Raúl Cervantes Andrade

“Soy mejor negociador que litigante”

Raúl Cervantes Andrade

Agosto, 2015

A cuatro meses de que dos de los 11 ministros de nuestro Máximo Tribunal concluyan sus funciones, uno de los nombres que se escucha con más insistencia para ser propuesto es el de Raúl Cervantes Andrade. Defensores y detractores han comenzado a señalar por qué debería o no ocupar un sitio en la Corte. Pero ¿quién es Cervantes en realidad?

 

Raúl Cervantes creció entre abogados. Tanto su padre como su madre estuvieron dedicados al amparo administrativo y él, desde pequeño, escuchó las discusiones de ambos acerca de los conceptos de una violación. También desde entonces decidió que sería abogado. De hecho, él y sus tres hermanos acabaron siéndolo. En el caso del mayor, que comenzó estudiando ingeniería química, fue Raúl quien lo convenció para cambiar de giro.

A los 24 años de edad dio un paso decisivo: abrió un despacho e invitó a su padre a que renunciara a la dirección jurídica que ocupaba en una empresa para convertirse en su socio. La razón social del despacho —Cervantes Andrade—, sin embargo, provocó que su padre dijera, en broma, que “había pasado de socio a asociado”. Pero, bueno, la idea y el impulso habían sido los de Raúl. Así lo expresaba la razón social de su proyecto.

Desde el principio quedó claro, eso sí, que el despacho se dedicaría a temas vinculados con la industria del transporte. Y aunque de los camiones pasó a los puertos, de los puertos a los ferrocarriles y de los ferrocarriles a los aviones y a los aeropuertos, nunca perdió de vista esta vocación. Cuando uno se especializa es más fácil que un cliente lleve a otro cliente, admite Cervantes.
Pero para resultarles útil, advirtió en los inicios de su carrera, el litigio debía ir de la mano de la negociación. “Soy buen litigante” —dice—, “pero me considero mejor negociador.” De poco sirve una resolución favorable, añade, si ésta se obtuvo a un alto costo: esto suele llevar a la ruina los negocios. Cervantes ha apostado a dar consejos jurídicos que se reflejen en un mayor valor de los intereses de sus clientes. Esa es su consigna. Le preocupa más obtener buenos resultados y ganancias que sentencias favorables.

Esto se dice fácil, pero ¿cuántos abogados se empantanan en el proceso y se olvidan de los resultados? En el camino, son sus clientes los afectados. “Hay juicios donde están en juego 80 pesos —dice él—, pero defenderlos cuesta 1,000… Un abogado honesto no debería aceptar esos asuntos”.

Entre los casos que le ha tocado llevar estuvo el de una empresa de autotransporte federal que se había apalancado con 1,000 millones de dólares y deudas. Ante la crisis de 1995, estuvo al borde de la quiebra. Cervantes condujo el proceso de reestructuración de la A a la Z. Había muchos intereses encontrados: los acreedores querían recuperar sus créditos (bancos, la mayoría); el gobierno federal, reducir el costo del rescate bancario, y la empresa, preservar las fuentes de empleo…
Bajo condiciones normales, el resultado era previsible: la empresa quebraría, y con ella, se habrían ido a la calle 20,000 familias. Los acreedores habrían recuperado muy poco y el gobierno federal (léase los contribuyentes) pagarían parte importante de las pérdidas. Pero no fue así: Cervantes pudo conciliar y acercar posiciones, logrando que todos salieran ganando. El mérito no estuvo únicamente en el diseño del instrumento jurídico de la reestructura —algo de por sí complejo—, sino en lograr que las posiciones divergentes de todos los actores convergieran en intereses y valores comunes.

Otro caso emblemático fue el de una empresa de logística internacional que había ganado una licitación: aquí estaban el fisco, que defendía los intereses del erario público; la empresa, que quería seguridad jurídica para sus inversiones; la autoridad reguladora, que pretendía alcanzar los objetivos de su política pública, y las autoridades fiscalizadoras, que estaban atentas a la legalidad de las actuaciones de todas las autoridades involucradas.

La procuración de los intereses de todas las partes llevaba a una ruta de colisión inevitable. Cervantes logró acercarlos a todos y, por su gestión, la Auditoría Superior de la Federación y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Nueva York, terminaron aprobando los acuerdos suscritos bajo su premisa de “crear valor” para todos. Admitieron que todos los actores habían salido ganando en la transacción.

Desafortunadamente, sus primeros intentos por convertirse en empresario no corrieron con una fortuna similar. “Cuando quise ser transportista” —cuenta— “lo perdí todo”. Este fracaso confirmó que no debía haber traicionado la especialización por la que había apostado. Si bien es cierto que la diversificación brinda ventajas a las grandes empresas, la especialización es mejor para las pequeñas. Así lo entendió y, desde entonces, en los proyectos empresariales posteriores en los que ha participado, aplicó la lección…

Pero si su despacho tiene clara su vocación, no ocurre lo mismo con Cervantes: es un hombre lleno de inquietudes intelectuales y políticas. Sin contar su afición por el esquí acuático y su gusto por la música mexicana —en particular la de Manzanero—, se ha dado los tiempos y ha hallado los espacios tanto en el mundo académico como en el político. En el primero, una vez que concluyó su licenciatura en la Universidad Iberoamericana, obtuvo un diploma en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, concluyó su doctorado en la Universidad Panamericana.

En el campo político, un día descubrió que la industria del transporte necesitaba un portavoz en el Congreso y en el año 2000 obtuvo el respaldo de esta industria para convertirse en diputado del PRI. El partido terminó acogiéndolo como uno de sus abogados por sus destrezas técnicas y como constructor de acuerdos. Por eso no tuvo dificultad alguna para conseguir una segunda diputación en 2006.

