¿Puede hablarse de privacidad en la era digital?

 ¿Puede hablarse de privacidad en la era digital?

 

La dependencia de los dispositivos tecnológicos es innegable hoy en día, pero con ella también nos hemos vuelto más vulnerables a numerosas amenazas —trashing, phishing, vishing, smishing e incluso ataques de tipo terrorista—. El autor se pregunta si, en este escenario, aún existe el derecho a la privacidad.

 

 

En 1949, el novelista británico George Orwell publicó su obra 1984, la cual describía el perturbador concepto de cómo “Big Brother te observa”. En esa época, los soviéticos detonaban su primera bomba atómica, los primeros satélites comerciales veían la luz, la carrera armamentista y tecnológica daba inicio, esta última no se detendría, y en nuestros días se comparten o se almacenan más de 3,000 millones de documentos, fotos y videos. La tecnología ha mejorado aspectos de la vida cotidiana pero también ha significado que los riesgos sean mayores. Los derechos en el ciberespacio están en cuestionamiento a cada instante, en especial la privacidad.

 

Disyuntiva estadounidense

El año pasado, mediante una resolución, un juez estadounidense ordenó a Google que entregase sus correos en el extranjero para cumplir una orden de registro emitida por el FBI. De acuerdo con la sentencia, los correos podrían ser revisados remotamente por las autoridades, ya que no existía una interferencia significativa con el interés posesorio de los titulares de las cuentas.

Dicha determinación sostiene que aunque la recuperación de datos electrónicos del gigante de los buscadores de internet desde sus múltiples centros de datos en extranjero tiene la connotación de una potencial invasión a la privacidad, la infracción real de ese derecho se produce cuando esa información es divulgada y no cuando es revisada por la autoridad.

La empresa ha aseverado que la sentencia no toma en cuenta los diversos precedentes, y en su momento apelará la decisión, a la cual califica como excesiva. En el proceso jurídico, la compañía afirmó que el contenido de los correos se divide en diferentes piezas para mejorar el rendimiento de las redes, por lo que no puede conocerse en qué servidores están los datos que requerían los agentes federales para llevar a cabo una investigación por fraude. Google tiene ya una vasta experiencia en estas situaciones, pues recibe anualmente alrededor de 25,000 requerimientos de pesquisas en materia penal y no sólo por parte del gobierno estadounidense.

La determinación en comento implica que la disyuntiva respecto de si las autoridades estadounidenses pueden violar la privacidad de los usuarios de todo el mundo sigue sin tener una respuesta definitiva. Lo anterior debido a que el juez concluyó que en tanto los datos almacenados no se difundan, no se violenta la privacidad; en consecuencia, esto permite a las autoridades indagar todo lo que necesiten siempre y cuando posteriormente no se difundan esos datos.

Sin embargo, la decisión relatada es contraria a una de inicios de 2017, cuando un tribunal federal de apelación indicó que las agencias de seguridad de Estados Unidos no podrían conseguir datos de servidores en el extranjero. Esto, producto de una petición formulada por las autoridades para obtener información de los correos electrónicos resguardados en los servidores que tiene Microsoft en Irlanda.

Dicha sentencia representa un triunfo para la protección de la privacidad y la intimidad de los individuos bajo las leyes de sus propios estados y una limitante a la intervención extranjera porque el Congreso estadounidense no facultó en ningún momento a su gobierno para tener injerencia más allá de sus fronteras. Para la sensibilidad estadounidense, qué tanto debe sacrificarse la privacidad por la seguridad es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla.

 

Privacidad teutónica

El debate sobre la privacidad en el ciberespacio no se limita a Estados Unidos. Por ejemplo, del otro lado del Atlántico, en Alemania, a unos padres se les negó el acceso a la página de Facebook de su hija, fallecida en 2012.

Los padres investigaban las posibles causas del suicidio de su hija en redes sociales, por lo que deseaban conocer las conversaciones y los chats que llegó a tener para indagar si en ellas había algún indicio o prueba de un responsable.

Los progenitores sostenían que la menor les había facilitado sus datos de acceso desde un año antes de su deceso. No obstante, después del fallecimiento, un amigo cercano notificó a la red social y la cuenta fue congelada.

