¿Una nueva gobernanza o el juego de siempre?**

¿Una nueva gobernanza o el juego de siempre?**

La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México pareciera ser un asunto de políticos repartiendo atribuciones y recursos, pero sin relevancia para la vida cotidiana de las personas ni para su interacción con sus gobernantes. El autor explica por qué este proceso refleja la desconexión entre las prioridades de la clase política y los ciudadanos. 

 

Si todo marcha conforme a lo previsto, en febrero de 2017 la Ciudad de México tendrá su primera Constitución. El proceso constituyente ha estado plagado de excesos retóricos. Algunos lo han presentado como un ejercicio ocioso. Otros han querido disfrazarlo de una epopeya democrática. Se han ofrecido ideas novedosas (como la de que los ciudadanos tenemos el derecho a una buena administración), y se ha tratado de revivir discusiones zanjadas (por ejemplo, sobre el aborto). No nos hemos librado de ocurrencias (el voto a los 16 años), ni de simplificaciones mañosas (el debate sobre la plusvalía).

En distintas etapas, algunos ciudadanos participaron de buena fe y se tomaron con seriedad la tarea. Se han propiciado discusiones interesantes tanto en la redacción como en la deliberación legislativa. Pero el proceso no logró despertar el interés de los ciudadanos. La Constitución pareciera ser un asunto de políticos repartiendo atribuciones y recursos, pero sin relevancia para la vida cotidiana de las personas ni para su interacción con sus gobernantes.

Ése es precisamente el déficit de esta Constitución. Los textos constitucionales sirven no sólo para especificar derechos, sino para fijar las reglas sobre el funcionamiento de los poderes y las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Hasta ahora tenemos un proyecto de Constitución abundante en derechos y cojo en diseño institucional. Cuando se anunció la reforma política de la ciudad, se contenía la promesa de construir una nueva gobernanza democrática en la capital, para tener un gobierno más abierto, una mejor representación política, contrapesos más eficaces y más participación ciudadana en las decisiones sustantivas de los gobiernos y en la vigilancia del poder.

En lugar de lo anterior, en la Constitución se mantiene la mayor parte del diseño actual de las relaciones entre los poderes, los órganos autónomos y las relaciones entre el gobierno central y las delegaciones. Sí hay nuevas figuras: alcaldes y concejales en cada demarcación política, y un cabildo para la ciudad; hay muchos detalles sobre el procedimiento de elección y se enumeran amplios mecanismos de participación. No hay, en cambio, una idea de cuántas son, cómo se organizan, financian y operan las alcaldías, ni cuáles sus responsabilidades exclusivas (como si la hay, por ejemplo, en el artículo 115 de la Constitución federal sobre los municipios y en buena parte de las constituciones estatales).

No se trata de exigir una Constitución exhaustiva. Bastaría con precisar elementos básicos del diseño (competencias del gobierno central y de las delegaciones, financiamiento, número de alcaldías, relaciones entre concejales y alcaldes, etcétera). De lo contrario, esas ambigüedades del diseño institucional tendrán que ser resueltas por las leyes secundarias o por la dinámica política. Es decir, en lugar de que la Constitución acote la disputa política, deja la mesa puesta para que los legisladores de la asamblea y los partidos definan esto en el futuro con base en negociaciones ad hoc, en leyes y presupuestos.

Tres ejemplos simples. Tan pronto como se promulgue la Constitución podría activarse una disputa por dividir las actuales delegaciones en más alcaldías, ya sea para restar poder a algún partido o para crear más puestos que repartir. Bajo las reglas que prevé la Constitución, las alcaldías podrán replicar el modelo (fallido) de las delegaciones: invertir poco en infraestructura y servicios y, en lugar de ello, repartir bienes (tinacos o pants) para mantener o construir clientelas. Si no se fijan parámetros para los ingresos y los egresos de la hacienda local, pronto tendremos la rebatiña entre partidos por favorecer aquellos espacios donde cada uno tenga más presencia. Todo ello confirmaría la peor expectativa ciudadana: que la Constitución sólo era un juego entre los políticos para repartirse el poder y el dinero.

Toda Constitución es reflejo de su tiempo. Ésta no será la excepción. El proceso ha reflejado la desconexión entre las prioridades de la clase política y los ciudadanos. Ha evidenciado la incapacidad de construir un proyecto político o una idea de ciudad que entusiasme. Ha hecho patente los vicios de nuestra representación política y el desgaste de los partidos políticos. Pero todavía puede sentar las bases para una nueva relación entre el ciudadano y sus gobiernos, si en los próximas semanas los constituyentes, y después los legisladores, aceptan que, además de reconocer derechos, la Constitución y las leyes deben construir gobiernos competentes, profesionales y honestos, capaces de garantizarlos, y que para ello es indispensable definir competencias claras, responsabilidades inequívocas y mecanismos de rendición de cuentas.

 


* Profesor investigador del CIDE.

** Artículo publicado en Reforma el 1° de enero de 2017. Se reproduce con autorización de su autor.

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