El Senado analiza una reforma al reformado sistema de justicia penal

El Senado analiza una reforma al reformado sistema de justicia penal

El pasado 3 de agosto la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República convocó al Foro “Reformar para mejorar el sistema de justicia penal en México” en el que legisladores, abogados y académicos expertos en la materia analizaron y debatieron el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, así como las iniciativas presentadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y por la Cámara de Diputados. 

 

 

El Foro “Reformar para mejorar el sistema de justicia penal en México” se realizó en el Pleno de la Comisión Permanente del Senado, y estuvo dirigido por Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien vinculó la importancia de la reforma penal de 2008 con la de 2011 en materia de derechos humanos.

Apuntó que será el inicio de una serie de foros que el Senado de la República seguirá promoviendo para atender las preocupaciones de la ciudadanía, desde la experiencia de quienes son o fueron parte de la discusión de cambiar a un nuevo modelo de justicia.

Durante su mensaje de apertura, la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, defendió la esencia del sistema acusatorio, la cual radica fundamentalmente en reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños causados en su perjuicio, sobre el eje de los derechos fundamentales.

“Escuchamos voces que abogan por que se realicen algunos ajustes que permitan una mejor evolución del sistema para efecto de su perfeccionamiento, pero también escuchamos a aquellos que condenan al sistema y demandan de alguna manera volver hacia atrás”, expuso.

Precisó que, como todo reforma legislativa, ésta es perfectible y requiere una evolución. Desde la óptica parlamentaria apuntó que es obligatoria la evaluación permanente. Asimismo, refirió que hacer una modificación sin una evaluación que ofrezca un panorama claro sería una salida equivocada; por ello, reafirmó su postura a favor de fortalecer al sistema y no para debilitarlo.

A su vez, la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, declaró que la transformación de un sistema mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral ha sido el paradigma más importante que ha tenido el país en muchas décadas. Subrayó que representa un reto mayúsculo de operatividad e interpretación de la ley.

Para fortalecer la implementación y responder a nuevas necesidades, el grupo parlamentario del PRI propuso un proyecto de reformas. María Cristina Díaz señaló que la iniciativa presentada en 2016 busca fortalecer la operación del sistema con el fin de llevar ante la justicia, con transparencia y claridad, a los imputados, respetando el principio de presunción de inocencia y persiguiendo la solución de controversias de manera más eficiente.

Enlistó las seis reformas a leyes que presentaron y puso énfasis en las modificaciones a las atribuciones del Ministerio Público. Mencionó que la iniciativa faculta al legislador ordinario para que se establezcan en la ley secundaria los delitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa que atentan contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

La propuesta incluye como delitos que merecen prisión preventiva los de portación y acopió de armas de fuego, la sustracción de hidrocarburos y el tráfico de personas. Del mismo modo añadió que la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Especializadas en Adolescentes representará un espacio de diálogo entre la Federación y las entidades federativas para lograr el efectivo funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Por su parte, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, arguyó que a un año de la implementación del sistema de justicia penal es necesario reflexionar, sobre todo a partir de las demandas ciudadanas.

Al referirse a la iniciativa presentada por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la CONAGO, consideró que no se trata de un retroceso al sistema procesal penal. Subrayó que es una propuesta coincidente con el esquema fundamental de protección a los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima; además de que fortalece los instrumentos jurídicos para que el Ministerio Público realice una investigación más efectiva, certera y oportuna.

Sobre la prisión preventiva oficiosa manifestó que en la aplicación del nuevo modelo se ha evidenciado, con justificado extrañamiento de la sociedad, que son pocos los casos en que al amparo de los principios de presunción de inocencia y excepcionalidad de la prisión preventiva los imputados de hechos típicos que afectan gravemente a la sociedad, como el robo de vehículos, obtienen su libertad y en esa condición enfrentan sus procedimientos.

Fijó una postura a favor de incrementar los delitos que forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa, para garantizar los derechos de las víctimas y la justicia efectiva. Asimismo, Mirón Reyes se refirió a los tres rubros que abarca la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, la armonización con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el establecimiento de un esquema para reducir la puerta giratoria.

Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirmó que actualmente tenemos un mejor sistema de justicia penal que hace nueve años. “Antes la confesión era la reina de las pruebas; hoy, la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba es el principio rector”, detalló.

