La valuación implica una preparación profunda que va más allá de una determinada carrera universitaria o técnica, por lo que el perito valuador actual necesita una serie de estudios y certificaciones que lo avalen y lo reconozcan como tal, afirma el autor, abogado por la Escuela Libre de Derecho y corredor público número 65 del Distrito Federal.

Para ofrecer certeza jurídica a los miembros de una sociedad, las resoluciones legales han de sustentarse en argumentos y evidencias capaces de convencer, lo que minimizará la posibilidad de impugnaciones o inconformidades. ¿Qué papel juega, en este contexto, la retórica? El autor, asociado en la firma HeCo Hoffmann Morán, aborda la cuestión.

Resulta impostergable contar con una ley que garantice el respeto, la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, afirma el autor, quien después de consultar a diversos actores sociales —legisladores, funcionarios de diversas dependencias federales, miembros de organizaciones civiles e integrantes de la sociedad civil que han sufrido la violación de sus derechos— nos ofrece esta propuesta.1

¿Qué autoridad está obligada a pagar a un particular la indemnización cuando éste obtiene resolución administrativa o judicial firme por la que se declara nula la determinación en la que se ordenó que cierta mercancía pasara a propiedad del fisco federal? ¿Cuál es el plazo que la autoridad tiene para cumplir con esa obligación? El autor, maestro en Derecho constitucional y amparo, lo explica.

La restricción de ser candidato sólo si la postulación se hace a través de un partido político se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mas no en la Constitución. No obstante, el artículo 1° constitucional, a partir de la reforma de 2011, expresamente señala que los derechos solamente podrán ser limitados por la propia Constitución. ¿Qué sucede, entonces, con el derecho a ser votado? El autor, académico del ITAM, nos lo explica.

El 15 de diciembre del año pasado aparecieron diversas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), cuyas bondades y limitaciones son analizadas por el autor, quien además destaca la necesidad de contar con una “cultura del consumo” que, entre otros aspectos, lleve a buscar la reivindicación de los derechos de los consumidores cuando se vean vulnerados.

La reciente reforma constitucional relacionada con un mayor compromiso hacia los derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011,1 así como la decisión del caso “Rosendo Radilla Pacheco” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han centrado la discusión de la comunidad jurídica en una variada gama de nuevos temas, entre ellos el control difuso.

La décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta deberá ser recordada como la época que consolidó el respeto a los derechos humanos del pueblo mexicano, sostiene el autor, quien además considera que en esta tarea deben involucrarse no sólo los impartidores de justicia y las autoridades, sino también los propios abogados y académicos.

En 2012 se conmemora en ambas orillas del Atlántico un importantísimo bicentenario: la promulgación de la Constitución de la Monarquía Española, mejor conocida en nuestra historia común como Constitución de Cádiz de 1812.

Los problemas de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de su reglamento inciden en el desempeño de los servidores públicos de la administración pública federal y están directamente relacionados con la manipulación del Servicio Profesional de Carrera por parte de la Secretaría de la Función Pública en los concursos de las plazas, para colocar gente afín a un determinado grupo. De este tema se ocupa el presente artículo.