Delitos electorales: usurpación de identidad

Delitos electorales: usurpación de identidad

La usurpación de identidad —delito en el que una persona utiliza datos de otra, como nombre, domicilio o edad, para obtener una credencial para votar— no sólo constituye un delito electoral: detona la comisión de otros, razón por la cual es indispensable que las autoridades se mantengan alerta.

 

Los delitos electorales son aquellas conductas que dañan el adecuado proceso electoral. Afectan a la democracia como concepción abstracta y algunas lo hacen en particular a los ciudadanos que viven bajo las reglas establecidas para la elección de cargos públicos y, por tanto, también afecta la participación ciudadana. Anteriormente se habló de los delitos de mayor presencia, como el turismo electoral y el condicionamiento de programas sociales, los cuales tienen como común denominador la afectación de la democracia por medio de la manipulación de los sectores sociales más desprotegidos, es decir, de aquellos en condiciones de vulnerabilidad social que ven en la participación de estos hechos la oportunidad de enfrentar sus condiciones de pobreza, en muchos casos extrema.

No obstante, recientemente se ha observado un fenómeno que tiene una lectura diferente al del aprovechamiento de la vulnerabilidad social y la afectación de la democracia como efecto principal. Para llevarlo a cabo se incurre en el delito de alteración del Registro Federal de Electores (RFE) y la expedición ilícita de credenciales para votar. Mucho se ha discutido respecto al cambio de identidad, detectada por el INE a través de los modelos de identificación biométrica y dactilar, a los que nos referiremos más adelante, pero poco se ha analizado en el ámbito penal electoral de una modalidad distinta que, para efectos de este artículo, denominaremos “usurpación de identidad”, mediante la cual una persona utiliza datos de otra, como el domicilio, el nombre, el género, la edad y la nacionalidad para obtener una credencial para votar con fotografía y cometer diversos delitos, particularmente de corte patrimonial. De ahí la relevancia del tema, ya que, por un lado, afecta el proceso democrático por la alteración al RFE, daña a las personas y sus bienes ante el apoderamiento de su identidad y, además, detona la comisión de otros delitos de alto impacto.

Alteración del Registro Federal de Electores: mismos rasgos, identidades distintas; distintos rasgos, misma identidad

La usurpación de identidad se puede enmarcar en el delito de alteración del RFE y expedición ilícita de credenciales para votar, establecido en el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La expedición ilícita de credenciales para votar se comete cuando una persona acude a los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de solicitar una credencial para votar con fotografía, y al proporcionar información falsa, ésta se ingresa a la base de datos del RFE, y al recoger dicha credencial se alteran los registros. A través de los sistemas informáticos, el INE ha perfeccionado de forma gradual su sistema y ahora detecta las coincidencias en el rostro y las huellas dactilares que poseen identidades distintas. Estos sistemas son identificados por sus siglas en inglés ABIS (Automated Biometric Identification System) y AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Éste constituye el primer filtro para detectar casos por cambio o usurpación de identidad. A partir de esta detección el INE denuncia para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) desarrolle sus facultades de persecución del delito.

En ese marco, la FEPADE tiene registradas 4,065 averiguaciones previas y 188 carpetas de investigación relacionadas con los sistemas de identificación de diferencias dactilares o biométricas, esto es, con el cambio de identidad que ocurre cuando encontramos dos o más identidades con los mismos rasgos. A la fecha se han resuelto 3,579 averiguaciones previas, de las cuales, 2,554 se consignaron ante jueces por comprobarse la comisión del delito electoral.

No obstante, existe una modalidad distinta al cambio de identidad (mismos rasgos, diferentes identidades): la usurpación de identidad en los casos en que se trata de una misma identidad, que en el histórico de credenciales de elector presenta distintos rasgos.

Robo de identidad: más allá del delito electoral

De acuerdo con la Real Academia Española, usurpar significa “apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia”. En este contexto, una persona que usurpa la identidad de otra se apodera de los datos de su personalidad que la caracterizan frente a los demás. El medio comisivo es obtener una credencial para votar con fotografía y, con ello, robar la identidad a una persona y cometer diversos ilícitos, principalmente fraude, ante instituciones bancarias o notarios públicos.