El perfil de la niña está disponible en el formato de “homenaje”; esto es, sus amigos pueden acceder a sus publicaciones y sus fotos, pero ya no hay forma de tener acceso a la cuenta con las credenciales de usuario.

Una sentencia de primera instancia fue favorable a los padres, pues se fundamentaba en el derecho de herencia que tenían éstos, conforme a las leyes alemanas, y el derecho a la publicidad de la chica, por ser menor, no estaba protegido, y en esa tesitura correspondía a sus tutores el resguardo.

Sin embargo, el tribunal de apelación determinó que el derecho a las comunicaciones privadas supera ampliamente al derecho a la herencia, y que la obligación de los padres de proteger el derecho de su hija expiró con la muerte, por lo cual les fue negado el acceso a la cuenta y la investigación en redes sociales terminó.

En Alemania, la privacidad es un tema bastante delicado por los antecedentes históricos de esa nación, toda vez que durante la mayor parte del siglo XX la población estuvo bajo constante vigilancia y control; en su momento, por la Gestapo durante la época nazi, y por la Stasi durante la vida de la República Democrática Alemana, y en tiempos recientes no pasan inadvertidos casos como el de Edward Snowden.

 

Educación danesa

Al norte de suelo germano, en Dinamarca, como en la mayor parte del mundo, desde la creación de las escuelas (públicas y privadas) de todos los niveles, se ha buscado siempre tener un control efectivo para que los alumnos no falten a sus deberes. Sin embargo, en tierras escandinavas esas medidas han tomado un nuevo rostro con una nueva normatividad que forzaría a los alumnos a entregar sus computadoras personales a los profesores.

La propuesta legislativa contempla que los instructores podrán acceder al historial de búsqueda de los estudiantes y consultar sus actividades en las redes sociales. El contenido de este proyecto normativo ha provocado polémica, ya que no se prevén los límites que tendrán los profesores al inspeccionar el contenido.

Los detractores de esta propuesta sostienen que si bien todo el material que es llevado a la escuela debería ser empleado exclusivamente para cuestiones de aprendizaje, es innegable que en determinadas ocasiones representa un elemento distractor en el proceso de enseñanza; pero eso no implica que se vulnere la privacidad de los educandos, pues en primer lugar no todos pueden permitirse tener una computadora para estudiar y otra para atender asuntos personales.

En la iniciativa no se faculta a las instituciones educativas para exigir a los estudiantes la entrega de sus dispositivos porque deben ser ellos quienes consientan que el profesor revise el contenido. Pese a que las escuelas no tienen esa prerrogativa, la que sí tienen es la de aplicar castigos, como confiscar el equipo o expulsar al individuo.

Los opositores alegan que, de aprobarse esa iniciativa, significaría un retroceso para la nación escandinava debido a que los alumnos, sin importar edad y grado escolar, tienen derecho a la privacidad.

Por otra parte, quienes sostienen el proyecto apoyan su implementación porque los índices de suicidios en los jóvenes han aumentado de manera exponencial en los años recientes y su privacidad es sacrificada para poder contar con una mayor seguridad.

Conocer y controlar el contenido que ven y comparten los estudiantes en redes sociales puede ser una medida preventiva, pero también una violación a derechos fundamentales.

 

Mejores beneficios, mayores riesgos

Los casos anteriores demuestran que no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el nivel de injerencia que se puede tener en nombre de la seguridad. El ciberespacio como un nuevo metaespacio ha implicado una serie de problemáticas que no encuentran una solución simple; por el contrario, la aplicación de una medida puede conllevar el menoscabo de ciertos derechos.

Los avances tecnológicos no se detendrán; incluso cada día se incrementan, y así como en ocasiones éstos simplifican nuestra vida, también conllevan un riesgo. Los adelantos, así como son empleados en nuestro beneficio, también pueden utilizarse en nuestro perjuicio.

La ciberdelincuencia es un problema cada vez más frecuente; los fraudes por internet, el robo de identidad y de datos, solamente son algunos de los innumerables ilícitos que se cometen minuto a minuto. Sin embargo, la máxima expresión del ciberdelito la encontramos en el ciberterrorismo, que, a diferencia de un delito común, puede tener consecuencias más que graves.

