Mitos y realidades de la “nueva” tabla de enfermedades del trabajo

Mitos y realidades de la “nueva” tabla de enfermedades del trabajo

“La tabla de enfermedades” incluida en la Ley Federal del Trabajo consigna los padecimientos derivados con motivo del desempeño de un trabajo. Las autoras analizan los riesgos laborales que se han ido incorporando en la legislación mexicana y señalan los puntos débiles que aún es necesario corregir en esta materia.

 

En 1904 se promulgó el ordenamiento denominado Ley de José Vicente Villada, en nombre de quien fuera gobernador del Estado de México, y que estableció, en su parte relativa a los riesgos profesionales, la obligación del patrón de otorgar la atención médica requerida y pagar a la víctima una indemnización de tres meses de salarios. Posteriormente se promulgaría la Ley de Bernardo Reyes, en nombre del gobernador de Nuevo León, en la que se instituyó la ley de accidentes de trabajo con la respectiva indemnización de un máximo de dos años de salarios.

Para el 18 de agosto de 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo (LFT) de nuestro país, que en su título sexto, correspondiente a los riesgos profesionales, e insertado en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley del Seguro Social del 21 de diciembre de 1995, los define como “los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en ejercicio de ellas”. Se indicaron las obligaciones patronales cuando los riesgos de trabajo pudieran producir la muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente e incapacidad. De igual manera, signó las obligaciones para los empleadores de contar en las empresas con los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencia y tener una enfermería si la fuente de trabajo rebasaba los 300 trabajadores. Se determinó la obligación de establecer las condiciones de seguridad, a través de una comisión mixta compuesta por igual número de representantes del patrón y de los obreros, así como el establecimiento de las tablas de enfermedades profesionales y de valuación de incapacidades.

El 1º de abril de 1970 se expidió la Ley Federal del Trabajo vigente, estableciéndose en su título noveno los riesgos de trabajo, misma que contiene prácticamente las mismas disposiciones establecidas en la ley de 1931, la cual estipula que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:

  1. Asistencia médica y quirúrgica.
  2. Rehabilitación.
  3. Hospitalización cuando así se requiera.
  4. Medicamentos y material de curación.
  5. Aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.
  6. La indemnización correspondiente.

En este último caso, si el riesgo provoca la muerte del trabajador, se pagarán dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, así como la cantidad equivalente a 700 días de salarios. En caso de incapacidad temporal, el patrón deberá pagar íntegro el salario al trabajador que deje de percibir mientras subsista la incapacidad. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, y si la incapacidad fuera permanente total, la indemnización sería de la cantidad equivalente al importe 1,095 días de salario.

Con lo anterior podemos observar que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confirma la protección al trabajador en caso de sufrir un riesgo de trabajo, al señalar en su fracción XIV: “Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario”.

Esa fracción desde su publicación, que data del 5 de febrero de 1917, no ha sufrido modificaciones que cambien su esencia, lo que conlleva a la obligación que tienen los patrones de diseñar programas preventivos que contribuyan al buen desarrollo de las actividades del centro de trabajo o establecimiento, que, aunado a una apropiada capacitación y adiestramiento de los trabajadores, podrá disminuir en gran medida los riesgos de trabajo.

No obstante, la implementación de estas medidas preventivas no garantiza la erradicación tanto de accidentes como de enfermedades de trabajo, por lo cual es indispensable que los patrones aseguren a sus trabajadores, para que en caso que se suscite alguna enfermedad o accidente laboral sea el IMSS el que pueda asumir la responsabilidad de los mismos y lleve a cabo las investigaciones para establecer la causa-efecto de los riesgos profesionales.

Para realizar dicha investigación el IMSS establece ciertos procedimientos que coadyuvan a establecer si los accidentes o las enfermedades de trabajo son consecuencia del ejercicio de las actividades laborales.

 

Dictamen de la Cámara de Diputados1

En febrero de 2017 se aprobó la revisión y eventual aprobación por parte de los diputados a la “Tabla de enfermedades laborales” y la “Tabla de las incapacidades del trabajo” previstas en los artículos 513 y 514 de la LFT.

