Focos rojos del nuevo sistema penal acusatorio

Focos rojos del nuevo sistema penal acusatorio

Frente a las voces que exigen dar marcha atrás en la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, por sus pobres resultados, el autor señala puntualmente los aspectos en los que se debe trabajar —en la investigación del hecho delictivo, la procuración de justicia, la impartición de justicia y el régimen penitenciario— para contar con un sistema de justicia penal que resuelva en forma integral los problemas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, y devuelva a la sociedad la tranquilidad perdida.

 

 

La legislación penal, por lo sensible de la materia que regula, es una de las que con más frecuencia se modifica, y cuando la reforma es en el orden constitucional, invariablemente se nos dice que es la que en definitiva resolverá todos los problemas, sean sustantivos o adjetivos.

A principios de este siglo arreciaron las voces de quienes consideraban necesario cambiar el sistema de enjuiciamiento, cargándole todos los defectos habidos y por haber, calificándolo, en particular, de inquisitorio, lento, opaco y corrupto. Influidos y hasta patrocinados por instituciones extranjeras que buscaban asemejarlo al sistema angloamericano iniciaron una intensa campaña para modificar la Constitución federal con el fin de establecer lo que, para efectos mediáticos, denominaron juicios orales.

En los diversos foros a los que fui invitado a participar expuse mis reservas a las propuestas por ser ajenas a nuestra cultura jurídica y representar una ruptura de principios que sería difícil asimilar. Sin desconocer la necesidad de reformar el procedimiento penal —específicamente en el ámbito federal— para actualizarlo y superar defectos que el paso del tiempo había puesto de manifiesto, señalé que, si bien ese procedimiento tenía su talón de Aquiles en la etapa de averiguación previa, que efectivamente presentaba características de inquisitiva y generaba indefensión por igual al indiciado y al ofendido, en su conjunto no era tan malo como pretendían quienes lo satanizaban, ya que, de una u otra manera, en mayor o menor grado, estaban presentes los principios supuestamente novedosos enarbolados por los patrocinadores del cambio, así como tampoco el nuevo enjuiciamiento —los denominados originalmente juicios orales para que el común de las personas los asociara con los que conoce a través del cine y la televisión, que nada tienen que ver con la realidad— era la panacea ni la solución de todos los problemas, en especial la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Al final los promotores del cambio tuvieron éxito y el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor al día siguiente, abarcando múltiples y variados aspectos de la materia penal.

Ante el hecho consumado no tiene caso insistir en las objeciones expuestas en su oportunidad, por lo que en ese sentido me limito a reproducir lo argumentado por el doctor Sergio García Ramírez en su obra La reforma penal constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo? en el sentido de que “algunos partidarios de las novedades constitucionales consideran que éstas han atendido puntualmente las condiciones actuales de México y servirán para generar, sin trauma, mejores condiciones futuras. Y algunos observadores que difieren del método empleado para elaborar y consumar la reforma y de varias soluciones aportadas por ella, sostienen que éstas implican importaciones acríticas, extralógicas; tomadas por dictado de otras tradiciones jurídicas, de centros de decisión que han ganado territorios en ámbitos diversos y hoy aspiran a conquistarlos en el escenario de la justicia. Sostienen que la reforma aprobada no es —en fin— la reforma deseable, además de que engendra o acentúa un áspero conjunto de peligros que proliferan en las actuales condiciones. Todo esto debiera ser objeto de estudio ponderado y objetivo. Ojalá lo hubiera sido antes de reformar la ley suprema”.

Conviniendo en que la reforma no es la que hubiéramos deseado, sería injusto desconocer los aspectos positivos contenidos particularmente en el paradigmático artículo 20, al definir que el proceso penal será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estableciendo en el apartado A los principios generales, entre ellos: el objeto del proceso penal —esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen—; el desarrollo de toda audiencia en presencia del juez; considerar como pruebas para efectos de sentencia sólo las desahogadas en la audiencia del juicio; la presentación de los argumentos y los elementos probatorios de manera pública, contradictoria y oral; la carga de la prueba a la parte acusadora para demostrar la culpabilidad; la terminación anticipada del proceso, si no existe oposición del inculpado, en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y la nulidad de cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales.

