Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, ha vuelto a mostrar su temple al detener más de 100 proyectos inmobiliarios que se habían emprendido al cobijo del amparo que promovió Ciber México. El “amparo mil usos”, como le motejaron algunos medios de comunicación, revela la forma irresponsable en que suele abusarse de una institución que, en principio, debería tener un fin más noble.

Con pie izquierdo inició Edgar Elías su segundo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al aceptar que una televisora financiara la fiesta de fin de año del tribunal. Hasta el más despistado de los ciudadanos se da cuenta de que esta celebración limita el margen de maniobra y la imparcialidad de los jueces y magistrados que aceptaron comer, bailar y beber, a cargo de una compañía que, eventualmente, podría ser parte de un conflicto que se sometiera a su arbitrio.

“Los tres delitos más tolerados por la sociedad son la evasión fiscal, el contrabando y la piratería”, dijo Rodrigo Roque, titular del IMPI, durante el foro “Derecho Intelectual y Justicia”, convocado por una importante televisora. “¿Por qué es así?”, se preguntó Roque. “¿Por qué los comete gente decente?”

Pocas instituciones son tan susceptibles a la crítica como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su titular, que había comenzado con notable espíritu de apertura con respecto a su antecesor, se ha ido apertrechando y aislando, día a día, resistiendo las presiones de arriba y de abajo, de un lado y del otro…

Según Federico Andreu Guzmán, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, México es el país más retrasado en la regulación del fuero militar. Si esto no se resuelve a la brevedad posible, advirtió el abogado, el Estado de Derecho y la legitimidad del gobierno estarán en peligro. Invitado por el Senado de la República, criticó “el régimen de castas” que se preserva en nuestro país y dijo estar horrorizado ante la posibilidad de que un comandante pueda ser, al mismo tiempo, un juez militar. El fuero militar, insistió, debe restringirse a los delitos de carácter militar.

Si hubiera que hallar un calificativo para Alejandro Luna Ramos, éste sería el de gris. Antiguo priísta que ingresó a la judicatura, desde joven, ha sido un juez de carrera que nunca se ha distinguido por ninguna decisión relevante. Su participación en la calificación de la elección presidencial de 2006, que muchos le critican, fue un hecho circunstancial que no dice nada del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Bordando sobre el mismo tema, el secretario de Marina debió hacer hincapié en el adjetivo algunos. Lo que dijo el almirante Mariano Saynez fue que los criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a las instituciones. Si hubiera dicho “Algunos criminales utilizan a algunos grupos ciudadanos”, la respuesta de algunas ONG’s no habría sido tan virulenta.

Es cierto que, en el caso de Hank Rhon, se precipitó el Ejército: entusiasmado por logros recientes, alguno de sus mandos resolvió que podían tener éxito sin el apoyo de la PGR y sin la necesidad de solicitar autorización a los jueces de control… Es cierto que la PGR no tuvo el tiempo suficiente para armar una narrativa conveniente que evitara las contradicciones… Pero también es cierto que la jueza se fue por el camino fácil. Esgrimió argumentos técnicos para no entrarle al asunto, cuando pudo haber echado mano de otros argumentos, igualmente “técnicos”, para hacerlo… Sin embargo, si consideramos que ella está adscrita a la entidad federativa donde Hank Rhon parte y reparte el pastel, es comprensible que le haya temblado el pulso. Si la ley le daba una salida, ¿por qué no optar por ella?

Sorprende que el equipo jurídico de Genaro García Luna no le haya advertido al secretario de Seguridad Pública sobre un requisito tan elemental —y tan inútil— como el de solicitar permiso ante el Congreso de la Unión antes de aceptar una condecoración extranjera. ¿Quiénes son los operadores jurídicos del secretario de Seguridad Pública? ¿Será que el secretario no los escucha? También sorprende que nuestros legisladores no tengan otra cosa mejor que hacer que intentar juicios políticos por la falta de un requisito procesal. La Constitución no prevé a quién le correspondería privar de la ciudadanía a García Luna… Aunque Miguel Ángel Granados Chapa y otros comunicadores creen que la violación es gravísima, el requisito de solicitar autorización al Congreso para recibir condecoraciones es un lastre que viene del siglo XIX. De cualquier modo, el olvido es inexplicable.

El pasado 4 de abril, a invitación de Alberto del Castillo del Valle, se llevó a cabo un foro de discusión en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el que se criticó al sistema acusatorio y, con él, a los juicios orales. Asistieron algunos jueces de Chihuahua, así como litigantes y académicos de [...]