Juicio político y derechos humanos

Juicio político y derechos humanos

El pasado 25 de octubre la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República llevó a cabo la presentación del libro “El juicio político y la declaración de procedencia en el Derecho mexicano”, escrito por Odilisa Gutiérrez Mendoza, magistrada del Tribunal Superior Agrario, el cual surgió a raíz del caso del senador José Luis Preciado, cuando se quedó sin la diputación local, y del caso de Martha Sosa Govea, cuando fue inhabilitada por seis años para ocupar un cargo público cuando era la candidata mejor postulada para ocupar el gobierno de Colima.

 

 

El acto se realizó en el auditorio Octavio Paz, recinto al que asistieron magistrados, legisladores y notarios.

La obra fue comentada por Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Armando Maitret Hernández, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Miguel Ángel Porrúa, director general de la casa librero-editora homónima, y el senador José Luis Preciado Rodríguez.

Durante su intervención, Zulema Mosri destacó que la premisa de la obra es evitar la imposición de una mayoría legislativa contra un servidor público de oposición. Consideró que las aportaciones vertidas brindan valiosos enfoques a la discusión sobre el fortalecimiento de los pesos y los contrapesos en los poderes del Estado mexicano.

Reconoció que la investigación brinda una oportunidad para salvaguardar los derechos humanos. “La autora propone facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de las violaciones a los derechos humanos que puedan presentarse en los procedimientos de juicio político”, destacó.

A través de un estudio histórico que abarca desde la Nueva España hasta la actualidad y describe la evolución normativa, jurisprudencial y doctrinaria, la autora nos permite comprender el origen de los procedimientos establecidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución, para asegurar que los servidores públicos puedan ser responsabilizados por su actuación irregular.

Zulema Mosri planteó como cuestionamiento si el juicio político logrará responder a las necesidades de justicia de los ciudadanos, o si conviene proponer otro instrumento para cumplir con dicho propósito. Añadió que la obra es un llamado para fortalecer la justicia.

Por su parte, Miguel Ángel Porrúa, coeditor de la publicación, manifestó que se trata de una investigación que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política de los servidores públicos en México. Precisó que en su tesis la autora no asume la típica posición de descalificar al mal llamado “fuero”. Invitó a analizar la propuesta de la magistrada Odilisa Gutiérrez como una crítica constructiva.

El magistrado Armando Maitret calificó de audaz la labor de la autora, porque el poder político del Estado, representado en las cámaras del Congreso de la Unión, tiene una fuerza significativa en el rumbo de nuestro país. Puntualizó que la tesis plantea acotar el poder de la política a través de la protección de los derechos.

Argumentó que desde la perspectiva de los derechos humanos todo acto de poder debe estar sujeto a las razones de Derecho y cada persona tiene derecho a contar con un recurso efectivo que le garantice la adecuada defensa.

Bajo un esquema de Derecho comparado, la crítica versa sobre lo inatacable que son las declaraciones y las resoluciones del Poder Legislativo en el tema que desarrolla la autora, porque no están sujetas a ningún tipo de revisión y por lo tanto son violatorias de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Aseguró que la obra culmina con una crítica severa acerca de la pertinencia de mantener el actual diseño constitucional de dos figuras políticas, añejas e intocables en nuestro sistema político.

Finalmente, el senador José Luis Preciado expuso las situaciones en las que como legislador le tocó votar a favor o en contra del desafuero de varias personalidades y compartió su experiencia de la vez que fue destituido del Congreso, sin haber tenido un juicio político, ni un jurado de procedencia. Reconoció la importancia de la aportación de la autora al destacar en la división de poderes.

La magistrada Odilisa Gutiérrez declaró que la motivación de su libro surgió a raíz del caso del senador José Luis Preciado, cuando se quedó sin la diputación local, y del caso de Martha Sosa Govea, cuando fue inhabilitada por seis años para ocupar un cargo público cuando era la candidata mejor postulada para ocupar el gobierno de Colima.

Después del estudio de los casos consideró que realmente se violaron derechos fundamentales, además de la reputación, el honor y la dignidad de las personas. Expuso que como abogada lo que siempre motivó el desempeño de su profesión fue la justicia.

Una de las propuestas que plantea es que se establezcan términos muy cortos, para que, dentro de éstos, la Corte pueda analizar si es o no legal la destitución o la inhabilitación. Asimismo, la magistrada subrayó la importancia del medio de defensa establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier juicio. 

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