Al margen - Octubre 2016

Al margen - Octubre 2016

Si le roban a usted su reloj o su automóvil, si entran a robar en su despacho o en su casa, si lo lesionan en cualquier ciudad de la República, ¿acudiría a la procuraduría local? Lo más probable es que sólo lo hagan perder su tiempo. Eso sí, lo citarán, lo interrogarán y hasta mandarán peritos para que tomen huellas digitales… pero no más. Con su nivel de 99 por ciento de fracasos, las procuradurías locales —encabezadas por la de la Ciudad de México— son, quizás, las instituciones menos eficientes del país. Concebidas para garantizar los intereses del gobernador en turno, brindar protección policial a sus amigos y presionar a los jueces en casos en que las cosas no vayan bien para el góber, las procuradurías requieren un rediseño urgente. La simulación con que trabajan estas agencias públicas ofende a los mexicanos del siglo XXI.


Muy oportuno es el reportaje que publicó Excélsior sobre lo que gastan los 11 ministros de nuestro Máximo Tribunal en comidas: 2,353,754 pesos al año y otros 655,000 pesos en vinos y licores. Esto, adicionalmente a su sueldo, por supuesto. ¿Será que éste no les alcanza para comer? Ahora bien, si se incluye a otros altos funcionarios del tribunal, la cifra se dispara a 15.3 millones de pesos. El argumento que se da para justificar estas cantidades es que los ministros no deben aceptar ninguna invitación por parte de quien pretenda solicitarles su apoyo en algún caso. Aunque esto tiene su lógica, las cifras no dejan de ser inquietantes en un país donde la austeridad del sector público se antoja urgente.

 


 

El periódico Reforma, por su parte, publicó un reportaje sobre el aumento de presupuesto que ha solicitado el Consejo de la Judicatura Federal. “No parece tener llenadera”, denuncia el diario: pidió 20 por ciento más de recursos financieros, pero en los últimos cuatro años ha dejado de ejercer más de 8,600 millones de pesos. ¿Qué es lo que pretenden nuestros valientes consejeros? ¿Seguir ahorrando mientras se quejan de que no les alcanza para más juzgadores ni para impulsar el sistema acusatorio?

 


 

En lo que va del año, nos dice la ONG Fundar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dispensado el pago de impuestos por 3,000 millones de dólares a 16,832 personas físicas y morales, entre las que figuran Industrias Campos Hermanos y Volkswagen de México. Sólo a la constructora GEO le perdonó 2,870 millones de pesos. No hablamos de la cancelación fiscal, que tiene su propia lógica, pero sí de la condonación. Este perdón liso y llano debería explicarse. Es posible que haya argumentos razonables pero si éstos no se dan a conocer no podemos dejar de preguntarnos: ¿será que le perdonaron mil millones a esta empresa a cambio de un donativo de cien que fue a parar a los bolsillos de algún político? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan infames.

 


 

Al ingresar a la Legión de Honor Mexicana, Arely Gómez González, procuradora general de la República, recordó que las operaciones encubiertas —necesarias en todo Estado Democrático de Derecho— deben estar debidamente reguladas para limitar los abusos y hasta la discrecionalidad de las autoridades. La procuradora tiene razón.

 


 

En ese mismo acto José Elías Romero Apis aseguró que la abogacía mexicana está entre las 10 más reconocidas del mundo. La aseveración le valió un nutrido aplauso pero, como entre gitanos no nos leemos la buena fortuna, hay que decir que el optimismo del abogado no se justifica. Primero, ¿de dónde sacó el dato? Segundo, ¿podemos aspirar a tener una abogacía competitiva cuando, a la fecha, no existe colegiación obligatoria ni parámetros de control de calidad? Para colmo, muchos litigios siguen resolviéndose en lo oscurito y, en algunos casos, los abogados son meros gestores, cuyo mérito se basa en las relaciones públicas.

 


 

Datos curiosos: el país con mayor número de jueces es Eslovenia, que tiene 50 por cada 100,000 habitantes. El de menor número de jueces es Etiopía, con 0.2 jueces por cada 100,000 habitantes. El mayor bufete de abogados del mundo surgió cuando el despacho Dentons, de Estados Unidos, se fusionó con Dacheng Law Offices, de China. La firma cuenta con más de 6,500 abogados, distribuidos en más de 50 países.

 


 

Muy desafortunado se antoja el método de algunas procuradurías estatales de achacar la responsabilidad de lo que les ocurre a las propias víctimas de un homicidio, un secuestro o un robo. Según la de Veracruz, los sacerdotes asesinados en septiembre estaban bebiendo con sus asesinos y todo fue un pleito de borrachos. Según la de Michoacán, el sacerdote José Alfredo López Guillén —que finalmente apareció acribillado con ocho balazos— no estaba secuestrado sino en un hotel con un menor. La del Estado de México adujo que nadie había denunciado el secuestro de María Villar, como si esa explicación la eximiera de intervenir… Las excusas para no investigar o para no ofrecer resultados se antojan disparatadas. Tanto, que ofenden a la ciudadanía… Y luego hay quien se pregunta por qué los gobiernos, agentes del Ministerio Público y policías tienen tan bajos niveles de aceptación.

 


 

Ante la disparatada actitud de algunas universidades católicas que publicaron un manifiesto oponiéndose al matrimonio igualitario, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y hasta la Universidad de Guadalajara se pronunciaron a favor de esta figura. Fue una actitud garbosa que habla muy bien de la pluralidad y la tolerancia que promueven estas instituciones. La que, en cambio, resultó muy desafortunada fue la del Frente Orgullo Nacional (FON), que hizo públicos los nombres de algunos jerarcas católicos que, según la ONG, han mantenido relaciones homosexuales. La decisión del FON viola la intimidad de aquellos a los que denuncia… No es violentando unos derechos humanos como deben defenderse otros.

 


 

A riesgo del lugar común o de repetir una idea en la que se ha insistido largo tiempo, el complicadísimo entramado “anticorrupción” que se diseña y rediseña en el Congreso y en las oficinas de la Administración Pública no tendrá ninguna credibilidad mientras la sociedad no vea a tres o a cuatro exgobernadores tras las rejas. Lo demás será palabrería. En el peor de los casos, simulación.

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