María Elena Leguízamo ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias Penales

María Elena Leguízamo ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias Penales

El pasado 21 de marzo se realizó la ceremonia pública de formal ingreso como académica numeraria de la Academia Mexicana de Ciencias Penales de María Elena Leguízamo Ferrer, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y magistrada de circuito en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

 

Desde hace casi ocho décadas, la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) agrupa a los más connotados especialistas en Derecho penal, Derecho procesal penal, política criminal, victimología, criminología y criminalística, así como en el juicio de amparo en materia penal, rama del Derecho en que María Elena Leguízamo Ferrer, además de ejercer una brillante e impecable labor jurisdiccional dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), también se ubica como una de sus principales tratadistas, en virtud de sus incontables actividades docentes y sus publicaciones en dicha vertiente.

María Elena Leguízamo Ferrer presentó la ponencia “Algunas reflexiones sobre la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional”, que fue contestada por Jesús Zamora Pierce, académico de número y ex presidente de la AMCP.

En el exordio de la magistral exposición de la nueva académica numeraria de la AMCP, que tuvo como marco el auditorio de la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se destacó la trascendencia que tienen los sistemas de control constitucional para consolidar las bases y los principios de un Estado de Derecho y, en tal sentido, la importancia que reviste la actuación de los tribunales constitucionales para asegurar el cabal cumplimiento de la Ley suprema de los países, con base en el principio de supremacía constitucional.

Habiendo puntualizado el marco referencial de los tribunales constitucionales, Leguízamo Ferrer centró su trabajo en el ámbito competencial que ha tenido la SCJN. Siguiendo el rigor metodológico que deben guardar los textos de esta envergadura, la expositora realizó un muy puntual recorrido histórico de la situación del control constitucional en México que, tras la consumación de la Independencia, originalmente fue conferido al Poder Legislativo, pasando con posterioridad al PJF, control que dicho poder sigue ejerciendo hasta nuestros días.

A lo largo de esta retrospectiva se fueron destacando las diversas transformaciones del control constitucional como tarea —aparentemente a cargo— de la SCJN, cuyas bases fueron contempladas por la Constitución de 1857; una tarea que en la praxis resultó de imposible realización, en virtud de la saturación de las revisiones de cuestiones de legalidad que, de todos los tribunales del país, venía desarrollando el mencionado órgano jurisdiccional, como herencia de las experiencias de gobierno centralista de las primeras décadas del siglo XIX; mala praxis que desafortunadamente pervivió hasta ya casi finales del siglo XX.

Efectivamente, la disertante señaló que sólo hasta 1988 el Alto Tribunal del país se convirtió en el máximo intérprete de la Constitución mexicana (si bien dicha competencia era compartida con otros tribunales del propio PJF) y que, dadas las reformas constitucionales a la estructura institucional y competencial del PJF, entre 1994 y 1995, las funciones de la SCJN, que tenían una marcada influencia hacia el sistema estadounidense, se aproximaron más al modelo kelseniano de tribunal constitucional.

Como tercer punto de su exposición, y recalcando la visión estrictamente académica de su texto de ingreso como miembro de número a la AMCP, María Elena Leguízamo Ferrer destacó que a pesar de los esfuerzos para consolidar a la SCJN como un tribunal constitucional (en la inteligencia de que no existe una opinión común en torno de su diseño), hay voces que señalan que el Alto Tribunal no desempeña dicha función, pues al continuar conociendo de cuestiones de legalidad y no sólo de constitucionalidad —o de inconstitucionalidad— su organización se aproxima más a la de un tribunal de casación.

A través de este debate, la nueva académica cuestionó: ¿se han concretado los objetivos de las reformas de 1994 y 1995 al PJF?, ¿qué falta por hacer para que la SCJN realmente sea un tribunal constitucional? Invocando los planteamientos que sobre el tema en estudio han realizado distinguidos doctrinarios como Sergio García Ramírez y Clemente Valdés Sánchez, así como el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, ex presidente del Alto tribunal, Leguízamo Ferrer afirmó que no existen reformas definitivas y consideró la necesidad de que la SCJN se desvincule de conocer de temas de legalidad, para lo cual exploró las siguientes alternativas:

1) Para no alterar la actual estructura de la SCJN, ésta debe conocer únicamente de acciones y controversias constitucionales.

