Al margen - Enero 2016

Al margen - Enero 2016

Muy desafortunado resultó el bono de más de 200,000 pesos que se adjudicaron los siete comisionados del INAI. Adujeron que era por los riesgos que corrían, en virtud de la delicadísima información que manejan. Cualquiera que conozca el teje y maneje del INAI, sin embargo, sabe que ese riesgo no existe: la información que, de veras, podría poner en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública o la estabilidad económica del país, jamás pasa por manos de los comisionados del INAI. La SEDENA o la SHCP se limitan a comunicarle al órgano de transparencia que no se puede entregar lo que se les pide… Y punto. Nuestros campeones de la rendición de cuentas habrían quedado menos mal parados si hubieran dicho que el bono era para ir de vacaciones a Disneylandia con sus hijos, o algo más creíble. Al menos no se habría notado la grotesca simulación. Ésta perjudica más a la institución de lo que cualquiera pudiera imaginar. 


Si usted no quiere tomar cerveza, subir a un helicóptero o asistir a un partido de béisbol, no lo haga. Pero ¿por qué oponerse a que otros opten por ello? Lo mismo ocurre con las bodas gay. Nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo, pero resulta atroz que haya quienes se opongan, de modo furibundo, a estas uniones. Hasta la CNDH ha tenido que salir a decir a los gobernadores y a los congresos de las entidades federativas, en su recomendación 23, que hay que evitar la discriminación que esto supone.


El senador Emilio Gamboa se ha jactado de que el Congreso estuvo muy productivo en el periodo que concluyó el pasado 15 de diciembre. La productividad de un órgano legislativo, sin embargo, no se mide por la cantidad de leyes que produce —por su “diarrea legislativa”, como dicen algunos— sino por la calidad de sus leyes. A juzgar por lo que se adivina, algunas de las leyes que emitió nuestro Congreso no tienen relación costo-beneficio…


El cardenal Norberto Rivera hizo gala de prudencia —y audacia— al declarar que apoya la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Si bien no se pronunció por el abierto consumo de la droga, su postura contribuirá a que algunos católicos vayan sensibilizándose sobre un problema que es ridículo si se le compara con el que supone el abuso del alcohol. Y es que quien se oponga honestamente a la legalización de la marihuana tendría que oponerse, también, a la producción, la distribución y el consumo de alcohol, un producto mucho más dañino para la salud y peligroso para la sociedad. Hasta la secretaria de Salud ha cambiado sus diatribas contra la marihuana, para insistir en el verdadero enemigo: el consumo inmoderado del alcohol.


A propósito de la marihuana, tiene razón Diego Valadés cuando señala que el amparo ante la COFEPRIS denota un caos institucional. Pero Valadés sofistica demasiado su análisis: el día que las decisiones de la Corte tengan efectos erga omnes, como en todo país desarrollado, ese día se acabará el desbarajuste.


Aunque la llegada de Javier Laynez y de Norma Lucía Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba cantada —todos sabían quién era el bueno de cada terna—, Laynez ha despertado muchas expectativas, pues se le considera uno de los mejores abogados públicos de México. Aunque su padrino fue Luis Videgaray, se vaticina que él sabrá actuar con independencia cuando lo amerite la ocasión. No es el caso de Norma Lucía Piña, una mujer gris, si las hay. Nunca ha destacado en ningún ámbito y, se dice, fue aupada por el PAN porque este partido no halló una candidata mejor. Ambos tendrán 15 años para confirmar o refutar estas primeras impresiones.


Una innegable ventaja de la conversión de CONACULTA en Secretaría de Cultura es que ahora el secretario de Educación podrá dedicarse, única y exclusivamente, al tema educativo. Como coordinador del sector, para cualquier secretario de Educación Pública era tentador distraerse en los temas culturales, que son más atractivos que la lucha con la CNTE, la evaluación de maestros o los vínculos de la escuela con la industria y el comercio. El titular de Cultura, por su parte, podrá dedicarse a lo suyo sin las presiones del secretario de Educación, que se irritaba porque lo criticaba un intelectual o reclamaba el apoyo de cierto artista… El abogado Rafael Tovar, por cierto, fue una designación inobjetable.


Si bien la Comisión Nacional de Arbitraje Médico nunca ha destacado por su eficacia —“un médico difícilmente va a condenar a otro médico”, dicen los médicos—, hay casos emblemáticos que de ningún modo podrían pasarse por alto. Es el caso del dispositivo para tratar la hidrocefalia, implantado en la cabeza de unos 200 pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El implante, que en algunos casos costó hasta 300,000 pesos, se hizo sin las autorizaciones necesarias. Los daños que ocasionó el dispositivo, inventado por Julio Sotelo Morales, cuando era director de dicho instituto, son de carácter irreversible. Aquí hay un caso emblemático que la Comisión de Arbitraje Médico debe llevar hasta sus últimas consecuencias.


Más allá de los comprensibles embates partidistas, el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, acertó al criticar al panista Jorge Luis Preciado por su gusto por el alcohol: “El estado natural del candidato del PAN —acusó Beltrones— es estar consumiendo bebidas alcohólicas”. Hizo bien en señalarlo. Preciado no ha tenido ningún respeto por su investidura como senador. Cobró en la cámara mientras hacía campaña (apenas pidió licencia a finales de diciembre pasado) y sus escándalos y su desprecio por las instituciones han lastimado tanto al cuerpo colegiado como al PAN. ¿Por qué lo querrán tanto en su partido?


Por más que Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se desgañita diciendo que ha sancionado a miles de servidores públicos e investiga a decenas de ellos; por más que da razones por las que la SFP no debe desaparecer, ningún pez gordo ha caído en sus redes. La mayoría de los asuntos que atiende la secretaría consisten en impugnar procesos en que algún servidor público omitió un trámite. Cuando se demuestra, ante el Poder Judicial, que este servidor público era inocente y que se le inhabilitó de forma injusta, éste demanda al Estado, el cual tiene que pagar enormes cantidades de dinero por su negligencia… Para esto sirve la SFP: para desfondar al Estado. También para urdir leyes y reglamentos complicadísimos que, asegura, acabarán con la corrupción. ¿No se dará cuenta Andrade de que esta maraña legislativa sólo facilitará el camino a los corruptos para salirse con la suya?

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