En el apartado B, relativo a los derechos de toda persona imputada, a la presunción de inocencia —principio que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado implícitamente contenido en la Constitución—; a declarar o guardar silencio, careciendo de valor la confesión rendida sin la asistencia del defensor, y quedando prohibida y sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura; a obtener beneficios cuando preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; a una defensa adecuada por abogado que elegirá libremente desde el momento de su detención, designándole el juez un defensor público si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo —suprimiendo así la figura del defensor persona de confianza que generaba abusos e indefensión—, y la prohibición de que sea prolongada la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o motivo análogo.

En el apartado C los derechos de la víctima o del ofendido a recibir asesoría jurídica y ser informado de los derechos establecidos en la Constitución a su favor; a coadyuvar con el Ministerio Público y que se le reciban los datos de prueba con que cuente tanto en la investigación como en el proceso; a intervenir en el juicio e interponer recursos; a recibir atención médica y psicológica; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad; a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

 

Ruta crítica

Precisamente con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto mencionado, que en su artículo segundo transitorio estableció que entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años contados a partir del día siguiente de su publicación, comenzó la ruta crítica de la implementación del finalmente denominado sistema procesal penal acusatorio.

Esto es así porque los legisladores locales y federales no prestaron al tema la atención que requería, pasando por alto que para dar efectividad a la reforma constitucional era indispensable la expedición de las normas adjetivas que reglamentaran los principios generales y establecieran el procedimiento a seguir.

En el fuero común algunos estados de la República —como fueron los casos de Chihuahua y Oaxaca— se apresuraron a establecer nuevos sistemas procesales para situarse a la vanguardia con claros fines de propaganda política, pero por la falta de preparación de los operadores del sistema y la carencia de recursos materiales idóneos, el resultado fue desastroso, en especial en la primera de esas entidades, que fue donde surgió el calificativo de “puerta giratoria” que tanto ha dañado a la reforma, porque sembró desconfianza en la sociedad al observar que tan luego como entraban salían de la prisión los imputados, con algunos casos paradigmáticos por existir confesión plena de los hechos publicitada en los medios. Por el contrario, en otras entidades federativas —tal vez la mayoría— el desinterés de sus mandatarios fue total, también por razones políticas, ya que, al ser el plazo para su entrada en vigor de ocho años y sus periodos de gobierno de seis, podían eludirlo fácilmente sin consecuencias jurídicas, aun cuando, eso sí, con obvia irresponsabilidad y falta de visión de Estado.

En el fuero federal desde un principio hubo preocupación por el tema y se hicieron esfuerzos particularmente en materia de capacitación, pero sin una estrategia definida y acudiendo a expertos de naciones que nada tienen que ver con nuestra realidad por cuestiones sociopolíticas, económicas y, en especial, por el tipo de delincuencia al que la nuestra se enfrenta. Además, importantes recursos económicos fueron destinados a la edificación de centros de justicia penal, hasta donde era posible avanzar ante la falta de certeza de cuál iba a ser en definitiva el procedimiento a seguir, sus fases y sus operadores.

Y es que de 2008 a 2013 se formularon y discutieron diversos proyectos de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que reglamentara los principios constitucionales, sin lograrse los consensos necesarios para darle trámite en las cámaras respectivas. Ante esa indefinición, en el último de esos años empezó a permear la idea de ir más adelante y sustituir las leyes procesales penales de ambos fueros por un código de carácter nacional, fructificando la corriente unificadora en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de 2014, por el que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales que reglamenta los principios de la reforma constitucional de 2008. Fueron pues casi seis años en los que el Poder Judicial de la Federación, por la indolencia del Legislativo, vivió en la incertidumbre respecto del procedimiento que en la práctica debía implementar, disponiendo de tan sólo poco más de dos años para adecuar los cambios a las nuevas normas procesales que, partiendo de los principios constitucionales, había puesto en práctica.

Se llegó así a la fecha límite para que entrara en vigor en toda la República el nuevo sistema penal acusatorio —18 de junio de 2016—, entre improvisaciones, retrasos, indefiniciones y desinterés, que en gran medida son las causas de los inconvenientes que se han presentado en su aplicación, así como del desencanto social.

 

Realidades

Como premisa, conviene precisar que un sistema de justicia penal que resuelva en forma integral los problemas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, devolviendo a la sociedad la tranquilidad perdida, abarca cuatro subtemas básicos en los que es necesario avanzar: investigación del hecho delictivo, procuración de justicia, impartición de justicia y régimen penitenciario, todos de gran importancia, de suerte que la falla de cualquiera de ellos merma eficacia al sistema y le resta credibilidad.