Al hablar de personas inculpadas durante 2006, indicó que aproximadamente había 84,000 procesadas o sentenciadas por robos menores a 2,000 pesos y subrayó que el sistema inquisitivo criminalizaba a la pobreza.

Con cifras y datos duros, Vizcaíno Zamora, sostuvo que entre 2008 y 2016, aproximadamente 70,000 personas han evitado sufrir prisión preventiva gracias a la justicia alternativa. En 2006 un procedimiento penal se resolvía en 263 días en promedio en el fuero federal y en 185 días en el fuero común. Actualmente 77 por ciento de los casos pueden resolverse en menos de 30 días.

De 1917 a 1993 no existió en la Constitución alguna referencia o derecho sobre las víctimas de los delitos, sino hasta 2008, cuando se estableció un apartado completo en el artículo 20.

Subrayó que el nuevo sistema de justicia penal no es responsable del aumento de los delitos; detalló que el incremento de la incidencia delictiva es multifactorial y que uno de los factores de ese aumento es la proliferación de armas en la calle, lo que ha hecho crecer el número de homicidios dolosos 400 por ciento, más que hace 20 años.

Se refirió a la falta de capacidad de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la delincuencia, así como a la nula formación de 122,000 nuevos policías preventivos estatales en todo el país, pues uno de cada cinco policías nunca fue a una academia y no tiene formación ni preparación para desarrollar adecuadamente su función.

Al referirse al problema de la llamada puerta giratoria, afirmó que incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no constituye una contrarreforma, porque no se propone modificar ninguno de los 10 artículos constitucionales que fueron reformados en 2008. Pidió fortalecer las unidades de medidas cautelares, por constituir el tope a la puerta giratoria.

Se pronunció a favor de una justicia sin pretextos y de un sistema que cumpla con las expectativas de la sociedad y que genere una percepción de seguridad. Sostuvo que la consolidación de dicho sistema implica afinar la maquinaria y hacer los ajustes necesarios a las leyes secundarias, sin violentar el debido proceso.

Durante su intervención, Rodolfo Félix Cárdenas, socio director del despacho Félix Cárdenas, aseveró que los verdaderos debates sobre el sistema de justicia penal aún no se han presentado. Cuestionó el destino de los recursos para la capacitación de la policía y de los ministerios públicos.

Al abordar las propuestas de la CONAGO y de la Cámara de Diputados subrayó que están muy vinculadas y ambas contienen esencialmente lo mismo. Refutó lo dicho sobre que no representan un retroceso e hizo énfasis en que no protegen los derechos humanos.

Voces autorizadas de la Procuraduría General de la República se pronunciaron en contra de aumentar los delitos susceptibles de castigarse con prisión preventiva oficiosa. A título personal, también lo hicieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diversos colegios de abogados, así como un sector importante de la sociedad, según afirmó Félix Cárdenas, quien posteriormente mencionó tres temas concretos con los que argumentó por qué son equivocadas las propuestas de reforma.

Al dar lectura al artículo 132 de la iniciativa planteada, respecto de las atribuciones de los policías, demostró que se pretende que desaparezca la investigación, al tomar en cuenta sólo lo que el policía escuchó o conoció indirectamente; pero lo más grave es que esa información sirva en el juicio como prueba, brincándose el filtro de la etapa intermedia y rompiendo con todo el esquema del proceso.

Destacó que nadie está en contra de que se combata el delito y la inseguridad pública, pero sostuvo que no debe permitirse que se atropellen los derechos de las personas imputadas. Invitó a los concurrentes a utilizar los mecanismos correctos, pues, explicó, en ningún país se violenta el derecho de defensa, la cláusula de confrontación y el principio de contradicción.

También fijaron sus posicionamientos sobre el tema, entre otras personalidades destacadas, Javier Antonio Villalba Solís, asesor para temas normativos del Comisionado Nacional de Seguridad; María de los Ángeles Fromow Rangel, consultora y ex titular de la Secretaría Técnica; Miguel Sarre Iguíniz, docente especializado en el nuevo sistema de justicia penal; María Novoa, directora del Área de Justicia del CIDAC, y César Camacho Quiroz, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

 

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