Al margen

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Santiago Nieto, designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un fichaje estupendo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Valiente, honesto y visionario, Nieto tendrá en sus manos una de las unidades claves para controlar el lavado de dinero y la corrupción en México. La UIF posee cuanta información bancaria y financiera de personas físicas y morales se necesita para determinar quién maneja qué recursos, pero ha venido enfrentando un problema: ¿cómo judicializar los casos más emblemáticos? Millones entran y millones salen sin que nadie tenga pruebas del origen de esas cantidades millonarias. Confiemos en que un hombre como Santiago Nieto sepa hacerlo o, bien, instrumente nuevas figuras o rescate otras —como la extinción de dominio— que nos permitan utilizar esta información financiera.


Aunque por todos lados se escucha que Enrique Peña Nieto hizo un pacto con Andrés López Obrador, la verdad es que los votantes del tabasqueño están ávidos de sangre. Éste tendrá que poner tras las rejas, cuando menos, a dos o tres corruptos, así sea para evitar que sus prosélitos sientan que los defraudó. Al mismo tiempo, enviaría el mensaje de que, ahora sí, va a conducirse el país con honestidad. Para lograrlo, sobran candidatos.


Si nada cambia en las próximas semanas, todo indica que Bernardo Bátiz será fiscal general, que Juan Luis González-Alcántara Carrancá ocupará la vacante que deje José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que Javier Quijano será embajador de México en España. Los tres son abogados con trayectorias impecables y con los tres el país saldría ganando.


De acuerdo con el Informe conjunto para el tercer examen periódico universal de México, que presentaron 245 organizaciones de la sociedad civil al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los últimos 10 años apenas se ha conseguido sentenciar a 10 personas por desaparición forzada. En el sexenio que termina sólo hubo tres casos de condenas. En opinión de los presentadores esto habla de una complicidad imperdonable en los niveles más altos del gobierno.


A propósito de complicidades, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es muy distraído o, francamente, está coludido con quienes dispersaron más de 700 millones de pesos en efectivo en SEDESOL y SEDATU durante la administración de Rosario Robles. Ella no ha negado los desfalcos, pero ha dicho, ufana, que nadie le podrá probar nada. ¿De veras ni el SAT ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP se dieron cuenta de nada? A estas alturas, nadie lo cree.


El pasado 8 de septiembre falleció Javier Moreno Padilla, distinguido abogado a quien los partidos políticos más importantes solían consultar sobre seguridad social, Infonavit y Sifores. Catedrático en diversas universidades, con un amplio curriculum profesional y académico, fue comentarista de leyes en el ámbito de su especialidad, autor de los libros El alma de Gandhi y El recaudador (La vida de San Mateo), presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social de COPARMEX durante 25 años, creador de tres fundaciones para reintegración social de primo delincuentes y, sobre todo, un hombre íntegro y generoso. Descanse en paz.


Los senadores de Morena no parecen estar dispuestos a debatir sus decisiones. ¿Para qué hacerlo, si cuentan con una mayoría aplastante? Ante la posibilidad de que sus colegas de otros partidos quisieran argumentar alguna iniciativa, analizar sus pros y sus contras, los morenistas determinaron que los senadores sólo podrían hablar cinco minutos en tribuna y uno si están en su escaño. El tiempo será suficiente para que ellos digan “a favor” y para que los legisladores de oposición no los aburran explicando por qué están en contra.


Los jueces que prefieran no tener que juzgar y ser sólo inspectores de control de calidad deben estar de plácemes. Si progresa la iniciativa de Morena en el Senado, la corrupción (sea ésta lo que sea), el robo de hidrocarburos, las irregularidades electorales y la simple posesión de armas de fuego se considerarán delitos graves. Esto supone que bastará que el Ministerio Público los señale para que los jueces, sin más ni más, envíen al acusado a prisión. Esto representa un retroceso en los avances de justicia penal, pero un respiro para nuestro burocrático Poder Judicial.


La que, en cambio, parece un avance, es la decisión del Senado de aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical, lo que permitirá a los trabajadores adherirse al sindicato que más les convenga. Aunque la Suprema Corte había determinado esta libertad desde hace años, en la práctica se seguía condicionando la contratación de muchos trabajadores a la afiliación a determinado sindicato. Enhorabuena.


Ibrahim Ismail Ibni Almarhum, sultán de Johor, Malasia, provocó el júbilo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que convenció al político de que perdonara a los hermanos González Villarreal, tres sinaloenses acusados de narcotráfico. Se les había condenado a la pena de muerte, pero la intervención del sultán logró que ésta se conmutara por cadena perpetua.


La reciente decisión de la Junta de Gobierno del INEGI de aumentar los sueldos de sus trabajadores fue un desatino. Peor: una provocación innecesaria al presidente electo. Si éste estaba calibrando a quién sí y a quién no bajar el sueldo, ahora se siente desafiado. “Vamos a ver quién puede más”, pensará. Los argumentos de Julio Santaella, presidente del INEGI, se antojan inoportunos, dado que eligió el preciso momento en que Andrés Manuel López Obrador habla de austeridad: “La decisión está apegada a lo establecido en el presupuesto de egresos de la Federación —se justificó—. La ley que establece que ningún servidor público ganará más que el presidente no ha entrado en vigor”. ¿Nadie le habrá dicho a Santaella que el presidente electo cuenta con el apoyo incondicional de la Cámara de Diputados y de la de Senadores? Bastaría una ligera reforma y un artículo transitorio para echar del cargo a Santaella. Y esta decisión… también estaría apegada a Derecho.


 

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