AL MARGEN - Abril 2016

AL MARGEN - Abril 2016

 

El Periscope de Arne aus den Ruthen, City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, carece de fundamento constitucional y legal, pero parecía útil para denunciar la corrupción. Algo similar podría aducirse del alcoholímetro o la revisión del equipo en los aeropuertos. Todo esto se hace al margen de la ley, pero con el beneplácito de muchos ciudadanos. En el caso del Periscope, sin embargo, Arne se engolosinó y ahora se dedica a retratar a trabajadoras sexuales, uniéndose a la caza de brujas que ya padecen estas personas. Tanto celo acabó prostituyendo al político: de ser custodio de la conducta cívica se convirtió en inquisidor.

 


El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha anunciado que va a luchar para que, en las nuevas leyes, se quite a los “actos de corrupción” su carácter de reservados. El problema que los comisionados no han considerado es que el término corrupción es muy amplio. Ni siquiera se contempla en nuestra legislación penal como tal. Si ni siquiera sabemos qué es corrupción, ¿cómo se va a determinar? Y, en todo caso, ¿quién la determinará? ¿El INAI? Como el tema de las “violaciones graves a los derechos humanos”, que el INAI no tiene ni facultades ni recursos para determinar, el de “corrupción” apunta a ser otro ejercicio demagógico.


A pesar de la eficaz labor que ha desarrollado Aristóteles Núñez, jefe del SAT, el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016 nos recuerda que los datos sobre la recaudación fiscal no son muy halagadores: hay 388,333 millones de pesos que el fisco no ha logrado cobrar por una u otra razón. Según el informe, los deudores desaparecidos, los deudores sin recursos y, sobre todo, los artilugios para evadir la actuación de Hacienda, son las principales causas de que México esté lejos de figurar entre los países más cumplidos de la OCDE. Pero hay otra razón: la corrupción. Ésta provoca que los ciudadanos desconfíen del uso que tendrán sus impuestos —¿bonos “de riesgo” a los comisionados del INAI, financiamiento de campañas políticas, remodelación de calles que duran una semana?— y prefieren hacer todo para eludir su pago.


Es posible que el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no refleje “la situación general del país”, como apuntaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, pero, ciertamente, no es un informe que pueda desecharse sin más. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido adoptado por ONG’s y asociaciones internacionales (la Fundación Soros en particular, han denunciado algunos), las cuales han inyectado grandes cantidades de dinero para presionar al gobierno mexicano. Aun así, el problema de las desapariciones existe y no puede ser soslayado. Lo mismo habría que decir de la impunidad.


A pesar del bombo y platillo con que se elaboró y promulgó la Ley de Víctimas, la percepción general es que ésta no ha dado ningún resultado. “No sirve para nada”, aseguraron distintos familiares de desaparecidos en el Senado, a comienzos de marzo. Padres de diversos colectivos de desaparecidos de Coahuila, Estado de México, Guerrero, Morelos, Querétaro y Veracruz denunciaron que los protocolos son meros procedimientos y trámites sin sentido, que se hacen desde un escritorio burocrático. No se traducen en ningún resultado. Lo cierto es que, en los últimos 15 meses, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha recibido 900 millones de pesos y sólo ha otorgado 67 a las víctimas… La Ley de Trata y la Ley contra la Tortura que se discuten actualmente en el Congreso no parecen diseñadas para conseguir mejores resultados.


A propósito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ésta ha declarado que existe una preocupante impunidad en torno de los delitos sexuales: sólo uno por ciento de los agresores sexuales son consignados. Para combatir este problema la comisión ha propuesto armonizar las leyes federales y locales. El tema, sin embargo, no es jurídico sino cultural. Salvo los delitos más graves, como la violación, que deben ser castigados con todo el rigor de la ley, muchos de estos delitos podrían abatirse con mejores programas de educación sexual e integración familiar, no necesariamente a cargo de los gobiernos.


Otras leyes que también se discuten en el Congreso y tampoco parece que vayan a tener mayor impacto son las que integran el paquete anticorrupción: la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidades y las reformas a otros ordenamientos que inciden en la materia. Los desencuentros que ha tenido Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado con las ONG’s, el PAN y el PRD dejan entrever la simulación que se cobija: un batiburrillo concebido para dificultar las tareas de los servidores públicos honestos, pero no para prevenir los artilugios de quienes pasan las bases de un concurso a sus socios seis meses antes de que éstas se publiquen y, luego de dar el triunfo a la empresa de estos socios, reciben dádivas a nombre de terceros.


Después de años de inercias y displicencias se echó a andar la reforma educativa, que implica promover la capacitación de los maestros y elevar la calidad educativa en las escuelas. Pero, al parecer, Manuel López Obrador no está conforme con ella. Ha dicho que, en caso de convertirse en presidente de México, una de las primeras cosas que hará será echar abajo dicha reforma, para garantizar que los grupos clientelares y los sindicatos que sólo buscan prebendas a cambio de no incendiar el país recuperen lo que se les ha quitado.


Durante el Congreso Internacional sobre Prevención de Delitos Emergentes, convocado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, llamó la atención la aguda observación de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Carmen Carmona Lara, que analizó los delitos contra el medio ambiente: “Nos preocupamos mucho por la marihuana y otras drogas —acusó— pero lo que está envenenando a nuestros niños y jóvenes es el aire que respiramos… y éste no parece importarle a nadie”. Si pensamos que, a mediados de marzo, en la Ciudad de México se registró una concentración de 203 puntos Imeca, la advertencia de la doctora Carmona resulta oportunísima.


En su afán por imitar todo lo que venga de Estados Unidos, nuestros ilustres legisladores han decidido crear los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA), un émulo de las cortes de drogas norteamericanas. La idea es que un joven que sea sorprendido con seis gramos de marihuana no vaya a prisión —“¡Qué insensatez!”, claman senadores y diputados— sino que reciba un tratamiento psicológico. El fracaso de estos tribunales en estados que, como Durango, ya los han instaurado, ha sido monumental. Yucatán, por lo pronto, ha dicho que no se sumará a la iniciativa. Para que estos tribunales no se queden sin clientes, quizás habría que ampliarlos: podrían brindar tratamiento psicológico, también, a los adúlteros, a los homosexuales y a quienes consuman más de dos caballitos de tequila a la semana… Todo sea en beneficio de la moral y de la gente decente.


En días pasados fue reconocida, en una ceremonia que se realizó en la Bolsa Mexicana de Valores, la labor docente del abogado Federico Ponce Rojas, mediante la Cruz de Honor que le entregó el Instituto de Estudios Bursátiles, asociación sin fines de lucro patrocinada por la Bolsa de Madrid y centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid para impartir estudios universitarios en el ámbito jurídico. ¡Enhorabuena!


De acuerdo con el suplemento Mejores Universidades 2016, que publica El Universal, la mejor opción para estudiar Derecho en México es la Facultad de Derecho de la UNAM, seguida por el CIDE, la UDLAP de Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad de Monterrey, en Nuevo León. En el ranking de 18 universidades que enlista El Universal destacan, también, la UNAM-Aragón y la UNAM-Acatlán, pero no se hace mención alguna al ITAM, la Escuela Libre de Derecho o la Universidad Panamerciana… Curioso.


         

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