El pasado 22 de marzo se realizó la ceremonia de formal ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, A.C., como miembro de número, de Ricardo Ojeda Bohórquez. El nuevo académico dio lectura a su trabajo de ingreso titulado “La reforma constitucional de amparo y derechos humanos, ante el procedimiento penal acusatorio oral”, en el que destacó las tres importantes reformas constitucionales: la penal de 2008 y las de amparo y derechos humanos de 2011. En dicho trabajo comentó los proyectos de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Penales de la SETEC.

El pasado 9 de abril se llevó a cabo la presentación del libro El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas de Israel Rivas Acuña, en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El pasado 13 de abril la Universidad Inca Garcilaso de la Vega llevó a cabo la ceremonia de imposición del doctorado honoris causa a los juristas mexicanos Jorge Carpizo, Diego Valadés y Héctor Fix-Zamudio, durante un acto realizado en el auditorio Guillermo Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Del 12 al 15 de marzo pasado se llevó a cabo el Seminario México por la Democracia, organizado por la Universidad Pontificia de México, la Federación Interamericana de Abogados/Inter-American Bar Association y la Red de Universidades para el Desarrollo Académico (organización que busca promover e impulsar los valores éticos de los estudiantes, además de sensibilizar a los jóvenes sobre las necesidades de interrelacionarse y capacitarse para el ejercicio profesional).

El pasado 18 de febrero falleció en la Ciudad de México Gabriel Ernesto Larrea Richerand, quien fuera presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., durante el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2004 y el 23 de junio de 2008.

El 8 de diciembre de 2011 se llevó al cabo, en el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la presentación del libro Para entender el nuevo modelo de seguridad para México, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, quien estuvo acompañado por Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina Regional de la ONU contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe; Gerardo Laveaga, director general del INACIPE, y por los periodistas Leonardo Curzio y Raymundo Rivapalacio.

A finales del año pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, rindió su cuarto informe de labores ante el pleno de magistrados y en presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, así como de la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales Magdaleno.

El pasado 10 de noviembre, la Fundación Fausto Rico Álvarez, I.A.P., presentó su informe de labores correspondiente a 2011, en un evento celebrado en el Club de Industriales.

En el marco de la Sexta Asamblea Nacional de Impartidores de Justicia (AMIJ), celebrada los días 10, 11 y 12 noviembre en Cuernavaca, Morelos, se entregó el reconocimiento al primer lugar nacional en la categoría de innovación judicial al proyecto diseñado e implementado por un grupo de científicos mexicanos especialistas en estadística y matemáticas del Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato (CIMAT, www.cimat.mx), proyecto que consiste en un modelo de simulación matemática inédito a nivel mundial que permite la determinación de recursos críticos, el cual hace posible que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato migre su sistema de administración de justicia a los llamados juicios orales con altos niveles de efectividad y eficiencia, lo que permite el ahorro de más de 100 millones de pesos en su proceso de implementación.

El pasado 10 de octubre se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una mesa redonda organizada por esta institución académica, así como por la organización internacional Artículo 19, FUNDAR, Centro de Investigación y Análisis, y la Red por la Rendición de Cuentas, cuyo objetivo fue analizar la efectividad y la idoneidad de los mecanismos estatales que garantizan el derecho de acceso a la información pública, en virtud de la negativa a una solicitud de acceso a la información sobre el gasto ejercido por el gobierno de Veracruz en comunicación social.