Para usurpar la identidad, la persona acude al módulo del INE con documentación oficial de otra persona, en ocasiones robada, y toma los datos de su domicilio, su nacionalidad, su edad, su género, su nombre y sus apellidos para obtener una credencial para votar con fotografía de manera ilícita con los datos del ciudadano o ciudadana que fue usurpado. La FEPADE tiene registrados al menos 185 casos de usurpación de identidad. De éstos, 40 corresponden a la investigación bajo el sistema tradicional y 85 bajo el sistema de justicia penal acusatorio.

A partir de 2016 se ha incrementado significativamente el número de casos por usurpación de identidad. Al respecto, por principio de cuentas, se tiene que señalar que el denunciante es distinto en los casos de cambio de identidad (ABIS-AFIS), en los que siempre denuncia el INE, respecto a la usurpación de identidad, donde los denunciantes son los propios ciudadanos y ciudadanas afectados. Consideramos que esto se debe al acercamiento que ha emprendido la FEPADE con instituciones y particulares en la atención de estos casos, así como a las acciones que se mostrarán más adelante.

De acuerdo con los datos de la FEPADE, 28.8 por ciento de los expedientes iniciados por usurpación de identidad están relacionados con hechos cometidos en la Ciudad de México, 14.4 por ciento en el Estado de México y 7.2 por ciento en Chihuahua.

Se han presentado casos por usurpación de identidad en 23 de las 32 entidades federativas del país, y en algunas, el número es significativo. Como puede apreciarse, la incidencia delictiva más alta la tienen la Ciudad de México y Quintana Roo. Además, Chihuahua, Durango y Querétaro tienen una incidencia media.

La primera conclusión al observar este mapa es que los casos por usurpación se encuentran en estados que tienen un bajo nivel de vulnerabilidad. La Ciudad de México con un índice de marginación muy bajo y el lugar 32 en la medición de la CONAPO,1 Querétaro con marginación baja, y Quintana Roo, Chihuahua y Durango con un índice de marginación medio. Lo anterior significa que la usurpación de identidad tiene una finalidad de apropiación del patrimonio de una persona y, por lo tanto, está dirigida a un sector social con niveles de vida mayores.

La segunda conclusión, tomando en cuenta sólo el número de expedientes que se advierten en el mapa, es que el centro del país presenta un mayor número de casos: 36 en la capital de la República y 18 en el Estado de México, lo cual se explica por la densidad poblacional de ambas entidades.

La FEPADE ante los casos de usurpación de identidad

Según Douglas North2 las instituciones marcan las “reglas del juego” de una sociedad con el objetivo de definir y/o modificar el comportamiento de las personas. Las instituciones son el resultado de la interacción de los individuos y los acuerdos entre los miembros de una sociedad a lo largo del tiempo. Mediante el cumplimiento de las reglas se reduce la incertidumbre, ya que los individuos tienen la certeza de cuál será la forma de actuar del resto de las personas. Lo anterior se logra a través de la imposición de sanciones, pero también del consenso por el cumplimiento de las normas y de la propia adaptación de las normas al desarrollo de la sociedad. La sociedad también moldea a las organizaciones y a las instituciones.

Por otro lado, la legitimidad de una institución se logra cuando el objetivo para el cual fue creada se cumple, obteniendo el reconocimiento social por su utilidad pública. La FEPADE nació para prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales. Y uno de los mecanismos más eficaces para inhibirlos es el envío de un mensaje social sobre la no tolerancia de la impunidad y de la comisión de esos hechos. La investigación y la consignación y/o la judicialización de los delitos de usurpación de identidad y su posterior sanción por parte de los órganos jurisdiccionales dan un claro ejemplo de la importancia de las instituciones y la modificación del comportamiento social.