En cuanto al primero, requiere una policía altamente capacitada, eficiente, honrada y confiable, que sepa cómo investigar el hecho delictivo, recabar pruebas y preservarlas con estricto respeto a los derechos humanos y cumplimiento de las reglas del debido proceso; una policía científica, con todos los apoyos técnicos necesarios y dignamente remunerada, consciente de que en su actuación encuentra sustento el ejercicio de la acción penal y que sus fallas originan la libertad del imputado a pesar de que existan evidencias de su responsabilidad en la comisión del hecho criminal.

Aquí encontramos la primera falla del sistema porque, salvo contadas excepciones, ni en el fuero federal ni en el local se tiene ese tipo de policía. La realidad es la de agentes investigadores improvisados, sin preparación, mal pagados, arbitrarios y corruptos, que en no pocas ocasiones lejos de proteger a la sociedad trabajan para el crimen organizado. No obstante que ésta es una realidad de todos conocida, poco o nada se ha hecho para superarla en los años transcurridos desde la reforma constitucional, pues todo se ha centrado en discutir si el mando de la policía en los estados debe ser único o mixto, cuando el tema central es la capacitación, sin ponerse de acuerdo por intereses políticos y porque el mando de la policía —federal, estatal o municipal— significa poder que todos quieren tener, lo que ha obligado a que sean el Ejército y la Armada los encargados de combatir la delincuencia, principalmente la organizada, sin que sea esa su función y sin tener un marco legal que legitime su actuación y les dé seguridad jurídica.

Referente a la procuración de justicia, aunque en menor escala, el problema es similar debido a la falta de fiscales suficientemente capacitados y conocedores a fondo del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, lo que origina que con frecuencia sus consignaciones no sean exitosas, provocando la indignación de una sociedad cada vez más convencida de que es inútil denunciar delitos por prevalecer la impunidad, percepción que corroboran todas las encuestas y estadísticas publicadas.

Más aún, la institución misma de la Procuraduría de Justicia, así sea federal o local, parece estar rebasada por la delincuencia, y debido a ello su credibilidad ha mermado, lo que obliga no a modificaciones cosméticas sino a una reingeniería constitucional que la reestructure a fondo. Una de las causas de esta situación es la inestabilidad de los mandos superiores que impide implantar programas a largo plazo, particularmente en materia de formación, capacitación y actualización de fiscales, de lo que es ejemplo la Procuraduría General de la República que en los últimos 30 años ha tenido 17 titulares y los consabidos cambios en los cuadros directivos, inestabilidad que impide que la institución se consolide.

Lejos de ocuparse de estos temas esenciales, nuestros legisladores están enfrascados en una disputa por la designación del fiscal general de la nación, desconociendo las reglas que ellos mismos establecieron para el llamado “pase automático” y banalizando el tema con el eslogan del “fiscal carnal”, que es prueba de la pobreza del debate y de que en el fondo lo que está en juego son los intereses de los partidos políticos y de sus dirigentes. Sin desconocer que en efecto se requiere una fiscalía autónoma e independiente, en lo que hemos insistido durante décadas, y que es indispensable que su titular reúna el perfil adecuado, los problemas principales de la procuración de justicia en la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento son, por una parte, la restructuración de la institución, y por otra, la capacitación de los fiscales.

En lo que toca a la impartición de justicia, es el rubro que registra mayor avance, sobre todo en el fuero federal, por su estabilidad, ya que en el común la disparidad es notoria porque en tanto que en algunos estados el enjuiciamiento penal acusatorio se aplica con propiedad, en otros las fallas son evidentes, lo que obedece a que, según lo antes expuesto, algunos festinaron su implementación y otros la dejaron para la última hora, siempre por razones políticas, desaprovechando el plazo de ocho años que el Constituyente Permanente fijó como máximo para su entrada en vigor.

Las dificultades fueron menores al estar focalizadas en la adecuación de locales para la instalación de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, en la capacitación y actualización de jueces y magistrados en el nuevo sistema, debiéndose poner énfasis en la digna remuneración que permita seleccionar a los mejores y alejarlos de las tentaciones de la corrupción en su más amplia acepción, que abarca no únicamente la aceptación de sobornos de las partes interesadas sino también de consignas provenientes de los poderes constituidos o de los poderes fácticos. No debe pasarse por alto la preocupación derivada del protagonismo de algunos juzgadores, su actuación mediática y su excesivo garantismo que lleva a resoluciones liberatorias por aspectos formales intrascendentes que van más allá del debido proceso —cuya observancia desde luego debe preservarse—, generando impunidad y malestar social, sobre todo cuando la responsabilidad del acusado es notoria y queda libre al privilegiar las cuestiones de forma sobre las de fondo.