“La tabla de enfermedades laborales” es un apartado específico de la LFT que consigna los padecimientos derivados con motivo del desempeño de un trabajo, dentro de las cuales se ubican las enfermedades profesionales, esto es, de las cuales existe un nexo de causalidad entre la actividad laboral y la exposición de los trabajadores a los agentes nocivos derivados del trabajo, que pueden ser: físicos, químicos o biológicos, e incluso factores de riesgo psicosocial y ergonómico. “La tabla de incapacidades del trabajador”, por su parte, ampara al trabajador que como consecuencia de un riesgo laboral tenga secuelas que le impidan o dificulten continuar trabajando. Dicho reconocimiento en la ley es un garante de la atención y la responsabilidad tanto del patrón como de los servicios de seguridad social respecto de la salud del trabajador y frente a las consecuencias del riesgo de trabajo.

Lo que no se nombra no existe. Definir, identificar y denominar un fenómeno, persona u objeto lo materializa, lo visibiliza. En cuanto a las enfermedades profesionales, ¿cómo sería posible atender lo que no existe porque no está reconocido, por omitirlo de una clasificación, y cancelar así la posibilidad de su existencia? Al escatimar el reconocimiento de las enfermedades profesionales y de las incapacidades se soslaya la responsabilidad frente a ello de empleadores y del Estado. Más aún, se incrementa la problemática, pues se pierde la oportunidad de prevenir, esa tarea fundamental de anticiparse para protegerse de enfermedades o accidentes mediante prácticas seguras y condiciones salubres y dignas de trabajo. Las reformas a esta legislación impactan negativamente sobre la salud del trabajador, sobre todo lo que existe alrededor de ella, como son los factores de riesgo y protectores, las medidas de seguridad y los hábitos saludables, así como las responsabilidades de atención de la enfermedades y la respuesta frente a la incapacidad, consecuencia de un accidente laboral o de una exposición crónica a factores nocivos para la salud, como es el caso de las demencias de origen laboral provocadas por exposición a sustancias neurotóxicas, pesticidas, metales, solventes, entre otros. Al dar flexibilidad o libertad al patrón para reconocer o no los padecimientos de origen laboral, se vulnera no sólo al trabajador enfermo sino también al trabajador sano que está expuesto a las mismas condiciones de trabajo y salud.

Haciendo un poco de historia, la primera vez que aparece regulado un apartado de enfermedades de trabajo fue en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en la que se reconocían 40 enfermedades, y en 1956 se adicionaron nueve fracciones o nuevos padecimientos a este apartado. En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 se reconocen 161 padecimientos de origen laboral. Cabe señalar que dicha tabla no ha sido modificada desde ese año (STPS, 2008). Por ese motivo ha causado sorpresa y ha generado la atención mediática la noticia acerca de la revisión y modificación de la tabla de enfermedades que desde finales de 2016 se ha venido difundiendo.

Han existido algunos intentos previos no sólo de modificación sino de revisión de los padecimientos existentes en la tabla mencionada. Los antecedentes cercanos, casi intensivos, de estos proyectos de modificación de la “Tabla de enfermedades del trabajo” en la LFT pueden ubicarse dos años atrás aproximadamente. Han sido proyectos fallidos porque no se ha logrado incluir el rubro de los trastornos derivados de factores psicosociales en el trabajo, es decir, trastornos como el estrés.

Tenemos conocimiento de diversas notas periodísticas al respecto, derivadas del boletín de prensa de la STPS de agosto y diciembre de 2016, en el que se afirma que “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la nueva ‘Tabla de enfermedades laborales’ incluye 185 padecimientos entre los que figuran cáncer y enfermedades derivadas de afectaciones de los trabajadores por factores de riesgo tanto psicosocial como ergonómico”.

Todos destacan diferentes aspectos de la mencionada reforma o proyecto de modificación de la tabla. Por ejemplo, en una nota del sitio de CNNExpansion.com de agosto de 2016, se lee que “por primera vez se consideran enfermedades como el estrés; la tabla se aprobará por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo entre el 13 y 14 de septiembre”.

El Boletín Oficial refiere que luego de 47 años sin cambios, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST) aprobó con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra la actualización de la “Tabla de enfermedades de trabajo” y la “Tabla de valuación de incapacidades permanentes”. Destacan que los padecimientos laborales vigentes son 161, pero la propuesta aprobada incorpora otros 24, para sumar 185, e informan que el grupo de enfermedad que registró mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, que pasó de cuatro padecimientos a 23 de diferentes tipos; los males infecciosos y parasitarios también se incrementaron de 21 a 40. Del mismo modo, se dio a conocer que el principal grupo que tuvo un descenso registrado es el de enfermedades del sistema respiratorio, al pasar de 50 a 16. Y por primera vez se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés.

La “Tabla de valuación de incapacidades permanentes” incluye la parte, el aparato o el sistema del cuerpo afectado; la secuela del accidente o la enfermedad de trabajo, y el porcentaje de incapacidad que resulte aplicable por cada tipo de padecimiento.

Son de notable urgencia los trabajos pertinentes para resolver este asunto, pues a finales de 2016 se decía que los integrantes del COCONASST tenían como plazo del 3 al 14 de septiembre de 2017 para emitir sus comentarios e iniciar trámites ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

La entrada en vigor de esta actualización será de manera paralela a las modificaciones a los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, en el marco de la aprobación de la reforma laboral.

Las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes son objeto de investigación y estudio, con el propósito de incorporar las enfermedades, existentes o nuevas, que se sustenten por su relación con el trabajo y por la afectación a la salud del trabajador.

Asimismo, estas tablas determinan cuándo los trabajadores se encuentran expuestos por el tipo de actividad y la afectación a su salud; los elementos clínicos y de laboratorio más recientes para la elaboración del diagnóstico, y la evaluación de las enfermedades de trabajo. También, los avances metodológicos para la valuación de la capacidad residual de los trabajadores en función de su calidad de vida y aptitud para el trabajo.

En diciembre de 2016 se reactivó el tema con carácter de urgente dada una iniciativa del Senado de la República que invitaba a resolver, en un breve periodo, los cambios a la mencionada “Tabla de enfermedades del trabajo” y a la “Tabla de incapacidades”, de parte de los diputados.

Es digno de análisis el uso del lenguaje cuando se habla de lo que parece una reevaluación de las discapacidades, pues implica una potencial revocación de derechos de dicha incapacidad, como resultado de esta nueva valoración del estado del trabajador-paciente en relación con su aptitud para el trabajo y su calidad de vida.

¿Podrían darse casos extremos en que a un trabajador que fue retirado por un accidente o una enfermedad laboral que le impide trabajar, a la luz de esa nueva evaluación, se le suspenda su pago y sea enviado a trabajar? Así las cosas, si es dable esta situación se estará vulnerando el derecho laboral, social y humano.

Cabe señalar que los cambios ocurren en dos campos de aplicación: la “Tabla de enfermedades” y la “Tabla de incapacidades permanentes”, que guardan una estrecha relación entre sí, pero que no son lo mismo.

Insisten en presentar como “un hecho histórico”, digno de ser destacado, la incorporación a la Ley Federal del Trabajo de dos tablas importantísimas en materia de seguridad y salud en el campo laboral, la de enfermedades de trabajo y la de evaluación de incapacidades permanentes, las cuales datan del 1º de abril de 1970. La COCONASST aprobó, en agosto de 2016, una nueva “Tabla de enfermedades de trabajo” que incorpora diferentes padecimientos que se habían venido presentando en el marco de los procesos productivos que se llevan a cabo en el mundo y en México. Luego de esta revisión se eliminaron 49 padecimientos que más bien eran síntomas, y se agregaron 73 nuevos males.