Cada vez tenemos una mayor dependencia respecto de los dispositivos tecnológicos. En nuestros días, una persona que pierde su teléfono celular pierde no solamente su capacidad de realizar llamadas sino también el acceso a su correo electrónico, redes sociales, contactos, ubicaciones e, incluso, al uso de sus cuentas bancarias.

Ahora, si esa pérdida individual tiene consecuencias serias, a nivel colectivo la magnitud del daño puede ser considerable. En 2008, en Tallin, capital de Estonia, un individuo de origen ruso logró paralizar todo el sistema bancario de la nación báltica desde el sótano de la casa de su abuela con una simple computadora, en represalia de que el gobierno había removido las estatuas soviéticas de las plazas principales.

A 10 años de distancia de esos hechos catastróficos, en nuestros días contamos con mejores dispositivos móviles, con una gama más amplia de redes sociales y con aparatos de control a distancia más complejos.

Actualmente, con un dron es posible captar imágenes de diferentes lugares, con o sin conocimiento de las personas. Los satélites ahora cuentan con instrumentos especializados que les permiten tomar fotografías precisas y sin perder ningún detalle. Las redes sociales se han insertado cada vez más en nuestra vida cotidiana al grado de que si se acude a los perfiles de LinkedIn, Facebook o Twitter se puede descubrir mucho de la personalidad digital y real de una persona. Pero si se trata de desentrañar el perfil completo de un individuo y conocer sus intereses, Instagram, que puede ser definido como el “Golem informático”, nos lo da porque en esta red tenemos fotografías, videos, colecciones de interés, mensajería, entre otros.

Los datos que diariamente proveemos a las diversas aplicaciones que usamos han propiciado que éstos sean los recursos más valiosos. La venta de bases de datos es un negocio redituable y cotidiano en nuestros días. Sin embargo, así como nosotros, minuto a minuto, al dar “Me gusta” o retweet a un post, entregamos información, las compañías también la obtienen a cada instante.

Hoy en día la mayor cantidad de satélites en activo no la posee un gobierno, sino una compañía denominada Planet, la cual tiene una vasta clientela de todo tipo, desde aseguradoras hasta personajes de dudosa moral.

La precisión de la tecnología satelital es tal que permite a una empresa verificar si un cliente miente o no en la forma de llenar un seguro, o a un gobierno prevenir una posible amenaza a la seguridad nacional. Y justamente en este punto surge una de las mayores interrogantes de nuestra era digital: ¿la privacidad sigue existiendo? Todo parece indicar que no. Suele decirse que la vida es un libro digital y al parecer éste está disponible para todos los usuarios.

 

¿Privacidad o seguridad?

Al inicio del presente artículo describí una serie de casos en ambos lados del Atlántico que demuestran que el derecho a la privacidad se encuentra en entredicho a cada instante y que muchas veces no puede coexistir con otras prerrogativas como la seguridad. Y es que, con el argumento de prevenir las mayores amenazas, como el ciberterrorismo, la privacidad tiene que ser sacrificada para evitar desastres inimaginables.

La tecnología ha traído muchos beneficios a nuestra vida —desde la cura de enfermedades hasta la simplificación de las comunicaciones— pero estas bondades también tienen sus riesgos: la dependencia a los dispositivos nos ha hecho más vulnerables a las amenazas.

El terrorismo no es un fenómeno nuevo. Desde la época de los anarquistas franceses, pasando por los nihilistas rusos y por los reaccionarios irlandeses, vascos, birmanos, africanos y latinoamericanos, hasta los extremistas islámicos, es un problema para todo el orbe que debe ser considerado un delito global y, por lo tanto, punible en todo el planeta. Agregar a éste el vocablo ciber lo vuelve todavía más difícil de combatir porque la tecnología propicia que las consecuencias de ese tipo de delitos sean más severas.

La seguridad es una prioridad, pero sacrificar la privacidad en su nombre es una cuestión irresuelta que prevalece y al parecer seguirá imperando.

 


 

 * Coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

 

 

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