Al margen - Abril 2019

Al margen - Abril 2019

 

Aunque la premiación se llevó al cabo a finales de 2018, los abogados de algunos despachos mexicanos siguen celebrando el reconocimiento que les otorgó la casa editorial Chambers and Partners como mejores despachos de América Latina. En concreto, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., que obtuvo el premio nacional, y Nader, Hayaux & Goebel, S.C., que se hizo acreedor al premio de servicio al cliente. Se consideraron despachos de toda la región y mientras en Argentina obtuvo el galardón Marval, O'Farrell & Mairal, en Colombia lo consiguió Posse Herrera Ruiz, y en Chile, Carey. Como en toda premiación, ni están todos los que son ni son todos los que están.

 


 

Ahora que tenemos Guardia Nacional, comenzarán los problemas con el primer respondiente. Antes, un soldado o un marino podían entregar al policía a un sujeto golpeado y hasta moribundo, pidiéndole al policía que presentara el informe homologado. Si éste se negaba a recibir a una persona en esas condiciones, el militar o el marino se limitaban a informarlo así. ¿Qué ocurrirá ahora que el policía es el mismo militar?

 


 

Dicen las malas lenguas que quienes andan buscando la coordinación general de la Fiscalía General de la República se muestran incansables, se mueven de arriba para abajo y se les llena la boca cada vez que hablan del fiscal general de la República. También se dice, sin embargo, que Alejandro Gertz Manero no está satisfecho con la ley que aprobó el Congreso de la Unión. Menos aún con la figura del coordinador general. Ésta parece más una amenaza que una coadyuvancia.

 


 

Es cierto que la madurez psicosexual suele darse a los 18 años, pero también es verdad que puede producirse antes. Por ello, pese a las protestas de algunas ONG’s, hizo bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación en exigir que se examine caso por caso cuando una persona mayor de edad sea acusada de haber tenido relaciones íntimas con otra menor de edad. El procedimiento fast track que prefieren algunas feministas, algunos agentes del Ministerio Público y hasta algunos jueces para imponer penas hasta de 12 años sin conocer causas y entornos no tiene razón de ser en un Estado de Derecho.

 


 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), entre 2012 y 2017, el gobierno federal dio 37,600 millones de pesos a 17,500 organizaciones de la sociedad civil (ONG’s). Esto hace pensar hasta al más ingenuo que estas ONG’s defendieron las banderas gubernamentales antes que los intereses de la sociedad que decían representar. Convencido de que así fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que no se les dará un centavo más: lo que le toca al gobierno, el gobierno lo hará.

 


 

Otro tema que el presidente de la República quiere que sólo corresponda al gobierno —a su gobierno— es la compra de medicinas. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer un plan para reestructurar la compra de fármacos a través de un proceso de adjudicación directa “para evitar el desabasto”. Si se piensa que tres grupos farmacéuticos eran los que concentraban más de 50% de todas las medicinas en México, la medida resulta defendible.

 


 

Muy tranquilizador resultó para los banqueros el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no regulará el cobro de comisiones bancarias. Instó a los bancos a competir —“que los bancos se regulen con los bancos”—, pero instruyó al secretario de Hacienda a llevar un registro minucioso para que, en adelante, pueda recompensarse al banco que haga los cobros más moderados al usuario.

 


 

El Senado —léase la oposición— echó abajo las cuatro ternas de candidatos presentadas por el presidente de la República para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El desempeño de los candidatos fue lamentable. Sin embargo, cuando uno se entera de que el senador Armando Guadiana, quien encabeza la comisión de Energía del Senado, autorizó que la CFE le comprara a él mismo 360,000 toneladas de carbón, queda claro por qué se busca a personas tan incompetentes: son las únicas que podrían avalar el regreso de las “energías sucias” y otras barbaridades de este calibre.

 


 

Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó definitivamente el registro al Partido Encuentro Social (PES) —que no había modo de resucitar sin violar la Constitución—, no hay que cantar victoria: los integrantes del PES ya se reagruparon y han anunciado que se registrarán con otro nombre: Partido Encuentro Solidario. Ocurrirá algo similar a lo que pasó cuando la Suprema Corte anuló la Ley de Seguridad Interior y, al mes siguiente, se aprobó la Guardia Nacional, dando a las Fuerzas Armadas más facultades aún de las que la Corte quiso limitar. Mientras todos finjan que hacen lo que les toca hacer, nadie pondrá reparo alguno.

 


 

Durante la toma de posesión de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó la presencia de Loretta Ortiz, a quien se vio muy solidaria con la ministra Esquivel. Ésa es madurez política.

 


 

La reforma al artículo 19 de la Constitución para aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa no tardará en provocar los efectos previstos de saturar las cárceles. Algunas entidades federativas han querido curarse en salud y han empezado a desalojar las celdas de sus reclusorios. El titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ya anunció que 2,400 reclusos serán reubicados a los centros federales de readaptación social. Si los gobiernos federal y estatales se decidieran a invertir en unidades de medidas cautelares y en un Registro Nacional Delincuencial eficiente no habría necesidad de parches tan provisionales como ineficientes.

 


 

Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso para no reelegirse como presidente de la República (¿firmará otro donde se comprometa a no reestablecer la esclavitud en México?), pero hay que tener claro que esto no dependerá de él: ¿qué hará si el pueblo le pide —más aún: le exige— que se reelija? ¿Podrá imponerse su compromiso personal a la voluntad del pueblo? Con un ejército de “jóvenes construyendo el futuro”, que reciben 3,600 pesos al mes, podemos anticipar qué va a decir el pueblo…

 


 

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El Mundo del Abogado