Los límites y el derecho a corregir

Los límites y el derecho a corregir

Durante muchos siglos ha sido motivo de discusión el límite que debe fijarse al derecho a la corrección de los hijos, sin que hasta ahora exista consenso sobre este tópico. Los recientes hechos ocurridos en Monterrey, donde un adolescente abrió fuego en contra de sus compañeros y su maestra para después suicidarse, han despertado de nuevo la polémica a este respecto.

 

Para Alexa, con todo mi amor

En el Imperio romano los niños eran considerados propiedad del pater familias y por lo tanto éste tenía el pleno derecho de corregirlos a través de castigos físicos que incluso con facilidad podían llegar al infanticidio, mismo que, desde luego, no estaba penado. Entre el pueblo náhuatl era común la aplicación de castigos severos a los niños, con la finalidad de corregirlos, castigos que podían incluir aspirar el humo de chiles asados, ser pinchados con púas de maguey o racionárseles la comida. Incuso la Sagrada Biblia autoriza expresamente a que se ejerza la corrección de los hijos de una manera sistemática: “El que mezquina la vara odia a su hijo, el que lo ama se esmera por corregirlo” (Proverbios 13:24); “La necedad está adherida al corazón del muchacho; mas la vara de la corrección la alejará de él” (Proverbios 22:15); “La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15), y “Corrige a tu hijo y él te dará tranquilidad y colmará tu alma de delicias” (Proverbios 19:17).

Y así el concepto de corrección ha ido cambiando, o más bien, evolucionando, a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, cuando todo acto de violencia física o psicológica hacia el menor es considerado brutal por los organismos de defensa de los derechos humanos, y por ende son cada vez más las voces que piden su absoluta abolición.

Así, se ha suprimido totalmente de su legislación el derecho a la corrección en los siguientes países: Portugal (2007), Nueva Zelanda (2007), Holanda (2007), Grecia (2006), Hungría (2005), Rumania (2004), Ucrania (2004), Islandia (2003), Alemania (2000), Israel (2000), Bulgaria (2000), Croacia (1999), Letonia (1998), Dinamarca (1997), Chipre (1994), Austria (1989), Noruega (1987), Finlandia (1983) y Suecia (1979).1

En lugar de establecer el derecho a la corrección estos países han adoptado disposiciones que obligan a padres y tutores a proporcionar una educación a los niños basada en el respeto y el ejemplo, en que el estímulo sea la forma de imponer límites y no el castigo.

Así, legislaciones como la sueca establecen: “Es muy importante, por lo tanto, que la sociedad ponga claramente de manifiesto que los niños y los jóvenes tienen derecho a una educación basada en el estímulo y el apoyo de sus padres en vez de castigo”.

Alemania, por su lado, también prohíbe expresamente cualquier forma de castigo corporal y no reconoce en los padres el derecho a la corrección de los hijos: “Los niños tienen derecho a ser criados sin el uso de la fuerza. Los castigos físicos y el hecho de causar daño psicológico y otras medidas degradantes están prohibidos”.

Hay países con una legislación todavía mas explícita al respecto, como el caso de Holanda: “1) La patria potestad incluye el deber y el derecho de los padres de cuidar y criar a su hijo menor de edad. 2) El cuidado y la crianza de un hijo incluye el cuidado y la responsabilidad por el bienestar emocional y físico del niño y el de su seguridad, así como para la promoción del desarrollo de su personalidad. En el cuidado y la educación del niño a los padres se les obliga a no utilizar la violencia física o emocional o cualquier otro trato humillante”.2

Sin embargo, la prohibición absoluta del ejercicio del derecho a la corrección podría convertir casi de inmediato a padres, tutores y maestros en delincuentes consumados, como se verá a continuación con estos ejemplos:

a) El padre que prohíba a su hijo ir el fin de semana al antro, y lo obligue a quedarse en casa, podría cometer el delito de privación ilegal de la libertad que textualmente dice:

Artículo 364. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa:

”I. Al particular que prive a otro de su libertad. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más por cada día.

