Al margen

A pesar de que muchos académicos se rasgaron las vestiduras con la decisión de la Suprema Corte en torno a la consulta popular, cada vez hay más voces que coinciden en que Arturo Zaldívar “salvó a la Corte” al corregir la plana al presidente de la República, admitiendo que esta consulta no lesionaba los principios constitucionales, pero que no podía efectuarse en los términos planteados. Hizo una pirueta que concilió posiciones. Pero ¿acaso la interpretación judicial no supone, siempre, una pirueta? No hay que ser ministro de la Suprema Corte para decir: “Esto no se puede porque la ley dice que no se puede”. Eso podría hacerlo fácilmente un niño de primaria. Podemos coincidir o no con la Suprema Corte, pero hay que aplaudir el hecho de que se animó a interpretar. Ojalá que así lo haga, también, cuando le lleguen casos como interrupción del embarazo, la subrogación maternal y el uso lúdico de la marihuana. Limitarse a repetir lo que dice un texto de la ley o de la Constitución —de nuevo— no requiere mayor talento.

 

 

El que no salió bien librado, en cambio, fue el Tribunal Electoral: autorizó la creación de un partido político con tintes religiosos y prohibió la creación de otro por un detalle insignificante que hizo alzar las cejas hasta a los más rígidos constitucionalistas. El Tribunal va a tener que realizar una colosal operación cicatriz para quitarse el adjetivo de “sometido”.

 

 

La miscelánea fiscal que aprobó la Cámara de Diputados incluye, sin duda, medidas cada vez más estrictas para evitar que las personas físicas y morales evadan sus impuestos. Fijar nuevas tasas para las plataformas digitales —internet y teléfonos celulares incluidos— y controles más severos a los donativos, por ejemplo. La oposición señaló que esta miscelánea no incluye apoyos a la economía tras la sacudida del Covid-19 y que, al gravar a las plataformas digitales, cancelará la educación de muchos niños y jóvenes. Lo primero es cierto, pero los apoyos al Covid-19 no tienen por qué estar en una miscelánea fiscal. Lo segundo es falso: las plataformas digitales benefician, en su mayoría, a quienes pueden pagar el nuevo aumento.