En los últimos casos, la FEPADE ha iniciado este proceso de obtener, a partir del trabajo conjunto con el INE, resultados positivos en el ejercicio de la acción penal, no sólo en los casos de cambio de identidad, como se ha hecho siempre, sino también de usurpación de la misma. A continuación relataremos algunas experiencias.

Recientemente la FEPADE obtuvo una sentencia condenatoria en contra de una persona por cometer el delito de alteración del RFE, específicamente por usurpación de identidad. La inculpada se presentó en un módulo del otrora Instituto Federal Electoral de la Ciudad de México, proporcionó datos falsos (nombre, apellidos, lugar de nacimiento) y validó el trámite al estampar su huella, su firma y su fotografía. Posteriormente acudió a recoger la credencial y se identificó con un acta de nacimiento de otra persona. La obtención de la credencial para votar se logró debido a que la inculpada obtuvo una licencia para conducir tramitada en el Estado de México, la cual exhibió en el INE como documento de identidad.

Una vez realizada la investigación correspondiente, se consignó el expediente ante el juez. La orden de aprehensión fue otorgada y posteriormente se cumplimentó por elementos de la Policía Federal, después de un proceso de localización que incluyó el uso de redes sociales. Finalmente, la inculpada fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha. Una vez tramitado el proceso penal, un juez de distrito le dictó sentencia condenatoria y se le impuso una pena de tres años de prisión y 70 días multa. Este caso es el primero mediante el cual, a través de la investigación del delito de expedición ilícita de credencial para votar, se logró ubicar la verdadera identidad de la persona que realizó el trámite.

Como se mencionó al inicio, la usurpación de identidad se comete con el objetivo de aprovechar el apoderamiento de la identidad de otra persona y cometer diversos delitos. En este sentido, la sentenciada realizó movimientos bancarios a nombre de la víctima, entre ellos el trámite de un crédito de nómina por 52,600 pesos y el retiro de dinero en efectivo. Este caso muestra dos afectaciones: por un lado, la electoral, por la expedición de una credencial de elector de manera ilícita, y por otro, la comisión de un fraude en detrimento de una persona y sus bienes. Por lo tanto, nos encontramos ante lesiones al bien jurídico tutelado del adecuado ejercicio de la función electoral, de la democracia en sentido abstracto, del INE como autoridad de forma exclusiva y excluyente y del ciudadano en sentido literal.

Por otra parte, un juez de distrito de Veracruz dictó auto de formal prisión en contra de “N” Aristizábal, de nacionalidad colombiana, por su participación en el delito electoral federal previsto y sancionado en el artículo 411 (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participa en la expedición ilícita de credenciales para votar) del Código Penal Federal, a quien se le atribuye haber tramitado una credencial para votar con fotografía, por cambio de domicilio, aportando los datos de una persona originaria de Tenango del Aire-Chalco, en el Estado de México, con la finalidad de obtener un pasaporte con los datos de la víctima.

Otro juez de distrito del Estado de México libró orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, por el delito electoral previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participa en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía), toda vez que dicha persona realizó ante el INE un trámite de cambio de domicilio con la identidad de su hermano Francisco “N”, con los datos de un inmueble ubicado en la colonia Santa Úrsula Xitla, delegación Tlalpan de la Ciudad de México, propiedad de la víctima, por lo que se presume que dicha identificación fue obtenida con la finalidad de realizar algún trámite con respecto a la propiedad del bien mencionado.

Asimismo, un tribunal unitario del segundo circuito revocó la resolución dictada por un juez de distrito del Estado de México en la que se negó orden de aprehensión y, en consecuencia, al tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, libró orden de aprehensión en contra de Josué “N”, por el delito previsto en el artículo 411 del Código Penal Federal (hipótesis de quien por cualquier medio participa en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía), en virtud de que dicha persona utilizó los datos de Marco Antonio “N”, estudiante de la carrera de ciencias políticas en la UNAM, quien señaló que en abril de 2013 acudió a un módulo de INE ubicado en la colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, a actualizar los datos de su credencial de elector, donde fue informado por el personal que lo atendió que recientemente se había hecho un trámite de cambio de domicilio con sus datos, señalándose un nuevo domicilio ubicado en el Estado de México, trámite que el estudiante no realizó.