”La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta”.

b) El padre que, preocupado por el contenido de los correos electrónicos que recibe su hija, desbloquee su cuenta de correo electrónico para imponerse de su contenido estaría cometiendo el delito de violación de correspondencia tipificado en el Código Penal Federal:

Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

c) La madre que con el fin de corregir a su hijo lo amenace con quitarle el Nintendo podría actualizar la figura delictiva de amenazas que tutela Código Penal Federal:

Artículo 282. Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa:

”I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo”.

Y si lo que le prohíbe es usarlo estaríamos en presencia de la figura delictiva señalada en la fracción II de este mismo artículo:

“II. Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer”.

Cabe mencionar que en ambos casos la sanción estaría agravada por ser el que impone el castigo el que detenta la patria potestad.

Finalmente, si los padres no aplicaron al mismo hecho el mismo castigo a su hija que a su hijo, podrían caer bajo el supuesto del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal:

Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:

”I. Provoque o incite al odio o a la violencia.

”II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.

”Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.

”III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas.

”IV. Niegue o restrinja derechos laborales”.

Es inobjetable pues, que la supresión absoluta del derecho a corregir a los menores de edad, además de producir malos ciudadanos para el país, haría prácticamente imposible la convivencia con sus padres o tutores, quienes tendrían que soportar indecorosamente cualquier falta o mal comportamiento de sus hijos.

Es por eso que en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en los que hemos enlistado, este tema recibe un trato más mesurado aunque no por eso menos garantista.

Como dato curioso encontramos que los países donde no se reconoce el derecho a la corrección son precisamente los que presentan la tasa de natalidad más baja, esto es, que en estos países no tienen que corregir a sus hijos simplemente porque no tienen hijos.

Regresando a México, los artículos 422 y 423 del Código Civil Federal expresan lo siguiente:

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente.

”Cuando llegue a conocimiento de los consejos locales de tutela o de cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda”.

Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.

”La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este código”.

A pesar de lo que muchas ONG manifiestan, las disposiciones transcritas no constituyen una forma de legalizar el castigo corporal o psicológico, y por lo tanto tampoco atentan contra lo ordenado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que de manera enfática en su artículo 19 señala lo siguiente:

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.

La Convención fue suscrita por México el 26 de enero de 1990 y ratificada por el Senado el 21 de septiembre de ese mismo año.

En efecto, toda forma de violencia física o psicológica está prohibida por nuestra legislación, a la que si alguna crítica podríamos hacerle es precisamente su severidad y el hecho de que muchos actos “normales” en la relación entre el educando y el educador pueden incluso ser constitutivos de delito.

Por un lado, tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en las partes conducentes manifiesta lo que sigue:

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

”El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes”.

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

”A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

”Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

”B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

”Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

”Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen”.

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3° constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

”A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual”.

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3° de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

”A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo.

”B. Se evite la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se establecerán los mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación.

”C. Las niñas, niños y adolescentes que posean cualidades intelectuales por encima de la media, tengan derecho a una educación acorde a sus capacidades, así como a contar con las condiciones adecuadas que les permita integrarse a la sociedad.

”D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y la convivencia sin violencia.

”E. Se prevean mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana.

”F. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.

”G. Se favorezcan en las instituciones educativas mecanismos para la solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación”.

Por otro lado, tenemos nuestra legislación civil, que también combate fuertemente todo acto de violencia hacia los infantes:

Artículo 323 bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes”.

Artículo 323 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

”Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato”.

Finalmente, el Código Penal para el Distrito Federal establece:

Artículo 200. Al que, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física o psicoemocional, dentro o fuera del domicilio familiar, en contra de:

”I. El o la cónyuge, la concubina o el concubinario;

”II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

”III. El adoptante o adoptado, y

”IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador.

”Se le impondrá de seis meses a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y en su caso, a juicio del juez, prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él; además, se le sujetará a tratamiento especializado que para generadores de violencia familiar refiere la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.

”Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor de edad; o incapaz.

”No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia los menores.

Artículo 201. Para los efectos del artículo anterior, se entiende por:

”I. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, y

”II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, abandono, o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona.

Artículo 201 bis. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un periodo hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.

”Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:

”I. Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de seis meses;

”II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio;

”III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;

”IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes;

”V. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en común, y

”VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores.

”Este delito se perseguirá por querella.

 ”Artículo 202. En los casos previstos en este título, el Ministerio Público apercibirá al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la averiguación previa y hasta la conclusión de ésta.

”En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público solicitará al juez la confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas precautorias referidas en el párrafo que antecede, quien deberá resolver lo conducente sin dilación”.

No dejamos de observar que cuando se prohíben conductas socialmente aceptadas y cuya ejecución es llevada a cabo por la inmensa mayoría de la gente, se corre el riesgo de propiciar la impunidad.

Efectivamente, ante la imposibilidad de someter a juicio a toda la población del Estado, o a la mayoría de la población, por la comisión de una conducta delictiva determinada, se crea un sentimiento de injusticia al pretender castigar al azar a los responsables, según sea el capricho de la autoridad. También existe el peligro de que la autoridad pierda potestad al castigar unas conductas y dejar de hacerlo respecto de otras.

Es quizá el ámbito educativo el que más atrasos presenta, pues fuera del Distrito Federal, que amplía la violencia familiar al ámbito escolar, y del estado de Sonora, que prohíbe en cualquier espacio que se ejerza violencia física o psicológica en contra de los menores, no existe una legislación federal que la erradique ni una prohibición expresa de la ley en este sentido.

Si bien la Secretaría de Educación Pública, a través de oficios y recomendaciones, conmina a los maestros y a los directivos de escuelas públicas y particulares, éstos no encuentran fundamento en la norma sino en documentos mucho menos coercitivos, como recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en la propia lógica de la autoridad, por lo que es imperante que como garantía constitucional se eleve el derecho de los niños a no sufrir en nombre de una mal concebida corrección actos de violencia física o psicológica en los recintos educativos.

La única norma que se refiere a este aspecto sin prohibir actos de violencia es la Ley General de Educación, que dice lo siguiente:

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad”.

Aquí vemos cómo nuestra codificación actual, si bien expresamente reconoce el derecho a la corrección, no implica de forma alguna la desprotección de los derechos de los menores, ya que en términos generales cumple con su función de establecer claramente los límites de éste, permitiendo a la vez que se corrija con acciones moderadas y acordes con la realidad, garantizando que no se vulnerarán sus derechos ni se producirán daños físicos o psicoemocionales a los menores bajo su tutela.

Todavía es mucho lo que hay que hacer para lograr erradicar el problema de la violencia hacia los hijos, pero todo tiene un principio y éste es uno muy bueno. Ojalá que la sociedad entera tome conciencia de este mal y empiece a cambiar sus hábitos de convivencia para lograr un mejor desarrollo tanto de la familia como de la sociedad en general.

Sin embargo, no se debe confundir el maltrato y la violencia familiar con la educación y la imposición de límites a los hijos, pues la obligación de educar a los niños persiste y además es indispensable.

La educación moderna debe tener más opciones; se deben establecer reglas y darse a conocer las consecuencias. Si nos remitiéramos a establecer normas y consecuencias dentro de la casa, y a hacer válidas esas reglas o a aplicar en todo caso las consecuencias, tendríamos niños sabiendo vivir dentro de una familia y una sociedad de una manera más armónica.

No hay que olvidar que la educación y los valores se adquieren en casa, en familia, y al colegio los niños solamente van a reforzarlos, pero sobre todo a adquirir conocimientos y habilidades para la vida. Los padres deben asumir con toda responsabilidad y compromiso la educación de sus hijos y no pretender delegarla en terceros, algunos incluso inexistentes. Cuántas mamás no le exigen a la escuela que le pida a sus hijos que se corten el pelo o que no usen piercings o que no se maquillen, cuando esas cuestiones elementales deben ser exigidas por los padres, pero éstos temen enfrentar a sus hijos.

También he visto papás que le dicen a su hijo: “Siéntate bien o la mesera se va a enojar” o “no corras en la tienda o el policía te va a sacar”, cuando esos límites deben ser impuestos por los propios padres.