Finalmente, el sistema penitenciario es el eslabón más débil de la cadena, porque puede afirmarse que no existe un solo centro penitenciario en el que efectivamente se rehabilite a los sentenciados por delitos tanto federales como del orden común y se les prepare para reintegrarse a la sociedad. Los irónicamente denominados centros de reinserción social (federales y locales) devienen en universidades del crimen, totalmente alejados de los principios de respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, previstos en el artículo 18 constitucional como medios para la reinserción a la sociedad del sentenciado que al mismo tiempo eviten que vuelva a delinquir.

Son verdaderas antesalas del infierno en las que prevalece el hacinamiento, la sobrepoblación, el autogobierno y la explotación en todos los órdenes; lugares en los que es fácil adquirir drogas, bebidas alcohólicas, armas y cualquier objeto o sustancia cuyo precio pueda pagarse a los internos que trafican con ellos o a los propios custodios, y fácil también escapar por túneles o por la puerta principal con la obvia complicidad de las autoridades penitenciarias. Las riñas y los motines son frecuentes con numerosos muertos y heridos, resultando paradigmático el caso de Nuevo León —uno de los estados del país con mayor desarrollo económico— ya que en los penales de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta en los últimos meses se han registrado sendos motines con el saldo reconocido de 112 muertos y más de 150 lesionados.

Es urgente la edificación de centros penitenciarios seguros, sin hacinamientos, en los que los internos reciban un trato humano y no sean extorsionados por los grupos dominantes ni por las autoridades; la profesionalización de custodios adecuadamente capacitados y bien remunerados; la designación de directores probos y conocedores de la materia; la implantación de actividades educativas, ocupacionales, deportivas y todas aquellas que hagan productivo al sentenciado, lo rehabiliten y preparen para reinsertarse a la sociedad después de compurgar su pena.

 

Conclusiones

Lo expuesto en el apartado anterior, que nos guste o no corresponde a la realidad, en forma alguna significa que deba darse marcha atrás en la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, como hay voces que lo exigen ante los pobres resultados obtenidos que dan la impresión de que favorece abiertamente a los delincuentes y perjudica a la víctima u ofendido; hacerlo sería un error monumental y significaría tirar a la basura los miles de millones de pesos hasta ahora invertidos para ponerlo en operación.

Lo que procede es que en los cuatro rubros señalados los responsables trabajen arduamente, sin intereses políticos, para superar los defectos advertidos, que no son sino los más notorios. Dejar de lado las discusiones inacabables sobre el mando único o mixto de las policías, el “pase automático” y el “fiscal carnal”; superar los excesivos formalismos de los juzgadores, y terminar con los horrores de las prisiones.

Reformar la Constitución y las leyes que sean necesarias, sin limitarse al tema de la prisión preventiva oficiosa para delitos como la portación de armas de uso exclusivo del ejército y el robo de combustibles; preparar a los cuerpos policiacos, ya sea con mando único o mixto, para la investigación científica de los hechos delictivos; crear servicios periciales en diversas ramas de la ciencia criminológica de los que ahora se carece; dar efectiva independencia y autonomía a la Fiscalía General de la Nación y a las de los estados, cuidando el perfil de sus titulares sin privilegiar intereses políticos partidistas; capacitar a los fiscales para que conozcan a cabalidad las disposiciones que rigen el nuevo proceso y su interpretación jurisprudencial, con el fin de que sus consignaciones sean exitosas; sensibilizar a los juzgadores para que eviten el excesivo formalismo y antepongan el fondo sobre la forma, sin perjuicio desde luego del respeto a los derechos humanos y el debido proceso; construir un sistema penitenciario que cumpla los fines previstos en la Constitución y no olvide que los reclusos, aun cuando hayan transgredido la ley, son seres humanos.

Ojalá que esto hubiera ocurrido antes de reformar la ley suprema, como con acierto hizo notar don Sergio García Ramírez. No lo fue y ahora no queda otro camino que el de corregir los errores para implementar un sistema de justicia penal integral, más allá del solo enjuiciamiento, que es el que puede alejar la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, devolviendo a los mexicanos la tranquilidad perdida y la esperanza de un futuro mejor, sin los problemas del presente.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM.

 

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