2) Si se pretende que el Alto Tribunal continúe conociendo cuestiones de legalidad, resultaría indispensable modificar su estructura, aumentando el número de salas y, por ende, el de ministros; al pleno le competería conocer los temas de constitucionalidad.

3) Diseñar un tribunal ad hoc, que sea ajeno al PJF; alternativa que la disertante estimó echaría por tierra todos los avances que la SCJN ha tenido en las últimas tres décadas.

Bosquejadas y examinadas estas opciones, la expositora se inclinó por una vía menos extrema que la última. Destacó la necesidad de que la SCJN se dedique únicamente al estudio de cuestiones constitucionales, conociendo sólo aquellos asuntos que resulten más relevantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México; para tal efecto, estimó la pertinencia de racionalizar la distribución de competencias de todos los tribunales del PJF, a los cuales les correspondería dilucidar aquellos asuntos relacionados con la legalidad de las actuaciones y las resoluciones de las instituciones y los órganos de nuestro país.

Asimismo, aseveró que a pesar de que el ejercicio del poder en un Estado de Derecho no debe ser absoluto o arbitrario, son necesarios los mecanismos de control constitucional para velar por el equilibrio democrático. Parafraseando al ministro Luis María Aguilar Morales, actual presidente de la SCJN, apuntó que la actuación de los tribuales constitucionales da vida a los ideales del Estado, defendiendo el cúmulo de derechos consagrados en su máximo ordenamiento. La expositora concluyó su intervención ubicando a los tribunales constitucionales como garantes del equilibrio de la vida nacional, siempre en pro de las personas.

Jesús Zamora Pierce, al dar respuesta al trabajo, se congratuló por el ingreso como académica numeraria de la AMCP de María Elena Leguízamo Ferrer, manifestando que su talento y sus aportaciones a las ciencias penales ya la hacían acreedora de su sitial en esa connotada agrupación pues, además de su copiosa producción de artículos especializados que la ubican como fuente de consulta, vive la realidad del sistema penal en virtud de su actividad jurisdiccional como magistrada federal especializada en materia de amparo penal, cargo al que accedió por concurso de oposición.

En la parte toral de su mensaje, Zamora Pierce destacó la importante revisión que la autora del trabajo en glosa realizó en torno del desarrollo y la situación actual de la esfera competencial que tiene el máximo órgano de interpretación de la Constitución y las leyes mexicanas; asimismo, ponderó el meticuloso análisis que la misma efectuó sobre las diversas vías, caminos y alternativas que existen para erigir a la SCJN como un tribunal constitucional, no sólo de manera formal sino materialmente.

Este acto solemne finalizó con la entrega del pergamino que la presidenta de la AMCP, Victoria Adato Green, hizo a su nueva académica de número como constancia de su formal ingreso, la cual recibió las felicitaciones de los miembros del consejo directivo y de académicos numerarios y supernumerarios de la citada institución.

A este acto público concurrieron jueces y magistrados tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial de la Ciudad de México, funcionarios de múltiples instituciones del sistema de justicia penal, abogados postulantes, profesores, estudiantes, amistades y familiares de María Elena Leguízamo Ferrer (entre los cuales se encontraban su esposo, Moisés Moreno Hernández, también académico numerario de la AMCP, y los autores de la presente crónica y de las imágenes gráficas), quienes al término de la emotiva ceremonia brindaron por el nuevo éxito profesional de la destacada impartidora de justicia federal, y ahora académica numeraria de la AMCP, así como integrante de diversas agrupaciones de prestigiados especialistas del Derecho.

Enhorabuena.

 

 

Nota

 

* Secretario general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.

 

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