Las acciones colectivas, a cuatro años de vigencia

Las acciones colectivas, a cuatro años de vigencia

En los años que llevan de vigencia las acciones colectivas en México, ha habido, en opinión del autor, avances muy importantes, especialmente respecto del marco jurídico de las mismas. 

Aunque han sido pocos los precedentes en la materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un gran conocimiento en la materia, ha explicado con amplia claridad el propósito, el motivo y la función de las acciones colectivas, siendo la resolución 28/2013 probablemente la más importante y relevante en este sentido.

En efecto, desde la aparición del artículo 583 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), todos nos hemos preguntado cómo sería este nuevo método de interpretación colectivo al que se refiere la ley. A este respecto, el ministro José Ramón Cossío, sustentado en la exposición de motivos de la introducción al sistema legislativo de las acciones colectivas, dice en forma magistral: “Los juzgadores tienen la obligación de procurar que los principios de interpretación para estos procedimientos sean compatibles con su espíritu y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Los paradigmas procesales actuales son insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones colectivas”.

En relación con lo anterior, es pertinente mencionar que, en el caso de las acciones colectivas, estamos ante una nueva institución procesal en el Derecho mexicano, que —como se establece ya en la exposición de motivos de la reforma al artículo 17 constitucional que introdujo a nuestro sistema jurídico las acciones colectivas, así como en la exposición de motivos de la iniciativa que tuvo como resultado la inclusión de dichos procedimientos especiales en el CFPC— debe ser vista por los juzgadores con criterios afines a los intereses de la colectividad, procurando que dichos procedimientos prosperen.

En este tenor, resulta relevante lo manifestado por la Primera Sala de la SCJN, en la sentencia pronunciada en el amparo directo 28/2013, en la cual, al referirse al marco legal de las acciones colectivas, rescata de la exposición de motivos de la iniciativa a la reforma del artículo 17 constitucional lo siguiente:

“53 […]

”a) Nuestro sistema jurídico, en especial el procesal, fue diseñado desde una visión liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y la protección de los mismos mediante mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la colectiva. El procedimiento civil ordinario no cumple con las características necesarias para satisfacer las exigencias que presentan la tutela de derechos e intereses colectivos.

”b) Mediante el estudio del Derecho comparado se ha advertido que las acciones colectivas han permitido la tutela colectiva de derechos e intereses, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos. Se consideró que la incorporación de dichos procedimientos al ordenamiento jurídico sería fundamental para mejorar el acceso a la justicia de los habitantes del país y para incrementar las posibilidades de hacer efectivos muchos derechos que, en ese momento, no contaban con una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa.

”c) Se exhortó al legislador ordinario a fin de que estableciera acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles que permitan la protección colectiva de los derechos e intereses mencionados.

”d) En aras de garantizar la efectividad de la introducción de la figura al orden jurídico, a los juzgadores se les otorgó la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con el espíritu de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Por tanto, los jueces deben elaborar estándares y guías que les auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales en muchos aspectos serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En este proceso de adaptación será necesario que los juzgadores revisen el espíritu de los procedimientos colectivos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones y, consecuentemente, los adecuen a las necesidades de nuestro ordenamiento jurídico.

 ”54. La reforma al artículo 17 de nuestra Constitución Política y la inclusión de las acciones colectivas al Derecho mexicano tuvieron por objeto fortalecer el acceso a la justicia de los ciudadanos, mediante el establecimiento de instituciones procesales que permitan la defensa, protección y representación jurídica colectivas de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de la sociedad.

”55. Debido a la novedad de las acciones y procedimientos colectivos en nuestro ordenamiento jurídico, y a las particularidades que los diferencian de los procesos ordinarios civiles, los juzgadores tienen la obligación de procurar que los principios de interpretación para estos procedimientos sean compatibles con su espíritu y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Los paradigmas procesales actuales son insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones colectivas. En consecuencia, los juzgadores deben interpretar las normas que rigen dichos procedimientos tomando en consideración que su objetivo último es la protección de los derechos colectivos. Su labor consiste en la elaboración de estándares y guías de interpretación que conlleven el perfeccionamiento de los procedimientos colectivos, para que sean cada vez más ágiles, sencillos y flexibles en aras de que las pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la justicia. 

”56. Los objetivos de las acciones colectivas son: a) proporcionar economía procesal; b) garantizar el acceso a la justicia y brindar seguridad jurídica, y c) generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos.” 

Como se puede apreciar, dentro de este método de interpretación colectivo se tiene un expreso reconocimiento de la desigualdad que existe entre las partes, al tratarse generalmente de una empresa sólida con capacidad económica y diversos elementos que la colectividad actora no tiene, ya que, por el contrario, la actora es la parte débil en la relación, de manera que únicamente organizándose en una colectividad puede hacer valer sus derechos, lo cual hace con recursos humanos y económicos limitados.

En mi opinión, la mejor forma de entender lo anterior los mostró el propio ministro Cossío en su resolución 2244/2014 al resolver el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) vs. Adidas, en la cual la primera demandó de la segunda diversas consecuencias jurídicas derivadas de una supuesta publicidad engañosa. En dicho asunto, tanto en primera como en segunda instancia, los jueces y los magistrados establecieron que la PROFECO no había probado su acción, esto es, que la publicidad era engañosa, y por lo tanto absolvían a la demandada. Cuando este asunto llegó a las manos de la Primera Sala de la SCJN, liderada en asuntos colectivos por el ministro Cossío, le dan la vuelta al asunto estableciendo que, “conforme al principio lógico de la prueba, quien tiene mejor capacidad para probar, más facilidad y acceso para aportar la prueba es en quien recae la carga probatoria; es por ello que la regla general es quien afirma debe probar, pues es más fácil probar los asertos positivos que los negativos”. Sin embargo, en el asunto colectivo en cuestión resulta claro que “la información o publicidad debe cumplir con los parámetros establecidos en el primer párrafo del referido artículo 32, y por lo tanto el proveedor debe contar con el respaldo técnico y científico que acredite que la información o la publicidad de un determinado producto es exacta y verdadera y, por ende, los atributos del servicio que anuncie en su oferta deben ser comprobables, al ser enunciados empíricos que pueden ser probados, lo que lo llevó a considerar que la carga de la prueba corresponde no a la parte débil que no tiene los elementos para ello, sino a la parte económicamente poderosa que creó en sí dicha publicidad engañosa, pues es ella la que tiene todos los elementos para acreditar que la publicidad no es engañosa.

Diferencias entre los juicios colectivos y los tradicionales

En términos generales, el proceso colectivo rompe con estructuras formalistas que se vienen utilizando en los procesos individuales, que involuntariamente y por diversas causas entorpecen el buen curso y hasta la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales. Uno de los mejores ejemplos de la ausencia de estos formalismos es la legitimación y la representación de la colectividad, en la cual no es necesario el otorgamiento de un poder notarial por parte de los miembros de la colectividad. Este simple hecho o requisito fue un obstáculo para que se presentaran y se ventilaran acciones colectivas en nuestro país durante más de dos décadas. En efecto, antes de la inclusión del libro V en el CFPC, el monopolio de las acciones colectivas lo tenía la PROFECO, pero inicialmente el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor le exigía a la PROFECO que obtuviera un poder por parte de los consumidores perjudicados, lo que trajo como resultado que la PROFECO no hubiese promovido una sola acción colectiva, sino hasta que fue modificado dicho precepto, en 2004, para eliminar la necesidad del poder notarial, lo cual trajo como consecuencia que en 2007 la PROFECO iniciara acciones colectivas que en todos los casos llegaron a la SCJN, obteniéndose así las primeras resoluciones favorables en materia de acciones colectivas.

Conforme a la nueva legislación, el CFPC le da legitimación para iniciar acciones colectivas a la PROFECO y a otros organismos similares, así como al representante común de la colectividad conformada al menos por 30 miembros, lo mismo que a las asociaciones civiles sin fines de lucro debidamente registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Cabe señalar que estos entes legitimados únicamente requieren un simple documento privado en el que el miembro de la colectividad manifieste su voluntad de ser parte del juicio colectivo.

Otra diferencia de los juicios colectivos en relación con los tradicionales es que, previamente a la admisión de la demanda, el juez, previa vista al demandado, hace un análisis y una declaración respecto de la procedencia del juicio como juicio colectivo, siendo dicha declaración la que se conoce como certificación de la demanda. Y no es sino hasta ese momento cuando se considera que existe el procedimiento colectivo, de tal forma que hasta entonces comienza a correr el plazo a la demandada para contestar.

Otro aspecto relevante en este tipo de juicios es la notificación a la clase afectada, cuya carga la impuso el legislador al propio juez, la cual es un acto trascendental en los juicios colectivos ya que, por una parte, ofrece la oportunidad a las personas que se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho para adherirse y beneficiarse de la sentencia que se dicte en el juicio colectivo y, por la otra, dicha notificación también conlleva un segundo efecto no menos importante: permitir a los miembros de la colectividad y público en general que coadyuven y fortalezcan la acción colectiva misma, estableciéndose expresamente que el juez debe recibir a cualquier persona, autorizada o no en el expediente, y atender e incorporar al procedimiento todas las manifestaciones y/o documentos que se le presenten. Conforme al artículo 591 del CFPC, la notificación a la clase afectada se debe llevar a cabo por diversos medios; además, debe ser eficiente, amplia y económica, y tomar en cuenta la localización y la ubicación de la colectividad. En los juicios en los que representamos colectividades que incluyen a millones de personas, como sucede en el caso de las empresas telefónicas que están en los primeros lugares de quejas ante la PROFECO, además del tradicional edicto hemos requerido a los jueces que ordenen a los demandados publicar dicha notificación en sus facturas electrónicas y en las páginas de internet y solicitar al fondo creado ante el CJF para dichos efectos las cantidades que sean necesarias para lanzar una campaña en los diversos medios de comunicación, pues únicamente de esa forma es posible cumplimentar el artículo 591 antes señalado. Desafortunadamente, los jueces han negado dicha petición y, en general, no han cumplido con su obligación de notificar a la clase en los procesos colectivos que existen actualmente en el país, lo que ha atrasado la penetración de esta nueva figura jurídica en la sociedad mexicana.

Finalmente, en materia de pruebas, no es necesario desahogar pruebas individualizadas por cada uno de los miembros de la colectividad, y se establece expresamente que el juez puede valerse de medios probatorios estadísticos, actuariales o de cualquier otro derivado del avance de la ciencia.

Para concluir, en nuestra opinión la principal diferencia de los juicios colectivos en relación con los tradicionales es precisamente la obligación que tiene el juzgador de valerse de cualquier persona, documento o cosa en general, y de tener un papel más activo en el proceso, como lo estatuye Mauro Cappelletti en su obra La protección de los intereses colectivos o difusos, en la que afirma: “Estamos aquí en presencia de lo que en 1975 llamé la ‘metamorfosis’ necesaria del procedimiento civil, dictada por la necesidad de adaptar el proceso, sus estructuras y concepciones, al nuevo fenómeno de los intereses colectivos y difusos […] Está claro que se obtiene así un aumento de los deberes y de las responsabilidades del juez en este nuevo tipo de procedimiento; de donde no equivocadamente se ha dicho que una de las características de la acción colectiva y de clase es un ‘rol activo’ del juez más acentuado”.

Obstáculos que han enfrentado las acciones colectivas

Sin soslayar el problema antes comentado de la notificación a la clase, que probablemente sea el obstáculo número uno al no darse los efectos que ya también se mencionaron, el segundo, pero no menos importante, ha sido la falta de estudio del tema de acciones colectivas por parte de los jueces de distrito, quienes son los competentes para conocer los juicios colectivos. Lo anterior lo manifestamos con conocimiento de causa, ya que hace dos años iniciamos acciones colectivas en contra de los concesionarios de transporte público de pasajeros, a través de las cuales hemos logrado instaurar aproximadamente 30 demandas colectivas en 11 diferentes jurisdicciones, por lo que nuestras conclusiones no se basan en una simple experiencia en una o dos jurisdicciones.

En dichas demandas, con base en la legislación de cada municipio estamos exigiendo a los concesionarios de transporte que cumplan con dichas legislaciones locales, las cuales establecen que las unidades de transporte no deben tener una antigüedad mayor a 10 años, por razones de seguridad y calidad mínima que deben ofrecerse al usuario. Desde el inicio se acompañan como prueba en dichas demandas el parque vehicular del concesionario de que se trate, el cual se obtiene vía Transparencia, misma que indica normalmente que una parte sustancial de las unidades excede por mucho la antigüedad que exige la ley y, no obstante ello, en un muy alto porcentaje se desechan las demandas en una primera instancia. Sin embargo, afortunadamente los tribunales unitarios y colegiados, que tienen una mayor capacidad de estudio de los juicios, reivindican las acciones colectivas y ordenan a los jueces inferiores admitir y tramitar los juicios colectivos. Ante la severidad de esta afirmación, hemos compartido nuestros expedientes con la totalidad de los ministros de la SCJN y los consejeros del CJF y decidido hacer públicos nuestros juicios colectivos, los cuales pueden consultarse en www.krasovsky.com.mx y en www.acmexicano.org.

Finalmente, otro gran problema de esta práctica es que, por razones que desconocemos y mucho menos entendemos, muy pocos abogados y asociaciones civiles en el país se han dado a la tarea de emprender acciones colectivas, lo que ha impedido que las experiencias y las resoluciones judiciales alimenten esta gran institución jurídica. Nuestro despacho constantemente promueve con colegas la promoción de acciones colectivas y ofrece asociarse con profesionales y asociaciones para impulsarlas.

 

Nota

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho y fundador de las firmas Krasovsky Abogados, S.C.,  en la Ciudad de México, y Krasovsky, Gallardo y Ogarrio, S.C., en Tijuana, Baja California.  

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