Yuniur Vázquez Rosalío

Para el abogado wixárika Yuniur Vázquez Rosalío el Derecho es el mejor instrumento de resistencia de su pueblo. Yuniur actualmente es el coordinador general del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta.

Julieta Morales

Para Julieta Morales, la principal responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por nuestro país se debe a las omisiones del Estado mexicano en materia migratoria.

Tratado Santa María-Calatrava

A raíz de las recientes declaraciones que hizo el presidente López Obrador, exigiendo al rey de España que ofreciera una disculpa por la Conquista, reproducimos el Tratado Santa María-Calatrava, donde queda claro que “habrá total olvido de lo pasado”.

La inviolabilidad diplomática: dilema venezolano

La disputa entre los presidentes de iure y de facto en Venezuela durante el último mes ha rebasado las meras declaraciones de reconocimiento por parte de gobiernos extranjeros.

Por qué fue un error cerrar Islas Marías

El pasado mes de marzo el Ejecutivo federal confirmó el cierre del complejo penitenciario Islas Marías. A la luz de la medida, la autora realiza un análisis sobre los antecedentes y la situación de este centro penitenciario hasta el momento de su cierre.

En defensa de las defensoras

La autora reflexiona sobre el riesgo creciente que representa defender los derechos en México, especialmente para las mujeres.

Reinventando la flagrancia

En este artículo se analiza la reciente propuesta de modificación al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar el concepto de flagrancia, que entraría en conflicto con la presunción de inocencia.

La Secretaría del Trabajo perderá su razón de existir

El autor, experto en derecho laboral, explica por qué con la creación de los tribunales de trabajo y del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje ya no tendrá razón de existir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Ley General de Aguas: seis años después

A pesar de la reforma al artículo 4° constitucional de 2012, por la que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, seguimos con una Ley de Aguas Nacionales que data de hace más de 25 años y que no obedece a nuestra realidad actual.

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