La Suprema Corte a 100 años de la Constitución

La Suprema Corte a 100 años de la Constitución

El simbolismo que tiene la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 representa una invitación a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y el estado que guarda la protección efectiva de los derechos en México, afirma Luis María Aguilar, ministro presidente de nuestro Máximo Tribunal. El Poder Judicial de la Federación y, en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido fundamentales para dar vida a nuestra carta fundacional.

El 25 de agosto de 1914 las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron cerradas como resultado de la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México.1 Los derroteros de la Revolución de 1910 condujeron a la aprobación, el 31 de enero de 1917, y a la promulgación, el 5 de febrero de 1917, de la Norma Fundamental que dio paso a la instauración de un nuevo orden constitucional en México. El 1° de junio de ese mismo año, una vez designados los ministros que la integrarían, la Suprema Corte reanudó sus labores. Desde entonces sus puertas han permanecido abiertas y el Alto Tribunal ha puesto todo su empeño y capacidad para cumplir puntalmente las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 5 de febrero del presente año se conmemoran los primeros 100 años de vigencia de la Norma Fundamental que surgió de una de las movilizaciones sociales más intensas y trascendentes de la historia de nuestro país. Los principios y las disposiciones contenidos en este ordenamiento rediseñaron las instituciones encargadas del ejercicio del poder público. También, y de manera muy trascedente, fortalecieron los derechos y las garantías de las personas buscando no sólo ampliar su protección constitucional, sino establecer las bases para la construcción de una sociedad más igualitaria.
La relevancia jurídica y el simbolismo que tiene la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 representa, de suyo, una invitación a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y el estado que guarda la protección efectiva de los derechos en México. En atención a lo anterior, en mi calidad de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dado que en la actualidad tengo el honor de presidir este órgano y el Consejo de la Judicatura Federal, en la presente colaboración ofrezco un balance de las principales acciones que realiza el Poder Judicial de la Federación para cumplir con eficacia las funciones que le otorga la propia Constitución, así como algunas reflexiones sobre los retos más importantes que la judicatura enfrentará en los tiempos por venir.
El texto se estructura en dos apartados. El primero hace referencia a los trabajos que los órganos del Poder Judicial de la Federación han venido realizando para mejorar la impartición de justicia federal. Estos trabajos no se constriñen estrictamente a lo jurisdiccional; están ligados también a distintas medidas de carácter administrativo cuyo propósito es ejercer racional y escrupulosamente los recursos que nos brinda la sociedad. Con base en ello, el segundo apartado plantea una serie de reflexiones sobre algunos de los principales desafíos que tiene frente a sí el sistema de justicia. Hago votos porque, ahora que está por comenzar el segundo siglo de vigencia de nuestra Carta Magna, estas palabras resulten del interés de los lectores de El Mundo del Abogado y se conviertan en una invitación a consolidar, desde sus respectivas trincheras, un auténtico Estado constitucional y democrático de Derecho para México.

La justicia federal en los albores del centenario de la Constitución
México ha cambiado de manera significativa en los últimos 100 años. El IV Censo General de Población, levantado en 1921, indicaba que ese año la población del país era de 14.3 millones, 0.8 millones menos que la que reportó el ejercicio en 1910.2 La Revolución no sólo produjo una nueva Constitución, sino además consecuencias dramáticas de índole demográfica. En 2015, según las estimaciones de la Encuesta Intercensal levantada ese año, la población ascendía a 119.5 millones, ocho veces más que la que existía casi 100 años antes.3 En la actualidad no sólo somos un país más poblado sino también menos rural y más urbano e industrializado, con instituciones más robustas y democráticas, y con una sociedad que, a pesar de los trágicos sucesos de la última década, tiene la firme convicción de resolver los conflictos de manera pacífica, a través de la ley y no de la violencia.
La trayectoria de la justicia federal a lo largo de la última centuria, como es natural, ha estado condicionada por la propia historia del país. En 2016, como en cada uno de los años anteriores, el trabajo de los órganos jurisdiccionales federales estuvo estrecha y necesariamente vinculado a los acontecimientos y procesos sociales, políticos y económicos que vive el país. Por ello, con toda responsabilidad, la Suprema Corte, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito desplegados a lo largo del territorio nacional han orientado su labor a cumplir cabalmente sus encomiendas constitucionales, buscando ofrecer a la sociedad una justicia abierta y expedita, a la altura de los retos que impone la realidad.
En el plano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió durante 2016 un total de 16,139 asuntos, la cifra más alta en la historia reciente, que contrasta con los poco más de cuatro millares de asuntos que se presentaron a su jurisdicción en 2009, año en que tuve el privilegio de ser designado integrante del Alto Tribunal. Con todo, gracias al compromiso y la vocación de ministros, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 se resolvieron poco más de 12,600 asuntos.
La dimensión que ha alcanzado la carga de trabajo de la Suprema Corte no sólo sobresale si se le compara contra sí misma a lo largo del tiempo, sino también en el plano internacional. Recuérdese, por ejemplo, que cortes supremas y constitucionales —como las de Estados Unidos, Canadá o Chile— resuelven alrededor de una centena de asuntos por año. La dimensión de esta carga de trabajo hace que hoy en día resulte indispensable e impostergable pensar en medidas legales y administrativas que, de manera integral, permitan al Alto Tribunal fortalecer su función de garante máximo de la Constitución. En el segundo apartado abundaré sobre esta cuestión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución de los asuntos bajo su jurisdicción, emitió más de cuatro centenares de criterios que quedaron plasmados en las tesis jurisprudenciales y aisladas correspondientes. Es imposible retratar en un solo texto tal amplitud de ese trabajo interpretativo. No obstante, para mostrar la trascendencia de esta labor, hago referencia en este texto a cuatro criterios que, en el sentido que lo dije antes, están estrechamente vinculados a los acontecimientos del país y a las tendencias recientes de nuestro constitucionalismo.
El primero de ellos se refiere al parámetro de control para evaluar la validez de los actos y las normas de los órganos constitucionales autónomos. En efecto, uno de los rasgos del constitucionalismo mexicano de los últimos lustros ha sido la creación de órganos autónomos que trascienden el modelo tradicional de división tripartita del poder público. La introducción de este tipo de órganos a nuestra arquitectura constitucional ha requerido que el Alto Tribunal se pronuncie sobre su naturaleza y sus funciones. En 2016 el pleno de la Suprema Corte emitió un criterio en el que se reconoce la adopción constitucional del modelo de Estado regulador, en el cual los órganos autónomos tienen atribuciones suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional y se diferencian de las funciones legislativas del Congreso de la Unión y de las reglamentarias del Ejecutivo federal.
El segundo criterio en el que me detengo también guarda relación con las innovaciones de nuestra arquitectura constitucional en materia de distribución de competencias en el sistema federal. Como se sabe, una de las prioridades actuales para nuestro país es generar un entramado jurídico e institucional que permita abatir el problema de la corrupción. En 2016 los ministros que integramos el pleno aprobamos un criterio que estableció que la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales está limitada por los mandatos constitucionales y los tratados de derechos humanos. De esta forma, la mecánica transicional hacia el Sistema Nacional Anticorrupción y la definición del respectivo esquema de competencias previenen a los órganos legislativos de las entidades federativas para ejercer sus competencias, hasta la entrada en vigor de las leyes generales correspondientes.
El tercer criterio que deseo destacar está vinculado a la definición de la obligación que tienen los órganos de amparo de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, prevista en el artículo 1° de la Carta Magna, a raíz de la reforma constitucional que se realizó en la materia en junio de 2011. En este sentido, el Tribunal Pleno señaló que dicha obligación se actualiza para los órganos referidos sólo en el ámbito de su competencia, precisando además que carecen de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones que no formen parte de la litis constitucional correspondiente.
Finalmente, el cuarto criterio también se encuentra asociado a las transformaciones que en materia de protección de derechos humanos estableció la referida reforma de 2011 y, en este caso, además, a las condiciones de una sociedad diversa y plural como la mexicana. En la acción de inconstitucionalidad 28/2015 el pleno determinó la inconstitucionalidad de un precepto del Código Civil de Jalisco, por considerar que, al excluir a parejas del mismo sexo de acceder a la institución del matrimonio, este ordenamiento violaba la autodeterminación de las personas, su derecho al libre desarrollo de la personalidad e, implícitamente, el principio de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Ahora bien, los trabajos que los órganos del Poder Judicial de la Federación realizaron en los albores del centenario de la Constitución, como dije antes, han trascendido lo jurisdiccional. Nuevamente, sería imposible reflejar en un texto como éste la amplitud y profundidad del trabajo que realizan los titulares de los órganos jurisdiccionales federales; todos, compañeros en la alta responsabilidad que es impartir justicia. En atención a lo anterior, me permito hacer mención de algunas de las que considero principales líneas de acción que, bajo la conducción del Consejo de la Judicatura que me honro en presidir, realiza la justicia federal.
A la entrada en vigor de la Constitución de 1917 existían en México poco más de cinco decenas de órganos jurisdiccionales federales, casi todos ellos juzgados de distrito. Durante buena parte del siglo que ha transcurrido desde entonces, el número y despliegue territorial de los órganos de justicia no guardó un vínculo estrecho con los procesos de crecimiento demográfico y concentración poblacional que ocurrió en una creciente cantidad de localidades urbanas. Como lo han apuntado los estudiosos de nuestra historia jurídica, esta condición potenció el problema del rezago que, inclusive antes de la Revolución, aquejaba al sistema de justicia en México.
Los primeros visos de cambio ocurrieron en la década de los años cincuenta del siglo pasado, con la creación de los tribunales colegiados de circuito. El cambio continuó gradualmente durante las siguientes décadas. Sin embargo, la entrada en vigor de la reforma judicial de 1994 —particularmente la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal de jurisdicción eminentemente constitucional y la creación del Consejo de la Judicatura Federal— fue el punto de inflexión que propició innovaciones administrativas y legales, las cuales, con el tiempo, han permitido al Poder Judicial ajustar su capacidad para resolver un creciente volumen de casos y consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional.
Desde que asumí su presidencia en 2015, y con el acompañamiento de los señores consejeros, en el Consejo de la Judicatura Federal nos hemos planteado el objetivo de robustecer las capacidades institucionales sin generar costos adicionales a la sociedad. Para cumplir este objetivo, y conscientes de las restricciones que enfrenta nuestro país, desde el consejo hemos instrumentado tres líneas estratégicas de acción. La primera de ellas tiene que ver con ajustar el número de órganos a las demandas de acceso a la justicia que existen en las diferentes regiones del país y que, entre otras cuestiones, imponen la necesidad de consolidar nuestro nuevo sistema de justicia penal.
Como lo señalé en el informe anual que, en ejercicio de mis atribuciones, rendí el pasado diciembre, no se ha tratado de abrir por abrir órganos jurisdiccionales, sino de hacerlo ahí donde se requiere de nuestra labor. De esta forma, haciendo uso de las fuentes sistematizadas de información con que cuenta la Judicatura Federal, se determinó el cierre de 31 órganos y la apertura de otros 27. En el mismo sentido, para avanzar hacia su consolidación, se han puesto en funcionamiento 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio.
En sintonía con lo anterior, la segunda línea estratégica ha consistido en realizar un ejercicio racional, transparente y escrupuloso de los recursos —tanto financieros como materiales y humanos— con que cuenta la justicia federal. Una muestra de este esfuerzo es que, al cierre del ejercicio 2016, el 91 por ciento de sus poco más de 42,000 servidores públicos realiza funciones jurisdiccionales, y sólo 9 por ciento, administrativas. Otro ejemplo es la incorporación de nuevos juzgadores a través de estrictos procesos de examinación por oposición, los cuales han derivado en la adscripción de 95 personas. Con el mismo espíritu se tomaron medidas para poner especial atención a los grupos más vulnerables. Ejemplo de lo anterior son las tareas de capacitación y vinculación que las instancias correspondientes han emprendido para defender con mayor eficacia a mujeres, migrantes y personas pertenecientes a comunidades indígenas. Y así lo son también las acciones que se han tomado para facilitar no sólo el acceso de las personas con discapacidad a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, sino a la propia función judicial.
El ejercicio racional de los recursos y los ajustes a las capacidades materiales para realizar las funciones conferidas a los órganos federales no basta para atender los retos que exige la demanda creciente de justicia en nuestra sociedad. Por ello, la modernización es la tercera línea estratégica de acción que el Poder Judicial de la Federación se ha planteado en los albores del centenario de nuestra Norma Fundamental. Su instrumentación ha requerido acciones de diversa índole, buena parte de ellas conectadas a la introducción y profundización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las tareas de impartición de justicia.
Ante la imposibilidad e inconveniencia de ofrecer un recuento pormenorizado, destaco una de ellas. Los profesionales del Derecho sabemos que la función jurisdiccional requiere el manejo de grandes volúmenes de información que provienen de distintas fuentes. Con la misión de facilitar el trabajo de los juzgadores del ámbito federal, pero también del local, el Poder Judicial de la Federación, auxiliándose de sus especialistas y maximizando recursos, ha puesto en marcha un ambicioso programa para construir un sistema de información completo que permita concentrar la información de cada uno de los asuntos judiciales que existen en el país. Este programa será una pieza fundamental para agilizar la impartición de justicia en todos los niveles. Hasta ahora se han suscrito los convenios respectivos con los tribunales superiores de todas las entidades federativas. De igual forma, ya es posible visualizar los avances logrados con el desarrollo de este sistema, pues éste ha hecho posible que, mediante sus distintas herramientas, se hayan recibido más de 41,000 demandas de amparo.

