La férrea determinación para desarrollar su capacidad armamentista le ha generado una nueva ronda de sanciones a Corea del Norte después del lanzamiento de un cohete de largo alcance que terminara por desintegrarse en el aire el 13 de abril. “El lanzamiento es una violación directa a las sanciones del Consejo de Seguridad y amenaza la estabilidad de la región”, declararía días después el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se especula, inevitablemente, que dentro de los próximos meses el país asiático desafiará nuevamente a la comunidad internacional con una prueba nuclear en su territorio, como lo hiciera hace unos años. Pero, ¿qué tan jurídicamente constreñido está un país como Corea del Norte para llevar a cabo un ensayo nuclear, inclusive dentro de su territorio?

El 17 de febrero de 2012 una corte federal estadounidense puso fin al litigio que giró alrededor de los vestigios del buque de guerra Nuestra Señora de las Mercedes y las Ánimas. Esta controversia inició en 2007, cuando la compañía Odyssey Marine Exploration —que se autonombra empresa líder a nivel mundial en exploración y recuperación de naufragios— descubrió y rescató parte del cargamento del buque español que yacía en el fondo del mar desde hace más de dos siglos. Tomaría cinco años para que las cortes estadounidenses ratificaran la propiedad del buque y del tesoro a España.

¿Puede un Estado que comete violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos o al derecho humanitario (jus cogens) perder su inmunidad de jurisdicción civil en el extranjero? El 3 de febrero la Corte Internacional de Justicia decidió que Italia era responsable de permitir que en sus cortes se inicien procedimientos en contra de Alemania con el propósito de buscar reparaciones por las atrocidades que cometió el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con esta decisión, la Corte responde en sentido negativo la pregunta anterior y privilegia los conceptos clásicos de Derecho internacional sobre los derechos humanos, como algunos comentan. Y aunque dificulta la creación de una nueva excepción a la regla de inmunidad soberana en caso de abusos graves a los derechos humanos, la Corte no cierra por completo la puerta para que ésta se cristalice en un futuro como costumbre internacional.

Como es sabido, el último roce diplomático entre Estados Unidos y Venezuela devino de la transmisión, por la cadena Univisión, del reportaje “La amenaza iraní”, donde se expuso la supuesta planeación de ataques cibernéticos en contra de instalaciones de Estados Unidos, “aparentemente” orquestados en México por “agentes diplomáticos de Irán y Venezuela, con el apoyo de la embajada de Cuba”.

Hace un año nadie pudo haber previsto la asombrosa y tortuosa caída del poder de la familia Gaddafi en Libia. A pesar de que el ex presidente Muammar Gaddafi tuvo durante su administración fuertes choques en el plano internacional, la legitimidad de su régimen en ningún momento se vio cuestionada. Fue hasta principios de 2011 que la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad, dio un golpe contundente para deslegitimarlo al convocar a tomar “las medidas necesarias” para proteger a la población civil ante la brusca y violenta reacción del gobierno a la llamada “revolución árabe” en ese país.

El 4 de agosto, en una decisión sin precedentes, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), compuesto por los árbitros Jan van den Berg (Holanda) y Georges Abi-Saab (Egipto), y presidido por Pierre Tercier (Suiza), admitió que más de 60,000 tenedores italianos de bonos de inversión soberanos pueden reclamar una compensación por aproximadamente mil millones de dólares en contra del gobierno argentino. A pesar de que el voto no fue unánime, tras la fuerte opinión disidente de Abi-Saab, el caso parece abrir la puerta para que futuros tribunales arbitrales puedan “adjudicar” sobre irregularidades con respecto a este tipo de instrumentos financieros en acciones colectivas. No son claras las ramificaciones inmediatas de la decisión, pero el caso parece tener el efecto de llevar al arbitraje de inversión y al derecho financiero a un acercamiento más directo.

El 16 de septiembre de 2011, diez individuos demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al. vs. Ernesto Zedillo). En la demanda, se le imputa la responsabilidad civil por la tragedia que aconteció en Acteal, en diciembre de 1994, donde 45 personas murieron. En específico, se le acusa de “responsabilidad de mando” por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento.

En marzo de 2009 México solicitó el establecimiento del panel ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para analizar la legislación de Estados Unidos que prohíbe que se comercialice el atún capturado con redes de cerco en presencia de delfines con el etiquetado dolphin safe. Casi dos años después el panel, compuesto por Mario Matus (Chile), Franz Perrez (Suiza) y Elisabeth Chellieah (Singapur) emitió una decisión a favor de México al establecer que los requisitos de etiquetado al atún mexicano son comercialmente más restringibles de lo necesario para lograr la protección de delfines en el Océano Pacífico, lo que provoca la anulación o el menoscabo de la ventajas derivadas para México bajo los acuerdos de la OMC.

En 1994 el mundo experimentó uno de los capítulos más negros de la historia cuando el gobierno predominantemente Hutu casi exterminó a la minoría Tutsi en Ruanda. La comunidad internacional parecía o pretendía ignorar que bajo sus narices se efectuaba una de las prácticas genocidas más efectivas desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de 800,000 muertos. Aunque el gobierno de Estados Unidos sabía desde el comienzo sobre la situación, el sistema gubernamental y la falta de liderazgo dentro de sus instituciones terminaron por atrofiar la pronta reacción que urgía en el país africano. Diecisiete años después, Barack Obama propone la creación de un Comité sobre la Prevención de Atrocidades cuyo fin es coordinar los esfuerzos de las agencias estadounidenses para detectar y detener de manera eficiente aquellas situaciones que amenacen con escalar en prácticas genocidas, como ocurrió en Ruanda.

El pasado 7 de julio las autoridades norteamericanas ejecutaron al mexicano Humberto Leal García, quien fue hallado responsable del secuestro, violación y muerte de una adolescente de 16 años de edad en 1995, en la ciudad de San Antonio, Texas. Leal García es uno de los 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, cuyo expediente forma parte de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena de 2004, en el que se condenó a Estados Unidos por violaciones a la notificación consular según el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.