familiar.

 

Conciliación entre familiares

Estamos viviendo tiempos violentos, ensimismados en la crítica, la descalificación, en oponernos los unos a los otros. Nuestra disposición a colaborar está ausente. Y colaborar no es privilegio de especialistas sino resultado de la aceptación y el respeto. El conciliador, además de ser un conocedor en su materia, debe ser un entusiasta protector de los derechos subjetivos de las partes y hacer uso de sus habilidades, creatividad e imaginación. Ha de generar colaboración, racionalización y reflexión de la problemática.

Las crisis familiares suelen derivar de un sinfín de dificultades. Al desembocar en procesos judiciales, motivados por nuestras carencias culturales, desencadenan negativas consecuencias económicas y emocionales. Los odios y los rencores se convierten en parte del patrimonio hereditario; traspasan generaciones. Constituyen un elemento perturbador de la persona, de la familia y de la sociedad. Mutilan y gangrenan el tejido social. Debemos centrar el debate en los miles de seres humanos que, ajenos a profundas disertaciones sobre nuevos o viejos paradigmas, soportan la agobiante realidad de los procesos.

Permanecer dentro de un proceso judicial es estar atrapado en un modo de vivir que parece no tener salida. El conciliador entrega a las partes la oportunidad de escapar de la miseria del conflicto a través del acto de generar credibilidad, confianza y autoestima entre los involucrados, quienes son tratados en forma directa y con un lenguaje llano. Hay presencia y respeto. Se alivia la tensión, se da un verdadero equilibrio; se consideran aspectos personales, entornos familiares y sociales. Se actúa con base en realidades y en sus posibles consecuencias; se piensa en el futuro. La conciliación tiene la ventaja de establecer analogías e hipótesis y de utilizar elementos de otras ciencias, como la neurolingüística, la sociología y la psicología. Permite soluciones creativas, sin la rigidez ni la formalidad a que obligan los procesos. Cuando se da la oportunidad real de solucionar sus problemas y los implicados confían en el conciliador hay una enorme posibilidad de éxito.

Cuando las partes son miembros de una familia, los intereses en juego, la naturaleza subjetiva de las pretensiones y la dimensión supralegal del proceso requieren otra metodología. Se debe mantener plena conciencia de que la decisión afectará de manera inevitable a otros miembros de la familia. Por eso, una sentencia que no sopese sus consecuencias ante la afectación del tejido social y el núcleo familiar, necesariamente será ajena a los fines y principios del Derecho.

Debemos plantear una reestructuración de los procesos y procedimientos judiciales, así como en la medicina holística, en que no a toda persona enferma se le debe practicar la misma cirugía o proporcionar el mismo medicamento; en igual sentido sucede con las formas de solucionar los conflictos, esto es, no todo conflicto merece el mismo tratamiento.

Antes convenimos que es responsabilidad del gobierno generar paz y estabilidad social; por lo tanto, debe tener a su alcance una vitrina de remedios para las múltiples enfermedades sociales y familiares que requieran su intervención. La reestructuración de los procesos exige hacer énfasis en la fragilidad de las relaciones familiares.

Los próximos conciliadores serán servidores públicos de la mayor relevancia por lo que sus capacidades e ingresos deben corresponder con el beneficio social que representan.

 

Propuesta y conclusión

La propuesta que emito es simple en su concepto, aunque requiere una compleja red de voluntades para su exitoso aterrizaje. Llanamente, estoy sugiriendo que, con independencia de la naturaleza del conflicto, sea civil, laboral, mercantil o familiar, cuando exista un vínculo de parentesco entre las partes la competencia inicial será del instituto local de conciliación. Así como los juicios laborales se mudan a los poderes judiciales, la función conciliadora seguirá el camino inverso. La etapa previa obligada será en función de la relación entre las partes. Lo importante será abolir la rigidez y el formalismo del proceso jurisdiccional.

La frecuencia con que transitan por los juzgados dramas familiares convertidos en dramas procesales, es alarmante. Establecer que la unión y la funcionalidad de las familias se traduce en la viabilidad de una sociedad es aceptar que los esfuerzos que valen la pena se deben dirigir a las familias. Un entorno familiar y por lo tanto social: funcional, en paz y en armonía, es requisito necesario para el desarrollo integral y pleno del ser humano. Pro familia antes que pro persona.

Me afirmo en la importancia de pensar sin estrechez ni mezquindad, más allá de anécdotas con qué dar color a nuestro pesimismo. Se trata en todo momento de una noción que debemos repensar: la necesaria construcción de ciudadanía.

 


 

* Profesor de la UAEM y magistrado del TSJ del Estado de México.

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