Aunque aún no conocemos el final de la historia, la sentencia de cuatro años de prisión que se le impuso a Jorge Serrano Limón por haber desviado más de dos millones de pesos debe alertar a las personas de buena fe acerca de las organizaciones y asociaciones que solicitan donativos para “causas nobles”; así se evitaría que los recursos financieros que ellas creían que iban a dar a un sitio vayan a dar a otro… De poco le servirá al presidente de ProVida desgañitarse la garganta frente al Ángel de la Independencia para exigir que se castigue el aborto; le resultará más útil explicar qué hizo con el dinero que se le dio.

Más allá de la retórica, se vio bien Emilio Azcárraga al escribir en The Wall Street Journal no solamente que “las empresas de telefonía de Carlos Slim necesitan abrirse a la competencia por el bien de México”, sino que quienes pretendan ingresar al mundo de la televisión también deben poder competir. La falta de competencia es uno de los obstáculos para que México pueda crecer y, aunque haya sido de dientes para afuera —lo que está en juego es quién va a ser dueño del ciberespacio ante una televisión que cada día está más rezagada—, la declaración de Azcárraga no debe perderse de vista. Particularmente ahora que se avecina la televisión digital y que hay decenas de compañías de cable que aspiran a la televisión abierta, aunque ésta ya no vaya a ser lo que era…

La canciller Patricia Espinosa dijo estar dispuesta a debatir sobre la legalización de las drogas, siempre y cuando el debate sea global. Tiene razón. Un acto unilateral de México en este sentido sumiría al país en el caos. Lo que es cierto es que la legalización de las drogas es algo que ocurrirá tarde o temprano. La droga está sujeta a la oferta y la demanda, y sólo que desapareciera la demanda se acabaría el narcotráfico. Lo que sí puede hacerse es regular su producción, distribución y consumo, como ahora ocurre con el mortífero alcohol. Pero —malas noticias— quien decide es Estados Unidos, según gane o pierda con el negocio.

Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, ha vuelto a mostrar su temple al detener más de 100 proyectos inmobiliarios que se habían emprendido al cobijo del amparo que promovió Ciber México. El “amparo mil usos”, como le motejaron algunos medios de comunicación, revela la forma irresponsable en que suele abusarse de una institución que, en principio, debería tener un fin más noble.

Con pie izquierdo inició Edgar Elías su segundo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al aceptar que una televisora financiara la fiesta de fin de año del tribunal. Hasta el más despistado de los ciudadanos se da cuenta de que esta celebración limita el margen de maniobra y la imparcialidad de los jueces y magistrados que aceptaron comer, bailar y beber, a cargo de una compañía que, eventualmente, podría ser parte de un conflicto que se sometiera a su arbitrio.

“Los tres delitos más tolerados por la sociedad son la evasión fiscal, el contrabando y la piratería”, dijo Rodrigo Roque, titular del IMPI, durante el foro “Derecho Intelectual y Justicia”, convocado por una importante televisora. “¿Por qué es así?”, se preguntó Roque. “¿Por qué los comete gente decente?”

Pocas instituciones son tan susceptibles a la crítica como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su titular, que había comenzado con notable espíritu de apertura con respecto a su antecesor, se ha ido apertrechando y aislando, día a día, resistiendo las presiones de arriba y de abajo, de un lado y del otro…

Según Federico Andreu Guzmán, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, México es el país más retrasado en la regulación del fuero militar. Si esto no se resuelve a la brevedad posible, advirtió el abogado, el Estado de Derecho y la legitimidad del gobierno estarán en peligro. Invitado por el Senado de la República, criticó “el régimen de castas” que se preserva en nuestro país y dijo estar horrorizado ante la posibilidad de que un comandante pueda ser, al mismo tiempo, un juez militar. El fuero militar, insistió, debe restringirse a los delitos de carácter militar.

Si hubiera que hallar un calificativo para Alejandro Luna Ramos, éste sería el de gris. Antiguo priísta que ingresó a la judicatura, desde joven, ha sido un juez de carrera que nunca se ha distinguido por ninguna decisión relevante. Su participación en la calificación de la elección presidencial de 2006, que muchos le critican, fue un hecho circunstancial que no dice nada del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Bordando sobre el mismo tema, el secretario de Marina debió hacer hincapié en el adjetivo algunos. Lo que dijo el almirante Mariano Saynez fue que los criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a las instituciones. Si hubiera dicho “Algunos criminales utilizan a algunos grupos ciudadanos”, la respuesta de algunas ONG’s no habría sido tan virulenta.