Agenda de seguridad y justicia: México-ONU

Agenda de seguridad y justicia: México-ONU

 

En el marco de la preparación del vigesimoséptimo periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal —principal órgano del sistema de las Naciones Unidas para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de justicia penal—,  el 26 de enero se inauguró el foro “Agenda en materia de seguridad y justicia: México-ONU, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). El foro se inauguró con la participación de tres destacadas personalidades: el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, embajador Miguel Ruiz Cabañas; el representante de la UNODC en México, Antonino de Leo, y el director del INACIPE, Gerardo Laveaga.

Durante la inauguración, el subsecretario Ruiz Cabañas aseguró que en México hace falta que se diseñen políticas públicas acordes a dos de las principales metas que tiene el Estado mexicano: proveer seguridad pública y promover el respeto a los derechos humanos. Asimismo, recalcó que, para que dichas metas cristalicen, se requiere que tomen como hilo conductor aquellos instrumentos internacionales en los que México ha participado en los últimos años, tales como la Declaración sobre la Seguridad de las Américas y el Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible (2030).

Por su parte, Gerardo Laveaga hizo hincapié en que debe analizarse la actual situación de inseguridad como un problema económico: los monopolios y la falta de competitividad en México han disuadido que los grupos puedan entrar a mercados legales como el minero, el del pan, el cementero, el refresquero, entre muchos otros. “Al estar saturados los mercados legales, el ambiente de falta de competencia empuja a que crezcan mercados ilegales: venta de armas, narcóticos y trata de personas”.

Por último, Antonino de Leo señaló la importancia del foro para la preparación de la próxima sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y lo crucial que es para la UNODC cumplir con su mandato: desarrollar proyectos y prestar asistencia técnica en diversos temas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal. Al finalizar, recalcó que esperaba que se identificasen buenas prácticas y lecciones aprendidas por parte de México: a partir de esa evidencia se podrían diseñar e instrumentar mejores políticas públicas.

La mesa estuvo conformada por Mario Arroyo Juárez —especialista en temas de seguridad—, Alberto Nava Garcés —experto en temas de justicia penal—, Javier Dondé Matute —investigador especializado en temas relativos al Derecho penal internacional—, Sergio Huacuja Betancourt —especialista en temas de corrupción— y Carlos Hernández Vázquez —coordinador de la Unidad de Prevención y Combate a la Corrupción de la UNODC—.

Los temas de discusión versaron sobre la necesidad de un cambio cultural para entender el nuevo sistema penal, la exigencia que debe tener la sociedad civil junto con la comunidad internacional para empujar a que se forme la Fiscalía General y el nombramiento de fiscal especializado en delitos de corrupción. Hubo un pronunciamiento común en relación con la Ley de Seguridad Interior, a la que se consideró un “parche” a la actual situación de delincuencia organizada, en el entendido de que debe ser una ley de carácter temporal y no permanente.

Si pudiéramos resumir en una frase el contenido del foro es que México debe orientar sus esfuerzos a la consolidación del andamiaje institucional que permita al país cumplir con los diversos acuerdos multilaterales a los que se ha comprometido, como el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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Revista El Mundo del Abogado