En esa ocasión se le nombró vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario y se le encomendó emitir sus puntos de vista jurídicos sobre las negociaciones que llevó a cabo el PRI con los demás partidos. En esa posición aplicó su visión de “creación de valor” a su trabajo legislativo: cualquier reforma y negociación política siempre debe reflejarse en una ganancia que beneficie a todos los actores. Así, en 2014 llegó a ser el abogado del partido, de cara a las elecciones federales.

Fue desde esta posición que construyó su senaduría y, ya en la cámara alta, pareció natural que se le encargara presidir la Comisión de Puntos Constitucionales. Junto con los coordinadores de los grupos parlamentarios en dicha cámara, fue el encargado de conducir y ayudar a construir los consensos para lograr la aprobación de las reformas constitucionales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin descuidar sus apuestas personales —la regulación de las audiencias públicas, el parlamento abierto y transparente, la modernización del proceso legislativo, la participación de todas las opiniones y el debate—, Cervantes se dedicó en cuerpo y alma a impulsar el debate, indispensable para la aprobación de las reformas energética, de telecomunicaciones, transparencia, educativa, económica, fiscal y laboral, bajo la óptica de que todos debían ser escuchados porque todos tenían algo que aportar.

De su paso por el Senado siente que faltó aceitar los mecanismos para la coordinación de los órganos autónomos que se han ido creando: “¿Qué es realmente un órgano autónomo?”, pregunta. “¿De veras son ‘autónomos’ los órganos autónomos? ¿Son parte del mismo Estado con responsabilidades claras frente a la sociedad y a los poderes de la Unión? ¿Su autonomía les da realmente la posibilidad de ser más eficaces? ¿No estamos llenándonos de órganos autónomos que no cumplen su cometido?”
Evoca, con admiración, a algunos senadores con quienes llegó a tratar algún asunto relacionado con las reformas en las que participó: Roberto Gil —“el constructor de acuerdos en el PAN”—, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña y Miguel Barbosa, por mencionar algunos. Sus adversarios también lo recuerdan con aprecio. Coinciden en que es “un político al que le gusta reducir a nociones jurídicas todo lo que gira a su alrededor y desarrollar soluciones a partir de estas nociones”. Aseguran, no obstante, que es un hombre perfeccionista y que, con frecuencia, se expresa de manera innecesariamente técnica.

Sobre este señalamiento, yo tendría que hacer una apostilla: Cervantes piensa muy rápido. Éste no sería un problema si pudiera ajustar su articulación verbal a la misma velocidad. Pero eso sería imposible. Lo intenta y, en efecto, habla aceleradamente, dando por supuesta cierta información que sus interlocutores no tienen por qué tener. “A veces” —me confesó un amigo común— “tengo la impresión de que Raúl quiere impresionarme o marearme.” No es así, ciertamente, pero sus comentarios y reflexiones en ocasiones son densos: contienen tantas ideas, tantos datos, tantas referencias que, paradójicamente, exigirían una verbalización más pausada, ejemplos, preguntas. “No te engañes” —me dijo otro amigo común—: “Raúl quiere que, desde ahora, se le comience a mirar como juez constitucional… de aquí los barroquísimos.”

Promotor de la certificación obligatoria de los abogados litigantes por tiempo determinado, Cervantes se pregunta cómo es posible que, en un litigio que tiene tres abogados (juez, representante de la parte actora y abogado defensor), sólo al juez se le exija estar certificado. “Es un contrasentido” —aduce—, “puesto que los tres intervienen directamente en el derecho humano de tutela judicial.” También cree que el número de instancias procesales que prevén nuestras leyes es excesivo y ha propuesto que se legisle para que haya requisitos previos para ir a juicio. Uno de ellos sería la etapa de conciliación.

Le indigna la actitud de algunos de sus colegas que agotan todas las instancias procesales para facturar honorarios y así esquilmar a sus clientes, sin preocuparse por el resultado final. Como lo ha dicho y repetido, está convencido de que tiene que revisarse nuestra legislación, a efecto de garantizar la eficacia del Poder Judicial y hacer que éste y el foro de abogados vayan de la mano a la hora de sancionar a quienes abusen de la ley. Le parece preocupante que presentar juicios se haya convertido en “deporte nacional” y que procuradurías y jueces actúen con idéntica disciplina burocrática ante el robo de unos desodorantes que ante un secuestro.

Como académico, ha escrito artículos interesantes y bien argumentados acerca de los retos que enfrenta el país en materia de protección de los derechos humanos, tema que le entusiasma. Sabe que la reforma que se emprendió en 2011 a los derechos humanos no será suficiente per se: hay que hacer un rediseño colosal a nuestro marco jurídico (en la actual Legislatura se avanzó un trecho) y hay que sensibilizar a los jueces sobre la responsabilidad que llevan a cuestas: “Hay que generar las condiciones” —sostiene— “para que, en el siglo XXI, todos los abogados sean, ante todo, constitucionalistas, independientemente de que lo sean en materia civil, penal o laboral”.

Considera que en el marco del nuevo sistema de derechos humanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel crucial. Desde su perspectiva, los jueces constitucionales deben considerar que en la Constitución y en los tratados internacionales que contienen disposiciones de derechos humanos se encuentran aquellos principios que definen, orientan y encauzan la actividad del Estado hacia los objetivos plasmados en la propia Ley Fundamental.

Quizás fue esta inquietud la que lo determinó a pedir una licencia en el Senado para ser considerado, cuando lleguen los tiempos, para ocupar un sitial en el pleno de nuestro Máximo Tribunal. Si se esmera en ser menos técnico a la hora de hablar y aprende a empatizar con sus interlocutores, considero que, de llegar, sería un ministro muy completo.

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Revista El Mundo del Abogado