Los notarios salen en defensa de los consumidores

Los notarios salen en defensa de los consumidores

En un ambiente de mercado con alta presencia de monopolios, así como de diversas prácticas monopólicas, la posición del consumidor, en tanto destinatario final de bienes y servicios, ha demostrado su vulnerabilidad y su fragilidad. En este artículo el autor explica cómo es que el notariado es —y debe ser con mayor intensidad— un gran aliado del consumidor.

 

La formación de los notarios en México es primordialmente práctica y autodidacta. No tengo conocimiento de que alguna de las mejores universidades del país contemple en sus planes de estudio de licenciatura la asignatura de Derecho notarial o alguna equivalente. El interesado debe “pasantear”1 o incorporarse como abogado a alguna firma notarial o desde los despachos corporativos vincularse con la práctica notarial.

Como ha sido característico de la literatura jurídica mexicana que se ha producido en el país, a partir del modelo educativo del Derecho que imperó en muchas universidades y escuelas, basado en la memorización de normas y en su reproducción, la dogmática jurídica notarial es un claro ejemplo de ese modelo. La oportunidad para las nuevas generaciones de notarios es la de comenzar a producir dogmática diferente que no se limite a concentrar compendios normativos o formularios, sino que racionalice la actividad del notario, los derechos de los usuarios de las notarías y el papel del notario como agente económico en un mercado que busca combatir los monopolios y proteger al consumidor, en un entorno de primacía de los derechos humanos.

Los libros que hasta la fecha se mantienen en las bibliotecas de los notarios mexicanos como clásicos y esenciales son el Derecho notarial del notario don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, de editorial Porrúa,2 y el del notario Jorge Ríos Hellig, La práctica del Derecho notarial, de McGraw Hill.3 Sin duda, son grandes libros que contienen una visión general y, en algunos temas, detallada de la función notarial.

Sin embargo, a pesar de la alta calidad de esas obras, poseen una notable área de oportunidad: son libros que se inscriben en esa manera tradicional de explicar el Derecho y no mencionan, ni por asomo, la existencia de derechos de los consumidores finales (de esos que regula la Ley Federal de Protección al Consumidor), que los notarios debemos preservar en nuestras escrituras públicas, ni temas de Derecho económico como los relativos a concentraciones empresariales4 que, a través de fusiones u otros actos, pudieran generar prácticas monopólicas.

La doctrina jurisprudencial del consumidor y del notariado es inexistente, por la ausencia de litigios que planteen esos temas. En una consulta realizada el 9 de noviembre de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación por internet, no aparece un solo registro que haga referencia a una relación entre notarios y consumidores.5 Resulta al menos curioso que a pesar de las continuas violaciones a los derechos de los consumidores no haya litigios sobre estos temas, así como tampoco hay noticias de intentos legislativos por tratar de reforzar el derecho a la información y la protección del consumidor en sede notarial.6

En un ambiente de mercado con alta presencia de monopolios, así como de diversas prácticas monopólicas (absolutas y relativas), la posición del consumidor —en tanto destinatario final de bienes y servicios— ha demostrado su vulnerabilidad y su fragilidad. El notariado es —y debe ser con mayor intensidad— un gran aliado del consumidor.

“La función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y da certeza que es una finalidad del Derecho”, dice Bernardo Pérez Fernández del Castillo.7 “El notario del Distrito Federal [y los de los Estados, también] es un particular […] que ejerce la carrera u oficio notarial, brindando seguridad jurídica y certeza en las transacciones de las que da fe, siempre guardando una completa imparcialidad”.8 Este último autor agrega que “el notario nunca debe intervenir en asuntos relacionados con actos ilegales y, aunque goza de autosuficiencia y autodeterminación, su actuar siempre deberá permanecer dentro de un marco de legalidad”.9

El notario (su función), en efecto, ha sido puesto por las instituciones del Estado mexicano para coadyuvar con él, incluso transfiriéndole obligaciones con el carácter de solidarias, como acontece en materia fiscal al calcular, retener y enterar impuestos y derechos. El tema de la tutela de los consumidores reviste trascendental importancia para el fortalecimiento de la economía de mercado y el Estado de Derecho, como un aspecto más de la legalidad que los notarios cuidamos en nuestras escrituras.

Lamentablemente, como he dejado asentado, no existe a nivel legislativo, ni en la doctrina jurídica ni en la jurisprudencial, regulación alguna entre la función notarial y la tutela de los consumidores. No obstante, dicha vinculación surge, naturalmente, en aras de proteger la legalidad y la seguridad jurídica (de los consumidores), funciones que los notarios realizamos cotidianamente.

La tutela de los consumidores es de fuente constitucional. Prevista en el artículo 28, dentro del llamado capítulo económico y en el contexto de una economía de mercado sobre la cual se sustenta la política económica del país. Sus efectos (los de la tutela) se irradian hacia todo el ordenamiento jurídico (en todas las materias en las que haya consumidores: vivienda, salud, telecomunicaciones, transporte, etcétera) y hacia todos los ámbitos (federal, estatal y municipal).10 La Constitución de 1917 es la fuente originaria y su valor es desarrollado legislativamente por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), su reglamento y un conjunto de normas oficiales mexicanas. Contamos, además, con un buen repertorio de doctrina jurisprudencial y de precedentes que deben guiar la interpretación y su aplicación.11

En el tema de las transacciones inmobiliarias en las que participen consumidores, la Constitución establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (artículo 4º), constituyendo un derecho fundamental, y la LFPC establece la obligatoriedad de que dichas operaciones se documenten en un contrato de adhesión,12 con ciertos elementos informativos mínimos y, desde luego, sin cláusulas abusivas (las que se tienen por no puestas, en caso de utilización).

