Arturo Zaldívar

Levantando catedrales

Arturo Zaldívar

Todos conocemos la anécdota de los tres albañiles que apilan ladrillos y del niño que se les acerca para preguntar qué hacen. “Amontonando ladrillos”, dice el primero. “Haciendo una pared”, responde el segundo. “¡Levantando una catedral!”, se ufana el tercero. No importa qué hagamos, enseña el cuento, sino el sentido que demos a nuestra actividad. Esto es lo que hace valioso nuestro trabajo y nuestra vida.

 

Del ejemplo no escapan los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación: algunos ya alcanzaron la meta que se propusieron. Pueden jactarse de ello ante familiares y amigos. Otros consiguieron una chamba bien pagada y una jubilación envidiable. La devengan resolviendo los asuntos que les llegan, sin preguntarse si éstos tienen alguna relevancia. Su mayor preocupación es quedar bien con quienes los ayudaron a llegar.

Los últimos, los mejores y más escasos de ellos, son quienes están convencidos de que, con su quehacer cotidiano, trazan los horizontes que debe seguir el país. Entre éstos, Arturo Zaldívar destaca por su entusiasmo.

Cuando habla de su trabajo, se le iluminan los ojos: “Cada vez que decido a quién se le va a quedar un niño, si a su madre o a su padre, cada vez que decido qué valor se le va a dar a la declaración del menor en un juicio, no estoy analizando el caso de María Pérez o Juan Rodríguez, sino enviando un mensaje a todos los tribunales de México para que sepan cómo proceder. Esto me obliga a ser tremendamente responsable”.

Considera que aunque nuestra Corte aún no tenga el peso de la de Estados Unidos, eso no significa que no pueda estar por encima de otros tribunales similares en el mundo contemporáneo. “Claro que somos un tribunal constitucional”, replica incómodo, cuando alguien le sugiere que nuestra Suprema Corte es sólo un tribunal de casación. Y, con esta óptica, su postura es irrefutable: la Corte es tribunal constitucional porque marca rumbos y señala tendencias, independientemente de que sus fallos afecten a una persona o a 320 millones, como la de Estados Unidos.

Conocí a Zaldívar cuando ambos éramos estudiantes en la Escuela Libre de Derecho. Aunque era unos años mayor que yo, pude convivir con él y disfrutar de su espíritu crítico y de su irreverencia. Mi encuentro con él ocurrió durante las campañas de las planillas estudiantiles. Él organizó una para burlarse de ellas —la llamó Mixtli— e iba, de salón en salón, haciendo propuestas disparatadas que todos los estudiantes festejábamos a carcajadas.

En la Libre, Zaldívar conoció a Elisur Arteaga quien —refiere él mismo— “me cambió la visión del mundo al develarme cómo el Derecho y la Constitución podían estudiarse como instrumentos de poder”. Más tarde, afirmaría algo similar de Héctor Fix Zamudio, quien le dio clases en el doctorado de la UNAM: “Me abrió los ojos frente al Derecho comparado y me hizo ver la importancia de proteger los derechos humanos”.

Volví a coincidir con Zaldívar en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuando José Antonio González Fernández lo convenció para dejar su despacho y lo nombró coordinador de asesores. Un buen día se anunció la renuncia de Zaldívar. “Regresó al litigio”, me confió el procurador capitalino: “Es lo suyo”.

Aunque se convirtió en un postulante exitoso, el litigio acabó por hastiarlo. “Perdí la pasión”, reconoce. Llevaba cuatro casos bien pagados al año, pero él quería más: “Hacer algo por mi país”. Quizás, si entonces hubiera estado de moda el litigio estratégico, lo habría hallado más estimulante.

Pero no es sólo su entusiasmo el que ayuda a descifrar a Zaldívar. En su actitud hay otros elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, su formación con los hermanos maristas, en su natal Querétaro, y el sentido social que éstos le contagiaron, con mucho de la teología de la liberación.

Su padre, pese a padecer una esclerosis lateral amiotrófica, que fue minándolo durante más de 30 años, le infundió su sentido del humor. “Es el hombre más honesto que he conocido en mi vida”, asegura el ministro. Su madre le enseñó a superarse constantemente “y a ser, siempre, directo”. A ella atribuye el sentido de la honorabilidad que lo ha movido invariablemente.

Otro encuentro emblemático fue el que tuvo con Ana Laura Magaloni, con quien escribió un artículo en el que ambos denunciaron la falta de compromiso de la Suprema Corte con la protección de los derechos humanos. Fue la primera vez que él adoptó la postura que lo haría tan incómodo en algunas esferas gubernamentales: el papel de un tribunal constitucional debía ser defender los derechos fundamentales, antes que discernir disputas políticas.

Cuando su nombre empezó a barajarse para que formara parte de la Corte, hubo voces que lo objetaron: ¿un abogado litigante iba a ser ministro? ¿No suponía aquello un conflicto de intereses? ¿Fallaría a favor de sus antiguos clientes y en contra de sus adversarios? Otras voces fueron más inclusivas: qué bueno que un litigante llegara a oxigenar el tribunal. Su nombre se mencionó varias veces para que integrara una terna, pero la propuesta no prosperó…

Finalmente, se alinearon los astros: el presidente de la República y el secretario de Gobernación, antiguos compañeros suyos de la Libre de Derecho, lo impulsaron para alcanzar aquella posición. En sus clases de amparo, Zaldívar había enseñado que al Máximo Tribunal había que llegar formado; que, quien no llegaba formado, nunca lograría ser un buen ministro. Y así ocurrió. A diferencia de algunos de sus colegas, que han tomado meses y hasta años para entender cómo se plantea un asunto, él mostró oficio desde la primera sesión en la que intervino.

El destino, no obstante, le tenía preparada una sorpresa: dos meses después de su nombramiento, se halló frente al caso de la Guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y otros muchos quedaron lesionados con quemaduras severas. “El caso no me tocaba”, advierte. Pero lo lanzaron al ruedo y decidió que no era posible que la muerte de tantos niños quedara impune. Alguien debía responder. Si no en términos penales, sí en términos políticos.

Aunque no tuvo éxito para imponer la sanción, estableció un precedente. “Tu dictamen ha salvado muchas vidas”, le confiaron, más tarde, un par de secretarios de Estado. “Ahora, todos los servidores públicos elaboramos agendas de riesgos.” El asumió que, al perder, había ganado. No hizo una sola declaración ante los medios.

Lector de Hart, Dworkin, Alexy y, sobre todo, de Ferrajoli, se dedicó a estudiar a fondo el modelo de otros tribunales constitucionales: ¿qué alcances deberían tener?, ¿qué se podía esperar de ellos? Su convicción de que el propósito de un tribunal constitucional era frenar los abusos de poder, contener las desviaciones de los gobernantes, se fue fortaleciendo.

En lo personal, siempre he creído que el papel de la Suprema Corte no es dinamitar el ejercicio de un gobierno pero, ciertamente, tampoco es legitimarlo de forma incondicional. Debe advertir, alertar, exigir cuentas. Por ello, aun cuando en ocasiones no he coincidido con Zaldívar, aplaudo el modo en que él entiende su papel de juez constitucional. Su misión es equilibrar; su límite, la bóveda constitucional.

En esto pensaba él cuando determinó que Florence Cassez, la ciudadana francesa que había sido acusada de secuestro, fuera puesta en libertad, dado que no se habían satisfecho los derechos procesales. “Yo habría ordenado la reposición del procedimiento, cuidando que se respetaran las garantías violadas”, llegué a decirle cuando conversamos sobre el asunto. Él no estuvo de acuerdo: “Fueron tantas las violaciones —me dijo— que habría sido imposible una reposición, atendiendo los requisitos mínimos que ésta exige”.

Él estaba convencido, además, de que había que mandar un mensaje contundente a todas las procuradurías y cuerpos policíacos del país: el Poder Judicial de la Federación no iba a avalar ningún abuso ni a transigir las violaciones al debido proceso. El tema no era si la acusada era responsable o no —ésa no era tarea de la Corte—, sino el desaseo con que se le había puesto tras las rejas.

Su inquietud era similar a la que tuvo Earl Warren cuando, en 1966, liberó al violador Ernesto Miranda, a quien condenaron en Arizona, basándose sólo en su confesión. Cuando se le echó en cara su protagonismo, Zaldívar adujo que la Corte ya había liberado antes a muchas personas ante las violaciones al proceso, y recordó, como lo hizo en el caso de la Guardería ABC, que él nunca había dado una entrevista sobre el asunto: “¿Cuál protagonismo?” Un juez debía hablar a través de sus sentencias y eso era lo que él había hecho.

Le quita el sueño la facultad que, desde su encargo, tiene para establecer criterios: “¿Cómo debe valorarse el dicho de un niño en un proceso?” Pone un ejemplo: “Me preocupa que quede claro que los niños deben ser escuchados en todo momento. Incluso, cuando se debate su custodia”. Es el ministro que más tesis en materia de derechos humanos ha impulsado y el que más parece disfrutar de la discusión. “Aquí no se viene a discutir sino a expresar puntos de vista”, le espetó un día uno de sus colegas. Esta actitud, poco propia de una democracia, lo ha obligado a elegir sus batallas. “Es el Messi de la Suprema Corte”, escribió Miguel Carbonell.

Cuando Juan Silva Meza concluyó su gestión como presidente de la Corte, en 2015, los ministros del ala liberal votaron por él para remplazarlo. Una tras otra, las rondas de votación arrojaron un empate, dado que sólo fueron 10 ministros los que participaron en la elección. Pasadas las 30, Silva Meza resolvió destrabar el enredo y cambió su voto. Zaldívar perdió la presidencia.

“Es un chivo en cristalería”, rumorean sus detractores, entre los que destacan muchos jueces de carrera. Para demostrarlo, recuerdan algunos de sus votos, siempre a la vanguardia. Pensemos en aquel que, fruto de un litigio estratégico, hizo que la Corte se pronunciara para que algunas personas que solicitaron el amparo para sembrar y consumir marihuana, lo obtuvieran. “La pregunta que hay que hacer —dijo Zaldívar— no es si la ley prohíbe comprar semillas sino si el Estado puede o no proscribir el cultivo y el consumo de una sustancia”. La decisión de otorgar este amparo suscitó un terremoto.

También hubo vestiduras rasgadas cuando un grupo del Congreso de la Unión, sin preguntarse si había que reformar o no la ley, decidió prolongar el periodo de cuatro magistrados electorales. Cinco ministros dijeron que aquello era un horror: ¿cómo se iba a prolongar un plazo por una simple ocurrencia? Para ello habría que reformar la ley y, eventualmente, la Constitución. Ratificar esa barbaridad, adujo Zaldívar, debilitaría al Tribunal, a la Corte y a México. En este asunto, desgraciadamente, la Corte no quiso enfrentamientos.

¿Y qué decir de su voto para que se introdujera el “daño punitivo” en México? Quien actúe ilícitamente o con negligencia, independientemente de los daños y perjuicios, deberá responder en términos económicos, decidió Zaldívar: “Es un avance hacia una cultura de la responsabilidad”, dijo cuando los litigantes que defienden a las aseguradoras y a otros prestadores de servicios pusieron el grito en el cielo.

Con la llegada de ministros más “ortodoxos”, la posibilidad de que Zaldívar encabece nuestro Máximo Tribunal parece cada día más remota. Sus enemigos lo celebran y sus prosélitos temen que, en aras de alcanzar esta posición, él acabe adoptando posturas irrelevantes. En mi opinión, sería más valioso para el país tener un Great Dissenter, como Oliver Wendel Holmes lo fue en la Corte de Estados Unidos, que un presidente anodino, temeroso de hacer olas.

Erigir catedrales es un tema delicado. Puede hacerse desde la más humilde de las posiciones hasta la presidencia de nuestro Máximo Tribunal. Arturo Zaldívar es, a no dudarlo, uno de los tres mejores ministros con los que cuenta México. En los próximos años —ocurra lo que ocurra—, tendrá más de una ocasión para confirmarlo.

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado