Por qué no funcionan las denuncias anónimas

Por qué no funcionan las denuncias anónimas

Aunque las denuncias anónimas no han coadyuvado en la contención de la corrupción, sí podrían contribuir con ese propósito. El autor de este artículo explica cómo lograrlo: mediante la emisión de lineamientos y criterios del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

 

La Secretaría de la Función Pública emitió, durante la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), diversas disposiciones administrativas que le permitieron dar trámite a las quejas y las denuncias anónimas; sin embargo, no existe, a nivel de toda la administración pública federal, información puntual del universo de las quejas y las denuncias anónimas presentadas, y de cuántas de éstas derivaron en la aplicación de sanciones administrativas a servidores públicos, por lo que es posible afirmar que no tuvieron un impacto significativo en la disuasión de las conductas ilegales de los servidores públicos.

La LFRASP confirió a la Secretaría de la Función pública la facultad de establecer las normas y los procedimientos para las quejas y las denuncias (artículo 10), pero no logró disminuir las conductas ilegales de los servidores públicos mediante las quejas y las denuncias presentadas por particulares de manera anónima por tres razones:

1) Porque las más de las veces los quejosos denunciantes carecieron de la pericia técnica para evidenciar la presunta responsabilidad del servidor público, y los entes encargados de su trámite se burocratizaron, privilegiando el cumplimiento de metas, como la de “atención de quejas y denuncias”, en las que no necesariamente se realizaron investigaciones acuciosas.

2) La segunda razón deriva del hecho de que el quejoso o denunciante anónimo no confía en la autoridad y tiene temor de sufrir una represalia (temor que se confirma en el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas [LGRA] que obliga a que las autoridades investigadoras mantengan de manera confidencial la identidad de los denunciantes), y en su anonimato no le era posible dar seguimiento a la queja o denuncia.

3) No existió el mecanismo para impugnar el acuerdo de conclusión del procedimiento de investigación.

En diversas disposiciones legales secundarias se reguló la presentación de quejas y denuncias. En los “Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias” emitidos por el titular de la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2016, fue posible hacer del conocimiento del quejoso o denunciante en general el contenido del acuerdo de conclusión (lineamiento trigesimoquinto), pero no se le facultó para impugnarlo, independientemente de que no había forma de notificar al quejoso o denunciante anónimo.

 

La denuncia anónima en la Ley General de Responsabilidades Administrativas

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), misma que entró en vigor el 19 de julio de 2017 y que abrogó, entre otras, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). A diferencia de esta última, la LGRA sí contempla de manera expresa las denuncias anónimas en el segundo párrafo de su artículo 91, aunque ya no alude a las quejas.

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

”Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.”

 

Alcances de la denuncia anónima

El transitorio tercero de la LGRA establece:

“La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

”En tanto entra en vigor la ley a que se refiere el presente transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.

”El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia”.

En términos del párrafo tercero antes transcrito es perfectamente posible dar trámite a las denuncias anónimas, en lo que resulte aplicable, en tanto no se emitan los lineamientos, criterios y demás resoluciones por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (lo que significa que mientras no se expidan los lineamientos y no se regule en los mismos, seguiría existiendo la imposibilidad de impugnar el acuerdo de conclusión derivado de una denuncia anónima).

Se advierten las siguientes deficiencias en el trámite de las denuncias anónimas: el artículo 101, que se ubica en el capítulo III de la ley, establece en su párrafo final que la autoridad investigadora o el denunciante podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el capítulo IV; el artículo 102, que se ubica en este capítulo, establece:

“La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras será notificada al denunciante, cuando éste fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa.

”La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101 podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto.”

De lo transcrito se desprende que a los denunciantes anónimos no se les podrán notificar: el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, y la calificación de la falta administrativa como no grave, toda vez que no son identificables; por ende, no podrán impugnar la abstención y la calificación.

Si el legislador, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyó expresamente en la LGRA la figura de la denuncia anónima es porque la consideró importante como forma de combatir la corrupción.

Existe un principio jurídico que establece que ante la misma razón debe existir la misma disposición. No me queda claro por qué si el legislador previó la impugnación en el caso de las denuncias con nombre y apellido, no previó los mecanismos necesarios en el caso de las denuncias anónimas.

Estimo que las deficiencias mencionadas imposibilitan que las denuncias anónimas cumplan con el objetivo trazado por el propio legislador.

La titular de la secretaría estableció en el “Acuerdo por el que se encomienda la atención de diversos asuntos a servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública” la obligación de los servidores públicos de la misma de someter a la consideración de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control la procedencia de remitir los hallazgos de las auditorías que revistan el carácter de relevantes, y a informarle respecto de las investigaciones que revistan el carácter de relevantes,1 sin hacer una distinción entre denuncias anónimas y denuncias con nombre y apellido.

Si no existe alguien con suficiente peso moral y conocimiento del Derecho que pueda supervisar a las autoridades sustanciadoras o resolutoras, corroborando que su actuación se apegue a Derecho, en la emisión del acuerdo de abstención para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas, y de supervisar la calificación de conductas como graves o no graves, se corre el riesgo de que las denuncias anónimas continúen siendo un mero medio para desahogos verbales de los denunciantes, sin ninguna utilidad para el mejoramiento del servicio público y para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si las denuncias anónimas hubiesen tenido un impacto positivo en la contención de la corrupción, no dudo que la Secretaría de la Función Pública habría publicado datos en sus diferentes informes y en su página electrónica que mostrasen ese impacto; datos que no pude encontrar en la búsqueda realizada.

A continuación se hace una propuesta para dotar de eficacia plena a las denuncias anónimas.

 

Propuesta

Se propone que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción incluya en los lineamientos y criterios que expida, de conformidad con el tercer párrafo del transitorio tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la posibilidad de crear una figura equivalente al ombudsman (mecanismo de coordinación con las autoridades de fiscalización, particularmente las fracciones II, VII y XIV del artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción), para recibir las notificaciones a los denunciantes anónimos, y para representarlos en la presentación del recurso de inconformidad para impugnar la abstención y la calificación de falta no grave, cuando se trate de asuntos relacionados con auditorías o investigaciones relevantes.

 


 

* Licenciado en Derecho por la UNAM. Consultor en contratos con la administración pública federal y en materia de hidrocarburos.

1 Jorge García Martínez, “¿Quién controla a los contralores?”, El Mundo del Abogado, núm. 225, enero de 2018, pp. 32-35.

 

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