Si se acuerda una consecuencia, y para evitar el “berrinche” o los llantos, o debido al propio sentimiento de culpa por considerar que el trabajo y las actividades cotidianas no nos permiten atender a nuestros hijos adecuadamente o que no les dedicamos el tiempo suficiente, se deja de aplicar la consecuencia, lo que tendremos son niños tiranos y manipuladores que sabrán salirse con la suya, y que si en su casa no tuvieron límites, en la vida tampoco los tendrán y criaremos niños y niñas poco aptos para la vida laboral, violentos, intolerantes y, en ocasiones extremas, antisociales e, incluso, con conductas delictivas.

Todo niño necesita estructura y reglamentación. ¿Quién no la requiere para vivir sanamente y fluir con libertad? No obstante, reglamentación no es lo mismo que autoritarismo, ni benevolencia. Cuando nos vamos a los extremos, la cuerda se rompe y ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos: se comienza con gritos, desesperación y falta de compromiso, pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos favoreciendo el desorden en nuestros hijos al no establecer límites precisos, claros y factibles de cumplir. No permitamos que la manipulación de los niños, sus gritos o su llanto, o las infundadas culpas que cargamos, rompan el orden establecido y permitan la laxitud de los límites.

Las estructuras familiares han cambiado a través del tiempo. En la actualidad se tienen uno o dos hijos y existen familias monoparentales, familias mixtas, familias compuestas, etcétera. Todo lo anterior trae como consecuencia un cambio en la manera de educar: nos hemos vuelto padres más permisivos, lo cual conlleva mayor maltrato, si no físico, sí psicológico.

La falta de consistencia de los límites que imponen los padres en relación con sus hijos propicia que los niños no respeten, interrumpan, y no se comprometan, ni se responsabilicen de lo que les toca hacer, ni de sus actos en general. Recordemos que los límites dan seguridad y estructura, son pilares fundamentales en la vida del ser humano, ya que indican lo que se debe y no se debe hacer: son una especie de mapa que da seguridad a los niños.

Finalmente, los límites proporcionan a niños y niñas el mensaje de que sus padres se preocupan por ellos, de que cuentan con su atención y de que son importantes en sus vidas. Los niños a los que no se les imponen límites claros, cada vez realizarán conductas de mayor grado de indisciplina, de mayor contenido antisocial y de más riesgo para ellos y para quienes lo rodean, en su búsqueda de sentirse amados y encontrar la atención de sus padres.

El peor dolor que puede atravesar un pequeño, incluso peor que la violencia física, es el de sentirse ignorado por quienes le dieron la vida.

Las reglas que deben cumplir nuestros hijos deben ser claras y razonables, ser factibles de ser cumplidas, describirse a detalle y confirmarse que se hayan entendido, ser firmes y consistentes.

Y tienen que ir acompañadas de las siguientes condiciones: no juzgar a la persona, sino su comportamiento; establecer los límites sin agresión verbal y sin contacto físico; notificar previamente sobre las consecuencias, y garantizar la absoluta firmeza de su cumplimiento.

A través de las reglas el pequeño conoce sus límites, así como la importancia de su seguridad y la de los demás, ya que gracias a éstos se establecen los valores, los hábitos y el respeto hacia su propia persona y la de los otros. Es de gran importancia que el niño siempre tenga la certeza de la respuesta que tendrán sus padres frente a determinadas acciones, para desarrollar su confianza.

Un niño o una niña que viven sin violencia pero con límites claros y razonables, siempre se sentirá amado, encajará mucho mejor en un ambiente social y tendrá muchas oportunidades de ser feliz.

Notas

* Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; especialista en Derecho penal por la Universidad de Salamanca, España; maestro y doctor en Derecho por la EPED. Es coautor de La violencia intrafamiliar en la legislación mexicana (Porrúa) y Propuestas de reformas constitucionales (Themis).

  Los años hacen referencia a la fecha en que adoptaron una legislación absoluta que no considera la corrección de los menores como un derecho de los padres, de los tutores o de quienes ejerzan la patria potestad.

2 Todas estas traducciones son libres.

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