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En el marco de la recientemente aprobada reforma al artículo 24 constitucional —que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado, además de incluir el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto— el autor se pregunta por el trasfondo de una reforma que, en su opinión, atenta contra la laicidad del Estado.

Por llevar la luz a los hombres, Prometeo fue encadenado a una roca y sentenciado a que los buitres royeran sus entrañas. Por denunciar la putrefacción de la sociedad española, a Garzón le ha ocurrido algo similar.

La democracia, como forma de vida, no sólo se ocupa de las elecciones, sino de todo el contorno de la sociedad, e incluye la actuación directa de los jueces, lo que ocasiona un cambio radical en nuestras instituciones, sostiene el autor, juez civil de primera instancia en el Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.

A principios de enero salió a la luz pública información sobre el examen de control de confianza aplicado al ex subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría capitalina, Luis Genaro Vásquez. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el subprocurador reprobó la prueba de polígrafo —información que estaba en poder del ex procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, desde septiembre de 2011—. Este hecho desató una polémica por la falta de confidencialidad en el manejo de la información y por las consecuencias, para el entonces subprocurador, de no haber acreditado la prueba.

2011 puede ser señalado como un año paradigmático en el mundo jurídico de nuestro país, sostiene el autor, quien nos ofrece un recuento de los acontecimientos que, a su juicio, vale la pena destacar.

La correduría pública no podrá desarrollarse y cumplir las funciones que el comercio le requiere, si no hace previamente un alto en el camino para encontrar su verdadero espíritu, sostiene el autor, abogado por la Escuela Libre de Derecho y corredor público número 65 del Distrito Federal.

Aunque un abogado pueda ejercer su profesión en campos como la docencia, la carrera judicial o el asesoramiento y la representación de clientes, no debe olvidarse que el diseño de las políticas públicas exige contar con especialistas que no sólo conozcan los ordenamientos legales, sino que estén dispuestos a poner sus talentos al servicio del bien común, dice el autor de este artículo.

En un escenario con pocas denuncias, policías corruptos libres y ausencia de un Estado de Derecho, ¿se puede combatir la violencia? Ernesto Canales, presidente del patronato de Renace, A.B.P., analiza los beneficios de la instauración de los juicios orales en la lucha contra el crimen.

El notariado latino es uno de los pilares que contribuyen a la prevención de conflictos y a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Una muestra de ello es la filiación de 81 países a la Unión Internacional del Notariado —muchos de ellos economía desarrolladas como Alemania, Francia, Canadá o Japón—, sostiene el autor, notario público 136 del Estado de México.