Rosendo Radilla Pacheco, líder social de la década de los setenta, fue detenido el 25 de agosto de 1974 por un retén militar, a consecuencia de su lucha. A los pocos días de su desaparición, sus familiares intentaron localizarlo; sin embargo, no existían condiciones de seguridad para acudir a las instancias de procuración de justicia de la época. Fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A la fecha, su paradero sigue siendo desconocido.

El asunto de Florence Cassez ha dividido al país. Un primer debate implica la inocencia o la culpabilidad de la mujer francesa, acusada de secuestro. Algunas notas periodísticas la presentan como una joven rebelde y confundida; deslumbrada, quizá, por la bisutería, pero no como una delincuente. Otros afirman, en cambio, que se trata de una cómplice despiadada, que participaba en todas las fechorías de su pareja.

Hace algunos días, la Comisión Federal de Competencia decidió no autorizar la adquisición de 50% de las acciones de Iusacell por parte de Televisa. Varios esbozaron una sonrisa de satisfacción. Pero puede que la mueca sea prematura. En asuntos tan técnicos, es complicado predecir el juego de las implicaciones no ponderadas: los descalabros de unos representan las victorias de otros. Sin un cambio de fondo, el revés de las televisoras sólo redundará en una franca victoria para Telmex y América Móvil.

Chihuahua atrajo la atención de México cuando decidió instrumentar un sistema penal acusatorio. “Los estados ganan la iniciativa a la Federación —se dijo en todas partes—. Las entidades federativas dan una lección al gobierno federal”. Y tenían razón…

Preservar los derechos humanos es obligación de todo gobierno. Cuando ante una sola violación éste se muestra indiferente, debe ser denunciado, obligado a reparar el daño y a sancionar al infractor.

Vivimos una revolución jurídica silenciosa. A pesar del bloqueo político, el orden jurídico se actualiza a una velocidad sorprendente. Pero un actor destaca por encima de los demás: con todo y sus vacilaciones, la Suprema Corte de la Nación experimenta un periodo de vitalidad sin precedentes. Si en los años noventa los principales intentos de modernización provinieron del Ejecutivo federal, al inicio de esta década parece que el protagonismo recae en nuestro más alto tribunal.

Aunque se obtuvieron siete votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no logró echar abajo la reforma que los congresos de Baja California y San Luis Potosí hicieron a sus respectivas constituciones, señalando que la vida debía protegerse desde su concepción. Esto, de algún modo, refleja el sentir de la población mexicana: la mayoría desea acabar con la criminalización del aborto, pero una minoría lo impide.

Se cuenta que, durante la transición entre el régimen de López Mateos y Díaz Ordaz, éste preguntó al que todavía era su jefe qué características debía buscar en su procurador general de la República. López Mateos, siempre lúdico, respondió que la persona que ocupara dicho cargo debía tener tres características: “Primero, que sea leal; segundo, que sea leal y, tercero, que sea leal… Si, además, tiene carácter y sabe Derecho, mejor”.

A juzgar por las noticias que aparecen en la televisión, la radio y los periódicos, la contienda presidencial por el 2012 se librará entre el PAN y el PRI. Ningún otro partido. Ambos presentan su problemática propia y el “debate nacional” se limita a la especulación sobre la persona que conseguirá la candidatura de cada bando.

El documental Presunto culpable, tan aplaudido por la sociedad mexicana, no ha tenido el mismo éxito en el seno de la judicatura mexicana. Particularmente, dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Angustiados por la forma en que se exhibió la mediocridad y la falta de alcances de un juez, sus compañeros resolvieron cerrar filas en torno a él. Con su visión de gremio, se dijeron unos a otros: “Mañana podríamos ser nosotros…”