A pesar de que la reforma al artículo primero de la Constitución ha sido recibida con el aplauso de todos los abogados progresistas, hay voces que denuncian insuficiencias. El autor de este artículo posee una de ellas.

La existencia en nuestro país de 32 legislaciones diferentes en materia penal, además de las correspondientes a nivel federal, con un total de más de 10,000 tipos penales, evidencian la urgencia de unificar las leyes penales en un Código Penal Tipo, tema que aborda el autor, connotado diplomático y político guerrerense.

¿Los profesionistas mexicanos que residen en México pueden ser demandados en Estados Unidos, en concreto en el estado de California, cuando prestan sus servicios a clientes que viven en ese estado de la Unión Americana, no obstante que los servicios profesionales hayan sido prestados exclusivamente en México? El autor nos ofrece un análisis de esta cuestión.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares busca regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En enero pasado inició la segunda etapa de su aplicación, relacionada con el procedimiento de protección de derechos.

En la actual época de crisis, las finanzas de los sistemas de pensiones resultan un grave problema que se ha convertido en noticia de primera plana, ocupando el interés de los conocedores del asunto a nivel internacional, sin que hasta ahora exista una solución integral. El trabajo que aquí se expone ofrece una alternativa jurídica para este asunto político, económico y social.

Aunque su estatus de “prueba” es puesto en duda por algunos doctrinarios, la presunción debe considerarse como una prueba, en la medida en que parte de hechos demostrados plenamente para llegar, mediante un razonamiento correcto, al conocimiento de los hechos desconocidos. Así lo sostiene el autor de este artículo.

El ejercicio de las facultades discrecionales que existen en la ejecución de las sanciones penales propicia la arbitrariedad en el análisis y el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, lo que vulnera los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas que se encuentran en prisión. Así lo afirma el autor.

¿Puede convertirse la interposición del recurso de revisión, regulado en el sistema normativo previsto en los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en una práctica dilatoria? El autor responde a esta cuestión analizando el hipotético caso de un recurso de revisión tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si una compañía mexicana vende sus productos en Estados Unidos por conducto de distribuidores o comisionistas, sin tener negocios, oficinas o representación legal en un estado de la Unión Americana, ¿puede ser demandada en caso de que sus productos causen daños o perjuicios en dicho estado? El autor analiza este tema a partir de diversos casos que se han presentado en el vecino país del norte.

Es necesario que en nuestro país se lleven a cabo las reformas constitucionales y legales necesarias que, por un lado, aclaren la autoridad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por otro, prevean su rápida recepción y ejecución, afirma la autora de este artículo.