Al margen

Al margen

 

Contra lo que pudiera suponerse, no fueron Tamaulipas, Guerrero o Michoacán los estados de la República donde hubo más homicidios dolosos en 2020. Si hemos de creer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue Baja California al que correspondió el primer lugar, con 53.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. El segundo lugar le tocó a Colima, con 51.7, y el tercero a Chihuahua, con 47.8. Guanajuato, Zacatecas y Sonora también superaron a las entidades federativas a las que suelen atribuirse los índices más altos de violencia.

 


 

En su informe más reciente, la organización México Evalúa aportó datos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, que en el 23% de los casos de feminicidios son los esposos o las parejas sentimentales los principales agresores de las mujeres; que la mayoría de los delitos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación no se castigan, o que el 93.7% de los delitos cometidos en México no se sancionan. Qué bueno que organizaciones como ésta sigan ayudándonos a ver el largo camino que nos falta por recorrer.

 

 


 

La aprobación del matrimonio igualitario es, por donde se mire, un avance en la agenda social de México. A las voces que llaman a mantener una moral medieval, donde lo importante era dar al señor feudal nuevos campesinos y al rey nuevos soldados, ¿qué más les da que dos personas del mismo sexo que se gustan y se entienden puedan constituir un matrimonio? Hasta el papa Francisco ha apoyado la idea, por más que algunos altos clérigos hayan querido corregirle la plana. Lo que escandaliza, lo que en verdad escandaliza, no es que Puebla haya aprobado el matrimonio igualitario, sino que apenas haya 11 entidades que se hayan animado a impulsar esta figura.

 

 


 

El magistrado José Luis Vargas empieza con el pie izquierdo su gestión como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La investigación que anunció la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus finanzas personales no lo ayuda en nada. Si lo que se buscaba era fortalecer la imagen de un tribunal independiente, la elección de Vargas no abonó a ello. Independientemente de que las acusaciones que se le hagan no tengan fundamento, el magistrado está incapacitado para 2021...

 


 

No sorprende que algunos fiscales armen carpetas tan flojas que dejan ver, a leguas, que se trata de una persecución política. Lo que sorprende (e indigna) es que algunos jueces las dejen pasar y se plieguen a la arbitrariedad. O los juzgadores están muy dispuestos a complacer... o saben que tienen una larga cola que les podrían pisar en caso de no ser aquiescentes.

 


 

Mal y de malas, el sector hotelero no ve la suya. A los altos índices de inseguridad y poca afluencia de huéspedes con motivo de la pandemia se debe agregar ahora la modificación a la Ley General de Bienes Nacionales, que tuvo como punto de partida la prohibición o condicionamiento de acceso a las playas por parte de las grandes cadenas hoteleras. Con este nuevo marco legal, no serán pocos los casos en que sus instalaciones se vean invadidas para otros fines que nada tienen que ver con el acceso a la playa —ahora tendrán que lidiar, también, con el narcomenudeo y otros delitos—. Por ahora, muchos hoteleros han rechazado la posibilidad de promover algún amparo, por temor a perder su concesión, mientras ven cómo evoluciona la aplicación de la ley. Sobre todo, están esperanzados en que esta medida no inhiba la ocupación tan necesaria en un año tan retador como 2021.

 


 

El que anda muy activo en las redes sociales denunciando fraude respecto del Código Penal Nacional es un distinguido abogado funcionalista. Por cierto, defensor de una de las figuras más controvertidas de la escena actual. Sería interesante que especificara a quién atribuye dicho fraude: ¿al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que presentó el primero borrador? ¿A la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que lo revisó? ¿A la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que volvió a revisarlo? ¿A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que hizo la última criba y lo mandó al Senado? ¿Al Senado? En El federalista, Alexander Hamilton escribió: “A menudo, los hombres se oponen a un proyecto no porque éste sea afortunado o desafortunado, sino porque no participaron en su ejecución”...

 



Por asombroso que parezca, en pleno 2020 todavía quedan despachos jurídicos en México sin la participación de mujeres como socias. El artículo que publicó Carlos Viesca Lobatón en Derecho en acción, del CIDE, donde analiza 28 de las más emblemáticas firmas legales del país, enciende los focos rojos: ¿no se habrán dado cuenta los colegas abogados de que las abogadas no sólo hacen rendir más a los despachos sino que enfocan los problemas con ópticas distintas que, a la larga, aportan nuevas soluciones?

 


 

De acuerdo con el Reporte Especial que publicó Integralia con motivo de los dos años que cumple el presidente López Obrador al frente del gobierno de México, uno de los temas más inquietantes es el afán del político tabasqueño de decir y repetir que la justicia está por encima del Derecho. Esto, señala el documento, propicia una enorme discrecionalidad a la hora de aplicar la ley y genera amplios temores entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

 


 

La renuncia de Mónica González Contró como abogada general de la UNAM sorprendió a la comunidad académica de México. Inteligente, comprometida y valiente, González Contró desempeñó un papel fundamental en el primer período del rector Enrique Graue y también después de su reelección. Se decía que la abogada ya anhelaba volver a ser investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente en la Facultad de Derecho. Hay que desearle buena suerte en lo que venga.

 

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