Es muy destacable, pero hasta no ver no creer, que “por primera ocasión”, también, se hayan incorporado enfermedades de tipo psicosocial y ergonómico. Se reconoce que “las intensas cargas de trabajo y las largas jornadas de actividad productiva”, que implican gran esfuerzo mental y físico, son los principales factores que provocan el estrés laboral, lo cual se puede presentar en entornos organizacionales inadecuados, lo mismo en una oficina, en una fábrica o en un campo agrícola, y que entre los factores de riesgo psicosocial se encuentra el estrés laboral y económico, y las adicciones al alcohol, al tabaco o a las drogas.

En el caso de enfermedades derivadas de la exposición a factores de riesgo ergonómico están las músculo-esqueléticas, es decir, relacionadas con diferentes deformaciones por realizar una actividad productiva durante largos periodos en la misma posición, problemas que en algunos casos incluso son de difícil atención.

Las acciones de la STPS en materia de seguridad y salud en el trabajo buscan impulsar una cultura de la prevención, es decir, reducir el riesgo de que un empleado sufra un accidente o una enfermedad laboral.2

La actual “Tabla de enfermedades de trabajo” está configurada por los siguientes grupos:

  • Cánceres de origen laboral.
  • Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y de órganos hematopoyéticos.
  • Trastornos mentales.
  • Enfermedades del sistema respiratorio.
  • Enfermedades del sistema digestivo.
  • Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos.
  • Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.
  • Intoxicaciones.
  • Enfermedades del ojo y del oído.
  • Enfermedades de endocrinología y genito-urinarias.

Hasta aquí se observa una vulneración latente de los derechos de los trabajadores mexicanos, que abre la posibilidad de la discrecionalidad de los dictámenes, por lo cual tanto el empleador como las instituciones de seguridad social pueden evadir la responsabilidad frente al trabajador enfermo o accidentado.

Finalmente, el 21 de febrero de 2017 la Cámara de Diputados de la República aprobó que la STPS actualizara la “Tabla de enfermedades laborales”. El pleno de ese cuerpo legislativo ratificó una reforma para eliminar la actual tabla de enfermedades susceptibles de incapacidad laboral, con el fin de que sea la STPS la que la actualice constantemente.

Con este dictamen se permite que los empresarios formen parte del grupo que elabora las tablas de enfermedades y de incapacidades y que sean ellos mismos los que determinen si sus trabajadores reciben o no incapacidad de trabajo. Esto es, son juez y parte, lo cual no permite imparcialidad ante una diferencia de opinión. De este modo escatiman a los trabajadores su derecho a recibir 100 por ciento de su salario que les corresponde por ley, porque sólo recibirán 50 por ciento.

En respuesta a estas modificaciones, diversas asociaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos de académicos como la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, A.C., han organizado mesas de análisis y han subido a la plataforma de change.org la petición al Senado de la República de que “los empresarios no decidan qué es enfermedad de trabajo y la valuación de incapacidades”.

A partir de la reforma 10 de junio de 2011 a la Carta Magna en materia de derechos humanos quedó establecido, en el artículo primero, párrafo tercero, que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

”Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

”Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por ello, cualquier autoridad tiene la obligación, dentro de su ámbito de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,. De lo anterior se desprende que si los riesgos de trabajo son responsabilidad de los empleadores, en cumplimiento de la norma fundamental les corresponde asegurarlos, pero no están legitimados jurídicamente para emitir un dictamen que verse sobre el accidente o la enfermedad de trabajo.

 


 

* María Teresa Gutiérrez Alanís es psicóloga y Martha Sánchez Miguel es abogada, ambas docentes de la especialización en salud organizacional y del trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM.

1 Dicho dictamen versa sobre la adecuación de la “Tabla de enfermedades de trabajo” prevista en la Ley Federal del Trabajo que fue publicada el 21 de febrero de 2017.

2 “Actualizan ‘Tabla de enfermedades de trabajo’”, boletín núm. 658, Toluca, Estado de México, 30 de agosto de 2016.

Bibliografía

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado