ABOGADOS QUE LAVAN DINERO

ABOGADOS QUE LAVAN DINERO

El lavado de dinero procedente de actos de corrupción involucra no sólo a servidores públicos sino, también, a notarios, abogados y a otros profesionales jurídicos independientes que participan en transacciones de compra y venta de inmuebles. ¿Qué puede hacerse para mitigar la participación de los abogados en este delito?

 

En mayo de 2016, Animal Político publicó una investigación1 en torno al desvío de recursos públicos durante la gestión de Javier Duarte como gobernador de Veracruz. Con la colaboración del ahora integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Luis Manuel Pérez de Acha, se analizaron 73 contratos celebrados entre empresas fantasmas y el DIF estatal, así como las secretarías locales de Educación, Protección Civil y Desarrollo Social. Como parte de dicho estudio también se revisaron diversas actas constitutivas y las respuestas en materia de transparencia emitidas por las cuatro entidades en el curso de la investigación periodística. Todo el material se encuentra disponible para consulta en el portal de internet en el que fue publicada la investigación. Los acontecimientos posteriores ya los conocemos todos.

Dejando atrás los detalles del caso Duarte —los amargos, como la manipulación de medicamentos oncológicos; los infinitos, como la lista de propiedades en México y en el extranjero, o los inesperados, como los autodecretos de abundancia y sus inevitables memes (gracias, internet)— no queda más que resaltar una de las tipologías más comunes en casos de lavado de dinero procedente de actos de corrupción y/o relacionados con personas expuestas políticamente (PEP).2 Después de todo, el conocimiento público de este caso en particular aparentemente delata una tipología de colocación de recursos ilícitos procedentes del desvío de recursos públicos mediante una estrategia no tan compleja. Pero no debemos olvidar que, si bien no muy complejas, este tipo de estrategias requieren la muy gorda vista de ciertos sujetos clave con (o sin) investidura pública. La tipología, a grandes rasgos, consiste en lo siguiente: presuntamente, a principios del mandato en cuestión se recabó la firma de diversas personas físicas con falsos motivos, logrando así la creación de, al menos, 21 sociedades mercantiles que ostentaban sus respectivos domicilios fiscales (cuya ubicación correspondía en muchos casos a casas, vecindades, lotes y baldíos). Posteriormente, dichas empresas fueron registradas como proveedoras de las entidades gubernamentales involucradas para serles otorgados diversos contratos mediante los procedimientos de adjudicación directa o licitación cerrada. A través de dichos contratos se documentó la compraventa de productos destinados a programas sociales sin que existiera constancia de que éstos fueran efectivamente entregados. Una vez recibidos los pagos, las empresas fueron liquidadas para así, presuntamente, transferir los recursos a cuentas en el extranjero. Ya colocados, sería posible la posterior estratificación e integración de los recursos ilícitos.

Según esta tipología, por supuesto estaríamos ante un caso de corrupción en el que más de un servidor público estaba involucrado. Pero es imposible obviar ciertas cuestiones de logística: ¿quién solicitó los servicios notariales para la creación de cada una de las empresas y les dio el muy tedioso, pero necesario, seguimiento? ¿Quién realizó la preinscripción por internet y acudió, previa cita, a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente correspondiente para inscribir las sociedades ante el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Quién redactó los contratos de adjudicación directa y licitación cerrada? ¿Quién redactó el acta de asamblea extraordinaria mediante la cual se determinó la liquidación de cada sociedad en cuestión y, nuevamente, solicitó y dio seguimiento a los trámites notariales correspondientes? Normalmente, una persona que requiere servicios de esta índole acude con un abogado.

Sin conocer los pormenores del caso, resulta un poco absurdo concebir que lo anterior haya sido realizado unilateralmente por los servidores públicos involucrados. El sentido común nos lleva a pensar que hubo abogados involucrados; qué sabían y en qué circunstancias lo sabían, es otra historia. Lo cierto es que los abogados pueden encontrarse involucrados en tipologías de lavado de dinero en diferentes niveles, los cuales han sido catalogados por la jurisprudencia internacional3 en la materia según su participación como: a) inocente, cuando no existen señales de alerta aparentes; b) involuntaria, cuando existen señales de alerta que el abogado genuinamente no logra identificar, habiendo señales de alerta identificables; c) proactiva, tomando las medidas de control necesarias; d) con ignorancia intencional, no tomando en cuenta de forma deliberada las señales de alerta; e) corrupta, involucrándose más activamente en la operación, o bien f) cómplice, conociendo activamente la ilicitud de la operación o los recursos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa estos niveles de la siguiente manera:

Gráfico

Involvement of Legal Professionals in Money Laundering and Terrorist financing (ML/TF)4

Este esquema no es nuevo. De hecho, los abogados son considerados como una de las profesiones más vulnerables en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y son catalogados doctrinalmente como gatekeepers, dado que actúan como un primer obstáculo para acceder al sistema financiero. Su atractivo consiste principalmente en dos elementos: el alto grado de especialización con el que cuentan y la posibilidad que tienen de aparentar legitimidad en las operaciones; es decir, su capacidad o su pericia por generar escenarios de simulación.

Debe resaltarse —para justicia de la profesión— que si bien se reconoce la vulnerabilidad de los abogados, siempre se parte de la premisa de que los abogados no buscan facilitar la comisión de delitos con sus servicios. Por lo anterior, se han concentrado esfuerzos, no solamente a nivel gubernamental, sino también a través de diversas sociedades de abogados, para crear conciencia en la profesión en torno a los riesgos y las medidas de control que pueden tomar para mitigarlos. Pero digámoslo con todas sus letras: si bien es cierto que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, por desgracia es preciso sensibilizar al universo de los abogados a través de sanciones ejemplares y no mediante talleres y diplomados, únicamente.

En julio de 2011 el GAFI emitió un reporte titulado Laundering the Proceeds of Corruption5 en el que se analizaron las tipologías más comunes de lavado de dinero procedente de actos de corrupción. En dicho reporte se reconoció el uso de los gatekeepers como el segundo método más utilizado, sólo después del empleo de vehículos corporativos y fideicomisos. Dentro de dicho estudio destaca el análisis de la tipología utilizada por el ex presidente de Zambia, por su similitud (en esquema y opulencia) con el caso del ex gobernador de Veracruz.

De acuerdo con The Law Society,6 en 2007 el fiscal general de Zambia presentó una demanda civil ante una de las altas cortes de Inglaterra y Gales (Zambia v. Meer Care y Desai) solicitando la devolución de recursos públicos desviados mediante la creación de sociedades, cuentas en el extranjero y contratos supuestamente relacionados con proyectos de seguridad nacional durante la gestión como presidente de Frederick Chiluba. El fiscal general de Zambia señaló como responsables del desvío de recursos públicos no solamente al ex presidente y a diversos servidores públicos de alto rango de su país, sino a una firma de abogados inglesa y a sus socios; según se señalaba, gran parte de los recursos se había utilizado, entre otras cosas, para la compra de vehículos, joyería e inmuebles. En juicio resolvió que la firma de abogados y el señor Desai habían sido indirectamente responsables del desvío de recursos por no haber identificado correctamente a sus clientes y a los beneficiarios finales, así como la naturaleza y el control efectivo de las operaciones que se realizaban a través de sus servicios. De hecho, no fue sino alegando su propia torpeza que el señor Meer logró desacreditar, en apelación a dicho fallo, el grado de deshonestidad que se le imputaba para hacerlo indirectamente responsable a él también.7 Para ello argumentó que se le había juzgado como un experto en transacciones internacionales sin que ésta fuera su área de especialidad y, en cambio, su conocimiento no era suficiente para comprender el riesgo que implicaba la prestación de sus servicios en materia de lavado de dinero. Irónicamente, la elección de un abogado no especializado en los servicios que se solicitan también ha sido señalada como una tipología sumamente común en casos que involucran abogados, por parte del International Bar Association, la American Bar Association y el Council of Bars and Law Societies of Europe.8

No es casualidad que el GAFI señale expresamente, además de a los notarios, a los abogados y a otros profesionales jurídicos independientes como una de las actividades y profesiones no financieras designadas.9 Así, los Estados miembros de GAFI —como México desde el año 2000— deberán adecuar su ordenamiento jurídico de tal forma que los abogados apliquen medidas de debida diligencia del cliente (DDC) cuando realicen ciertas actividades, entre las que destacan: a) la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, y b) la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, así como la compraventa de entidades comerciales. De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, las medidas de DDC que deberán aplicar los abogados consisten en una adecuada identificación del cliente y el beneficiario final, además de la naturaleza de la operación que requiere los servicios. Además, las recomendaciones señalan que las medidas de DDC deberán identificarse en caso de que el cliente o beneficiario final sea una PEP.

No es ocioso que, si bien no de forma literal, lo anterior haya sido adoptado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). No debemos olvidar que los abogados en ciertas circunstancias son sujetos obligados en términos de este ordenamiento. La fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI10 otorga la calidad de actividad vulnerable a la prestación de servicios profesionales independientes en aquellos casos en que se preparen para un cliente ciertas operaciones, entre las que destacan: a) la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, y b) la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Así, los abogados en México que presten de forma profesional e independiente alguno de los servicios mencionados en el párrafo anterior tienen la calidad de sujetos que realizan actividades vulnerables y, por lo tanto, deben cumplir con las obligaciones que señala el artículo 1811 del mismo ordenamiento. De esta manera los abogados, siempre que presten alguno de estos servicios, deben, al menos: a) identificar al cliente, verificando su identidad mediante credenciales o documentación oficial, siempre recabando copia, y b) solicitar al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en caso de que ésta obre en poder del mismo, requerirle que la exhiba.

