Los derechos culturales en México

Los derechos culturales en México

En diciembre próximo deberá publicarse el reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, promulgada en junio de este mismo año. En este marco, el autor ofrece un recorrido por los diversos instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano ha reconocido el derecho humano a la cultura.

 

El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual reconoce estos derechos y establece los mecanismos de acceso a las manifestaciones culturales; promueve y respeta la continuidad y el conocimiento de la cultura; garantiza el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; impulsa, protege y asegura su ejercicio, fija las bases de coordinación entre las autoridades; prevé los mecanismos de participación de los sectores social y privado, y genera el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia.

Es importante recordar que dichas prerrogativas ya se habían reconocido de manera general como un derecho humano de todos los individuos en el territorio nacional, en la llamada parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 30 de abril de 2009, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4°, la cual adicionó el párrafo noveno (ahora párrafo décimo segundo) e incorporó el derecho a la cultura dentro de los derechos fundamentales de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Ese mismo día se reformó el artículo 73 de la Carta Magna para adicionar la fracción XXIX-Ñ con el propósito de otorgar facultades al Congreso para expedir leyes en materia de derechos culturales. Transcurrieron más de ocho años para que se expidiera la Ley General de Cultura y Derechos Culturales con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o de la Constitución federal.

La gestación de estas importantes reformas constitucionales requirió un largo proceso legislativo que inició el 9 de diciembre de 1999 con la iniciativa presentada por la diputada María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a la que le siguieron las presentadas por los diputados José Manuel Correa Ceseña, el 3 abril 2002; Luis Miguel Barbosa Huerta, el 28 abril 2003; Inti Muñoz Santini, el 27 abril 2004; Carla Rochín Nieto, el 29 abril 2004; Aurora Cervantes Rodríguez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Emilio Ulloa Pérez, el 23 mayo 2007; Humberto Zazueta Aguilar y Emilio Ulloa Pérez, el 27 junio 2007, y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, el 16 octubre 2007.

Derivado de las iniciativas antes mencionadas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos en pro y cero en contra el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 por lo que se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Si bien a partir de la reforma al artículo 4º se incorporó el derecho al acceso a la cultura dentro de las llamadas garantías individuales, y recientemente, con la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se regularon las actividades vinculadas con esta prerrogativa, esto no significa que a partir de esos momentos el Estado mexicano haya reconocido el derecho humano a la cultura, ya que previamente había suscrito diversos instrumentos internacionales tanto vinculantes como no vinculantes en lo que implícita o explícitamente lo adopta.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948,2 se prevé, en el artículo 22, entre otras disposiciones, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales consideró indispensables a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo, y en el 27, fracción I, se indica el derecho de todo individuo a tomar parte de la vida cultura de su comunidad, y a gozar y participar de las artes y del progreso científico, así como de los beneficios que de ellos resulten.

Por otra parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966,3 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados parte, en el numeral 15, reconocieron bajo los mismos principios señalados en el párrafo que antecede los derecho culturales de toda persona, obligándose los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, comprometiéndose a respetar la libertad de investigación científica y de la actividad creadora, y reconociendo los beneficios del fomento y el desarrollo de la cooperación internacional en materia científica y cultural.

Al margen de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en la Declaración sobre la Diversidad Cultural, adoptada por los Estados miembros el 2 de noviembre de 2001, expresamente se señala, en el artículo 5, que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, identificándolos como universales, indisociables e interdependientes, por lo que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, así como llevar una educación y una formación que respeten su identidad cultural.

Posteriormente, en la observación general 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en la 43º sesión celebrada del 2 al 20 de noviembre de 2009, bajo el título “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural”, se indicó que los derechos culturales son parte integrante del ser humano y, por consiguiente, son universales, indivisibles e interdependientes.

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontramos que la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre,4 en su artículo XIII, señala el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de su comunidad, a gozar de las artes, de los beneficios de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos, así como de la protección que les brinde el Estado por razón de los inventos y obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos,5 en su artículo 26, establece el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, expresando que los Estados tienen el compromiso de adoptar medidas internas de cooperación entre las naciones en materia económica y técnica para lograr dicho fin.

En el instrumento continental denominado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como “Protocolo de San Salvador”,6 firmado en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988, en su artículo 14, se prevén los derechos de los individuos a los beneficios de la cultura, así como las medidas que deberán adoptar los Estados parte para respetar el pleno ejercicio de este derecho.

Como puede apreciarse, los derechos culturales en México los encontramos previstos tanto en la Constitución federal como en la recién promulgada Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como en distintos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano; sin embargo, considero que el Derecho interno de nuestro país ha quedado limitado en cuanto al valor que debe darse a los derechos culturales, ya que el Derecho convencional los considera expresamente como indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad y como parte de los derechos humanos universales, indisociables e interdependientes.

Sin embargo, va ser importante conocer cómo nuestros legisladores implementarán la regulación de los derechos previstos en temas tan relevantes como aplicación y alcances de los derechos culturales, y la participación social y privada en la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del patrimonio cultural, mediante la expedición del reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, misma que deberá realizarse, como lo indica el artículo tercero transitorio de la citada ley general, en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir del día de la entrada en vigor, es decir, antes del 16 de diciembre de 2017.

 


 

 

* Maestro en Derecho, especialista en Derecho cultural y profesor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

1 Gaceta Parlamentaria, 2 de octubre de 2008. Consultado en www.diputados.gob.mx el 23 de enero de 2016.

2 Resolución 217(A) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. México la firmó ese mismo día.

3 México se adhirió al pacto el 23 de marzo de 1981, y el 12 de mayo de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio.

4 Adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948.

5 Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, dentro de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos; entró en vigor el 18 de julio de 1978. México se adhirió el 3 de febrero de 1981 y su decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

6 El 1° de septiembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio.

 

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