¿El Sistema Nacional Anticorrupción no acabará siendo parte de la corrupción?

¿El Sistema Nacional Anticorrupción no acabará siendo parte de la corrupción?

Si en México ya contamos con tipos penales al efecto, fiscales especializados y jueces y magistrados que están obligados a castigar los delitos vinculados con la corrupción, ¿para qué queremos un carísimo Sistema Nacional Anticorrupción? 

 

El pasado 27 de abril se llevó a cabo, en el Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del INACIPE, el foro "Combate a la corrupción. Nuevo marco normativo. Modelo de Fiscalía. Obstáculos por superar”, con la participación de Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de Nuevo León; Ana Laura Magaloni Kerpel, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas; José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Este panel de primer nivel fue encabezado por el subprocurador especializado en combate a la corrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. La mesa la completaron José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, y Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El foro fue intenso, crítico y propositivo. Se abordaron las principales líneas de discusión en materia de combate a la corrupción: la conformación de la Fiscalía General de la República, los obstáculos en la formación del Sistema Nacional Anticorrupción y los retos que tiene el nuevo sistema de justicia penal para perseguir delitos de corrupción.

“¿Realmente es importante la autonomía de la fiscalía y la designación de su fiscal? El hombre más capaz y con una voluntad política impecable es totalmente ineficiente si el espacio institucional en el que opera es precario. La discusión en torno del Sistema Nacional Anticorrupción se ha viciado en la designación del fiscal; sin duda, es un reto importante, pero lo son aún más las herramientas con las que cuenta la fiscalía”, aseguró Ernesto Canales, para quien existen cuatro obstáculos principales en la procuración de justicia: en primer lugar, se requiere la modificación a la Ley de Amparo, pues lejos de proporcionar una garantía de protección al imputado, previene al fiscal para perseguir adecuadamente los delitos; en segundo lugar, no es posible acceder a todas las entidades para obtener información de los investigados, especialmente datos bancarios y fiscales; en tercer lugar, falta capacitación de los agentes de Ministerio Público en delitos de corrupción, e inclusive en Derecho administrativo, tal como argumentó la doctora Magaloni; y por último, que existen registros contables muy precarios en las unidades gubernamentales.

El combate a la corrupción no proviene sólo de las autoridades, pues donde hay delitos de corrupción también existen abogados corruptos que protegen esos intereses. “Por eso —subrayó el presidente de la Barra Mexicana—, en México debe existir un código de ética en el ejercicio profesional para que se apliquen sanciones, como la revocación de licencia para ejercer la profesión, cuando el abogado incumpla con la ética profesional. En este sentido, la participación ciudadana es necesaria en esta encomienda, por lo cual el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una importante participación de órganos civiles”.

“La falta de construcción de instituciones obligó al Estado mexicano a forzar el marco institucional para dar cabida al combate a la corrupción, para lo cual se tuvo que crear el Sistema Nacional Anticorrupción —aseveró Juan Pardinas—. La coyuntura política y social de México nos hace pensar que nos encontramos en un punto de inflexión en nuestra historia. Si el próximo paso será mejor o peor, eso está por verse.”

Todos los ponentes destacaron que el caso de los ex gobernadores es un fenómeno que ya no tiene cabida en el nuevo sistema. Según Magaloni, “el costo de proteger la red de corrupción es más alto que el de perseguir a los sospechosos. Ergo, presenciamos un efecto dominó en el que la mayoría de los gobernadores que terminaron su mandato el año pasado, se encuentran ahora bajo sospecha, persecución o juicio”. Según Pardinas, en la transición se perdieron los tramos de control que tenía el antiguo sistema autoritario, pero no fue posible crear los pesos y los contrapesos suficientes para que este control se llevara desde un nivel institucional con tintes democráticos.

“El nuevo sistema penal —dijo Pardinas— invita a un nuevo paradigma; exhorta a la ciudadanía a dejar atrás la antigua visión para incorporar las nuevas tendencias, como el combate a la corrupción”.

“No existe en México una tradición de combate a la corrupción. Se requiere cambiar esa forma de pensar”, sostuvo Canales en reiteradas ocasiones.

Por último, “existe una desvinculación jurídica entre las distintas entidades federativas y el gobierno federal. La homologación de la tipificación de los delitos debe ser una prioridad para el nuevo sistema, pues, según José Mario de la Garza, no es posible instrumentar un combate eficiente a cualquier tipo de delito si cada gobernador marca las pautas de cómo se sancionará y como se perseguirá cada delito. En este sentido, un Código Penal Nacional debe ser un bastión del que puedan sostenerse las instancias judiciales del país para poder resolver casos. No es posible —argumentó el presidente de la Barra Mexicana— que por la falta de regulación única se fomente la impunidad.”

El proceso de transformación institucional en México será un camino largo, doloroso y desconocido, pero, como indicó Juan Pardinas, el riesgo de no hacer esos cambios supondría un destino más fatalista del que observamos en el presente.

 

 

 


 

* Licenciado en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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