Al Margen - Agosto 2016

Al Margen - Agosto 2016

Hay que examinar con lupa los acuerdos que se firmaron en 2008 para dar al sindicato de maestros el control de la educación en Oaxaca. Fueron acuerdos que se establecieron al margen de la ley y de la Constitución. Quienes los propiciaron están obligados a rendir cuentas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es corresponsable del descomunal atraso educativo en la región, sin duda, pero también aquellos gobernadores que la dejaron crecer.


Aunque el perdón que ofreció el presidente de la República se vio como una promesa, como un compromiso, en los distintos sectores del país el reclamo es el mismo: que dé una muestra de su sinceridad. Y ésta —¿hay que decirlo?— implica que quien encabece la Fiscalía Anticorrupción no vaya a ser producto de una cuota partidista. Se espera a un abogado o abogada que se haya caracterizado por su honestidad y su ecuanimidad. Se espera, asimismo, que pronto —muy pronto— los mexicanos veamos a algunos corruptos tras las rejas. Esto, dicen los analistas, permitirá al abogado mexiquense “salvar su sexenio”.


De acuerdo con Jan Jarab, representante en México en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las acciones gubernamentales que ha realizado nuestro país para enfrentar las desapariciones forzadas no sólo han sido escasas sino que han fracasado. Sin admitir o negar su posición hay que reconocer que mientras tantas instancias están involucradas en el mismo asunto —la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR)— será difícil conseguir buenos éxitos. El tema de la búsqueda debiera ser exclusivo de la Policía Federal. Ya, después, según lo que vaya ofreciéndose, será de la PGR —las consignaciones ante tribunales—, de la Defensa Nacional y hasta de la Secretaría de Salud. Urge un rediseño institucional.


Independientemente de culpas e irresponsabilidades, los bloqueos que ha hecho la CNTE para preservar sus privilegios —la venta de plazas a perpetuidad, a 100,000 o 200,000 pesos, por citar uno de ellos— han sido catastróficos. Los habitantes de Chiapas y Oaxaca han sido los más afectados: no sólo los comerciantes que han visto desplomarse sus ventas, sino quienes, dados los bloqueos, no han podido recibir las ayudas del gobierno federal. Echar mano de puentes aéreos, con aviones de la Defensa Nacional, nos da una idea de la magnitud del problema. Es urgente poner un hasta aquí a la CNTE, por alto que resulte el precio a pagar. Y el problema no es jurídico, como opinan algunos. La actuación de la autoridad, eso sí, deberá estar apegada a Derecho. Las nuevas generaciones lo agradecerán.


Hablando de la CNTE, el inefable Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(INAI) acaba de ordenar que se hagan públicas las calificaciones de los maestros que se sometieron a la evaluación de la Secretaría de Educación Pública. Nuestros comisionados deberían tomar un curso de Derecho elemental: el artículo 6° de la Constitución es clarísimo cuando establece que “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. Y la Ley General del Servicio Profesional Docente no es menos clara cuando precisa, en su artículo 79: “Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán considerados datos personales”. Al saltarse la ley, los comisionados complacen a un puñado de activistas irresponsables. Pero el precio es alto: echan leña al fuego al conflicto magisterial y se mofan del Estado de Derecho.


Un abogado que no se siente completamente satisfecho con su labor exitosa como litigante es Alberto Mansur, quien acaba de publicar Lo que mata no es la bala, una novela en la que un triángulo amoroso deviene en grupos criminales, intrigas en la prensa, matanzas y corrupción.


En pocas instituciones es tan fácil marearse como en el INAI. Como las resoluciones del instituto dicen: “se ordena” a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de la Defensa o a la Presidencia de la República que informen tal cosa o tal otra, los comisionados suelen perder el piso. Su última pifia fue exigir a la Suprema Corte que los jueces federales no pudieran intervenir en sus resoluciones… Ni tarda ni perezosa, la Suprema Corte les leyó la cartilla y los puso en su lugar.


Curioso que un intelectual tan crítico como Alejandro Madrazo Lajous, quien hoy día dirige el CIDE en Aguascalientes y ha impulsado lo mismo la legalización de las drogas que la impugnación de algunos abogados que aspiran a llegar a la Suprema Corte, haya elegido, como tema de su primer libro, un asunto tan endiabladamente árido como los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica. Pero, bueno, el libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica y ha comenzado a circular. Habrá que leerlo.


Quien está escuchando el canto de las sirenas es Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante la exigencia de la sociedad civil de que el próximo fiscal general de la República sea una persona sin vínculos con partidos políticos o gobierno, no han faltado quienes han sometido a la consideración del ombudsman que no eche en saco roto la posibilidad de convertirse en fiscal general. Tiene más méritos, dicen sus promotores, que Humberto Castillejos y otros aspirantes. Pese a ello, todo indica que Arely Gómez permanecerá en el cargo hasta el final del sexenio, pues ha llevado el timón de la institución con pericia. ¿Para qué hacer cambios donde no se necesitan?


A propósito de lo anterior hay quienes afirman que el artículo 102 de la Constitución se volverá a reformar para devolver a la PGR su dependencia del Ejecutivo. Es una insensatez, opinan, querer una fiscalía autónoma en un régimen presidencial. Lo que podría funcionar en uno parlamentario aquí sería inoperante. ¿Cómo va a dejarse al Estado sin el ius puniendi, que es su razón de ser? El desastre que tuvo Chiapas con su fiscal dizque autónomo debiera servir de ejemplo a la Federación.


 

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