El hecho de que ciertas PEP pretendan desviar recursos públicos utilizando servicios jurídicos independientes, como un elemento estratégico de la tipología, debe reconocerse como un riesgo que requiere ser mitigado. Es cierto que el reconocimiento de la recomendación 22 del GAFI en el ordenamiento nacional no es suficientemente amplio para evitar que cualquier abogado se vea involucrado en tipologías de lavado de dinero procedente de corrupción. Aunque esta cuestión merezca análisis propio, no podemos ignorar el rol de los abogados como gatekeepers y las consecuencias tan poco agradables que puede implicar. Para ejemplificar lo anterior basta el caso Duarte.

Siempre que partamos de la premisa central de que los abogados —por regla general— no buscamos facilitar la comisión de delitos a través de nuestros servicios, un poco de autocrítica no viene mal. Entonces evitemos involucrarnos de forma inocente o involuntaria en tipologías de lavado de dinero, especialmente relacionadas con actos de corrupción. Seamos conscientes de que nuestra profesión implica la posibilidad de abrir muchas puertas y consintamos abrir únicamente las que deban abrirse. Una vez reconocida nuestra vulnerabilidad como profesionistas, queda en nosotros capacitarnos en torno a los diferentes riesgos, sus señales de alerta y la manera de mitigarlos. Como apoyo a los abogados que busquen efectuar una adecuada evaluación de riesgos e implementar medidas de control, el GAFI desarrolló la guía titulada Risk Based Approach for Legal Professionals.12 Reconociendo la necesidad de crear conciencia en torno al tema, en un esfuerzo conjunto la International Bar Association, la American Bar Association y el Council of Bars and Law Societies of Europe desarrollaron una guía en la materia, creada por abogados y para abogados, que lleva por nombre Lawyers’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering.13

Queda pues, en la ética profesional y en la respuesta de las instancias de procuración de justicia, aprender la lección del señor Meer; aprender de las decenas de casos en América Latina donde la simulación de actos jurídicos constituye una salida evidente de capitales públicos para lavarse en los distintos sistemas financieros. Hay que poner nuestras barbas a remojar evitando siempre tener que alegar nuestra propia torpeza.

Notas

* Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, integrante de la firma Revilla y Álvarez Alcalá, S.C.

** Licenciado en Derecho certificado en detección de lavado de dinero y vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Bibliografía:

- Ángel, A., y V. H. Artega (2016), “Lo mejor de Animal Político en 2016. El caso de las empresas fantasma de Veracruz”, Animal Político. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2016/12/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/ (Acceso: 24 de febrero de 2017).

- Anti-money Laundering Forum, “A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering”, International Bar Association, American Bar Association, Council of Bars and Law Societies of Europe, 20 de octubre de 2014. Disponible en http://www.anti-moneylaundering.org/AboutAML.aspx (Acceso: 24 de febrero de 2017).

- Finantial Action Task Force, “Risk Based Approach for Legal Professionals”, Finantial Action Task Force, 23 de octubre de 2008. Disponible en http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Legal%20professions.pdf (Acceso: 24 de febrero de 2017).

- Financial Action Task Force, “Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption”, Finantial Action Task Force, 2012. Disponible en http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf (Acceso: 24 de febrero de 2017).

- The Law Society (2010), “Zambia v. Meer Care y Desai. Disponible en http://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/case-summaries/zambia-v-meer-care---desai/ (Acceso: 24 de febrero de 2017).

Guías para abogados:

- Risk Based Approach for Legal Professionals. Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Legal%20professions.pdf.

- Lawyers’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering. Disponible en: http://www.anti-moneylaundering.org/AboutAML.aspx

1 Ángel y Artega, 2016.

2 El Glosario General de las 40 Recomendaciones del GAFI define a las PEP como “individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes. Las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por una organización internacional se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta o funciones equivalentes”. El glosario también distingue entre PEP extranjeras y PEP domésticas. Hay que aclarar que el alcance de esta definición no incluye individuos de un rango medio o subalterno de las categorías mencionadas.

3 Financial Action Task Force, 2013.

4 Ibid., p. 5.

5 Financial Action Task Force, 2012.

6 The Law Society, 2010.

7 Una vez que mister Meer ganó el recurso de apelación, la demanda civil en contra de su firma y del señor Desai fue desistida.

8 International Bar Association, American Bar Association, Council of Bars y Law Societies of Europe, 2014.

9 “Recomendación 22. APNFD: debida diligencia del cliente:

”Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) en las siguientes situaciones:

”[…]

d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de inmuebles; administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales”.

10 “Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

”[…]

”XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: a) la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre éstos; b) la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; c) el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

”Serán objeto de aviso ante la secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley”.iay qusociedades mercantiles, o,

11 “Artículo 18. Quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes: I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. III. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella. IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. La información y la documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente. V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta ley. VI. Presentar los avisos en la secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley.

12 Financial Action Task Force, 2008.

13 International Bar Association, American Bar Association, Council of Bars y Law Societies of Europe, 2014.

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