Al margen - Agosto 2019

Al margen - Agosto 2019

 

Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los recursos de México en este campo ascienden a más de 110 millones de barriles de crudo. Más de la mitad de estos recursos, sin embargo, requieren el fracking para ser aprovechados. Pero inyectar agua y arena tratados químicamente a alta presión para destrozar las capas de roca puede dañar el manto acuífero y provocar una tragedia, como ocurrió en Australia hace 50 años. Por ende, el tema sigue siendo objeto de vehementes discusiones, como ocurre con la energía nuclear. En su novela El secreto de Gray Mountain, John Grisham denuncia los abusos y los daños que provoca esta técnica. Pero también hay que oír los argumentos del otro lado: “Si México no impulsa el fracking”, han dicho algunos observadores como Adrian Duhalt, del Baker Institute for Public Policy en la Rice University, “perderá 53 por ciento de estos recursos”. Los senadores de Morena, sin embargo, no están dispuestos a practicar esta técnica y han impulsado una iniciativa para prohibirla.

 


 

Tras el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) clausuró las instalaciones de Mexicanos del Cobre —filial del Grupo México— de modo temporal. El Grupo México ha minimizado el asunto, asegurando que el derrame no causará daño alguno. Pero más allá de su obvia salida y de que sobrevengan más sanciones —la revocación de la concesión incluida— es alarmante la forma en que algunos grupos empresariales, en su afán de lucrar, expresan su desprecio por México y por la naturaleza. “Después de nosotros”, parecen decir, “que venga el diluvio”.

 


 

Por instrucciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia capitalina interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, puesto que las cifras delictivas se dispararon a partir del 1° de diciembre, justo el día en que Claudia Sheinbaum tomó posesión. El homicidio, por ejemplo, se disparó de 10 al 84 por ciento. La versión del actual gobierno capitalino es que los índices delictivos fueron maquillados durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Al parecer, las 32,506 carpetas de investigación que reportó Edmundo Garrido, el procurador de entonces, en realidad eran 56,532. No puede haber ninguna otra explicación, afirman.

 


 

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el flujo migratorio se ha reducido 36.2 por ciento, por lo que Estados Unidos no tiene argumentos para presionar al país. Como lo hemos señalado en este espacio, nadie se opone a que apoyemos a nuestros hermanos latinoamericanos en desgracia, pero este apoyo tiene que brindarse de manera ordenada y conforme a Derecho. Más aún, cuando Donald Trump ha anunciado —contra las enérgicas protestas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles— que los agentes de migración podrán deportar a los indocumentados sin necesidad de que éstos comparezcan ante un juez.

           


 

Solicitar que se ponga un alto en Estados Unidos al comercio de armas tiene algo de ingenuidad o de malicia: los puertos fronterizos de México están totalmente descuidados —algunos casi abandonados— y cualquiera que desee pasar pistolas, cuernos de chivo o granadas de allá para acá puede hacerlo sin ningún riesgo. No hay que organizar congresos académicos ni hacer declaraciones rimbombantes al respecto sino poner manos a la obra. Si se ha pedido a la hora de controlar el flujo de migrantes, con más razón podría hacerse con el tema de las armas. Desde luego, a quienes ganan con el negocio no les va a gustar. Pero de que se puede, se puede.

 


 

Un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas parece un logro para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado que cuenta con el respaldo de más de 30 países de América Latina y el Caribe para alcanzarlo. Pero esta no es necesariamente una buena noticia: si, como ya nos ocurrió, Estados Unidos pretende exigir que votemos de un modo u otro si no queremos represalias, quizás lo mejor sería no formar parte de este órgano colegiado que ha demostrado ser un organismo legitimador de las decisiones que toman los cinco países que forman parte del Consejo de Seguridad.

 


 

De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza, las cifras del desempleo y el subempleo en México no son nada halagadoras: aún hay 30 millones de personas que no tienen afiliación sindical; existen 25 millones sin condiciones dignas de trabajo; 18 millones sin un contrato laboral, y 7.5 millones sin trabajo. Es cierto que las condiciones de trabajo son variables y que el concepto “condiciones dignas” es subjetivo. Es verdad, también, que en ocasiones es mejor tener tareas flexibles que permitan a una persona hacerse de recursos en lugar de rígidas plazas con horarios inamovibles. Pero, aun así, las cifras merecen nuestra atención.

 


 

Si de veras queremos rescatar a Pemex y hacer de esta paraestatal una empresa productiva de la que los mexicanos nos sintamos orgullosos, hay que empezar por la transparencia. ¿Por qué el sindicato sigue interponiendo amparo tras amparo para que no se sepa lo que recibe del gobierno federal? Luego, hay que seguir con una política de limpieza general. “Barriendo desde los escalones más altos”, como bien lo ha dicho el presidente López Obrador. La información que se recibe sobre los lujos de sus líderes sindicales resulta ofensiva para cualquiera. Poner tras las rejas a quienes han defraudado la confianza de los trabajadores de Pemex —y de los mexicanos— podría entenderse como una buena señal, tal como lo ha buscado el incansable jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

 

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El Mundo del Abogado