Hacia el segundo siglo de vigencia de la Constitución de 1917
Nuestra Constitución es el eje vertebrador de nuestro sistema jurídico, pero también es reflejo de la historia del país, de los ideales que a lo largo de ella ha forjado el pueblo mexicano y de la convicción de quienes lo integran por vivir sin violencia. A 100 años de su promulgación, y a pesar de las abundantes reformas de las que ha sido objeto, continúa vigente su espíritu de desterrar el ejercicio arbitrario del poder, garantizar a todos los derechos, y construir una sociedad más igualitaria en la que cada una de las personas pueda desarrollarse conforme a sus convicciones y capacidades.
En las páginas previas hice hincapié en la complejidad asociada a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el actual diseño institucional, dedique buena parte de su actividad a resolver casos de legalidad y no de constitucionalidad, tal como lo hacen los tribunales constitucionales o las cortes supremas en otras latitudes. Como señalé el pasado 14 de diciembre al rendir el Informe de Labores 2016, “entre más amplias son las tareas asignadas por el legislador a los tribunales constitucionales, menos oportunidad hay para que los jueces que los integran reduzcan la brecha entre ley y sociedad, y llenen de contenido los valores y principios que de la Constitución emanan”.
Uno de los retos más importantes que enfrenta la justicia federal es adecuar el diseño de las competencias en materia de legalidad de este Alto Tribunal de manera que le permita concentrarse en los asuntos constitucionales y, entonces, fortalecer de modo integral el sistema de defensa de la supremacía de la Norma Fundamental. A mi juicio, hoy no sólo es necesario sino impostergable realizar las adecuaciones normativas indispensables para consolidar a la Suprema Corte como un auténtico tribunal de constitucionalidad. Hacer frente a este reto no le corresponde a la Suprema Corte directamente; sin embargo, los ministros estaremos atentos y siempre dispuestos a contribuir, con nuestra experiencia y conocimiento, al análisis y la construcción de propuestas que fortalezcan en todo momento nuestro sistema de justicia.
Los desafíos que el Poder Judicial de la Federación tiene frente a sí son de muy diversa índole y, desde luego, no se constriñen a lo normativo. Considero que, de este abanico de retos, existen algunos que merecen especial atención en el corto y mediano plazos. El primero de ellos es profundizar el proceso de apertura que en los años recientes se ha venido dando de la justicia de cara a la sociedad. Impulsar la justicia abierta requiere fortalecer y facilitar el acceso de las personas a los órganos jurisdiccionales; llevarlos a las comunidades donde más se requiere de su función; robustecer el uso y la disponibilidad de herramientas informáticas que aproximen a juzgadores y ciudadanos; hacer más comprensibles y pedagógicas las resoluciones judiciales, y, por supuesto, abrir aún más nuestra labor al escrutinio de la sociedad. Tengo la convicción de que la modernización y la racionalidad en el ejercicio de los recursos se constituirán en medios efectivos que nos permitan dar pasos sólidos en esta dirección.
Los impartidores de justicia somos ciudadanos de este gran país. Es nuestra responsabilidad cumplir cabalmente y sin titubeos las atribuciones que nos confiere la Constitución. Tenemos ese honor y ese privilegio. Es nuestro deber servir a la sociedad a la que nos debemos puesto que, nosotros mismos, todas y todos, somos sociedad. Como parte de ella, padecemos los problemas que la aquejan. Sólo con ella y la convergencia de las autoridades será posible construir de manera plena la nación que hace 100 años se vislumbró en la ciudad de Querétaro, y preservar el espíritu que llevó a ese gran pacto social que laureamos en este 2017.