Esa posición jerárquica especial del consumidor en nuestro Derecho imprime a los notarios públicos la “necesidad-urgencia” de que en todas las operaciones jurídicas en las que se dé una relación de consumo, nos asumamos como garantes de la legalidad y del respeto a ese tipo de derechos (con un alto ingrediente social y económico).

Para hacer realidad la legalidad en materia de consumidores, vislumbro varias vías, complementarias entre sí:

1. Celebración de convenios. La autoridad federal (PROFECO) pudiera celebrar convenios de colaboración con los notarios en lo individual o con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano o con los consejos estatales (de acuerdo con la denominación de cada entidad federativa), para que se obliguen a: i) incorporar en la escritura el número del contrato de adhesión y la fecha de su registro ante PROFECO y agregar el contrato de adhesión utilizado en la transacción; ii) informar sobre la utilización de cláusulas que la autoridad vaya calificando como abusivas para que los notarios las rechacen en las escrituras; iii) difundir una lista de notarios que se adhirieron al convenio (para que los consumidores puedan elegir de entre ellos al que más confianza le tengan).13

2. Promover homologación nacional y reforma legal. Para que los registros públicos de la propiedad rechacen la inscripción de las escrituras públicas que no contengan la certificación notarial de haberse cerciorado de la existencia de un contrato de adhesión y de que no contienen cláusulas abusivas. Mientras la reforma legal sucede, pudiera considerarse la suscripción de convenios con los registros públicos, las autoridades y los notarios.14

La adquisición de inmuebles (destinados a casa habitación) es uno de los primordiales y principales actos de consumo que una persona realiza en su vida productiva. Graves problemas económicos y daños patrimoniales y morales pueden evitarse cuando los actos jurídicos que formalizan las adquisiciones de esos inmuebles pasen por una notaría.

La protección del patrimonio de los consumidores se logra en las notarías. Espero que, en el futuro cercano, el notariado nacional asuma la conciencia debida sobre los grandes retos que la protección al consumidor debe representar, en sede notarial.

 

 

NOTAS

 

* Notario público 210 de Mazatlán, Sinaloa.

1 Tuve el honor de hacer prácticas notariales durante mi época de pasante en la notaría 74 de la Ciudad de México a cargo de don Javier Arce Gargollo, mientras estudiaba la carrera en el ITAM.

2 Tengo a la mano la 1ª ed., México, 2009.

3 Tengo a la mano la 7ª ed., México, 2007.

4 En la p. 161, Ríos Hellig menciona sobre la notificación a la Comisión Federal de Competencia que deben hacer los agentes económicos, sin profundizar sobre aspectos sustantivos del tema.

5 Probablemente la fuente del problema reside en el hecho de que la legislación notarial es de competencia estatal, a diferencia de las normas de consumo y de competencia que son federales. Sin embargo, lo anterior no debe ser un obstáculo; al contrario, debe superarse y debe haber voluntad gremial e institucional para ello.

6 En España, desde 1998, la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación impone a notarios y registradores de la propiedad la obligación de no autorizar ni inscribir, respectivamente, aquellos negocios jurídicos en los que se pretenda incorporar cláusulas abusivas declaradas nulas por una sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales. Incluso, el Reglamento Notarial establece que el derecho de elección del notario pertenece siempre al consumidor. Los españoles han entendido la relevancia del tema, como puede verse.

7 Op. cit., pp. 174-175.

8 Op. cit. p. 51.

9 Ibidem, p. 54.

10 La protección de los consumidores, en una economía de mercado, merece el mayor cuidado por parte de todos los operadores involucrados. En México, los antecedentes legislativos federales datan de 1974, y a partir de 1983 se reconoció en la Constitución, precisamente dentro del llamado “capítulo económico”, particularmente en el artículo 28 que, de manera coherente y consistente, prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas y eleva a rango constitucional los derechos de los consumidores.

11 Cf. Fernando García Sais, Jurisprudencia del consumidor, Tirant Lo Blanch-ITAM, México, 2012.

12 La revisión por parte del notario de un contrato de adhesión reviste especial trascendencia dado que, a diferencia de lo que acontece con los contratos libremente negociados, el consumidor no negocia las cláusulas, sino que sólo se adhiere a una operación (take it or leave it). De ahí la importancia de contar con dicho documento pues en él se recogen los elementos informativos esenciales de la transacción, habida cuenta de que aplican algunos principios interpretativos como el de interpretación contra proferente o estipulante, la regla de la integración publicitaria del contrato (para incorporar lo prometido o sugerido en la fase prenegocial), la regla de nulidad de la cláusula abusiva y el principio de conservación del contrato en todo lo que beneficie al consumidor. Cf. tesis I.4o.C.39 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, materia civil, p. 2647. Sobre otros principios del Derecho de los consumidores, véase Fernando García Sais, Derecho de los consumidores a la información, Porrúa-ITAM, México, 2007.

13 La participación de INFONAVIT y FOVISSSTE, sería crucial. Incluso, las instituciones financieras que otorgan créditos hipotecarios podrían beneficiarse con ese tipo de convenios.

14 Es importante preservar la igualdad de los consumidores en la aplicación de la ley y que estos convenios y acciones se lleven a cabo a nivel nacional.

 

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