La actividad preventiva

Hechos como los narrados han llevado a la definición de estrategias y acciones para el combate de un delito en el que se involucran diferentes instituciones. El 18 de agosto de 2016 se firmó el Convenio de Adhesión a las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad. Este instrumento jurídico se firmó con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación de Bancos de México.

El objetivo de estas bases es definir el marco de colaboración y coordinación, así como la puesta en marcha de diversas acciones, con el fin de inhibir el uso del sistema financiero mexicano para la constitución de hechos ilícitos de suplantación o usurpación de identidad. Ante esto, la FEPADE se comprometió a establecer y a coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información; designar servidores públicos especializados en la materia; diseñar y proporcionar trípticos, volantes, carteles y materiales impresos sobre la prevención de estos delitos; orientar y asesorar a las probables víctimas de suplantación o usurpación de identidad; facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las instancias de procuración de justicia, y fomentar la participación de la comunidad y de las instituciones académicas para coadyuvar en los procesos de evaluación de políticas de prevención.

Las acciones más relevantes que deberán desarrollar las instituciones firmantes son las siguientes:

1) Evaluar y desarrollar sistemas de alerta ante casos de suplantación o usurpación de identidad.

2) Formar bases de datos de las personas que se haya constatado que realizaron actos de suplantación o usurpación de identidad.

3) Validar de forma inmediata las identidades de los clientes o usuarios de servicios financieros.

4) Detectar de manera temprana la usurpación o suplantación de identidad.

5) Estudiar las metodologías y los esquemas de operación.

6) Impulsar la modificación y la creación de ordenamientos legales para hacer efectivo el instrumento.

Asimismo, la FEPADE ha iniciado el desarrollo de documentos relacionados con los protocolos de actuación, modificaciones a los compromisos establecidos, coordinación para los casos específicos en materia de usurpación y suplantación de identidad y evaluación de los mecanismos de investigación. El primer documento es el Protocolo de Colaboración con las Procuradurías y Fiscalías Locales en Asuntos de Usurpación de Identidad. Su objetivo es establecer las bases para solicitar al INE, a través de la FEPADE, los datos registrales de los ciudadanos que hubieran cometido delitos por usurpación de identidad. Dicho instrumento fue propuesto en la XXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el pasado 8 de diciembre y se encuentra en etapa de revisión para su posterior firma.

Conclusiones

A partir de las líneas presentadas en este artículo es posible derivar varias conclusiones. La usurpación de identidad es un fenómeno reciente y creciente. El número de acciones implementadas y la cantidad de instituciones firmantes muestran la magnitud del problema y las aristas desde las cuales se puede observar. Asimismo, las zonas geográficas de mayor impacto son aquellas de vulnerabilidad baja, lo que permite fortalecer el argumento sobre el uso real de la usurpación de identidad: la afectación y el uso del patrimonio de terceros. Igualmente, la cooperación y la colaboración entre instituciones públicas y privadas permitirán la obtención de mejores resultados que, como los casos de éxito de la FEPADE, inhiban estas conductas como muestra del abatimiento de la impunidad.

Por último, aunque no menos importante, se encuentra la afectación indirecta que este delito tiene en la democracia y en los procesos electorales. La investigación y la persecución de la alteración del RFE, así como la detección oportuna de casos de usurpación, muestran el compromiso que tiene la FEPADE no sólo en materia de democracia sino como coadyuvante en casos de afectación a la sociedad. Por eso estamos ante el gran reto de abordar los casos de usurpación de identidad por medio del sistema de justicia penal acusatorio, el cual presenta la opción de la reparar del daño ante un hecho material que afecta el patrimonio y la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos de México.

Notas

* Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

** Directora de Análisis y Prospectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

[1] http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion.

2 Douglas North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1990.

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