NOTAS
El periódico El Liberal, en su edición del 26 de agosto de 1914, dio cuenta del suceso de la siguiente manera: “Ayer, poco antes de la 10 de la mañana, se presentó en el edificio que en la avenida Juárez ocupó la Suprema Corte de Justicia, el general don Roberto Pesqueira, acompañado del señor Navarro, con objeto de visitar aquellas oficinas. El señor Pesqueira conferenció con el secretario de la Corte, licenciado don Manuel Ortiz Careaga, a quien le manifestó que tenía orden de cerrar desde luego tales oficinas; y que por tanto el personal de las tres salas debería quedar cesante mientras se tomaba alguna resolución sobre el particular. Desde luego el señor Ortiz Careaga transmitió la orden a los jefes de sección, quienes en el acto dieron por terminadas sus labores, cerraron en seguida las puertas de sus oficinas y entregaron las llaves al señor secretario, bajo cuya vigilancia quedó todo cuanto existe en la Corte”. El Liberal, miércoles 26 de agosto de 1914, en Lucio Cabrera, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 1901-1914, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, p. 489.
2 Información proveniente de la Sección de Estadísticas Históricas de la página del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Disponible en http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm2014.exe/CI010010. (Fecha de consulta: 10 de enero de 1917).
3 Datos provenientes de la Encuesta Intercensal 2015, retomados de la página del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Disponibles en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/. (Fecha de consulta: 10 de enero de 1917).

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